El caso del Campo Algodonero, conocido mundialmente como el caso González y otras contra México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha convertido en un “parteaguas” en el sistema de justicia penal mexicano, especialmente en lo que respecta a la perspectiva de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Sin embargo, a pesar de que se ha escuchado hablar del caso, muchas personas desconocen cuál fue la razón por la que este caso fue conmemorativo.
Este caso se refiere a la desaparición y posterior asesinato de tres mujeres: Laura Berenice Ramos Monárrez, una estudiante de 17 años; Claudia Ivette González, de 20 años y trabajadora de la industria maquiladora y Esmeralda Herrera Monreal de 15 años, quien era empleada doméstica.
En los tres casos se registraron entre septiembre y octubre del 2001. Las tres mujeres fueron encontradas sin vida en el Campo Algodonero, con signos de violencia y abuso.
Aunque no fueron casos aislados, pues a estos se sumaron otras víctimas que también fueron encontradas en el mismo lugar y de formas similares.
Sin embargo, el caso del Campo Algodonero es emblemático porque puso de manifiesto las graves violaciones a los derechos humanos que enfrentan las mujeres en México, especialmente en casos de violencia de género.
En ese entonces, las autoridades mexicanas mostraron una total indiferencia y falta de empatía hacia las madres y familiares de las víctimas, ignorando sus denuncias y desestimando la gravedad de la situación.
Esta falta de acción por parte del Estado llevó a las familias y organizaciones sociales a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, posteriormente, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en busca de justicia y reconocimiento.
La denuncia concluyó en que la Corte Interamericana demandara al Estado Mexicano en 2007, un proceso que tomó dos años en realizarse hasta que se presentó una sentencia en noviembre del 2009.
Sobre la importancia de este caso, Catalina Ochoa, abogada postulante de Legal Estudio Jurídico refirió que la sentencia de la Corte Interamericana en el caso del Campo Algodonero sentó un precedente importante en la lucha contra la violencia de género en México.
Explicó que las omisiones fueron muchas, no solo con la atención a los familiares de las víctimas, sino en la prevención de futuros ataques de una de las temporadas más oscuras para Ciudad Juárez, periodo conocido como “Las Muertas de Juárez”.
Desde el momento en que el Estado tuvo conocimiento oficial por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde advirtió sobre la existencia del “patrón de violencia” contra las mujeres en Ciudad Juárez, hubo una ausencia de políticas destinadas a intentar revertir la situación, manifestó la litigante.
Esta sentencia obligó al Estado mexicano a reconocer su responsabilidad en las omisiones cometidas, a pedir disculpas públicas a las familias de las víctimas y a implementar medidas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.
“Con el caso del Campo Algodonero comenzó la aplicación de lo que llamamos la ‘perspectiva de género’ en delitos relacionados con violencia de género. Entonces ¿Por qué la Corte dice que sucedió? porque habla de eso, porque precisamente las personas que encontraron en el camponero son mujeres que fueron encontradas con signos de violencia, de haber sido torturadas, de haber sido primero privadas de la libertad”, comentó.
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En México, la condena por el caso del Campo Algodonero tuvo un impacto significativo en la legislación y las políticas públicas relacionadas con la violencia de género.
Una de las principales respuestas ha sido la reforma de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que incluye normas como la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación.
Esta norma tiene como objetivo promover la igualdad de oportunidades para las mujeres en el mercado laboral, garantizando su acceso y permanencia en condiciones equitativas.
Además, se ha fortalecido el Instituto Nacional de la Mujer (INMUJERES), que ahora cuenta con programas de asistencia social y jurídica para las víctimas de violencia y discriminación.
Estos programas buscan brindar apoyo integral a las mujeres que han sido víctimas de violencia, ofreciéndoles atención médica, psicológica, legal y social.
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El INMUJERES también trabaja en la promoción de la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres a través de campañas de sensibilización y capacitación.
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha implementado el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, una herramienta que busca garantizar que los casos de violencia de género sean juzgados con sensibilidad y enfoque de derechos humanos.
Este protocolo es un paso importante en la lucha contra la impunidad y la discriminación hacia las mujeres, ya que establece pautas claras para que quienes juzgan cumplan con su obligación de promover, respetar y garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación.
