Entre 2 mil y 10 mil dólares es el pago que realizan migrantes que buscan por cruzar a Estados Unidos a través del «servicio» de redes de tráfico de personas, un negocio que financia al crimen organizado y que ahora expone a los «polleros» a cargos equiparables a terrorismo.
Roberto Domínguez, subjefe de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol por su nombre en inglés), explicó que los cobros por cruzar de manera ilegal varían según la organización y el “servicio” ofrecido.
Sin embargo, este dinero «alimenta» estructuras criminales que también trafican armas y personas, así como sostienen operaciones transnacionales en la frontera de México con Estados Unidos.
El funcionario señaló que cualquier integrante de estas redes puede enfrentar cargos por terrorismo, desde quien guía los cruces hasta quien responde llamadas o coordina traslados, al tratarse de organizaciones delictivas que enfrentan tipificaciones penales más severas en Estados Unidos.
Domínguez indicó que las penalidades se agravaron, luego de que el gobierno estadounidense designó a organizaciones criminales como “terroristas extranjeros”, a las que apoyen este tipo de actividades.
Señaló que el cargo consiste en que las personas que participen en el tráfico de personas pueden ser procesadas por “apoyo material” a organizaciones criminales, una figura legal que eleva las penas y permite investigaciones amplias con autoridades de otros países.
Además advirtió que las sanciones se agravan cuando “los polleros” ponen en riesgo a las personas, como ocultarlas en cajuelas o trasladarlas en condiciones peligrosas, conductas que suman cargos adicionales por exponer la vida de terceros.
Incluso se agrega otra agravante si durante el trayecto ocurre una muerte, debido a que se abre una investigación por causar el fallecimiento de una persona, con responsabilidades penales mayores para quienes facilitaron el cruce, además de procesos coordinados con gobiernos de México u otras naciones involucradas.
Alerta de entregar niños
El subjefe del Border Patrol alertó además a familias migrantes para que no entreguen a niños y niñas a estas organizaciones, ya que, en muchas ocasiones, los menores terminan explotados, abandonados o forzados a trabajar, una práctica documentada de manera recurrente en la franja fronteriza.
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Recalcó que, desde hace más de seis meses, la Patrulla Fronteriza no permite continuar rutas dentro del país tras cruces irregulares, por lo que la narrativa de “dejar pasar” a familias o menores carece de sustento.
El funcionario insistió en que cruzar con niños no garantiza permanecer en Estados Unidos, así como las consecuencias legales y económicas resultan más severas, por lo que pidió informarse y no confiar en intermediarios.
