Activistas juarenses manifestaron su preocupación respecto a la reducción de jueces en los Tribunales Especializados en Violencia de Género en el estado de Chihuahua.
Lo anterior, luego de que el proceso para este periodo dejó fuera plazas ya existentes en estos tribunales, lo que representa un retroceso en la atención a víctimas, señaló a Circuito Frontera Imelda Marrufo, directora de la Red Mesa de Mujeres.
Señaló que les preocupa porque este recorte implicará una disminución significativa en el número de jueces especializados en Ciudad Juárez, así como en municipios como Parral y Chihuahua.
Mencionó que casi la mitad de los juzgadores que tiene hoy el tribunal especializado serán eliminados, así como se “les olvidó” que también Cuauhtémoc necesita jueces capacitados en la materia.
Ante esta situación, refirió que la Red Mesa de Mujeres planteó el tema a legisladores y buscará insistir en la importancia de mantener estas plazas.
Dijo que es fundamental revisar la cantidad de jueces que están operando actualmente y homologar el número de contrataciones para evitar afectar la impartición de justicia.
Marrufo enfatizó que, además de la reducción de jueces, otro problema es la falta de información sobre la resolución de casos de violencia de género en el estado.
Indicó que cuentan con el dato de cuántos casos ingresan a los tribunales, pero no cuántos se resuelven en el mismo año, ya que los procesos pueden alargarse por años.
La activista refirió que, desde su creación, el Tribunal Especializado en Violencia de Género ha recibido más de 400 casos anuales a nivel estatal. Sin embargo, la carga de trabajo es desproporcionada.
Señaló que cuando se creó este tribunal en Ciudad Juárez, se manejaban casi la misma cantidad de asuntos que todos los tribunales no especializados juntos, pero con menos jueces.
Sin embargo, recalcó que se ha registrado un incremento en las denuncias por violencia sexual, lo cual agrava aún más el panorama.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de la Red Mesa de Mujeres, en años anteriores las carpetas de investigación por delitos sexuales rondaban las 500, mientras que en 2024 las cifras superan las 700 carpetas en casos de abuso sexual y 800 en violación.
Marrufo advirtió que la reducción de jueces podría traducirse en un mayor rezago en la resolución de casos, afectando el acceso a la justicia para las víctimas.
