Un contingente de más de 70 personas marchó en silencio desde la zona Centro de la Ciudad hasta el Memorial de Personas Desaparecidas en Ciudad Juárez.
La marcha inicio alrededor de las 4 de la tarde, en dónde participaron familiares de personas desaparecidas en esta frontera.
Fotografías: Angélica Villegas
Transportistas y concesionarios que participarán en la línea del BRT1 en Ciudad Juárez exhortaron a la gobernadora para que encabece un esfuerzo y trabajen en conjunto, con el fin de lograr el correcto funcionamiento del transporte colectivo.
Por ello, solicitaron la creación de una mesa de trabajo o de inicio una audiencia, para exponer su proyecto.
Alfredo de la Cruz, uno de estos transportistas, refirió que buscan que Gobierno del Estado apoye con el ajuste de tarifa para poder adquirir las nuevas unidades, pues las gestiones ante las armadoras y créditos financieros están listos, pero falta esa carta de autorización.
Dijo que estas tarifas entrarían en vigor en cuanto las unidades estén en uso.
También indicó que la nueva Ley de Transporte presenta un “foco rojo” por la permisibilidad de la asignación directa por parte del estado y esto es considerado una afrenta a los concesionarios que continuamente se han esforzado para cumplir los requisitos para participar en las licitaciones.
Ataviados de rojo y blanco, un contingente de más de setenta personas marchó en silencio por las calles de Ciudad Juárez durante la tarde de este martes, en memoria de sus familiares y amigos desaparecidos, quienes, así como ellos, se encuentran en silencio, pero no en el olvido.
En esta frontera y el Valle de Juárez son al menos mil 152 personas las que se encuentran desaparecidas, pero en el estado de Chihuahua se suman 3 mil 826, de acuerdo con datos de la Fiscalía de Género, dadas a conocer por organizaciones civiles.
Este martes 30 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y, fuera de ser un día de “celebración”, se trata de una fecha de lucha de los familiares, de nostalgia y de recuerdos de quienes no se encuentran.
Rocío Ramírez es una de estas víctimas, quien desapareció en el 2011 y desde entonces, su madre, Rosa María Hernández, ha naufragado en un mar de burocracia y de dudas, ya que no ha obtenido respuesta de las autoridades.
Actualmente son 160 mujeres que continúan en calidad de desaparecidas, si es que las autoridades no le han dado “carpetazo” a la investigación.
Los integrantes de la marcha pacífica salieron desde Catedral y caminaron por la avenida 16 de Septiembre, hasta llegar al Memorial de Personas Desaparecidas, ubicado en las inmediaciones del Parque Borunda.
En este lugar se encontraban mantas que mostraban los rostros de algunas de las víctimas, además de una red tejida con rafia de color rojo, “Sangre de mi Sangre”, con el fin de visibilizar a las mujeres víctimas de feminicidio y las personas desaparecidas.
Ya en el memorial, Yadira Cortés, de la Red Mesa de Mujeres, leyó un posicionamiento en representación de las organizaciones que participaron en la marcha, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C.; Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C; Familias Unidas por la Verdad y la Justicia; Madres de Fe; Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C. y el Servicio Jesuita a Refugiados México.
Otras madres de familia también hicieron uso del micrófono para narrar a los presentes su situación, pero también para darles aliento, pues a pesar de que se trata de un duro camino por recorrer, no están solos.
Tal es el caso de Anita Cuellar, cuya hija Jessica Ivonne Padilla desapareció desde el 7 de julio del 2011, quien destacó el hecho de que no siente suficiente apoyo por parte de las autoridades, pero tampoco de la comunidad, por lo que invitó a la población a ser más solidarios ante esta situación.
El posicionamiento de los activistas y de los familiares es claro: “Ninguna familia debería sufrir la ausencia involuntaria de ningún miembro de su familia. Ninguna Madre, Padre o familiar debería sufrir la desaparición de un ser amado”.
Por esta razón se exigió a las autoridades lo siguiente: Que las investigaciones se realicen de manera armónica con los Protocolos Homologado de Búsqueda, Protocolo Alba y Alerta Amber, y las búsquedas sean eficientes e integrales, incluyendo la búsqueda en Vida y No Vida, así como es importante que se atienda de manera urgente la crisis de identificación forense.
También que el Estado Mexicano de cumplimiento de la Sentencia de Campo Algodonero en lo que respecta a la búsqueda de niñas y mujeres, además de “implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna. Mientras que, cuando se presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la vida, libertad y la integridad personal de la persona desaparecida.
Eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir investigaciones o procedimientos preliminares”.
“Llamamos a las autoridades a que brinden las garantías necesarias para que el derecho a migrar en nuestro país no se convierta en una historia de desaparición forzada para las víctimas y sus familias”, sentenció.
La situación de la desaparición de personas es un delito recurrente, ejemplo de ello es que el pasado mes de marzo, en Ciudad Juárez se registró la visita de Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos y Población, quien acudió a esta frontera y pidió “Perdón”, por el caso de Silvia Arce y Griselda Mata, quienes desaparecieron el 11 de marzo de 1998, cuando salieron de su trabajo.
“Asumo el compromiso del Estado mexicano de trabajar para que estos lamentables hechos no vuelvan a ocurrir y no queden impunes. Lo hago en cumplimiento de nuestras responsabilidades legales, pero también por convicción, con apego a nuestras convicciones políticas y nuestros valores éticos”, dijo el funcionario.
Quedó claro que la desaparición de personas en el país es un delito impune.
Ese mismo día, la comisión de la ONU refirió que el delito de desaparición cuenta con una impunidad “casi total”, pues se habla de entre un 95 y 98 por ciento a nivel nacional entorno en esta problemática, señaló el padre Oscar Enríquez, , co-director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.
“Se trata de un crimen casi perfecto porque no se da con los perpetradores. Es un reto para el Estado Mexicano cómo lograr desarticular una macrocriminalidad donde están mezclados corrupción de funcionarios y crimen organizado. Esa es la queja permanente”, dijo.
Comentó que la asociación está enfocada en brindar acompañamiento a familiares de hombres desaparecidos, pues hasta la fecha cuentan con 16 casos activos, pero también observaron que los últimos casos se han registrado en el Valle de Juárez.
“En los próximos días se va a dar a conocer un estudio de lo que pasa en el Valle. Hay 116 personas desaparecidas y solo dos o tres carpetas de investigación abiertas. La gente nos dice que hay crimen organizado, pero no hay una estrategia efectiva para realmente enfrentar este problema”, añadió.
El activista mencionó que últimamente han observado que esta problemática se ha extendido también entre la población migrante, pues ya tienen contabilizados al menos seis casos de personas en situación de movilidad que han desaparecido.
“Últimamente está afectando mucho a los migrantes. Los ven como una ‘mercancía’ y de alguna manera tratan de, si no les pagan, los desaparecen. Muchos son personas que tratan de cruzar a Estados Unidos. Son al menos seis casos en los últimos dos años.
Reiteró que la resolución de estos delitos es una lucha constante, pues pese a que mantienen cierta relación con las autoridades, realmente no existe un avance.
“Solo nos dicen que están trabajando en la investigación, pero no se logra dar con la verdad de lo que pasó ni hay un acceso verdadero a la justicia”, sentenció.
Los estados del norte de México, principalmente Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, son relevantes para las operaciones de grupos criminales por su ubicación geográfica. Sin embargo, los actos delictivos dejan consigo un rastro de violencia que se traduce no sólo en homicidios, sino también en desapariciones.El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) da cuenta que en México existen al menos 105 mil personas ausentes, de las cuales cerca de 40 mil están en los 9 estados considerados como de la región norte de México.Conocer la mecánica de la ausencia en este territorio permite conocer lo que ocurrió en otras zonas del país y que hasta hoy reflejan un Estado incapaz para dar con el paradero de miles de personas.
Por la permanencia de bandas criminales, Tamaulipas, frontera este mexicana con la Unión Americana, dejó un velo de desaparición que al corte de agosto de 2022 era de 8 mil 863 personas ausentes, según datos del RNPDNO.
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, destacó que pese a esto podría haber una cifra negra de 30 mil personas en ese estatus.
La historia tamaulipeca se acompaña de una suerte de criminalidad fortuita desde la prohibición americana al alcohol, es la ruta costera simple para entrar como inmigrante en la clandestinidad a Estados Unidos. Dos exgobernadores detenidos: Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, por lavado de dinero. Y el actual, Francisco García Cabeza de Vaca, señalado por interactuar con grupos de criminales, afirma.
Ante la caída del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 2000, el control político en los estados y la estrategia equivocada del choque frontal con la delincuencia sin un sistema de investigación y justicia, el crimen tomó fuerza: comenzaron los enfrentamientos y de ahí la sustracción de personas.
El sexenio de Felipe Calderón marcó el inicio de la mayor oleada de desaparición, primero los integrantes de las bandas de delincuentes por fuerzas del estado, luego trabajadores de empresas que arriban de otros estados. Además de los migrantes nacionales y centroamericanos.
Los colectivos se forman tras el fin de la administración de Calderón porque la sociedad se paralizó. Las familias de víctimas de desaparición se manifestaron, y defensores de Derechos Humanos los acompañaron en su reclamo a la autoridad, recuerda el activista.
Ramos resume dos décadas de enfrentamientos entre criminales y cómo con la fuerza del estado , a pesar de la cifra oficial de personas de las que no se conoce paradero, existe un subejercicio que duplica la cifra registrada por el Gobierno Federal.
“En Tamaulipas hay un registro oficial de 11 mil personas desaparecidas de 2006 a la fecha. Nosotros les decimos que de 2001 a la fecha, las organizaciones, los colectivos consideramos que de 2001 a la fecha. Es decir, que desde Vicente Fox a López Obrador habría en Tamaulipas, cuando menos, 30 mil personas desaparecidas”.
El fenómeno tomó por sorpresa a los gobiernos, pero también se mantuvo la corrupción en el Ministerio Público en Tamaulipas y siguió sin tomarse en cuenta, dijo Ramos.Recordó la masacre de migrantes en San Fernando durante 2010 que fueron transportados en cajas de trailer y distribuidos los 72 migrantes en diferentes panteones por la falta de capacidad del Estado.Las rutas de los inmigrantes ahora son las de tráfico de sustancias ilegales y de personas. El libre acceso de armas afianzó la brutalidad de la disputa por el territorio, y en medio, la desaparición.Ramos habla como testigo del caldo de cultivo que es Tamaulipas por la cuña entre el gobierno y los criminales, quedando en medio la población y los migrantes, por eso la estela de desaparición no concuerda con las cifras oficiales.
Nuevo León mantiene desde hace años una curva ascendente en la cifra de desaparición. El choque de fuerzas entre grupos paramilitares y el Gobierno Federal luego de 2006 generó el primer patrón: eliminar pruebas de masacres tanto por las fuerzas armadas y delincuentes. Fue de 2007 a 2012 la tendencia de sustraer personas, el RNPDNO da cuenta de que en cinco años la cifra creció de 87 a mil 921 personas desaparecidas.Severin Durin, académica e investigadora, rememoró que tras un año de la administración de Felipe Calderón, ante el acecho policial y de la milicia en el territorio neoleonés, fueron las madres de policías las primeras en pedir justicia, antes de las formación de colectivos.La estadística de homicidios y desapariciones fue similar desde 2007 a 2012. Con una cresta en 2010 y se formaron colectivos diversificados a lo largo de los años. [B8] Ahora existe una constelación. Los jóvenes varones fueron el blanco de quienes se los llevaron.Durin reflexionó sobre el hecho de que al no encontrar un cuerpo, otros delitos no se investigan: ejecuciones extrajudiciales, secuestros y extorsión en aquellos años. Incluso hay casos de padres buscadores porque en ese tiempo pidieron dinero por sus hijos, pero no fueron localizados.En 2012 se tipificó la desaparición como delito, pero desde entonces sólo hay una sentencia dictada. La impunidad es casi total. En Nuevo León se aplicaron protocolos de búsqueda inmediatas por la presión de los colectivos para reducir la cantidad de neoleoneses sin paradero.Durin recapituló el siguiente repunte en los casos: ahora mujeres jóvenes. Fue en 2018 cuando se detectó el patrón, y la cifra desde entonces va al alza porque si en el pasado era una mujer por cuatro varones, ahora, por cada hombre no se sabe el paradero de una fémina. Incluso al nivel de la administración de Felipe Calderón.Recordó una de las estrategias de los criminales para no ser enjuiciados con largas penas o delinquir sin ser perseguidos. En Nuevo León, el ocultar pruebas de delitos contra mujeres incentiva el no castigo al feminicidio y la trata de personas. El crecimiento exponencial de jovencitas aumentó desde 2018, cuando en los estados vecinos bajó, Coahuila y Tamaulipas.
“Se investiga indebidamente, nunca se sentencia, nunca se castiga. Entonces, borrar los rastros de un delito a través de la práctica de la desaparición, es como una garantía que no te va a pasar absolutamente nada”, dijo en comparación cuando las pruebas en contra de algún criminal lo llevarían a alguna sentencia.Las cifras en Nuevo León concuerdan con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder en México. Y hasta el momento no se visualiza el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles. De Monterrey a Nuevo Laredo, Tamaulipas, se generó un fenómeno nuevo en la carretera que conecta ambas ciudades. Fue el último colectivo formado, asevera Durin.En Nuevo León solamente hay cuatro agentes del Ministerio Público en la Fiscalía creada en 2015, imposible para el nivel de desaparición en el estado. En la Comisión Estatal de Búsqueda hay seis personas de base y recontratando más recurso humano. “En Veracruz, donde hay menos personas desaparecidas, hay en la comisión local de Búsqueda 85 personas contratadas. Si te das cuenta, la diferencia es considerable”, sentenció ante la falta de compromiso del Gobierno neolonés.
Corría 2004. En Chihuahua, estado fronterizo con la unión americana, las primeras denuncias como parteaguas internacional por desaparición fueron de mujeres. Pero comenzó desde el año 2000. Y sería un presagio para años venideros en materia forense. Las organizaciones de Defensores de Derechos Humanos se fundaron para atender el panorama de ausencia de víctimas femeninas, primero en Ciudad Juárez, en la división con El Paso, Estados Unidos, luego en la capital, en el resto del territorio.
Conforme se hizo visible el fenómeno, se encontraron patrones definidos, y se supuso en ese tiempo que el fondo era trata de personas. Había una cantidad indefinida de cuerpos sin identificar en el Servicio Médico Forense por no aplicar protocolos por los encargados del peritaje en la Procuraduría General de Justicia en ese tiempo.
Gabino Gómez se forjó como defensor de Derechos Humanos en aquella época. Recuerda la insensible manera de entregar los restos de las mujeres a familiares. En una bolsa negra con los huesos dentro, y con la frase: “¿La quiere o la mandamos a la fosa común?”.
Recuerda que tras subir a la agenda pública la labor de los defensores, ante el rechazo del personal de la Procuraduría a los familiares de las víctimas en el proceso de investigación, inició una etapa previa a la oleada mayor de desapariciones tras el cambio de Gobierno con el expresidente Felipe Calderón.
Esther Chávez Cano fundó Casa amiga, y fue la primera en documentar los casos in situ y “Justicia para nuestras hijas” nació después junto a un grupo de activistas que fueron los representantes legales ante las autoridades por el abandono de las investigaciones, habla.
Recuerda que al entrar José Reyes Baeza al gobierno de Chihuahua en 2004, se le hizo una propuesta para que el Equipo Argentino de Antropología Forenses recuperara la identidad de los cadáveres de mujeres. Los forenses encontraron anomalías en todo el proceso. Para 2008 dejaron las labores los integrantes del EAAF, pero hubo ya un precedente sobre el manejo erróneo de los restos.
El nacimiento del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres coincidió con el primer pico de la oleada de guerra contra el narcotráfico por el expresidente Felipe Calderón y el Sistema Acusatorio en Chihuahua, el primero en el país. Los activistas fueron capacitados. Comenzó el litigio, afirma.
Nitza Paola Alvarado, José Ángel Alvarado y Rocío Alvarado al ser detenidos por militares en 29 de diciembre de 2009 no se supo más. Así comenzó uno de los patrones de desaparición en Chihuahua, rememora. En enero los familiares acudieron a CEDEHM como el primer caso. El fenómeno creció de manera exponencial en 2010 y 2011.
De entre la violencia de las bandas criminales, una estela apenas se percibía, la desaparición se escuchaba mentar, pero no aparecía en las primeras planas o en los titulares, pero ahí estaba, insiste.
Conforme pasaron los días y la niebla de la desaparición se encontraba con las de otros estados, Gómez se reunió con grupos de Nuevo León y Coahuila, que atravesaban por la misma ola de violencia y, por ende, de la sustracción de personas. El encuentro fue en Saltillo con el entonces obispo Raúl Vera. Fue en el diálogo entre los participantes que los patrones se definieron en cada estado, pero la oleada era en todo el norte mexicano.
Ciudad Cuauhtémoc fue el lugar donde se arraigó el fenómeno. Es una comunidad asentada entre las carreteras de la Sierra Madre Occidental y la capital del estado norteño. La violencia a diferencia de lugares como Ciudad Juárez era menor por mucho. Pero se llevaban entre cinco y ocho personas, confiesa.
En Coahuila y Nuevo León las carreteras eran los sitios donde se perdía la localización de las personas, dice Gómez. En Chihuahua se focalizó en un inicio en Ciudad Cuauhtémoc.
Javier Sicilia y el Movimiento por la paz desde Cuernavaca, Morelos, a Ciudad Juárez y su tránsito por Chihuahua, fue el acto que dio vista a los desaparecidos en su totalidad en Chihuahua, como en otros lugares del país. Esa niebla se hizo luz y emergieron los rostros de los ausentes. Las familias de las víctimas salieron y no se volvió a ocultar el fenómeno de la desaparición. La estimación de desaparecidos era en 2011 alrededor de 10 mil en México, reflexiona.
Con el paso de las administraciones, Gómez, recabando testimonios, asegura que la base de datos actual no es real: existe un subregistro importante. Durante los años se acumularon las denuncias y fueron ocultas las cifras.
El poco personal para la procuración de justicia acumula las carpetas de investigación, y la falta de un método para las investigaciones, son para Gómez, una de las formas en las que se pierde tiempo valioso para identificar personas, finaliza.
Sonora, al norte mexicano, y Arizona, estado sureño de la unión americana, son el paisaje para dos fenómenos actuales de desaparición. Existen una cifra de 4 mil cuerpos humanos hallados sin identificar, un 55 por ciento del lado americano desde finales de los 90 hasta la fecha, sostiene Natalia Mendoza, investigadora.
Entre migrantes y ciudadanos mexicanos desaparecidos se nutre esta cifra, aunque no se conozca en qué lado se encuentran. A partir de 2006 el aumento por una instrucción del Gobierno americano para impedir a migrantes a las ciudades y perdieran la vida en la zona más agrestes del desierto al mantenerse más tiempo expuestos a las inclemencias del clima, indica.
La cifra oficial de desaparecidos, según el Registro Nacional, asciende a 4 mil 345 personas en ese estatus.
En Sonora los colectivos de búsqueda se forman más tarde en comparación con otras entidades, a pesar que el fenómeno se encontraba avanzado. Con el asesinato de Nepomuseno Moreno en 2010, se bloqueó el crecimiento de los grupos de búsqueda de personas sin paradero.
En el sur de Sonora, aproximadamente en 2018, familiares de desaparecidos se organizaron. Los hallazgos son una constante para las agrupaciones sonorenses, incluso fuera del estado: en Jalisco siguen con hallazgos, explica.Conforme pasa el tiempo, tanto los restos o “tesoros” recuperados dimensionan la realidad del fenómeno de la ausencia forzada desde 2009. Son hombres jóvenes el grueso de la estadística, y principalmente en zonas suburbanas de ciudades como Hermosillo, Guaymas, Nogales y Obregón. También son personas en conflicto con la ley en casos, presos de manera momentánea. Delitos menores solamente. Y eso los hace vulnerables por ser simplemente sospechosos, comenta.Para la formación de colectivos en Sonora, fue por medio de la ayuda de buscadoras de Sinaloa, primero, para comenzar con el trabajo, y fue momento de la formación de Madres Buscadoras de Sonora, y de ahí comenzaron las búsquedas en dos vías: los migrantes y los nativos de la entidad, asegura la entrevistada. Toda la frontera está controlada por grupos criminales en Sonora, advierte: Sonoita, Sásabe, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Nogales y Altar son los sitios controlados por al menos tres grupos criminales distintos. Pero hace pocos años comenzaron los enfrentamientos, relata.Las teorías del paradero de los desaparecidos en la pugna entre los grupos antagónicos, es que se encuentran en territorio contrario a donde radicaban. Cada fragmento de frontera es un grupo del crimen diferente, y es por eso que el espectro de la desaparición se da tanto en miembros de la criminalidad como de inocentes. Incluso dijo que para las buscadoras no hay distingos.Mendoza asume que los ciudadanos que se dedican a actividades operativas de la delincuencia organizada, ya sea conscientemente o de manera forzada en actividades ilegales, son los que no se conoce su paradero. Lo que sucede es que se hace la diferencia entre los miembros de la delincuencia que se encuentran por encima en el organigrama que es un privilegio “porque es una especie de respeto a sus familiares”. El desaparecer es un castigo no solo para quien no está, sino para sus seres queridos, remata.La impunidad para la académica es una, es decir, no se investiga ni la desaparición como tampoco al encontrarse un cuerpo luego de un enfrentamiento. Incluso habla que con los años, los criminales encuentran formas para evitar que los cuerpos sean identificados al hallarlos, contaminar la escena, hasta los crematorios que los colectivos han dado con ellos para detectar la secuencia de ADN.
Cada expansión territorial de los grupos criminales deja una estela de desaparición. Desde el oriente mexicano, Los Zetas migraron hacia el centro de México, y así, el fenómeno se convirtió en colectivos de búsqueda como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila, que se replicaron en el país. Torreón, Saltillo, Arteaga, Coahuila, fueron de los primeros puntos donde se volvió visible la ausencia de civiles y la organización ciudadana.
Los relatos de familiares sobre el paradero de sus seres queridos son desoladores en la mayoría de los casos. Durante el tiempo de los enfrentamientos entre tribus de delincuentes, de 2007 a 2013, el miedo hizo presa a padres y madres o hijos y hermanos que buscaban a alguien.
La mayoría fueron intimidados, no solo por criminales, sino por los mismos agentes de investigación de la Fiscalía de Coahuila. Hasta que no amainó la violencia armada, las víctimas se reunieron como si el destino lo decretara al encontrarse con otras familias en la Iglesia de San Judas, el Centro de Derechos Humanos “Juan Geraldi” y “Fray Juan de Larios” en Saltillo.
Profesionistas fueron los primeros sin destino en ser denunciados y conforme se visibilizan los colectivos, obreros, taxistas, jóvenes empezaron a salir a la luz con sus casos ya para 2013.
Los que nacieron en primera instancia son Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), luego vino el Grupo de Víctimas por Nuestros Derechos en Acción (VIDA) y Familias Unidas de Piedras Negras. Luego surgieron Alas de Esperanza, BUSCAME, Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas.
Actualmente, Coahuila una cifra de 3 mil 193 personas desaparecidas, a decir del Registro Nacional.
La exigencia de los grupos organizados al gobierno en turno se volvió una constante. Pero también en el terreno María de la Luz López Castruita, madre de Claribel desaparecida en 2008, tomó camino para buscar los ejidos desérticos. De boca en boca dio con el ejido Patrocinio en 2016. Preguntó a los chiveros de la zona hasta dar con los centros de exterminio.
Al bajar la disputa de los grupos del crimen, se redujo la desaparición, pero hasta la fecha se mantiene, a menor escala, pero continúa, por eso salieron a buscarla. Lo que hallaron en Patrocinio fueron prendas de personas de todas las edades, incluso llegó a decir que de todas clases sociales.
Los pozos donde terminaban los residuos del ácido donde quemaban a las personas tenían un metro de separación en una línea. En el horizonte clavaron sus ojos para abarcar más territorio: San Antonio de Gurza, Estación Claudio, Santa Elena o Francisco Aguanaval.
Los buscadores hablan que las complicaciones principales para dar con el ADN de los fragmentos de hueso encontrados es que el sol ha carcomido la información genética, además que los gobiernos no invierten la cantidad de recursos necesarios para hacer frente a la crisis de identidad de los restos encontrados en diversos puntos de Coahuila.
Hasta la fecha se siguen realizando viajes a puntos de exterminio y se hallan todavía restos óseos, pero además osamentas.
Los esfuerzos gubernamentales se han centrado en la búsqueda en muerte, a través de procesos de identificación cuestionables, así como una crisis forense latente, ignorando e invisibilizando con esto la búsqueda en vida. Esto ha sido ampliamente cuestionado por algunos de los ocho colectivos de búsqueda que existen en Coahuila.
Entre ellos, FUUNDEC que ha señalado que el buscar únicamente después de la vida significa un nulo sentido de prevención y protección al derecho a la vida, destacando que con ello, se demuestra el desinterés del desmantelamiento de las estructuras y redes criminales que perpetraron las desapariciones.
A la par que la pandemia del Covid-19 azotaba Tamaulipas, con 57 fallecimientos diarios en los picos de la crisis, el gobierno del Estado autorizó cientos de millones de pesos de manera extraordinaria para atacar esta emergencia sanitaria. Estos fondos fueron utilizados para adquirir productos a un puñado de empresas que aprovecharon flexibilizaciones en el marco regulatorio de compras y que en conjunto presentan una serie de “coincidencias” que prenderían las alertas de cualquier autoridad fiscalizadora.
** Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.**
A través de siete empresas que presentan focos de alerta en sus operaciones, la Secretaría de Salud de Tamaulipas drenó más de la mitad del presupuesto extraordinario que se autorizó para combatir la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en el primer año y medio de pandemia.
De los 490.8 millones de pesos que destinó el gobierno de Tamaulipas para el tema de sanidad, recurso que se tenía que ejercer en 2020 y 2021, el 70%, es decir 351.6 millones, fueron adjudicados, principalmente a esta serie de compañías, de las cuales, en algunos casos, no se localizaron en los domicilios que tienen registrados, su objeto social no corresponde con el servicio que están brindando, e incluso se dieron casos en donde comparten entre sí correos electrónicos, direcciones fiscales, socios y representantes legales.
Esta información fue obtenida mediante la revisión de los únicos 99 contratos que la Secretaría de Salud hizo públicos mediante el sitio web que crearon, específicamente, para transparentar sus gastos durante la emergencia sanitaria. El portal fue consultado por primera vez a mediados de 2021 y, hasta la fecha de publicación, no se ha cargado un solo contrato más. Se solicitaron vía transparencia las facturas correspondientes y cualquier otro contrato que se haya firmado en los meses restantes, pero la respuesta de las autoridades fue siempre hacer mención al sitio web, el cual no ha sufrido ninguna actualización en más de un año.
En el más reciente informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sobre el análisis de documentación pública en la Plataforma Nacional de Transparencia, arroja que seis de cada 10 adjudicaciones directas realizadas por gobiernos e instituciones de Tamaulipas no cuentan con un acceso al contrato. Además, ocupa el lugar 30 de los 32 estados en la lista de sujetos que registraron en el 2021 compras en la Plataforma.
La serie de irregularidades que presentan las compañías que obtuvieron estos contratos millonarios durante la pandemia son muy similares a las que expuso en 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del estado (UIFE) al develar los vínculos empresariales del caso denominado “Los Seis”, el cual exhibía a 52 empresas que le facturaron a la Administración estatal de Tamaulipas casi 10 mil millones de pesos y que compartían socios, comisarios, representantes legales y administradores únicos, de acuerdo con el comunicado oficial publicado por la UIFE.
El artículo 10 del Código Fiscal de la Federación es muy claro al momento de establecer que las personas morales deben asignar como domicilio fiscal el lugar donde se encuentre la administración principal del negocio, ya que éste debe ser localizable para que las autoridades fiscales puedan practicar diligencias, pero en Tamaulipas este parece que no fue un requisito para algunas de las empresas que sacaron la mayor tajada de los recursos aprobados por el coronavirus.
En la calle Mariano Matamoros No. 414, entre 20 de Noviembre y Fermín Legorreta, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se encuentra una casa habitación color café, la pintura de su marquesina está desprendida, las manchas de humedad en las paredes son visibles a primera vista y la fachada principal está llena de telarañas. Así lucía el domicilio fiscal que tenía registrado la empresa SPCES, S.A. de C.V. al mismo tiempo que recibía un contrato de más de tres millones de pesos por parte de la Secretaría de Salud del estado por la compra de 17 mil litros de gel antibacterial y 4 mil litros de alcohol. Un par de meses después de visitar esta dirección, la empresa modificó sus datos en el padrón de proveedores a: Calle Sol 2052, Fraccionamiento Comercial 2000, entre calle Lluvia y Brisa, en donde un letrero sobrepuesto con la palabra “SPCES” demuestra que esta bodega “improvisada” es su nuevo centro de operaciones.
A pesar de que SPCES, S.A. de C.V. logró que el gobierno estatal le pagará más de cinco millones de pesos en tan solo dos años (2020 y 2021), el lote en el que está su dirección parece vacío. El encargado de vigilar el lugar, quien pidió omitir su nombre por seguridad, confirmó que no hay mercancía dentro del inmueble. “Todos los botes están vacíos desde que llegué, no hay movimiento de que metan mercancías o algo similar. Han venido personas, pero solo suben a la oficina donde hay mesas”, aseguró.
Este no es un caso aislado. SEGARTEK, S. DE R.L. DE C.V., compañía inscrita en el Registro Público de Comercio desde 2013, de acuerdo con documentos oficiales, anotó como domicilio fiscal, tanto en el padrón de proveedores del estado como en los contratos, la calle de Darwin 68 con número interior 502 en la colonia Anzures, Ciudad de México, sin embargo, durante una visita a esta dirección se pudo constatar que ahí no se encuentra ningún negocio con este nombre.
En el directorio que se ubica en la recepción de este edificio no hay ningún registro similar y el vigilante aseguró que no existe ninguna compañía que se dedique a la venta de insumos de sanidad, incluso el 502 está ocupado por otros inquilinos. “Es la primera vez que la escucho y en el 502 son puros abogados que ya tienen tiempo ahí, pero con eso de la pandemia han venido a preguntar por empresas que no están aquí […] ahorita ya tenemos dos que pusieron esta dirección, piso y todo y no es”, narró el guardia de seguridad.
SEGARTEK fue una de las tres empresas que ganó más recursos económicos durante el primer año de pandemia en Tamaulipas, tan sólo en 2020, cuando la emergencia sanitaria golpeó más fuerte a todo el país, esta compañía cerró cinco contratos con el gobierno por la cantidad de 39 millones de pesos; el más grande fue por la compra de 200 mil piezas de bata quirúrgica desechable, insumo que costó 30.9 millones de pesos, de acuerdo con el contrato SST/SAF/DJ/DC/V/0038/2020.
Tomando como base este costo, quiere decir que cada bata le costó 133.62 pesos al gobierno, sin embargo, en una búsqueda en diferentes portales se encontraron hasta paquetes de cinco batas con las mismas características en 199 pesos.
También vendieron camas clínicas, sillas de oficina giratorias y mascarillas KN95 en 207 pesos cada una, de acuerdo con los costos que se analizaron de los contratos, mientras que a la venta en el mercado de ese entonces no excedían los 100 pesos y que, actualmente, se pueden encontrar hasta en 30 pesos.
A pesar del gran negocio que SEGARTEK hizo durante la pandemia, encontrar sus oficinas centrales fue imposible. En el domicilio ubicado en la capital del país negaron rotundamente que existiera una empresa con este nombre, y al intentar localizarlos vía telefónica, mediante el número registrado en el padrón de proveedores de la Secretaría de Administración de Tamaulipas, proporcionaron otro número del que solo se obtuvo un correo electrónico para enviar un listado de preguntas, pero cortaron la comunicación al momento de solicitar la dirección específica de sus oficinas.
Las siete compañías que ganaron siete de cada 10 pesos que se autorizaron de manera extraordinaria durante la pandemia llevan por nombre: SEGARTEK, SPCES, BTOG, Proveedora de Equipo de Laboratorio, Curación y Medicamento MANIFLOSA, Ortho-Health&Integral Supply Services de México, Servicios VELFICH de México y BAZE Abastecedor.
Algunas de estas sociedades, que se constituyeron durante los últimos 12 años, y la más reciente apenas en 2019, por lo general estaban enfocadas en la creación de planes y programas de ciencia y tecnología, así como en la creación de software, pero la pandemia les dio la “oportunidad” de llegar al negocio de la salud.
SEGARTEK es el ejemplo más claro, en su acta constitutiva inicial, su objeto social era integrar planes y programas sobre ciencia y tecnología, contribuir a través de planes de negocios a la generación de empleos, participar en la organización y formación de grupos de usuarios de software y tecnologías de la información, servicios consultivos y de sistemas de información y cualquier otro tipo de programas de computación, lo cual no estaba relacionado con ninguno de los servicios que le vendió al estado, pero con la emergencia de la COVID19 terminó vendiendo, principalmente, gel antibacterial, hisopos para las pruebas, alcohol y cloro.
Además de estas similitudes, SEGARTEK y SPCES tienen sus correos empresariales (eduardo@sishotel.mx y jjuarez@sishotel.mx) registrados en el mismo dominio, “SisHotel” el cual pertenece a una empresa de servicios en sistema de software para hoteles, restaurantes y administrativos y que comparte el mismo domicilio fiscal con otra de las compañías de este listado: BTOG.
Aunque las empresas son libres de señalar la dirección que prefieran al momento de inscribirse en el Registro Público del Comercio, el hecho de que existan estas “coincidencias” son un foco de alerta, comentó Luis Alvarado, abogado y especialista en investigación jurídica.
Este no es el único dato parecido que tienen SEGARTEK y SPCES, ambas compañías tienen como representante legal y socio a Aarón Juárez Ortiz, empresario tamaulipeco de 28 años quien ha sido señalado por diferentes medios locales como uno de los personas detrás de compañías factureras en el estado. Además, el domicilio particular de dicho socio es el mismo que se registró para la empresa BTOG, según documentos oficiales.
Estas tres empresas fueron constituidas por el mismo notario público, Juan José Antonio Braña Carranza en la Notaría Pública 24 en el municipio de Altamira, Tamaulipas.
Otro caso es el de la empresa Proveedora de Equipo de Laboratorio, Curación y Medicamento MANIFLOSA, la cual dio de alta en el SAT el correo medic.flosa@hotmail.com, dato que se repite en los datos de la compañía Ortho-Health & Integral Supply Services de México, otro de los grandes beneficiarios de las adjudicaciones directas que realizó el gobierno de Tamaulipas durante los primeros años de pandemia.
En relación a este tema, Fernanda Avendaño, Coordinadora de Anticorrupción en el IMCO, explicó que, con la urgencia de contratar por motivo de la pandemia, existió el riesgo de que hubiera proveedores sin capacidad de cumplimiento, de reciente creación y todólogos, porque hubo mayor posibilidad de hacer negocio y ciertos espacios para cometer algún delito o simplemente para beneficiarse a mayores precios.
En el caso de Tamaulipas no solo fue esta prisa por cerrar contratos, sino que la información fue publicada a cuenta gotas. “La transparencia permite disminuir las posibilidades que tenga instituciones o funcionarios públicos de cometer un delito porque todo es sujeto a análisis y auditoría, si restringen la transparencia en procesos que son vulnerables a la corrupción aumenta el riesgo significativamente y no hay forma de monitorear que no suceda porque la información ni siquiera está disponible o si lo está, no está completa, como en el caso de Tamaulipas”, aseguró Avendaño.
A pesar de que la Secretaría de Salud de Tamaulipas hizo un gasto de casi 400 millones de pesos durante los primeros nueve meses de pandemia, recurso que se destinó a cubrebocas, cloro, gel antibacterial, guantes y batas desechables, principalmente, la situación dentro de los hospitales no reflejó ese millonario presupuesto.
En las primeras semanas de julio de 2020, durante una de las olas más fuerte por la pandemia del coronavirus, personal médico del Hospital General de Reynosa, Tamaulipas, publicó un video en Internet en el que expresaron que no entrarían con los pacientes a menos que contaran con el equipo de protección sanitaria necesario. “No tenemos el equipo completo para entrar, nos hace falta N95, necesitamos que venga alguna autoridad y que resuelva rápido porque los pacientes están solos”, se escucha en la grabación.
Al mismo tiempo que los médicos hacían esta exigencia, el Gobierno del Estado firmó un contrato de más de un millón y medio de pesos por 8 mil 016 mascarillas KN95, de acuerdo con los documentos publicados en su sitio de Internet. Insumos que, al parecer, no llegaron a donde se necesitaban.
Un trabajador de uno de los almacenes de la Secretaría de Salud, quien por miedo a las represalias pidió mantener el anonimato, aseguró que en las bodegas existió un desabasto real de suministros y materiales de sanidad y curación. “Principalmente de los insumos que se usan a diario y que no se pueden comprobar cómo se gastan, por ejemplo el alcohol, pueden decir que compraron 10 o 15 millones, pero lo checas y no está”, aseguró el trabajador.
Esto es similar a lo que mencionan los trabajadores de algunos hospitales del estado, quienes afirmaron que en sus residencias no había hilo para suturas o alcohol, pero que al momento de revisar las compras de la Secretaría de Salud se podían encontrar compras millonarias, pero físicamente en sus lugares de trabajo no existe nada.
A pesar de que la secretaria de Salud, Gloría Molina Gamboa, compareció ante el Pleno del Congreso de Tamaulipas el 28 de julio de 2022 y los diputados le exigieron rendición de cuentas sobre las contrataciones que se efectuaron entre 2020 y 2021, no hay información nueva sobre el caso. “Estamos revisado el gasto del presupuesto de salud y vimos un despilfarro como nunca visto, cientos de millones en compra de cubrebocas que era de tres pesos, pero que se pagaron como si los hubiera creado un diseñador de modas”, aseguró Gustavo Cárdenas Gutiérrez, diputado de Movimiento Ciudadano.
Después de ocho meses de investigación, más de una docena de peticiones por transparencia y alrededor de tres meses de solicitar una entrevista con Gloria Molina, la respuesta del gobierno ha sido el silencio; las empresas también se niegan a dar una postura de la serie de “coincidencias” que se repiten entre ellas y nadie conoce el detalle de los más de 400 millones de pesos que ocupó el gobierno durante los primeros dos años de pandemia.
El problema de Pensiones (PCE) es del Estado. Sí, tal como se escucha, pareciera que el problema financiero y económico que sufre Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua no tiene una causa identificable, pero si lo es.
Siendo un ente del estado los recursos financieros que debe de recibir son precisamente de las aportaciones que debe tener de diferentes entes gubernamentales y autónomos. Siendo un problema que afecta directamente a los trabajadores del estado, es el patrón copartícipe del desfalco económico en el que se encuentra.
No podemos decir que es el actual gobierno el responsable del daño patrimonial, ni mucho menos sugerir que fue el anterior o el antepenúltimo. Fue un barril sin fondo, sin atención, sin administración estratégica y sin ser una prioridad.
El servicio que es bueno en comparación con otras instituciones de salud pública e incluso en algunos servicios privados ha ido demeritando el trabajo de quienes dan la cara frente a los usuarios.
Se habla mucho, se dice poco. No han escuchado las voces del personal médico, ni del personal administrativo. Tampoco han escuchado las voces aisladas de pacientes que sufren en silencio los dolores de trámites burocráticos y hasta onerosos porque hay un servicio diferenciado que no se puede explicar en cada una de las delegaciones que existen en el estado.
La reflexión y argumentación es la siguiente: Si el gobierno del estado es quien nombra a las autoridades de Pensiones Civiles del Estado es entonces responsabilidad del gobierno del estado del servicio que ofrece a sus trabajadores.
No sólo en los servicios de salud, sino en el de los servicios de jubilaciones y pensión que actualmente se tienen así como otras prestaciones propias de un ente de esta naturaleza.
A manera de pregunta ¿Han solicitado la opinión de los médicos, enfermeras, personal de farmacia, camilleros para integrar un grupo de mejora continua de los servicios prestados?
