Derivado del incidente registrado el pasado 27 de marzo en el centro provisional del Instituto Nacional de Migración, donde 40 personas fallecieron y 27 más con lesiones, la Fiscalía General de la República informó que procederá penalmente contra dos directivos del INM.
A través de un comunicado se informó que se se identifica a los funcionarios como Francisco “N” y Antonio “N”, aunque se trata de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM) y Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas.
Lo anterior, por incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes (artículo 214, fracción VI, Código Penal Federal).
También se procedió penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, a quienes se vincula directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.
Como parte de la investigación se obtuvieron órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de 5 personas; 3 de las cuales son servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM); una que es personal de la empresa de seguridad privada que ahí operaba, mientras que una persona más que inició el fuego. Todas ellas ya están en prisión.
En el documento se indicó que, con las pruebas obtenidas, se ha logrado continuar la investigación para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con esos delitos, tanto dentro del INM, como de la empresa de seguridad privada.
También quedebido a que el INM es un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objetivo es es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional, la FGR investigó dos líneas paralelas de información: la primera, dentro del INM y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada.
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Antecedentes
Las autoridades de la FGR dieron a conocer que en la investigación de antecedentes se encontró que, el pasado 31 de marzo del 2020 se registró un incidente similar en otro centro migratorio del INM, ubicado en el municipio de Tenosique, Tabasco.
En este hecho una persona perdió la vida y 14 más resultaron lesionadas, por lo que se generó una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Este suceso indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos.
Además, de acuerdo con los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar que «las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados».
Respecto a la investigación realizada a la empresa privada y al propio INM, ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias.
Por lo anterior se evidenció que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después del incendio registrado en el INM.
Por toda esta serie de conductas ilegales y omisas, la FGR continuará con la investigación sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos, trascendió.
