El muralista y rotulista Vicente Pérez rinde homenaje al tranvía que unió Ciudad Juárez y El Paso con la obra Tranvía: Cd. Juárez 1973 / El Paso 2025, presentada en la segunda edición de “El Centro se pinta solo”.
Con un estilo vibrante y elementos históricos fusionados con una visión futurista, Prz revive la memoria del sistema tranviario que conectó ambas ciudades por casi un siglo, invitando a reflexionar sobre la movilidad, la identidad y el vínculo cultural fronterizo.
Mientras El Paso ha rescatado su tranvía como símbolo turístico, Ciudad Juárez aún no define su futuro en transporte urbano.
Con el propósito de apoyar a gatos rescatados y fomentar la adopción responsable, el refugio Susy Cats realizará el “Mishi Bazar Fest”, un evento temático que se llevará a cabo este sábado 19 de julio.
La actividad se realizará de 5 de la tarde a 10 de la noche en la calle Venezuela #285, al norte de la ciudad, en la colonia Partido Romero.
Mishi Bazar Fest por parte del refugio Susy Cats / Foto: Facebook
El evento tiene como principal objetivo recaudar croquetas, artículos para gatos y generar conciencia sobre el abandono y maltrato animal, a través de una tarde festiva con causa.
Además de funcionar como centro de acopio, el bazar contará con venta de productos temáticos, actividades con enfoque felino y un espacio donde los asistentes podrán conocer a varios gatitos disponibles para adopción.
Los organizadores detallaron que el evento está pensado como un punto de encuentro para amantes de los gatos, pero también como una forma de involucrar a más personas en el cuidado y protección animal.
La Patrulla Fronteriza (Border Patrol por su nombre en inglés) en el sector de El Paso reportó una disminución significativa en los cruces ilegales de migrantes durante el primer semestre de 2025, con una reducción superior al 90 por ciento respecto al mismo periodo del año fiscal anterior.
Claudio Herrera, vocero de la Patrulla Fronteriza, atribuyó este cambio al reforzamiento de las políticas migratorias implementadas desde enero y a una mayor coordinación entre agencias de seguridad.
Cabe recordar que el pasado 20 de enero, Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en su segundo periodo, pero al tomar posesión de su gobierno, incrementó las políticas migratorias con sanciones más severas a quienes ingresan a territorio norteamericano de manera ilegal.
Un operativo de la brigada de combate #Stryker del Ejército de Estados Unidos se desplegó en la frontera de Ciudad Juárez y #ElPaso, Texas durante la mañana de este jueves. Autoridades no han dado a conocer información, hasta el momento pic.twitter.com/EXYLWdmozd
Sobre los encuentros o deportaciones, Herrera señaló que durante los primeros meses del ciclo fiscal 2025, el cual inició en octubre del 2024, el promedio mensual de ingresos irregulares por esta zona alcanzaba hasta los 10 mil casos.
Sin embargo, a partir de enero, esta cifra bajó drásticamente a cerca de mil 600 personas por mes o incluso menos, mientras que la estimación diaria en la actualidad de detenciones se sitúa entre 50 y 60 personas, lo que representa una baja considerable frente a los más de 200 cruces diarios registrados en el 2024.
Explicó que esta reducción responde, en gran parte, a la colaboración con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y otras agencias del orden público, lo que ha permitido reforzar la vigilancia en puntos estratégicos de la frontera.
También que la implementación de operativos conjuntos, con mayor tecnología de monitoreo y respuesta rápida, fueron factores clave para incremantar la contención de personas migrantes en los distintos puertos fronterizos.
Cargos más severos
El vocero de la Patrulla Fronteriza refirió también que el gobierno estadounidense comenzó a presentar cargos criminales más severos en contra personas involucradas en el tráfico de migrantes.
Expuso que quienes utilicen rutas ilegales o participen en actividades para facilitar el ingreso no autorizado al país enfrentan procesos penales bajo el Título 8, Sección 1324, del Código de Estados Unidos (U.S.C.)
Campamento migrante bajo el puente fronterizo “Paso del Norte” / Foto: Archivo
De acuerdo con la ley, en este apartado se estipula que quienes participan en el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas, así como si se perciben ganancias económicas, existen lesiones o muertes, las penas se agravan considerablemente.
También que por cada persona migrante involucrada se presenta un cargo individual, por lo que las sanciones aumentan si hay reincidencia o si se facilita el ingreso de criminales.
Este apartado señala además que si el delito resulta en la muerte de una persona, el acusado puede ser sentenciado a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte, dependiendo del estado en donde sea juzgado.
Por ello, Herrera recalcó que las personas deben utilizar las vías legales para ingresar a territorio estadounidense, así como a no dejarse engañar por los grupos criminales transnacionales, ya que en muchas ocasiones, las personas en movilidad son víctimas de extorsión y de secuestro.
El caso del Crematorio Plenitud, donde fueron encontrados 386 cuerpos en condiciones insalubres, reveló las omisiones en la supervisión del manejo de restos humanos, pero también los vínculos entre el Estado y con las funerarias.
En varias ocasiones, las autoridades confirmaron que entre las funerarias que solicitaron servicios de este crematorio se encuentran: Luz Divina, Capillas Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno.
Yadira Cortés, integrante de la Red Mesa de Mujeres, advirtió que varias de estas empresas cuentan con convenios oficiales vigentes para brindar servicios funerarios a personas en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con la activista, el gobierno de Chihuahua mantiene una política pública desde hace décadas para otorgar apoyos funerarios a la ciudadanía, a través de instancias como la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común(SDHyBC) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE).
Explicó que, cuando una familia no puede cubrir los gastos de un sepelio, es canalizada hacia funerarias con las que el Estado ya tiene acuerdos establecidos, así como en esos casos, el proceso debe realizarse exclusivamente con dichas empresas, lo que restringe la libertad de elección de los deudos.
Familiares exigen justicia tras hallazgos en crematorio / Foto: Angélica Villegas
El convenio contempla un paquete básico con un monto que ronda entre los 8 mil y 9 mil pesos, pero si las familias desean servicios adicionales, como un ataúd diferente o mejoras en el tratamiento del cuerpo, deben pagar la diferencia directamente a la funeraria.
Cortés mencionó que entre las empresas con las que el Estado tiene convenio se encuentra Luz Divina, la cual se incluyó en la lista de las funerarias que solicitaron servicios de incineración al crematorio Plenitud.
Expuso que por esta razón, la incertidumbre también invadió a varias familias que recibieron apoyos del Estado, pues tras el hallazgo de los cuerpos, ahora se cuestionan si las cenizas que recibieron realmente corresponden a sus seres queridos.
A través de redes sociales familiares de víctimas compartieron sus dudas acerca de las cenizas recibidas / Foto: Facebook
Sobre los contratos por servicios funerarios que tiene la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), actualmente a cargo de Austria Elizabeth Galindo Rodríguez, este medio solicitó una entrevista con la titular, en múltiples ocasiones a través de vía telefónica y mensajes. Sin embargo, no respondió ninguna de las solicitudes.
Incluso se solicitó entrevista con la titular de la dependencia a través del enlace de Comunicación Social de Gobierno del Estado en la Zona Norte, pero tampoco se entregó una respuesta positiva, ya que se indicó que los servicios funerarios estaban a cargo de la Fiscalía General del Estado.
No fue hasta el pasado martes 8 de julio que, en conferencia de prensa realizada en las oficinas de Pueblito Mexicano, que personal de Circuito Frontera cuestionó a la funcionaria acerca de los apoyos funerarios que brinda la dependencia, así como con cuáles funerarias sostenían convenios.
Galindo señaló que sobre el tema de los servicios funerarios es la Fiscalía General del Estado la que se está haciendo cargo, mientras que por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común se ofrece apoyo psicológico a las personas que requieran acompañamiento.
«Debo precisar un tema. Yo estuve en la conferencia de prensa (realizada el 27 de junio, un día después del descubrimiento en el crematorio) y no tomé la palabra. Creo que estaba centrado en el tema en otra cosa. Sin embargo, hasta ese momento el número era otro. Entonces, nosotros estábamos listos de manera subsidiaria para ayudar a las familias.
Ya ahorita la instrucción es otra. La instrucción es que Fiscalía acerque a la reparación total de los daños, entonces hasta ahí nos quedamos. Nosotros tenemos apoyo psicológico, traumatológico también para personas que requieran un acompañamiento, nosotros podemos estar ahí. Hasta ahí me quedé, yo por eso ya no abordé más el tema», dijo.
Los contratos y omisiones
Asimismo, luego de una consulta en la página de proveedores de Gobierno del Estado, fueron localizados dos contratos realizados entre la Fiscalía General del Estado y la funeraria Luz Divina, una de las señaladas por las autoridades de subcontratar al Crematorio Plenitud.
Uno de los convenios que realizó la Fiscalía General del Estado con la funeraria Luz Divina, se encuentra a nombre de María Manuela Silerio Meza, el cual se celebró el 22 de mayo del 2023, bajo el contrato SH/AD/020/2023 que se encuentra en el Portal de Contrataciones de Gobierno del Estado.
El documento refiere que la contratación se realizó por adjudicación directa, por un monto de 469 mil 800 pesos, por el servicio de inhumación de cadáveres desconocidos. Sin embargo, se desconocen las especificaciones de este convenio, ya que el documento que se cargó al portal no puede visualizarse.
Captura de pantalla del contrato entre Luz Divina y la FGE en 2023
La misma empresa realizó el convenio por adjudicación directa SH/AD/127/2024, también con la Fiscalía General del Estado, con fecha de inicio el 10 de octubre del 2024, por el servicio de inhumaciones de 200 cadáveres desconocidos en el Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez, por un monto de 536 mil 760 pesos.
Este contrato señala a Pablo Gerardo Ríos Villagómez, en su caracter de Director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda, y a Eva Patricio Franco López, en su caracter de Directora General de Administración de la Fiscalía General del Estado, a quienes se denomina como «El Gobierno» como los responsables de este convenio.
Captura de pantalla del convenio SH/AD/127/2024
Mientras que el proveedor se identifica como el representante legal, bajo la constancia número 73642F24 del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal.
El contrato identifica a la empresa como Luz Divina Funeral Homes, sin embargo, al buscar el nombre comercial en el Registro Público de Comercio, el negocio no aparece, es decir, que el contrato se hizo con un particular.
Captura de pantalla Registro Público de Comercio
Además de la falta de vigilancia institucional, la activista de la Red Mesa de Mujeres indicó que la organización documentó que algunas de estas funerarias ofrecieron un trato indigno a las familias, pues no se les dieron opciones para realizar los servicios funébres a su gusto.
Cortés recalcó que la revisión de convenios y el establecimiento de controles más estrictos son pasos necesarios para evitar una revictimización sistemática y garantizar que, incluso en la muerte, las personas sean tratadas con el respeto que merecen.
Entre las calles Perú y avenida Vicente Guerrero sobrevive una librería que nació de una nevería familiar por el año de 1969, un lugar que permanece pese a las décadas: Librería Acapulco.
“Empezamos vendiendo nieve, pero cuando ya no hubo clientes comenzaron a llegar los libros en su lugar”, señaló Leopoldo Mendoza, quien atiende la librería desde entonces y quien ha sido testigo de su transformación a lo largo de los años.
Platicó que tras iniciar con el negocio de la nevería, las ganancias no llegaban, por lo que al dejar de ser rentable, él y su familia comenzaron a vender los libros que tenían en su casa en este local.
Leopoldo Mendoza atiende la Librería Acapulco desde 1969 / Foto: Eva Ramírez
El encargado de la librería indicó que éste es un lugar especial, ya que se pueden encontrar libros de todos los temas, así como no se trata de un lugar convencional, donde los títulos no están clasificados con precisión sino que esperan ser descubiertos por los curiosos lectores.
Compartió que los visitantes llegan buscando un libro en específico y terminan encontrando otro mejor, pues entre los estantes y cajas rebosan de textos sobre medicina natural, hierbería, historia, política, novelas, enciclopedias y más.
Fachada de la Librería Acapulco, ubicada en la avenida Vicente Guerrero / Foto: Google Maps
“No tengo siempre lo que buscan, pero algo se llevan a veces. Eso, en ocasiones es hasta más de lo que esperaban”, platicó el encargado de la Librería Acapulco.
El hombre expuso que este sitio, para muchos, representa un tesoro escondido entre las calles de una ciudad dominada por el tráfico y capitalismo, donde la lectura es el único refugio.
El origen de la librería
La historia de esta Librería Acapulco tiene sus raíces en una familia numerosa, compuesta por los diez hermanos de la familia Mendoza, de los cuales actualmente sobreviven siete y muchos libros en el lugar fueron heredados.
Leopoldo cuentó que cuando la nevería dejó de funcionar, los libros que había en la casa de su madre se vendieron rápidamente, por lo que él sus hermanos se enfocaron en traer más libros al local.
Los textos con lo que cuentan son sobre temas como medicina natural, hierbería, historia, política, novelas y más / Fotos: Eva Ramírez
“Los primeros que traje fueron enciclopedias y novelas. Se comenzaron a vender, así que fui consiguiendo más”, relato, así poco a poco la librería fue tomando forma hasta sustituir completamente a la venta de helados.
Con el paso del tiempo y tras el periodo de pandemia, el giro quedó claro: solo libros, sin nieves ni mezclas, así que en la actualidad, el local ofrece únicamente libros usados, aunque no por ello son menos valiosos.
Indicó que el lugar no cuenta con libros nuevos, ya que la mayoría de los títulos con los que cuenta son usados, pero están en buen estado. También que no participa en proyectos de donación o intercambio, pero recibe con gusto a quien quiera adentrarse en la lectura.
También cuentan con revistas de diferentes temas / Foto: Eva Ramírez
“Aquí no hay WIFI ni modernidades, pero sí el encanto de hojear, buscar y dejarse sorprender por lo inesperado de los libros”, añadió.
Quienes entran a la Nevería Acapulco, muy a menudo salen con más preguntas que respuestas, pero aquí ese es el objetivo, además de llevarse el tesoro de leer.
La librería de Leopoldo tiene su nombre visible en las paredes de la fachada, pero no tiene ni campañas en redes sociales ni página de Facebook ni un sitio web, ya que el dueño busca que se mantenga como un negocio donde la gente los visite físicamente.
Para él, su negocio tradicional tiene una atmósfera difícil de olvidar, pues entre el olor a papel viejo y las anécdotas del dueño se respira un aire de resistencia cultural y esto lo vuelve característico del lugar.
En una ciudad que cambia al ritmo del capitalismo, según mencionó Leopoldo, este rincón se mantiene firme con letras y recuerdos, pues es un sitio que guarda más que libros.
Este lugar contiene parte de la historia y el acervo cultural de una familia y de los residentes de la colonia Partido Romero, el cual, pese a que nació de la necesidad, ahora representa un pequeño refugio para quienes aún creen en la magia de leer.
Largos procesos burocráticos y una limitada capacidad de respuesta impactan el acceso a apoyos gubernamentales para personas con discapacidad en el estado de Chihuahua, donde trámites como la entrega de sillas de ruedas, insumos médicos o citas de evaluación pueden demorar entre cinco y seis meses.
Laura Antillón, directora de la fundación Villa Integra, denunció que aunque existen programas estatales dirigidos a este sector, la atención es lenta y no alcanza a cubrir la demanda real, lo que deja en espera a miles de personas que requieren atención urgente.
Laura Antillón, directora de la fundación Villa Integra / Foto: Eva Ramírez
Uno de los principales obstáculos identificados es el acceso al transporte especializado, un programa impulsado por la administración de la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, pues aunque la iniciativa busca facilitar la movilidad, actualmente sólo operan cuatro unidades en toda Ciudad Juárez.
“Sí hay programas de apoyo, pero no alcanzan para todos y la respuesta es extremadamente lenta. Se deben reunir muchos requisitos y esperar meses para ser atendido”, señaló la activista.
Aunque reconoció la existencia de una instancia oficial dedicada a grupos vulnerables, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), sin embargo, la cobertura que da es insuficiente, ya que eso no cubre ni una fracción de la necesidad existente en esta frontera.
Antillón expuso que de acuerdo con estimaciones de la organización, en Ciudad Juárez entre 2 mil y 3 mil personas, de un universo de 64 mil ciudadanos con discapacidad, requieren este servicio de manera regular.
Sin embargo, la falta de unidades provoca largos periodos de espera o dependencia de familiares para asistir a citas médicas o actividades cotidianas: “¿Cómo se traslada alguien que no trabaja y no puede pagar un Uber?”, cuestionó.
La entrevistada también criticó que cada unidad sólo traslade a una persona por viaje, incluso si hay espacio disponible, lo cual no es práctico, por lo que una solución viable sería implementar trayectos programados para recoger a varias personas de una misma zona.
Antillón concluyó con un llamado a las autoridades estatales para revisar y agilizar los procedimientos de atención, así como a reforzar la infraestructura del transporte adaptado, ya que se necesita de voluntad, eficiencia y empatía.
«Las personas con discapacidad no pueden seguir esperando”, recalcó la directora de la Fundación Villa Integra.
