El mandatario juarense declaró ante medios que, hasta el momento, no existe dato que confirme esta versión que ha circulado en medios nacionales y extranjeros, ni por parte de la Policía Municipal ni por autoridades estadounidenses.
El alcalde juarense descartó la versión de los drones en el lado mexicano / Foto: Municipio
El edil explicó que desde la noche del martes comenzaron a difundirse versiones sobre presuntos drones, por lo que consultó con el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales y se realizaron verificaciones adicionales en el área sin que los agentes encontraran elementos que respalden esa narrativa.
Pérez Cuéllar sostuvo que la vigilancia en el bordo del Río Bravo se mantendrá de manera permanente como parte de los protocolos habituales, aunque no se giró ninguna orden extraordinaria porque no se registró incidente alguno.
El alcalde recalcó que, hasta el momento, no se ha recibido comunicación formal por parte de autoridades estadounidenses que confirme que la restricción aérea aplicada en El Paso haya sido motivada por operaciones desde territorio mexicano.
Asimismo indicó que existen versiones contradictorias del lado estadounidense, por lo que el gobierno municipal no puede validar información que no ha sido respaldada por instancias oficiales.
El mandatario local añadió que Juárez mantiene disposición de colaboración binacional en materia de seguridad, pero que cualquier señalamiento debe sustentarse con información verificable y no en especulaciones.
El alcalde de El Paso, Renard Johnson, cuestionó la decisión federal de restringir temporalmente el espacio aéreo sobre la ciudad y calificó la medida como una «falla de comunicación» que puso en riesgo operaciones médicas, estrategias militares y servicios de emergencia.
Dijo que aunque la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) informó posteriormente el levantamiento de la restricción, la decisión inicial se tomó sin coordinación con el gobierno municipal, el aeropuerto, hospitales y autoridades militares.
Los vuelos en el aeropuerto de El Paso fueron cancelados y reanudados esta mañana por la FAA / Foto: STOCK
En conferencia de prensa, el edil estadounidenese señaló que la suspensión obligó a desviar vuelos médicos hacia Las Cruces, Nuevo México, además de que se paralizaron operaciones aéreas, incluidas misiones de emergencia y vuelos con drones autorizados.
Johnson recalcó que no se puede restringir el espacio aéreo de una ciudad fronteriza sin notificación previa, ya que cientos de personas dependen de operaciones coordinadas para proteger vidas y garantizar servicios esenciales.
El alcalde indicó que desde el momento en que se conoció la medida, su oficina estableció contacto con la congresista Veronica Escobar, el Mayor General Taylor en Fort Bliss y autoridades locales, estatales y federales para exigir explicaciones.
Descartan drones de cárteles mexicanos
Johnson también descartó versiones que vinculaban la restricción con supuesta presencia de drones operados por cárteles mexicanos, luego de que no existe información oficial que sustente esa narrativa.
El alcalde reiteró que las decisiones de este tipo requieren mayor transparencia y coordinación interinstitucional, especialmente en una ciudad que combina actividad militar, movilidad fronteriza y operaciones hospitalarias que dependen de un espacio aéreo estable.
Asimismo añadió que el gobierno municipal de El Paso, Texas le dará seguimiento a este caso, con el fin de evitar que situaciones similares vuelvan a afectar vuelos médicos y servicios de emergencia.
El fallo fue emitido por un juez federal, tras una investigación iniciada en julio del 2022, cuando policías municipales detectaron tres vehículos que transportaban personas extranjeras sin documentos en la colonia Villa Residencial del Real.
Dentro de los automóviles viajaban 90 personas originarias de Guatemala, de las cuales 30 eran menores de edad, lo que resultó determinante para dimensionar el riesgo al que fueron expuestos durante el traslado por la ciudad.
Al respecto, personal de la Fiscalía General de la República informó que integraron la carpeta de investigación a partir del Informe Policial Homologado, elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, tras la detención de Julio N., Hugo N., y Ramón N., en ese operativo.
Luego del aseguramiento, los detenidos y los vehículos quedaron a disposición de la Fiscalía Federal mientras que las personas migrantes fueron canalizadas al Instituto Nacional de Migración para iniciar los procedimientos correspondientes.
Asimismo, el Ministerio Público Federal presentó pruebas documentales y testimoniales que acreditaron el delito de transporte de indocumentados previsto y sancionado en la Ley de Migración conforme al marco jurídico vigente.
Con base en esos elementos el juez dictó sentencia condenatoria de 12 años de prisión para los tres responsables, una pena considerada alta dentro de este tipo de delitos por la magnitud del grupo trasladado, la cual deberá cumplirse en el Centro de Readaptación Social (CERESO) 3 de Ciudad Juárez, trascendió.
Las imágenes de detenciones migratorias en Estados Unidos circulan hoy con una velocidad vertiginosa: operativos de ICE al amanecer, familias separadas, redadas en espacios laborales y comunitarios.
A menudo se presentan como simples acciones de cumplimiento de la ley. Sin embargo, mirarlas solo desde el marco legal reduce el problema. Para entenderlas en profundidad es necesario dar un paso atrás y leerlas como parte de una historia más larga: la historia del estigma racial en Estados Unidos.
El sociólogo Erving Goffman definía el estigma social como un proceso mediante el cual ciertos grupos son marcados como “otros”, como sujetos desacreditados frente a una norma dominante. No se trata solo de prejuicio individual, sino de mecanismos culturales e institucionales que producen diferencia y la convierten en inferioridad.
Operativo del ICE en la zona de Horizon en El Paso, Texas durante enero 2026 / Foto: Cortesía
Para Goffman, históricamente el estigma se ha construido en torno al cuerpo, la religión y la raza. Esta idea permite leer la política migratoria contemporánea no como un fenómeno aislado, sino como parte de una tradición de señalamiento y exclusión.
La figura del migrante latino (particularmente del migrante mexicano) ha sido recurrentemente construida en el imaginario político estadounidense como una «amenaza»: amenaza laboral, cultural, sanitaria o criminal. Esa construcción no surge de la nada; es heredera de siglos de narrativas que asocian diferencia con peligro.
Hoy, esta disputa también se juega en el terreno de la memoria histórica. Las controversias recientes en torno a museos, exposiciones y relatos oficiales sobre la historia estadounidense muestran que la memoria no es neutral.
Cuando se intenta reducir el espacio para hablar de esclavitud, colonialismo o racismo estructural, lo que está en juego no es solo el pasado, sino la forma en que una sociedad entiende su presente.
Las imágenes históricas son clave en esta lucha. La célebre fotografía de la “espalda flagelada” de un hombre esclavizado en 1863 no es solo un documento del horror: es evidencia visual de un sistema que convirtió la violencia racial en norma.
Como han señalado diversos profesionales de museos e historiadores, retirar o minimizar estas imágenes implica debilitar la capacidad de una sociedad para confrontar su propia historia. Los archivos visuales no son objetos pasivos; son testigos.
Si observamos el pasado estadounidense, encontramos una continuidad inquietante. Tras la abolición de la esclavitud en 1865, la supremacía blanca no desapareció: se reorganizó.
El surgimiento del Ku Klux Klan y otros grupos racistas mostró que la igualdad legal no eliminaba el estigma racial. La violencia extrajudicial, los linchamientos y la segregación fueron formas de control social sostenidas por narrativas de inferioridad racial.
Criminalización de las drogas
En el siglo XX, esta lógica se reconfiguró en nuevas políticas. La criminalización de ciertas drogas bajo la gestión de Harry J. Anslinger al frente del Buró Federal de Narcóticos es un ejemplo revelador.
La asociación de cannabis y cocaína con comunidades afroamericanas y mexicanas no solo fue una estrategia de salud pública: estuvo atravesada por discursos que vinculaban a estos grupos con violencia, degeneración moral y peligro sexual.
La cultura del jazz y otros espacios de expresión afroamericana también fueron vigilados y estigmatizados. La política de drogas funcionó, en parte, como herramienta de control racial.
La frontera sur ofrece otro capítulo poco recordado. A inicios del siglo XX, miles de mexicanos que cruzaban hacia Estados Unidos eran sometidos a “baños de desinfección” con químicos agresivos bajo el argumento de prevenir enfermedades.
Migrantes venezolanos en el Puente Negro de Ciudad Juárez 2023 / Foto: Francisco Servín
Estas prácticas, que incluían fumigaciones con sustancias tóxicas, transmitían un mensaje claro: el cuerpo mexicano era tratado como portador de contaminación.
En 1917, la joven Carmelita Torres encabezó una protesta contra estas medidas en el puente de Santa Fe entre Ciudad Juárez y El Paso. Su resistencia evidencia que la estigmatización siempre ha encontrado respuesta en la dignidad de quienes la padecen.
Mirar estos episodios en conjunto revela un patrón: la producción sistemática del “otro peligroso”. A veces el argumento ha sido la raza, otras la moral, la salud o la legalidad.
El lenguaje cambia, pero la lógica de fondo persiste. El estigma permite justificar políticas que, de otro modo, resultarían inaceptables, por lo que las operaciones de ICE se insertan en esta genealogía.
Fumigación de migrantes al arribar a Ciudad Juárez / Foto: Cortesía
No se trata de afirmar que toda acción migratoria sea racista por definición, sino de reconocer que las políticas no existen en el vacío. Operan en sociedades atravesadas por historias de desigualdad y por imaginarios que asignan valor distinto a unas vidas sobre otras.
Cuando el discurso político asocia migración con criminalidad de forma reiterada, refuerza un marco de sospecha colectiva que impacta a comunidades enteras.
Aquí la imagen vuelve a ser central. Las fotografías de detenciones, de muros, de centros de retención, se convierten en archivos del presente. La pregunta es cómo serán leídas en el futuro: ¿como simples registros administrativos o como evidencia de un régimen de exclusión?
La memoria visual tiene un poder particular: puede reproducir estigmas o desmontarlos. Puede convertir al migrante en amenaza o en sujeto de historia. En este sentido, fotógrafos, periodistas y trabajadores de la cultura no solo documentan la realidad; participan en la construcción de su significado.
Pensar las detenciones migratorias desde el estigma social no implica negar la complejidad del fenómeno migratorio, sino ampliarla. Significa reconocer que las leyes y los operativos se apoyan en marcos culturales que determinan quién es visto como legítimo y quién como sospechoso.
Significa entender que la frontera no solo es una línea geográfica, sino un dispositivo simbólico que separa pertenencias. La pregunta de fondo no es únicamente cuántas personas son detenidas o deportadas sino ¿qué narrativas permiten que esas prácticas sean aceptadas socialmente?
Mientras el migrante siga siendo construido como “otro”, el estigma seguirá operando como justificación silenciosa.
La historia demuestra que el estigma cambia de forma, pero rara vez desaparece por sí solo. Se debilita cuando la memoria se mantiene viva y cuando las imágenes se leen críticamente. En tiempos de disputa por la historia, mirar el pasado con honestidad puede ser una forma de intervenir en el presente.
Sin embargo, el impacto a nivel nacional se estima en más de mil millones de dólares en pérdidas para la industria ganadera, tras la caída de exportación cerca de un millón de cabezas de ganado, tras la amenaza del gusano barrenador.
Alfonso Deandar Duarte, presidente de la Asociación Ganadera Local de Juárez, dio a conocer que, luego de que Estados Unidos frenara la compra de #ganado a pie por la #exportación de carne, el estado registra una pérdida de casi 500 millones de dólares. pic.twitter.com/OJ3zKo6dqe
Alfonso Deandar Duarte, presidente de la Asociación Ganadera Local de Ciudad Juárez, explicó que por cada becerro que ya no cruza se pierden alrededor de mil 200 dólares, ligados a engorda transporte y servicios que antes activaban economías rurales y fronterizas.
El dirigente señaló que en Chihuahua se producen cerca de 700 mil becerros al año, entre producción local y de Durango, aunque el mayor volumen corresponde a Chihuahua, cuya vocación ganadera sostiene una parte clave del intercambio comercial con Estados Unidos.
Por Ciudad Juárez cruza más del 50% del ganado del estado / Foto: Archivo
Más del 50 por ciento de esa producción sale por Ciudad Juárez, lo que mantiene a esta frontera como el principal punto de exportación de ganado del país, pues incluso supera a los cruces de Palomas y Ojinaga, precisó Deandar Duarte.
Sin embargo, el cambio comercial no solo afecta al productor, ya que al importar carne y no ganado vivo se frena también la industria del transporte especializado, la producción de alimento, los servicios veterinarios y el empleo asociado a la cadena ganadera.
Gusano Barrenador
Mientras que la amenaza del gusano barrenador también golpeó con mayor fuerza a Ciudad Juárez, al concentrar la mayor parte del flujo ganadero, pues la reducción de cruces disminuye ingresos por servicios cuotas y operaciones logísticas que sostuvieron la economía local.
Sobre el contexto sanitario, Deandar Duarte señaló que los casos detectados se registran cada vez más alejados de la franja fronteriza, además de que el volumen de cruces se redujo alrededor de 50 por ciento frente a niveles previos.
El líder ganadero recordó que antes del cierre parcial, en Chihuahua se alcanzaban cruces de hasta 11 mil 200 animales, por lo que la caída actual impactó de manera directa a productores pequeños y medianos dependientes del mercado estadounidense.
Impacto nacional
Álvaro Bustillos Fuentes, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, advirtió que el impacto no se limita al estado, ya que a nivel nacional se dejaron de exportar cerca de un millón de cabezas, equivalentes a mil millones de dólares.
Explicó que Chihuahua concentra entre 500 mil y 550 mil cabezas de esa afectación, lo que representa alrededor de 500 millones de dólares que dejaron de ingresar a municipios del sector primario y a la economía estatal.
Asamblea Asociación Ganadera de Chihuahua / Fotos: Francisco Servín
El dirigente subrayó que Chihuahua mantiene estrategias de contención con inspecciones reforzadas en el sur del estado, control de movilización desde zonas infectadas y una barrera climática natural que hasta el momento mantiene al territorio libre del gusano barrenador.
Sostuvo que el problema no es técnico ni científico, ya que existe coordinación con autoridades federales y estadounidenses, además de protocolos activos que permiten el comercio bajo control, como ocurre en otras contingencias sanitarias.
Con el fin de medir su impacto real en la formación profesional y en el desarrollo regional, el programa de Ingeniería en Agronegocios del Campus Nuevo Casas Grandes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) será sometido a evaluación externa.
El proceso de evaluación de la licenciatura comenzó al inicio del semestre, luego de que es un programa exclusivo de ese campus que forma perfiles vinculados directamente con el sector agropecuario y agroindustrial del noroeste del estado, informó personal de la institución.
La revisión quedó a cargo de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, instancia que analiza planes de estudio, desempeño académico y pertinencia social como parte del proceso para otorgar la acreditación de calidad.
La licenciatura de Ingeniería en Agronegocios únicamente se encuentra en el Campus Nuevo Casas Grandes / Foto: Pixabay
Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, señaló que estas evaluaciones permiten recibir miradas externas que ayudan a detectar áreas de mejora, además de abrir espacios para compartir ideas que fortalezcan las carreras universitarias.
Mientras que Norma Villegas López, vocal ejecutiva del Comité de Ciencias Agropecuarias de los CIEES, expuso que este ejercicio reconoce el trabajo sostenido de la UACJ y coloca a Agronegocios como un programa clave para atender las necesidades productivas de la región.
La académica refirió que desde las aulas se forman perfiles que más adelante sostienen la actividad agroindustrial, por lo que la evaluación también observa la capacidad del programa para responder a los retos económicos y sociales de Nuevo Casas Grandes.
Javier Eduardo Vega Martínez, coordinador de la evaluación, indicó que el análisis del programa se desarrollará con un enfoque constructivo, orientado a sumar recomendaciones y a fortalecer los procesos académicos sin perder de vista el contexto regional.
La licenciatura busca impulsar los agronegocios en la región / Foto: UACJ
Durante la sesión inicial participaron autoridades universitarias, entre ellas Salvador David Nava Martínez, secretario general; María Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria académica, así como responsables del Instituto de Ingeniería y Tecnología y del propio campus.
La evaluación se enmarca en una política de mejora académica sostenida por más de dos décadas en la UACJ, que busca mantener la calidad educativa y posicionar sus programas como opciones reales de profesionalización con impacto territorial.
