Sentado en su silla de ruedas, arriba de la tarima del teatro Gracia Pasquel, el hombre que fuera el jefe de la Policía Municipal de Ciudad Juárez durante una de las temporadas más oscuras de esta frontera, Julián Leyzaola Pérez, habló sobre el terrorismo mexicano en tiempos modernos.
“Parece que está vedado hablar de terrorismo. Desde mi punto de vista, el día de hoy, el crimen organizado, los Cárteles, hablando del Cártel de Jalisco y el Cártel de Sinaloa son grupos terroristas. Esa es la realidad, aunque el Gobierno Mexicano no quiera aceptarlo, la realidad es que al día de hoy, los cárteles que operan en México son grupos terroristas”, dijo.
Esta declaración fue parte de su discurso en el panel “Situaciones de crisis de seguridad en las ciudades hermanas Ciudad Juárez-Tijuana. Pasado, Presente y Futuro”, a donde acudió el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal durante la administración 2011-2013.
También acudieron el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor y comandante de la Quinta Zona Militar, Saúl Luna Jaimes y Edgardo Flores Campbell, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana.
El panel abordó temas inseguridad y las similitudes entre las fronteras de Ciudad Juárez y Tijuana, como parte del evento “Estrategia Unidos por Juárez», organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y que se realizó a las 5 de la tarde de este miércoles, en el teatro Gracia Pasquel.
El teniente coronel Julián Leyzaola Pérez señaló que violencia, extorsiones y secuestros y son ejercidos por estas organizaciones, principalmente en contra empresarios y comerciantes, generando un estado de terror constante en la sociedad.
Leyzaola Pérez argumentó que, aunque el Gobierno Mexicano se resiste a aceptar esta denominación, las operaciones y ejecuciones llevadas a cabo por estos cárteles en diversas regiones del país exhiben todas las características asociadas a grupos terroristas.
El exjefe policiaco indicó que la reticencia a utilizar el término «terrorista» se debe al potencial impacto internacional que esto podría conllevar, incluyendo la posibilidad de intervención por parte de fuerzas extranjeras, particularmente de Estados Unidos.
"El Cártel de Jalisco y el Cártel de Sinaloa son grupos terroristas. Esa es la realidad, aunque el Gobierno Mexicano no quiera aceptarlo. La realidad es que los cárteles que operan en México son grupos terroristas”, dijo Julián Leyzaola, ex jefe de Policía en #CiudadJuarezpic.twitter.com/rAtDWQVtlp
Según Leyzaola, esta situación podría permitir una acción más directa contra estos criminales sin seguir los protocolos habituales.
Durante el foro también estuvo presente Edgardo Flores Campbell, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, quien habló de la necesidad de una coordinación entre la sociedad civil y los mandos policiacos de los tres niveles de gobierno, para crear estrategias en contra del crimen.
El primero en tomar la palabra fue el comandante de la Quinta Zona Militar, Saúl Luna Jaimes, expuso que en materia de seguridad era necesario volver a las estrategias anteriores como cuando se implementó el programa “Todos Somos Juárez” durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Expuso que incluso el actual fiscal general de la zona Norte, Carlos Manuel Salas, ha dicho que les falta personal, recursos y capacitación.
Indicó que para cubrir esas necesidades se requiere la participación de la sociedad y las autoridades para subsanar esas deficiencias.
Asimismo, en un recorrido por la época de violencia más fuerte que tuvo Ciudad Juárez, el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, reiteró en varias ocasiones que no se puede negociar con el delincuente, llamándolos malandrines y mugrosos como era característico de él.
Comentó que es necesario implementar estrategias para mejorar la seguridad en Ciudad Juárez en la actualidad, entre ellas una coordinación entre los distintos entes de gobierno para que sea realmente efectiva.
Expuso que la situación podría ser incluso peor como ocurre en Sinaloa y en Tamaulipas, donde afirmó que el crimen organizado tiene el control de las autoridades, de los gobiernos y de los medios de comunicación.
Asimismo aseguró que actualmente los delincuentes no tienen honor, como en años pasados, pues a pesar de todo, se tenía cierto respeto por la sociedad civil, ya que no era atacada.
En Baja California, los pacientes con problemas mentales son rechazados del sistema de salud pública. Las causas: falta de infraestructura, personal médico y medicamentos para su atención, esto al mismo tiempo que el gobierno estatal opta por no ejercer el total del presupuesto destinado a este ramo. Durante los últimos cinco años no aplicó 423.3 millones de pesos, lo que significó un “ahorro” del 30% del presupuesto programado para el Instituto de Psiquiatría de Baja California (IPBC).
En post pandemia, en Baja California el número de pacientes con trastornos mentales se triplicó y los suicidios en la población infantil y adolescente aumentaron.
Y aunque esta crisis de salud es reconocida por el doctor Víctor Salvador Rico Hernández, director médico del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC), esta institución carece de recursos suficientes para atender a la población bajacaliforniana que requiere de atención psiquiátrica.
Tal es el caso de Eunice, una joven mujer de 35 años, para quien hay días en los que hasta comer representa un esfuerzo descomunal porque carece de fuerzas y ánimo suficiente. Los ataques de llanto menguan su vigor y salir de la cama es literalmente una misión imposible.
El Insabi envió a Eunice con terapeuta particular, pero sin subrogar el servicio. Crédito: Cortesía.
De la depresión pasa al mal humor en un segundo. A los 14 años le diagnosticaron pensamientos obsesivos compulsivos, delirios de persecución y depresión. En la última valoración su diagnóstico fue de ansiedad generalizada con pensamientos obsesivos compulsivos, enfermedad que en ocasiones la invade por periodos que se extienden hasta ocho meses.
Sin los recursos económicos suficientes, en 2021 Eunice buscó apoyo en el Centro de Salud Francisco Villa, del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sistema creado para proveer atención médica a las personas que no cuentan con seguridad social. En Tijuana, Baja California, pero solo se limitaron a recomendarle que buscara un terapeuta particular.
La salud mental de Eunice ha mermado su calidad de vida, rendimiento laboral y convivencia familiar. Su terapia y los dos medicamentos que necesita -Alprazolam y Escitalopram- para controlar la ansiedad y depresión, representan un gasto de más de 3 mil 600 pesos mensuales.
Centro de Salud Francisco Villa. Crédito: Cortesía.
“A veces dejo de tomar el medicamento porque no tengo para comprarlo, pero cuando no los tomo empiezo a notar que mis pensamientos obsesivos compulsivos aumentan y comienzo a crear ideas en mi cabeza, cosas que no están y me afecta mucho, dejó de trabajar y es muy difícil salir de esas crisis”, narró la joven.
Para el psicólogo René Valenzuela, el sistema público está muy limitado en cuanto a recursos, tanto de personal médico como de fármacos, lo que lo imposibilita para hacer frente a la creciente demanda de salud mental.
Con este panorama, en 2019 el gobierno de Baja California decidió no aplicar el 83% del presupuesto de 232 millones de pesos aprobado para ese año al Instituto de Psiquiatría de Baja California (IPBC). No solo eso, al arribar al gobierno Jaime Bonilla Valdez, el morenista decidió conformar el Instituto Contra las Adicciones (ICA), separando, con todo y presupuesto, la Dirección contra las adicciones que operaba el IPBC.
Este cambio disminuyó significativamente el presupuesto del IPBC, al pasar de 232 a 175 millones de pesos en solo dos años, periodo durante el cual prevalecieron los subejercicios en el Instituto y se elevó el desabasto de medicamentos para pacientes psiquiátricos.
Baja California triplica el número de pacientes con trastornos mentales. Crédito: Canva.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que del presupuesto de salud se destine entre el 5 y el 10% a la salud mental, pero en Baja California el gobierno presupuesta menos del 5%. En 2023, de su presupuesto de egresos de 6 mil 075.5 millones de pesos, sólo programó destinar al Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, es decir, tan solo el 4.5%. Además, ocho de cada 10 pesos se utilizan principalmente en gasto corriente, de acuerdo al análisis de egresos hecho con la información proporcionada para este reportaje por Ramón Cota López, jefe del Departamento de Contabilidad y presupuestos del IPEBC.
Esto ocurre al mismo tiempo que, desde el 2021, después de la pandemia por coronavirus a nivel mundial, se registró un incremento de pacientes atendidos por el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC) al año, al pasar de 2 mil 380 a 9 mil, explicó el doctor Víctor Salvador Rico Hernández, director médico del IPEBC.
Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC). Crédito: Cortesía.
Incluso, estos padecimientos están superando enfermedades cardiovasculares, diabetes y VIH Sida, entre otras, aseguró el doctor José Guadalupe Bustamante Moreno, director del Hospital de Salud Mental en Tijuana.
Esta problemática se refleja también en la atención de pacientes con problemas de adicción.
En noviembre de 2019 el gobierno de Jaime Bonilla creó el Instituto Contra las Adicciones de Baja California (ICABC), pero con tan solo dos únicos ejercicios presupuestales (2020-2021) la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) reprobó sus cuentas públicas, ya que no presentó resultados y mostraba irregularidades.
En 2022 el gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda decidió desaparecer el instituto y retornó la atención de las adicciones al IPEBC.Con esta eliminación el presupuesto del Instituto de Psiquiatría aumentó a 253.7 millones de pesos en 2022 y en 2023 se elevó a 327.5 millones de pesos, pero los subejercicios del presupuesto autorizado para salud mental fueron una constante.
Desde el cutting hasta el suicidio, son las conductas autolesivas más comunes en adolescentes y menores de edad. Crédito: Canva.
Tan solo en 2022 el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California retornó a las arcas estatales 41.7 millones de pesos no ejercidos, lo que representó el 16.4% del presupuesto que le fue destinado ese año para la atención de Salud Mental y al cierre de 2023 no se habían ejercido 46.6 millones de pesos, de los 327.5 millones de pesos presupuestados para este año fiscal.
Crédito: Salvador Corvera
Sistema fragmentado
El retorno de recursos destinados a la partida para atender el tema de salud mental es una constante de las instituciones a cargo de la atención de trastornos mentales y adicciones en todos los estados de la República, esto a pesar del poco presupuesto que se dispone para este fin, aseguró el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba.
“El dinero se regresa y la Secretaría de Hacienda lo toma para otras cosas, esa es la gravedad del tema, que el recurso no se utilizó para lo que fue aprobado y se deja a la población sin medicamentos”, dijo Ramírez Barba.
Para el legislador, estos subejercicios son una consecuencia de la entrega tardía de los recursos canalizados por la federación para atender la salud mental y las adicciones.
Tan solo en 2023 el Insabi firmó convenios correspondientes todavía a 2022 con algunos estados.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una inversión mínima del 5% del presupuesto total de salud en los países de ingresos bajos, para la salud mental. En 2023, México destinó apenas el 1.6% del presupuesto total de salud para la población sin seguridad social a este rubro.
Hospital de Salud Mental de Tijuana. Crédito: Salvador Corvera.
Esto solo demuestra que México enfrenta “un sistema de salud fragmentado, sin recursos e incapaz de atender la salud mental y las adicciones”, dijo el diputado federal.
Y, a pesar de que el 29 de mayo de 2023 se creó por decreto presidencial la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, Ramírez Barba consideró complicado su funcionamiento, ya que en 2024 el presupuesto destinado para la salud mental bajo a a 1.3% del presupuesto total de salud para la población sin seguridad social, porcentaje similar al que se destinó a este rubro en 2016.
Retroceso del Estado en atención a salud mental
Desde 2018, con la desaparición del Seguro Popular, los pacientes de salud mental perdieron el acceso que tenían a medicamentos a través de este sistema.
Pacientes señalan rechazo del IMSS. Crédito: Salvador Corvera.
Ahora, con la transición del sistema de salud estatal al IMSS-Bienestar, oficializado en Baja California en agosto de 2023, el estado y la Secretaría de Salud ya no van a tener recursos propios para destinarlos a salud mental, lo que significa un retroceso más, dijo el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.
Aunque las autoridades federales aseguran que el cambio al IMSS-Bienestar permitirá contar con más personal de salud, equipamiento y abasto de medicamentos, lo cierto es que, tanto el sistema estatal como el federal, enfrentan limitaciones en la atención a la salud mental, principalmente en el suministro de fármacos, aseguró René Valenzuela.
Rubí, de 39 años, lleva dos meses con crisis severas de depresión después de ser testigo del asesinato de un hombre en Tijuana, justo afuera de su trabajo, y de vivir la fuerza del huracán Otis cuando se encontraba en Acapulco, Guerrero. Desde los primeros síntomas acudió a consulta a la clínica del Instituto Mexicano de Seguro Social, pero el médico que la atendió le diagnosticó solo por su aspecto físico. “Yo te miro bien, no creo que necesites estudios”, recordó Rubí que le dijo.
La ansiedad, insomnio y depresión son trastornos que la invaden con frecuencia y empiezan a afectar su rendimiento laboral. Y, aunque siente la necesidad de tomar medicamento e ir con un psiquiatra, es un lujo que no puede darse.
Instituciones de salud pública, sin capacidad suficiente para atender a pacientes. Crédito: Salvador Corvera.
Si esta situación continúa, la tarea de atender los casos de salud mental y adicciones recaerá principalmente en asociaciones civiles y Organismos No Gubernamentales (ONG´s) a los cuales el estado también les canceló el apoyo, como el Hospital de Salud Mental de Tijuana, asociación civil que otorga mil 200 consultas mensuales, expuso José Guadalupe Bustamante Moreno, director de este nosocomio.
Aumentan trastornos mentales en menores
El incremento en los casos de salud mental en época post pandemia se registró principalmente en la infancia y la adolescencia, sector que ocupa el 40 por ciento de esta estadística, informó el doctor Víctor Salvador Rico Hernández, director médico del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC).
Los trastornos en menores de edad van desde crisis de ansiedad, conductas autolesivas como es el cutting, hasta el suicidio.
Baja California registra incremento en casos de suicidio en menores de edad. Crédito: Salvador Corvera.
De acuerdo a la estadística de Inegi, Baja California registró en 2020 cinco casos de suicidio en menores de edad de 10 a 17 años, mientras que en 2021 y 2022 se registraron ocho y siete casos, respectivamente.
La mayoría de los casos corresponden a patologías que ameritan tratamiento continuado, pero el sector público carece de estos, por lo que los pacientes son referidos, principalmente al Hospital de Salud Mental de Tijuana, institución privada que actualmente ya atiende a 24 menores de edad, 20 por intentos de suicidio, explicó el doctor José Guadalupe Bustamante Moreno, director médico de la institución.
Todos los menores canalizados a este hospital provienen de instituciones públicas como el sistema DIF de Baja California, IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado (Issstecali), de acuerdo con las cifras de la institución.
En la última semana se han presentado una serie de manifestaciones en Ciudad Juárez, en contra del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar. La última desencadenó en el arresto de ocho activistas en las proximidades del hogar del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.
Esta situación ha puesto de manifiesto una faceta crucial de la dinámica social y política de la ciudad: la participación ciudadana como mecanismo de vigilancia democrática.
En los últimos días, la comunidad sigue buscando respuestas, no solo sobre los incidentes en sí, sino sobre el papel que juegan en el mantenimiento de la transparencia y la justicia en su gobierno local.
Luego del arresto de ocho manifestantes en el fraccionamiento donde vive el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, este lunes acudieron a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a presentar una queja por el uso excesivo de la fuerza pública durante la detención.
Leticia Chavarría, activista y una de las manifestantes detenidas del domingo, señaló que los ciudadanos fueron objeto de agresión por parte de fuerzas policiacas de tipo SWAT, quienes supuestamente emplearon armas de alto calibre contra manifestantes desarmados.
Lo anterior, luego de que la manifestación se llevó a cabo de manera pacífica y en forma de caravana, la cual fue interrumpida violentamente por agentes policiacos, incluso cuando los manifestantes estaban abandonando la zona residencial.
Chavarría indicó que el objetivo de la manifestación era denunciar las presuntas prácticas de corrupción del presidente municipal, en relación al manejo de recursos públicos y el desarrollo urbano en áreas ecológicas como lo es el parque El Chamizal.
Sin embargo, este incidente no solo revela las tensiones existentes entre los ciudadanos y las autoridades, sino que también pone en relieve la importancia de espacios de diálogo y de mecanismos que aseguren la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
Expuso que continuarán las protestas hasta lograr que el alcalde sea presentado ante un juicio justo y se enfrente a las consecuencias de sus acciones.
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Sobre el arresto del domingo, el vocero de la Policía Municipal, Adrián Sánchez Contreras, señaló que el arresto se realizó por disturbios en la vía pública, luego de que vecinos del sector realizaran un llamado al Servicio de Emergencia 911.
Mientras que el alcalde de Juárez Cruz Pérez Cuéllar dijo la mañana de este lunes que durante su administración se han respetado todas las manifestaciones, sin embargo, señaló que la situación cambió cuando la protesta afectó a otros residentes del fraccionamiento.
Comentó que fue la misma Esther Mejía, síndica del Municipio, quien casualmente vive en la misma zona y quién dio la autorización a los manifestantes a ingresar al área.
Asimismo el funcionario refirió que las detenciones son prácticas comunes cuando se presentan acciones que alteran el orden público, así como los agentes policiacos actuaron de acuerdo a los protocolos establecidos.
Ante esta situación, lo que está claro es que la comunidad de Juárez se encuentra en un momento decisivo, no solo para definir su relación con las autoridades locales, sino para reafirmar su compromiso con los principios democráticos que rigen una sociedad justa y equitativa.
A medida que Ciudad Juárez se prepara para las próximas elecciones, una pregunta permanece: ¿Se fortalecerá la vigilancia democrática a través de la participación ciudadana o se impondrá una narrativa de represión?
Tras una investigación realizada por la asociación Plan Estratégico de Ciudad Juárez, donde se reveló que el Ayuntamiento de Juárez otorgó contratos por más de 17 millones de pesos para mantenimiento mecánico, la organización dio a conocer que presentará una denuncia ante formal en la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción.
En rueda de prensa, Abelamar Chacón, encargado de Contraloría de la asociación civil “Plan Estratégico”, expuso que entre septiembre de 2021 y junio de 2022, el Municipio entregó contratos para el mantenimiento mecánico de unidades oficiales y por adquisiciones de refacciones a la empresa Courmextres S.A. de C.V., por montos de más de 17 millones de pesos.
La empresa es propiedad de Héctor Rodríguez Montaño, quien en ese momento era socio de Alma Guadalupe Ortega Rodríguez, quien tenía el cargo de coordinadora administrativa de la Dirección de Mantenimiento Mecánico.
Expuso que Ortega Rodríguez comenzó su labor en el gobierno municipal al inicio de la administración del alcalde Cruz Pérez Cuéllar y el 22 de septiembre de 2021 asumió el cargo de Coordinadora Administrativa de la Dirección de Mantenimiento Mecánico, con un salario de 33 mil 220 pesos.
Solo 12 días después de su ingreso, el 4 de octubre de 2021, Courmextres fue adjudicada con un contrato por 2 millones 170 mil pesos (DCA/DMM/013-A/2021).
Posteriormente, el 26 de octubre, el Municipio le otorgó otro contrato por 11 millones 753 mil 227 pesos (DCA/DMM/040-A/2021), cuyo monto se incrementó a 15 millones 279 mil 289 pesos mediante un convenio modificatorio.
De tal manera que, en menos de un mes, el Ayuntamiento de Juárez entregó a Courmextres un total de 17 millones 499 mil 289 pesos.
Debido a estas irregularidades, la asociación civil decidió hacer formal una denuncia ante las autoridades pertinentes, con el fin de investigar las posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de los mismos.
Así lo manifestó Sergio Meza de Anda, director de Plan Estratégico de Juárez, informó que como sociedad civil presentarán este servicio a la comunidad para que determinen si lo que están advirtiendo se trata de un uso indebido de los recursos públicos y se sancione.
«Esto tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas que son fundamentales en una democracia. No podemos hablar de democracia si tenemos corrupción si tenemos el uso de las instituciones para el beneficio de pocos. Las autoridades tienen que garantizar el uso de los recurs de todos los que vivimos en Ciudad Juárez», dijo.
Señaló también que se trata de irregularidades entre autoridades con empresarios.
Policías Procesales «liberaron» a un hombre tras concluir una audiencia de vinculación a proceso en Ciudad Judicial de esta frontera, pese a que un Juez ordenó como medida cautelar la prisión preventiva.
El hombre identificado como Jesús Manuel Torres Vargas se encontraba en resguardo en las celdas preventivas de la Policía Procesal, tras ser acusado de los delitos de narcomenudeo, así como robo calificado y homicidio en grado de tentativa.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), durante su primera audiencia en las salas de la Ciudad Judicial, relacionada con el caso de narcomenudeo, Torres Vargas fue liberado de inmediato por decisión del Juez de Control.
Posteriormente, en una segunda audiencia, se le impuso la prisión preventiva debido a su probable participación en los delitos de robo calificado y homicidio.
Sin embargo, al concluir la audiencia, se entregó a los Policías Procesales el documento de la primera audiencia que ordenaba su liberación inmediata.
Siguiendo dicha instrucción, los Policías Procesales permitieron que el detenido se retirara.
Jorge Arméndariz, vocero de la SSPE
No obstante, una hora y cuarenta minutos más tarde, se informó que Jesús Manuel Torres Vargas debía permanecer bajo medida cautelar de prisión preventiva por la segunda causa penal, relacionada con robo calificado y homicidio en grado de tentativa.
Ante esta situación, Torres Vargas se declara prófugo de la justicia, y en estos momentos se encuentra en marcha un operativo policial para su reaprehensión.
Personal de la SSPE informó además que ya se inició una investigación del Sistema Penitenciario y de la Subsecretaría de Asuntos Internos, para determinar si se incurrió en alguna irregularidad, así como fincar o deslindar responsabilidades, trascendió.
Las personas interesadas en continuar sus estudios en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) tienen hasta el próximo 8 de marzo para realizar el examen de admisión para el semestre agosto-diciembre.
La universidad anunció que la convocatoria para aspirantes de realizar una licenciatura está abierta desde el pasado 6 de febrero y hasta el 8 de marzo, un trámite que se lleva a cabo en línea, para acceder al examen de admisión.
A través de un boletín se indicó que este periodo es crucial para quienes buscan formar parte de la UACJ, ya que durante estas fechas se realizará el trámite para el Examen de Competencias Básicas (EXCOBA), una evaluación determinante para el ingreso a la universidad.
También que la UACJ facilita este proceso a través de su plataforma digital, asegurando un acceso eficiente y directo para todos sus candidatos.
Durante estas fechas, los aspirantes de la UACJ podrán hacer el pago de ingreso al Examen de Competencias Básicas (EXCOBA), la herramienta que la Universidad utiliza para admitir a sus futuros estudiantes universitarios.
En este periodo de admisiones, la Universidad ofrece los programas educativos del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), y también se incluyen las carreras espejo que se ofrecen en la División Multidisciplinaria en Ciudad Universitaria (DMCU), así como las de Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes.
Las personas interesadas en conocer el proceso de admisión y los programas de licenciatura que ofrece la universad pueden ingresar la sitio oficial de la UACJ:
En este lugar podrán conocer la oferta educativa para este 2024, así como los pasos a seguir para concluir este proceso.
El costo de la ficha del examen de admisión es de 700 pesos para personas de nacionalidad mexicana y de mil 100 pesos para quienes son de nacionalidad extranjera.
