El sexto Foro Anual de Transparencia 2025 examinó los desafíos municipales tras la reciente reforma legal que busca mejorar el acceso a información y la rendición de cuentas en los gobiernos locales.
Las mesas de trabajo se enfocaron en procesos cotidianos que determinan si una persona puede obtener respuestas claras a solicitudes de transparencia, donde organismos autónomos y áreas municipales expusieron criterios que marcan el cumplimiento de obligaciones legales en cada dependencia.
El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, ingresó después de las primeras exposiciones para presentar datos sobre solicitudes, tiempos de respuesta y verificaciones externas, por lo que su participación buscó explicar cómo se integran los reportes que evalúan el desempeño institucional.
Funcionarios señalaron que el padrón de solicitudes registra más de seis mil ingresos desde 2021 y más de 30 mil preguntas contestadas, mientras que la revisión estatal confirmó el cumplimiento de todas las obligaciones durante tres años y validó procedimientos usados en cada archivo.
La organización del foro informó que el municipio recibirá dos reconocimientos federales en diciembre. Expuso que estos resultados derivan de auditorías externas que califican procesos de gestión y estándares de consulta pública. Indicó que estos parámetros guían el seguimiento de informes que reciben otras instancias.
Las ponencias abordaron la necesidad de mantener formatos claros en presupuesto participativo, catálogos de trámites y reportes financieros, técnicos de informática y planeación donde explicaron que los sistemas internos buscan unificar criterios que permitan verificar datos sin retrasos en validaciones.
Rafael Facio Guzmán, comisionado presidente del el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, destacó que las revisiones periódicas requieren vínculos formales entre cada dependencia, así como los dictámenes registran constancia en la entrega de información y evitan procesos que generen sanciones.
Representantes de universidades, organizaciones civiles y enlaces de transparencia revisaron experiencias de otros municipios para detectar fallas comunes, con intervenciones que plantearon dudas sobre límites de la reforma y posibles cambios en formatos que aplican entes públicos.
La sesión final cerró con planteamientos sobre responsabilidades futuras de autoridades locales ante ajustes normativos, con una agenda que busca mantener canales que faciliten solicitudes ciudadanas y mecanismos de control que fortalezcan la trazabilidad de cada dato entregado.
