El proyecto SB8 en Texas plantea una colaboración entre autoridades locales y Immigration and Customs Enforcement (ICE), un tema que preocupa a la frontera Ciudad Juárez–El Paso, donde miles de personas cruzan diariamente por motivos laborales, escolares y familiares.
Se trata de una iniciativa legislativa que ya fue aprobada por el Senado de Texas y que establece las bases para que los sheriffs de condados participen en la aplicación de leyes migratorias federales, aunque no ordena redadas ni operativos inmediatos por sí misma.
El texto modifica el Código de Gobierno de Texas y obliga a los sheriffs de condados con más de 100 mil habitantes a solicitar formalmente convenios, bajo el programa federal conocido como 287(g), que permite delegar funciones migratorias limitadas a policías locales.
Mientras que en los condados con menos de 100 mil habitantes la participación es opcional, aunque el propio proyecto incentiva estos acuerdos a través de apoyos económicos estatales, lo que podría ampliar gradualmente el número de corporaciones locales involucradas en tareas relacionadas con migración.
El proyecto establece que cada convenio deberá precisar alcance, duración y límites de la autoridad otorgada, además de que obliga a los sheriffs a destinar personal, presupuesto y equipo para cumplir con los objetivos pactados con el gobierno federal.
Para facilitar su implementación, la iniciativa crea un programa de subsidios administrado por la oficina del contralor de Texas, dirigido a cubrir costos que no sean reembolsados por autoridades federales, con montos proporcionales al tamaño poblacional del condado.
Sin embargo, los recursos sólo podrían utilizarse para salarios de oficiales participantes, capacitación obligatoria, adquisición o reparación de equipo, elaboración de reportes y otros gastos directamente vinculados con la ejecución de los convenios migratorios.
El proyecto también contempla mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, al exigir reportes anuales de los sheriffs y del contralor estatal, además de facultar al fiscal general de Texas para iniciar acciones legales en caso de incumplimiento.
De acuerdo con el proyecto SB8, la ley entró en vigor el 1 de septiembre de 2025, sin embargo, los sheriffs tienen hasta el 1 de diciembre de 2026 para cumplir con el convenio o renovación formal de los acuerdos con ICE.
ICE en El Paso
Cabe resaltar que desde la semana pasada, en diferentes puntos de El Paso se registraron operativos realizados por parte del ICE, como ocurrió en las zonas de Windermere y Cherrinton ST., al exterior de la planta JOBE, según alertaron ciudadanos en redes sociales.
Usuarios en grupos de Facebook alertaron sobre la presencia de agentes migratorios en áreas de construcción y vialidades, donde algunas de estas acciones fueron captadas en video y compartidas entre la comunidad fronteriza.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
Los mensajes publicados también advirtieron sobre detenciones de trabajadores en zonas como Edgemere y Mager, además de recomendaciones para evitar ciertas áreas, mientras otras personas expresaron mensajes de apoyo a migrantes que acuden diariamente a laborar.
Ante estas alertas, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, señaló que no se prevé una llegada masiva de personas en situación de movilidad a esta frontera, pese al incremento de operativos en Estados Unidos.
Y, hasta el momento, no existe confirmación oficial de que estas acciones estén relacionadas directamente con el SB8, pese a que el proyecto podría modificar, a mediano plazo, la dinámica de seguridad y migración en la región Juárez-El Paso.
