Integrantes del Movimiento Animalista en Ciudad Juárez manifestaron su inconformidad por las condiciones precarias que enfrentan los hábitats de los animales en el Parque Central, luego de que desde hace seis meses han documentado problemas significativos, instando a las autoridades locales a tomar medidas inmediatas.
Ana Félix, activista e integrante del colectivo, señaló que, ante el evidente deterioro del espacio, enviaron un oficio a la Dirección de Regulación Comercial del Municipio, solicitando una exhaustiva inspección en el Parque Central.
La activista señaló que, a pesar de las cuotas pagadas por los numerosos comerciantes ambulantes y locales presentes en el parque, no se observa una inversión correspondiente en el mantenimiento y mejora de las instalaciones.
Ana Félix, integrante de Movimiento Animalista de Ciudad Juárez
“Lo que nos llama la atención es el deterioro de las instalaciones y pues no vemos por ningún lado que haya modificaciones, que limpien, que pinten, que arreglen las áreas. Al menos las áreas donde están estos puestos y a raíz de eso, pues nace la inquietud de saber ¿Qué está pasando si sabemos que entran demasiados recursos?”, expuso.
La activista destacó que los comerciantes abonan cuotas considerables por la ocupación de espacios en el Parque Central, así como operan de jueves a domingo en este lugar.
Mencionó que el propósito de la revisión en este lugar es verificar que estén cumpliendo con la normatividad, ya que la principal prioridad es mejorar y garantizar que los animales cuenten con un espacio digno dónde vivir.
El cuerpo sin vida de Karina Domínguez Rubio,consejera de la asociación «Renace y Vive Mujer», fue localizado dentro de un yonke ubicado en la colonia Rancho Anapra, luego de 13 días de que se reportó su desaparición en esta frontera.
Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han reportado detenidos, pese a que a familiares y allegados de la víctima se les informó que existen varios implicados en este caso.
«Hicimos nuestra solicitud de la continuidad de la investigación y que se resuelva con una sentencia, es decir, que se pueda hacer justicia, que no quede impune y que no sea una estadística más», dijo Rocío Sáenz, directora de la organización «Renace y Vive Mujer», a la que pertenecía Karina.
Lo anterior, luego de que este miércoles, a través de un boletín de prensa, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de zona Norte (FEM) informó que identificaron a la activista, tras haber iniciado las investigaciones el pasado 18 de noviembre.
Se indicó que por medio de videos de cámaras de seguridad y el trabajo de inteligencia, se determinó que la última ubicación de la Karina fue en la colonia Anapra, por lo que dos viviendas fueron cateadas durante la noche del martes 28 de noviembre.
En seguimiento a las investigaciones, las autoridades establecieron dos domicilios de interés en el área de Anapra, por lo que se montó un operativo policial en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Cangrejo y Ostras, donde se localizó y aseguró un vehículo desmantelado, el cual se presume es propiedad de Domínguez Rubio.
Mientras que, en otra vivienda, ubicada en la calle Raya y Erizo de Mar, se localizó el cuerpo sin vida de Karina, sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han informado si hay detenidos por este hecho, aunque las investigaciones continúan.
En redes sociales, familiares de Karina publicaron la fotografía de su vehículo, en el cual se transportaba al momento de su desaparición / Foto: Cortesía
Al respecto, la directora de Renace y Vive Mujer expresó que sentían muchísima indignación, tristeza, frustración, preocupación, además de en estos momentos estar consternadas.
«Sabemos que desde el momento de una desaparición hay probabilidades, pero siempre tenemos la fe y la esperanza de poder encontrar a nuestros seres queridos de la mejor manera», declaró.
Señaló que las autoridades no han dado a conocer mucha información como lo es el móvil o el motivo por el que Karina se encontraba en esa zona, así como no se le ha dado resolución al tema.
«No nos han dicho que haya personas detenidas hasta el momento, simplemente que es continuar con la investigación. Esperamos que se realicen los procedimientos de manera pronta y expedita», agregó.
Sáenz indicó que las investigaciones por parte de las autoridades comenzaron tarde, pues mientras ellas como parte de la sociedad civil comenzaron con búsquedas en la zona donde fue vista por última vez, mientras que la Fiscalía inició con los operativos tres días después de que se reportó su desaparición.
«Realmente es algo que creo yo que no es una cuestión especial para nuestra compañera, sino que quizás por cuestiones de saturaciones de trabajo o no sabemos realmente qué pasó. Queremos creer que no es una cuestión intencional, pero sí que las investigaciones se dieron bajo esas circunstancias. Cuando empezamos la búsqueda, nos dimos cuenta de que no había avances y ya habían pasado tres días de la desaparición», expuso.
En un llamado a las autoridades, Sáenz expresó que como sociedad y como asociación civil es necesario saber qué está pasando con nuestras mujeres, con el fin de prevenir y trabajar en conjunto para evitar este tipo de situaciones.
«Si no nos dan la información, eso nos impide, nos limita y verdaderamente no nos deja darle frente y poder estar atentos. Necesitamos esa información para alertarnos y tomar medidas adecuadas», concluyó.
After the approval of SB4 in the state of Texas, migrants who illegally enter the United States could face severe consequences, including being tried for first and second degree felonies, for which they could spend between 2 and 20 years in prison. Here we explain.
Although SB4 has been «cooking» since 2017 in the Texas Congress, this November it was approved by Texas lawmakers, a law that promised to toughen immigration measures against undocumented foreigners.
It is no secret that the governor of Texas, Gregg Abbot, has expressed his rejection for the arrival of migrants to the United States, so this new law means an additional challenge for people in mobility.
SB3 grants an amount of US$1.54 billion to build barriers and reinforce the border fence, as well as granted additional funds to police corporations for border surveillance.
SB4 establishes that local authorities, considered agents of a municipality or county; district attorney, criminal district attorney or county prosecutor with criminal jurisdiction and a county court, will have the authority to detain undocumented migrants who are «suspected» of illegally entering the United States through the southern border.
It also empowers judges to deport and prosecute migrants suspected of entering the country illegally, depriving them of a fair and adequate process.
It also establishes that persons arrested at the southern border of the United States may be charged under Chapter 51 of the Code of Criminal Procedure of the State of Texas as «fugitives from justice».
This new law would become effective as of February 6, 2024.
Migrants who are detained under the premises of this new law could be punished for a first degree felony and face no less than five years in prison, depending on their criminal history.
While the penalty could be increased, if the person resists arrest, he/she will be convicted of a second degree felony and will be punished with imprisonment for a term of not less than 2 years and not more than 20 years.
In addition to imprisonment, in both cases, the convicted person may be fined not to exceed $10,000.
In this regard, the Mexican government issued an official statement in response to the recent immigration measures adopted in the state of Texas, underlining its commitment to respect the sovereignty of each country to define its public policies, as well as expressing its concern that these policies will affect more than 10 million people of Mexican origin residing in Texas.
In its statement, Mexico rejected any measure that would allow state or local authorities to detain and return people to Mexican territory, and said it is willing to work together with the United States, seeking an orderly, safe and respectful of human rights migration.
In addition, he expressed concern about the possible impact of legislative measures in Texas, which could foster hostile environments that lead to acts or hate crimes against migrant communities.
What to do in case of being detained under SB4?
In this regard, the Mexican government made the following recommendations:
Do not discuss your immigration status or place of birth with the officer. Remember that you can express that you want to exercise your right to remain silent: «I want to remain silent».
Address the officer with respect.
Remain calm.
Obey the officer’s directions.
Do not resist or struggle.
Do not give false information.
Give the officer your name, address and date of birth.
If you do not speak English, let the officer know: «I don’t speak English».
Tras la aprobación de la Ley SB4 en el estado de Texas, las personas migrantes que ingresen de manera ilegal a Estados Unidos podrían enfrentar consecuencias severas, incluso ser juzgados por delitos graves en primero y segundo grado, por lo que podrían pasar entre 2 y 20 años en prisión. Aquí te explicamos.
A pesar de que la Ley SB4 estuvo «cocinándose» desde el 2017 en el Congreso de Texas, este noviembre fue aprobada por los legisladores texanos, una ley que prometía endurecer las medidas migratorias contra extranjeros indocumentados.
No es un secreto que el gobernador de Texas, Gregg Abbot, ha manifestado su rechazo por la llegada de migrantes a Estados Unidos, por lo que esta nueva ley significa un reto adicional para las personas en movilidad.
La Ley SB3 otorga un monto de mil 540 millones de dólares para construir barreras y reforzar el muro fronterizo, así como otorgó fondos adicionales a las corporaciones policiacas para la vigilancia de la frontera.
Texas border wall construction is ongoing in Maverick County.
También se faculta a los jueces para deportar y procesar a migrantes considerados sospechosos de ingresar al país de manera ilegal, privándolos de un proceso justo y adecuado.
Mientras que la pena podría incrementarse, si la persona se resiste al arresto, por lo que será declarada culpable de un delito grave de segundo grado y que corresponde un castigo con prisión por un término no menor a 2 años y no mayor de 20 años.
Además de la prisión, en ambos casos, a la persona declarada culpable se le puede imponer una multa que no exceda los 10 mil dólares.
Al especto, el gobierno de México emitió un comunicado oficial en respuesta a las recientes medidas migratorias adoptadas en el estado de Texas, subrayando su compromiso con el respeto a la soberanía de cada país para definir sus políticas públicas, así como manifestando su preocupación, ya que estas políticas afectarán a más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas.
Además, expresó inquietud ante el posible impacto de las medidas legislativas en Texas, las cuales podrían propiciar ambientes hostiles que conduzcan a actos o crímenes de odio contra las comunidades migrantes.
¿Qué hacer en caso de ser detenido bajo la Ley SB4?
Al respecto, el gobierno mexicano hizo las siguientes recomendaciones:
No hables de tu estatus migratorio o lugar de nacimiento con el oficial. Recuerda que puedes expresarle que quieres ejercer tu derecho a permanecer en silencio: «I want to remain silent»
Dirigete al oficial con respeto.
Mantén la calma.
Obedece las indicaciones del oficial.
No opongas resistencia o forcejees.
No des información falsa.
Proporciona al oficial tu nombre, domicilio y fecha de nacimiento.
Si no hablas inglés, hazle saber al oficial: «I don’t speak English»
Mientras que la Union Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) hizo la siguiente declaración:
Ciudad Juárez será anfitrión del Encuentro Nacional de la Niñez Migrante, del 4 al 6 de diciembre, a donde acudirán expertos nacionales en conferencias y paneles que explorarán diversos aspectos de este fenómeno.
El evento será realizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF), en el Centro de Convenciones Cibeles, dio a conocer Rubí Enríquez, durante la habitual rueda de prensa semanal del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.
Este evento se presenta como una oportunidad única para abordar temas cruciales relacionados con la migración infantil, así como uno de los focos principales será el albergue municipal «México Mi Hogar», donde se brinda refugio y apoyo a menores mientras resuelven su situación migratoria.
Lucía Chavira, directora del DIF Municipal, anticipó que el encuentro abordará temas fundamentales, como los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, estadísticas sobre migración y la problemática de la xenofobia.
También la importancia de sensibilizar a la sociedad respecto a estos asuntos se destaca como una de las metas principales del evento.
En un anuncio adicional, la presidenta del DIF, Rubí Enríquez, compartió que además que se hará la apertura del Centro Felipe Ángeles, un refugio diseñado para albergar a familias en situación de movilidad.
“Nos sentimos muy orgullosos, más allá del tema que se va a tratar, porque es muy importante, tenemos muchas niñas, niños y adolescentes en situación de migración tanto local como extranjero, pero además de eso por la derrama económica que se viene a Ciudad Juárez, se esperan de 400 a 600 personas que nos acompañen a esta actividad”, expresó.
Señaló que este nuevo espacio, es resultado de la colaboración entre el Municipio y el Sistema Nacional DIF, el cual se inaugurará en enero, como una respuesta concreta a la creciente necesidad de brindar apoyo a quienes llegan a la frontera en busca de un mejor futuro.
El Centro Felipe Ángeles contará con una capacidad para albergar a 290 personas migrantes, priorizando especialmente a niñas, niños y adolescentes.
La funcionaria destacó la importancia de ofrecer un lugar seguro y digno para las familias que enfrentan situaciones de movilidad, subrayando la responsabilidad compartida entre las instancias gubernamentales y la sociedad civil.
El anuncio de la apertura de este nuevo albergue evidencia un enfoque integral por parte del DIF Municipal, que no solo busca abordar los desafíos de la migración infantil a través del Encuentro Nacional, sino que también se compromete activamente en la creación de infraestructuras destinadas a dar respuesta a la problemática migratoria en su conjunto.
Ciudad Juarez will host the National Meeting of Migrant Children from December 4 to 6, where national experts will attend conferences and panels that will explore various aspects of this phenomenon.
The event will be held by the Municipal System for the Integral Development of the Family (DIF) at the Cibeles Convention Center, Rubí Enríquez announced during Mayor Cruz Pérez Cuéllar’s regular weekly press conference.
This event is presented as a unique opportunity to address crucial issues related to child migration, and one of the main focuses will be the municipal shelter «Mexico My Home», where shelter and support is provided to minors while they resolve their migratory situation.
Lucía Chavira, director of the Municipal DIF, anticipated that the meeting will address fundamental issues, such as the human rights of migrant children and adolescents, statistics on migration and the problem of xenophobia.
The importance of sensitizing society to these issues is also highlighted as one of the main goals of the event.
In an additional announcement, the president of DIF, Rubí Enríquez, shared that also there will be the opening of the Felipe Ángeles Center, a shelter designed to house families in mobility situations.
«We feel very proud, beyond the topic that will be discussed, because it is very important, we have many children and adolescents in a situation of migration both locally and abroad, but in addition to that because of the economic spillover that is coming to Ciudad Juarez, we expect 400 to 600 people to accompany us to this activity,» she said.
She pointed out that this new space is the result of the collaboration between the Municipality and the National DIF System, which will be inaugurated in January, as a concrete response to the growing need to provide support to those who arrive at the border in search of a better future.
The Felipe Angeles Center will have a capacity to house 290 migrants, with special priority given to children and adolescents.
The official highlighted the importance of providing a safe and dignified place for families facing mobility situations, underlining the shared responsibility between government agencies and civil society.
Announcement of the opening of this new shelter evidences a comprehensive approach by the Municipal DIF, which not only seeks to address the challenges of child migration through the National Encounter, but also actively engages in the creation of infrastructures aimed at responding to the migration issue as a whole.
