El financiamiento público a partidos políticos en el estado acumuló más de 1,600 millones de pesos en ocho años, una cifra que permite dimensionar el costo real del sistema electoral y observar cómo se distribuyen los recursos públicos entre las principales fuerzas políticas.
De acuerdo con cifras obtenidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), entre 2018 y 2025 el Instituto Estatal Electoral (IEE) entregó un total de 1,618 millones 974 mil 372 pesos a los partidos políticos, conforme a los acuerdos presupuestales aprobados por el propio organismo.
El comportamiento del gasto mostró incrementos marcados durante los años con elecciones locales, ya que 2018, 2021 y 2024 concentraron las erogaciones más altas, siendo 2024 el ejercicio más costoso con más de 292 millones de pesos, distribuidos entre los partidos con registro.
La elección de 2024 reconfiguró el mapa político nacional, al dar como resultado que MORENA obtuviera el triunfo en 21 estados de la República, mientras que el PAN ganó en cinco entidades (entre ellas Chihuahua), el PRI y Movimiento Ciudadano en dos, así como el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Encuentro Social en una cada uno.
Con esta victoria, el Partido Acción Nacional (PAN) se posicionó en el estado grande por dos razones: además de obtener el título de la gubernatura, también encabeza la lista de los partidos que más recursos ha recibido por financiamiento en los últimos 8 años, con un acumulado de casi 500 millones de pesos.
MORENA se ubicó como el segundo mayor receptor de financiamiento público en el mismo periodo, con más de 434 millones de pesos, un monto que respondió principalmente a los resultados obtenidos en las elecciones locales y federales recientes.
En contraste, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se colocó en el tercer sitio del financiamiento acumulado, al recibir más de 265 millones de pesos entre 2018 y 2025, pese a una disminución sostenida de su respaldo electoral en el estado.
¿Cuánto recibieron los partidos políticos?
Los registros oficiales del IEE muestran que el financiamiento no sólo se concentra en los grandes momentos electorales, pues también se mantiene de manera constante, a través de las prerrogativas para actividades ordinarias y específicas.
Entre 2018 y 2024, el PAN acumuló 493 millones 80 mil 287 pesos, desglosados en más de 417 millones para actividades ordinarias, poco más de 12 millones para actividades específicas y 62 millones 830 mil pesos para gastos de campaña en los procesos electorales de 2018, 2021 y 2024.
MORENA recibió un total de 434 millones 986 mil 468 pesos, de los cuales más de 376 millones correspondieron a actividades ordinarias, 11 millones a actividades específicas y poco más de 47 millones a campañas electorales.
El PRI acumuló 265 millones 283 mil 539 pesos en el mismo periodo, con 225 millones destinados a actividades ordinarias, poco más de seis millones para actividades específicas y 33 millones 481 mil pesos para campañas.
Movimiento Ciudadano se posicionó en cuarto lugar con un total de 169 millones 355 mil pesos, mientras que partidos de menor presencia como el PVEM, PT, Nueva Alianza, PRD y partidos locales registraron montos significativamente menores.
PAN y PRI lideran en presupuesto
El análisis por procesos electorales permite identificar un patrón adicional en la concentración de recursos, ya que tanto el PAN como el PRI participaron en coaliciones durante las elecciones de 2018, 2021 y 2024, lo que incrementó de manera indirecta el volumen de financiamiento que fluyó hacia estos bloques.
En 2018, la coalición integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano recibió en conjunto más de 93 millones de pesos en financiamiento, con lo que superaron los recursos asignados a la coalición encabezada por MORENA, PT y PES.
Para 2021, el bloque conformado por PAN, PRI y PRD volvió a concentrar una bolsa con montos que, sumados, rebasaron los 110 millones de pesos, frente a los poco más de 80 millones asignados al bloque oficialista de MORENA y sus aliados.
En 2024 la tendencia se repitió, ya que la coalición PAN-PRI-PRD volvió a superar en financiamiento total al bloque MORENA-PT-PVEM, aun cuando este último obtuvo una mayor cantidad de triunfos a nivel nacional.
Los datos muestran que, aunque MORENA creció electoralmente en distintos momentos, la estructura de financiamiento permitió que PAN y PRI mantuvieran una posición dominante en la recepción de recursos públicos en Chihuahua, tanto de forma individual como a través de coaliciones.
¿Reducir el presupuesto?
Académicos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) coincidieron en que el volumen de recursos destinados a los partidos amerita una revisión profunda, aunque advirtieron que cualquier modificación debe realizarse con criterios técnicos y de equidad.
Iván Arce Saucedo, catedrático en derecho de la UACJ, explicó que el financiamiento partidista no es discrecional sino que se encuentra definido en la legislación federal y local, mediante una fórmula que combina el padrón electoral con el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El académico detalló que los recursos se entregan etiquetados para actividades ordinarias, específicas y campañas electorales, lo que obliga a los partidos a justificar gastos como rentas, salarios, formación política, producción editorial y promoción del voto conforme a la normatividad vigente.
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Arce Saucedo advirtió que, si bien el monto resulta elevado, una reducción generalizada podría afectar de manera desproporcionada a los partidos pequeños, por lo que cualquier ajuste debería enfocarse en revisar la fórmula de distribución sin romper la equidad en la competencia electoral.
Desde otra perspectiva, Ricardo Melgoza Ramos, profesor-investigador de la UACJ, consideró que el financiamiento público sigue siendo necesario en una democracia, la cual aún enfrenta riesgos derivados del poder económico y del crimen organizado.
El investigador señaló que, incluso con financiamiento público, existen casos documentados de recursos ilegales que han ingresado a campañas políticas, lo que demuestra que el problema no se resuelve solo con reducir presupuestos, sino con fortalecer los mecanismos de fiscalización y auditoría.
Melgoza planteó que una discusión pendiente es revisar los incentivos que genera la concentración de recursos en los partidos mayoritarios, así como abrir el debate sobre figuras como la segunda vuelta electoral, con el objetivo de reducir distorsiones democráticas y evitar alianzas que alteren la representación ciudadana.
