Ataviados de rojo y blanco, un contingente de más de setenta personas marchó en silencio por las calles de Ciudad Juárez durante la tarde de este martes, en memoria de sus familiares y amigos desaparecidos, quienes, así como ellos, se encuentran en silencio, pero no en el olvido.
En esta frontera y el Valle de Juárez son al menos mil 152 personas las que se encuentran desaparecidas, pero en el estado de Chihuahua se suman 3 mil 826, de acuerdo con datos de la Fiscalía de Género, dadas a conocer por organizaciones civiles.
Este martes 30 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y, fuera de ser un día de “celebración”, se trata de una fecha de lucha de los familiares, de nostalgia y de recuerdos de quienes no se encuentran.
Rocío Ramírez es una de estas víctimas, quien desapareció en el 2011 y desde entonces, su madre, Rosa María Hernández, ha naufragado en un mar de burocracia y de dudas, ya que no ha obtenido respuesta de las autoridades.
Actualmente son 160 mujeres que continúan en calidad de desaparecidas, si es que las autoridades no le han dado “carpetazo” a la investigación.
Los integrantes de la marcha pacífica salieron desde Catedral y caminaron por la avenida 16 de Septiembre, hasta llegar al Memorial de Personas Desaparecidas, ubicado en las inmediaciones del Parque Borunda.
En este lugar se encontraban mantas que mostraban los rostros de algunas de las víctimas, además de una red tejida con rafia de color rojo, “Sangre de mi Sangre”, con el fin de visibilizar a las mujeres víctimas de feminicidio y las personas desaparecidas.
Ya en el memorial, Yadira Cortés, de la Red Mesa de Mujeres, leyó un posicionamiento en representación de las organizaciones que participaron en la marcha, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C.; Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C; Familias Unidas por la Verdad y la Justicia; Madres de Fe; Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C. y el Servicio Jesuita a Refugiados México.
Otras madres de familia también hicieron uso del micrófono para narrar a los presentes su situación, pero también para darles aliento, pues a pesar de que se trata de un duro camino por recorrer, no están solos.
Tal es el caso de Anita Cuellar, cuya hija Jessica Ivonne Padilla desapareció desde el 7 de julio del 2011, quien destacó el hecho de que no siente suficiente apoyo por parte de las autoridades, pero tampoco de la comunidad, por lo que invitó a la población a ser más solidarios ante esta situación.
El posicionamiento de los activistas y de los familiares es claro: “Ninguna familia debería sufrir la ausencia involuntaria de ningún miembro de su familia. Ninguna Madre, Padre o familiar debería sufrir la desaparición de un ser amado”.
Por esta razón se exigió a las autoridades lo siguiente: Que las investigaciones se realicen de manera armónica con los Protocolos Homologado de Búsqueda, Protocolo Alba y Alerta Amber, y las búsquedas sean eficientes e integrales, incluyendo la búsqueda en Vida y No Vida, así como es importante que se atienda de manera urgente la crisis de identificación forense.
También que el Estado Mexicano de cumplimiento de la Sentencia de Campo Algodonero en lo que respecta a la búsqueda de niñas y mujeres, además de “implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna. Mientras que, cuando se presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la vida, libertad y la integridad personal de la persona desaparecida.
Eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir investigaciones o procedimientos preliminares”.
“Llamamos a las autoridades a que brinden las garantías necesarias para que el derecho a migrar en nuestro país no se convierta en una historia de desaparición forzada para las víctimas y sus familias”, sentenció.
La impunidad es casi total
La situación de la desaparición de personas es un delito recurrente, ejemplo de ello es que el pasado mes de marzo, en Ciudad Juárez se registró la visita de Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos y Población, quien acudió a esta frontera y pidió “Perdón”, por el caso de Silvia Arce y Griselda Mata, quienes desaparecieron el 11 de marzo de 1998, cuando salieron de su trabajo.
“Asumo el compromiso del Estado mexicano de trabajar para que estos lamentables hechos no vuelvan a ocurrir y no queden impunes. Lo hago en cumplimiento de nuestras responsabilidades legales, pero también por convicción, con apego a nuestras convicciones políticas y nuestros valores éticos”, dijo el funcionario.
Quedó claro que la desaparición de personas en el país es un delito impune.
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Ese mismo día, la comisión de la ONU refirió que el delito de desaparición cuenta con una impunidad “casi total”, pues se habla de entre un 95 y 98 por ciento a nivel nacional entorno en esta problemática, señaló el padre Oscar Enríquez, , co-director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.
“Se trata de un crimen casi perfecto porque no se da con los perpetradores. Es un reto para el Estado Mexicano cómo lograr desarticular una macrocriminalidad donde están mezclados corrupción de funcionarios y crimen organizado. Esa es la queja permanente”, dijo.
Comentó que la asociación está enfocada en brindar acompañamiento a familiares de hombres desaparecidos, pues hasta la fecha cuentan con 16 casos activos, pero también observaron que los últimos casos se han registrado en el Valle de Juárez.
“En los próximos días se va a dar a conocer un estudio de lo que pasa en el Valle. Hay 116 personas desaparecidas y solo dos o tres carpetas de investigación abiertas. La gente nos dice que hay crimen organizado, pero no hay una estrategia efectiva para realmente enfrentar este problema”, añadió.
El activista mencionó que últimamente han observado que esta problemática se ha extendido también entre la población migrante, pues ya tienen contabilizados al menos seis casos de personas en situación de movilidad que han desaparecido.
“Últimamente está afectando mucho a los migrantes. Los ven como una ‘mercancía’ y de alguna manera tratan de, si no les pagan, los desaparecen. Muchos son personas que tratan de cruzar a Estados Unidos. Son al menos seis casos en los últimos dos años.
Reiteró que la resolución de estos delitos es una lucha constante, pues pese a que mantienen cierta relación con las autoridades, realmente no existe un avance.
“Solo nos dicen que están trabajando en la investigación, pero no se logra dar con la verdad de lo que pasó ni hay un acceso verdadero a la justicia”, sentenció.