Autoridades sanitarias, municipales y estatales firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la coordinación en el combate al consumo de sustancias y la trata de adicciones en Ciudad Juárez.
El convenio se realizó en la reunión del Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones (COMUSAMA), encabezado por la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, y el comisionado estatal de Atención a las Adicciones y director del Instituto Chihuahuense de Salud Mental, Javier González Herrera.
Durante el encuentro, la directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, refirió que con esta firma se busca priorizar la atención de los trastornos por consumo de sustancias y el fortalecimiento de estrategias preventivas.
Programas de becas
También se presentó el programa de becas para personas con problemas de adicciones, el cual del 2021 a la fecha otorgó 479 becas, de las cuales 374 fueron para hombres y 105 para mujeres, con únicamente 15 casos de deserción.
La titular de Salud Municipal explicó que el programa contempla un tratamiento residencial de 90 días para las personas con problemas de adicción, el cual además ofrece un seguimiento clínico para la prevención de recaídas, así como alrededor del 25 por ciento de los beneficiarios continúa con esta etapa de atención.
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Recalcó la trascendencia de que diferentes instituciones gubernamentales y académicas como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se unan a este Comité, puesto que en conjunto fortalecen las acciones de prevención y continuidad.
El COMUSAMA está integrado por dependencias de salud de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, los cuales colaboran de manera conjunta en la implementación de estrategias para la prevención, atención y rehabilitación en materia de salud mental y adicciones, añadió Santana Fernández.
Libre de humo
Santana Fernández señaló que uno de los compromisos principales es consolidar la certificación de espacios libres de humo de tabaco y emisiones contaminantes en edificios municipales, proceso que tiene una vigencia de tres años.
Indicó que la mayoría de las instalaciones ya cuentan con esta certificación, lo que representa un avance importante en la protección de la salud pública y en la promoción de entornos saludables para la ciudadanía.
La funcionaria agregó que la lucha contra las adicciones no es tarea fácil, por lo que la unidad entre la sociedad civil, gobierno y la académicas resulta apremiante para evitar nuevos adictos o recaídas en la frontera.
