México es el destino final de miles de migrantes que no tienen otra opción ahora que Estados Unidos blindó sus fronteras. Sin embargo, la burocracia mexicana se convierte en un cuello de botella al suspender la entrega de tarjetas humanitarias y prolongar los procesos para pedir refugio.
Al llegar por la mañana a la oficina de Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) a las orillas de la Ciudad de México, es altamente probable encontrarse con una fila de personas que llegaron la noche anterior para asegurarse que los van a recibir.
Todos están pegados al muro. Quienes son haitianos se agrupan en un sitio porque “alguien” les dijo en la fila que los van a atender con un traductor, así que se forman aparte. En otra línea, se agrupan madres con niñas y niños, familias con papá, mamá e hijos.
Durante las horas de espera, algunos desde la madrugada, todo el mundo cuenta parte de su travesía. Rafael, un venezolano de 50 años, platica que cuando cruzó el río Suchiate fue recibido del lado de Chiapas por hombres encapuchados con armas que lo obligaron, a él y a los que venían en la balsa, a seguirlos.
Los encerraron, les pidieron los teléfonos de sus familiares en Estados Unidos, extorsionaron a los que pudieron, les sacaron el dinero y los subieron al transporte público para llegar a la Tapachula, a tan sólo media hora del río, en la frontera con Guatemala.
Un ciudadano cubano, alto de tez morena, que dice llamarse Octavio, platica que sí logró cruzar la frontera con Estados Unidos una, dos y hasta tres veces en 2024, antes de la llegada de Donald Trump, pero lo deportaron a México en cada ocasión.
La última vez le advirtieron que a la siguiente iría a la cárcel por intentar ingresar ilegalmente. Entonces, renunció al “sueño americano” y se acogió en México, donde intenta regularizar su situación, hasta ahora, sin éxito. Su compañero de travesía no tuvo la misma suerte: permanece preso en un centro de detención migratoria en Estados Unidos.
También se encuentran personas que no tienen claro por qué están ahí. Sólo acudieron a la COMAR porque les dijeron que es una forma de regularizar su estancia en México a través del refugio, aunque antes deben convencer a las autoridades de que huyeron de su país porque su vida estaba en riesgo o eran víctimas de persecución política, aunque no sea verdad.
La COMAR es la instancia encargada de analizar y dar la categoría de refugiado a una persona en México, bajo las condiciones de los acuerdos internacionales. El número de solicitudes de refugio comenzó a aumentar después de la pandemia de COVID-19 y en 2023 alcanzó un máximo histórico de 140,000 peticiones, de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
En 2024, el gobierno mexicano trató de contener el flujo migratorio y oficialmente sólo atendió 80,000 solicitantes de refugio.
Andrés Ramírez, ex coordinador de la COMAR de 2018 a 2024, explica en una entrevista que muchas de esas personas no necesariamente buscaban refugio en México, pero acudían a la Comisión asesorados por los traficantes de personas —coyotes— para obtener un documento que les permitiría viajar dentro del país hacia la frontera norte.
Este documento es la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH, por las siglas en español) y es expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM).
“Lo que querían era solamente utilizar esa constancia de solicitante de la Comisión de Refugiados para luego lanzarse al norte”, comenta Ramírez.
El gobierno mexicano se dio cuenta de ese mecanismo como una forma de acercarse a Estados Unidos y, a partir de 2024, el INM dejó de expedir las tarjetas y dejó de cumplir con la ley. El artículo 52 de la Ley de Migración establece que “la autorización de la condición de estancia por razones humanitarias deberá ser inmediata y no podrá negarse”.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública detectó en 2024 una disminución considerable en la emisión de las tarjetas: en los primeros cuatro meses de 2023 se expidieron 51,393 TVRH y, en el mismo periodo de 2024, la cifra bajó dramáticamente a 887.
“Esto generó preocupación en la Asesoría Jurídica Federal, pues la tendencia refleja una clara obstrucción en la tutela de los derechos de personas sujetas a protección internacional. La portación de la TVRH protege a la persona en contra de devoluciones por parte de la autoridad extranjera”, establece el informe “Abriendo Caminos para la Justicia”, elaborado por la Unidad de Asesoría Jurídica y publicado en julio de 2025.
Lorena Cano, abogada al frente de la Clínica Jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), advierte que el INM debería emitir las tarjetas por razones humanitarias durante el trámite, como marca la ley, y que mientras una persona no tenga una resolución de COMAR, “está sin papeles”.
“La ley establece que las personas solicitantes deberían tener un documento provisional por razones humanitarias, hasta en tanto concluye su procedimiento. Entonces, Migración no está otorgando esos documentos, les están diciendo: Pues te acepto el trámite, pero no te voy a resolver hasta que COMAR te resuelva a ti”, señala Cano.
Al 31 de julio de 2025 se registraron al menos 39,497 solicitudes de refugio en las distintas oficinas de la COMAR en el país.
Tapachula, en la frontera sur, concentra el mayor número con 18,647 de solicitudes; seguida por la Ciudad de México, con 6,950 registros, según los datos obtenidos por una solicitud realizada por medio de la Ley de Transparencia.
El proceso del reconocimiento de refugio es más largo de los 45 días hábiles que indica la ley y la COMAR tiene un rezago importante de casos, advierten organizaciones que atienden a las personas migrantes.
Tere, una joven cubana de tez blanca, acudió a la COMAR en marzo pasado y para inicios de julio seguía sin tener noticias sobre su solicitud de trámite.
Octavio ha ido a firmar para dar seguimiento a su trámite desde finales de marzo y para el mes de agosto aún no había realizado su entrevista de elegibilidad.
Como ellos, miles de personas permanecen en México en situación migratoria irregular, trabajando en la informalidad para tener ingresos y al margen del libre acceso a sus derechos.
Investigación: Nadia Sanders
Edición: Wendy Selene Pérez
Coordinación: Patricia Mercado y Laura Zommer
Fotografía: Benjamín Alfaro, Teresa González y María Ruiz
Diseño: Jhasua Razo | Audiencias: Selene Tapia, Daniela Buenabad, Olivia Rivarola
Esta investigación de cinco entregas fue realizada por Conexión Migrante y Factchequeado con apoyo del programa Disarming Disinformation del International Center for Journalists (ICFJ).
