En un centro de rehabilitación de Ciudad Juárez, un hombre a quien llamaremos Santiago, con el fin de resguardar su identidad, enfrentó el mayor desafío de su vida: decidir entre abandonar el tratamiento o entregarse a los tres meses de internamiento.
“Jefa, o me saca o aguanto los tres meses y olvídese que tuvo un hijo”, le dijo a su madre el día de su llegada.
El ambiente dentro del anexo era hostil, pero con el tiempo descubrió que allí se podía desahogar sin filtros, gritar, maldecir y enfrentar su propia realidad sin temor a ser juzgado.
Sin embargo, no todas las experiencias en los “anexos” que existen en la ciudad son iguales, pues en esta frontera, sólo 39 centros de rehabilitación operan con permiso estatal, pero se estima que más de 120 funcionan de manera clandestina, sin supervisión ni garantías para los pacientes.

Así lo dio a conocer a Circuito Frontera Lizeth Gutiérrez Pérea, titular de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones, dijo que los espacios regulados también incluyen a tres Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, mejor conocidos como CECOSAMA.
Explicó que muchos de estos centros no cuentan con permisos estatales, lo que pone en riesgo la seguridad y el tratamiento de los pacientes.
Además, algunos operan bajo la figura de asociaciones religiosas o albergues, evadiendo así la regulación oficial.

Cabe resaltar que el estado de Chihuahua ocupa el quinto lugar nacional en consumo de drogas entre jóvenes, según la Encuesta Nacional de Adicciones.
Santiago platicó que durante los primeros 15 días que ingresó al centro de rehabilitación, nadie podía visitarlo.
Era el tiempo en el que debía adaptarse a la disciplina del lugar, donde pronto asumió responsabilidades como jefe de guardia.
“Me tenía que levantar un poquillo más temprano, pero me trataban bien vergas”, confiesa. Sus días se dividían entre dirigir juntas y encargarse de la farmacia, un cambio drástico para alguien acostumbrado a la libertad de la calle.
Dice que las reglas eran estrictas: La comida se servía sin sal ni azúcar y lo llamaban “caldo espiritual”. “Tienes que valorar la sal, el sabor, la comida”, les decían.
Para Santiago, esto fue un choque con la vida que conocía. En el penal podía comprar lo que quisiera, pero en el anexo no había opciones: obediencia y privación, por lo que tuvo que aprender a seguir reglas y aceptar las condiciones que le imponían como parte de su rehabilitación.

Los fines de semana, las visitas traían pollos asados para los internos. El Benji, amigo de Santiago, los pedía a todos los que podía y terminaba con una mesa repleta.
“Tráeme un pollo”, le suplicó una vez, y Santiago accedió sin saber que otros ya habían hecho lo mismo. Para muchos, ese día era un respiro de la monotonía y un recordatorio del mundo exterior.
Con el tiempo, Santiago entendió que su paso por el anexo era una oportunidad. “Si vuelvo a caer, sé que depende de mí”, reflexiona.
Dibujos realizados por Santiago durante su estancia en el centro / Foto: Francisco Servín
Platica que no quiere regresar, salvo como visitante, pues ha visto a muchos recaer y ser internados a la fuerza, pero sabe que su destino está en sus manos y que cada decisión cuenta en el camino de la recuperación.
Ahora, lejos de esas sustancias, comprende que su verdadero desafío no era solo desintoxicarse, sino reconstruirse desde adentro.
Becas para rehabilitarse
Ante este panorama, el gobierno estatal ofrece becas para el ingreso a centros de rehabilitación a quienes no tienen recursos para costear su tratamiento.
A pesar de estos esfuerzos, la falta de supervisión en centros irregulares ha derivado en incidentes graves.
Un ejemplo reciente ocurrió en Granjas de Chapultepec, donde un motín en un anexo clandestino dejó 28 personas fugadas y otras detenidas, tras el hallazgo de drogas sintéticas dentro del establecimiento.
La funcionaria advirtió que los centros deben contar con área médica y personal especializado, ya que algunos espacios solo ofrecen sesiones espirituales, lo que puede ser complementario, pero no sustituye un tratamiento integral.
Consumo y atención en los centros
Según el Informe Mundial sobre Drogas 2024, el cannabis es la sustancia más consumida a nivel global, con 228 millones de consumidores, seguido por opioides y anfetaminas. En Ciudad Juárez, la tendencia es similar, pues las drogas más consumidas son la mariguana, las anfetaminas y el alcohol.
Los CECOSAMA ofrecen tratamiento gratuito y especializado a personas con problemas de adicción. Además, existen 34 establecimientos residenciales regulados en Ciudad Juárez y dos más en Casas Grandes, con una capacidad de atención de entre 600 y 700 personas.
No obstante, el consumo de sustancias legales también representa un reto. La doctora Lizeth Gutiérrez señaló que el alcohol es una de las adicciones menos atendidas porque su consumo está normalizado en la sociedad.

Además de las sustancias ilícitas, existen otras adicciones como la ludopatía, el sexo y el trabajo, que requieren atención psicológica y médica. Estos problemas son menos visibles, pero afectan la calidad de vida de quienes los padecen.
La doctora Gutiérrez explicó que las adicciones deben tratarse como enfermedades crónicas. “Es como la diabetes: se puede controlar, pero no tiene cura. El 40% del tratamiento es psicoterapia y el 60% restante es el esfuerzo del paciente por mantenerse en recuperación”, afirmó.
Estigmatización y desafíos
A pesar de los avances en la atención a las adicciones, el estigma sigue siendo un obstáculo para la rehabilitación y reinserción social de los consumidores.
En Ciudad Juárez, aún se reportan detenciones por posesión simple y consumo personal, lo que refleja una política punitiva en lugar de un enfoque de salud pública.
El estigma hacia las personas con adicciones se debe, en gran parte, a la percepción social negativa.
“Tomar café es consumir una sustancia estimulante, pero no se le estigmatiza. En cambio, el uso de otras sustancias genera rechazo”, explicó Gutiérrez.
El sociólogo Erving Goffman, en su libro Teoría del estigma social, señala que históricamente las sociedades han discriminado a grupos específicos con base en raza, religión o condiciones físicas.
Actualmente, esta discriminación se refleja en la criminalización de los consumidores de sustancias.
En el ámbito laboral, muchas empresas realizan pruebas antidoping para detectar el consumo de sustancias.
Según Roberto Arturo Flores, gerente de Global Health Care, los exámenes más comunes detectan cannabis, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas, metanfetaminas y opioides.

El impacto del consumo de drogas en el trabajo puede ser significativo, señaló el gerente de Global Health Care.
“Una persona con adicción tiene 60% más riesgo de sufrir un accidente laboral y 70% más posibilidades de sufrir lesiones. Además, su productividad se reduce hasta en un 40%”, explicó Flores.
Sin embargo, estas pruebas no siempre distinguen entre consumo ocasional y estado de intoxicación.
“Los efectos de algunas drogas pueden durar hasta 10 días en el cuerpo, lo que puede generar falsos positivos en pruebas laborales”, agregó.

A pesar de estos desafíos, las políticas públicas deben priorizar la salud y la reinserción social de los consumidores, indicó la doctora Gutiérrez Perea.
Señaló la necesidad de que la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (CEAADIC) implemente protocolos basados en evidencia científica, evitando enfoques basados únicamente en creencias religiosas.
“El objetivo no es imponer una doctrina, sino garantizar un tratamiento adecuado”, concluyó.