Luego de más de cinco meses que se registró el hallazgo de los 386 cuerpos sin incinerar en el Crematorio Plenitud, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) será quien lleve la revisión del caso.
Alejandro Carrasco Talavera, encargado de despacho de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), dio a conocer que se remitió el expediente, luego de que la instancia nacional ejerció su facultad de atracción.
Expuso que esta decisión se basa en que el organismo nacional puede ejercer una evaluación más amplia sobre la actuación de autoridades municipales, estatales y federales involucradas en la supervisión del crematorio, luego de que los cuerpos se encontraban en condiciones insalubres y sin cremar.
Indicó que la investigación estatal integró información de dependencias de los tres niveles de gobierno, material que permitirá a la CNDH determinar responsabilidades sobre un caso que evidenció omisiones prolongadas en vigilancia, regulación y atención a prácticas funerarias.
El encargado de despacho señaló que las autoridades deberán explicar el alcance de su intervención, luego de que la investigación detectó elementos que apuntan a fallas institucionales.
Mientras que la titular de la oficina en Ciudad Juárez, Zulay Abbud Esparza, afirmó que el expediente estatal quedó prácticamente listo para la revisión federal, así como se identificaron vulneraciones relacionadas con el cumplimiento de normativas vinculadas a particulares y a la supervisión oficial en permisos, licencias y verificación de operaciones funerarias.
La visitadora precisó que la Fiscalía del Estado integró carpetas por fraude ante contratos incumplidos, mientras que el análisis de inspecciones mostró ausencia de acciones contundentes por parte de autoridades responsables de asegurar funcionamiento adecuado y control sanitario en establecimientos dedicados al manejo de cuerpos.
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El expediente identificado como queja 132/2025 señala inicialmente a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), pero también son investigadas la Fiscalía, el Registro Civil, Desarrollo Urbano, Protección Civil y Ecología, además de instancias federales como Economía y PROFECO.
Abbud Esparza señaló que la falta de registros claros sobre inspecciones y verificaciones facilitó la acumulación de cuerpos, sin que autoridades detectaran irregularidades, situación que agravó el daño emocional de familias que ahora enfrentan procesos complejos.
