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Frontera

Activistas exigen al Congreso de Chihuahua prohibir terapias de conversión

A dos años de que se presentara una propuesta en el Congreso del Estado para prohibir las terapias de conversión de orientación sexual, la iniciativa aun no se ha votado.

Por lo anterior, hace poco más de mes y medio de que activistas en el estado de Chihuahua iniciaron una campaña para la colecta de firmas, el movimiento recolectó más de cinco mil firmas que se entregaron este jueves ante diputados del Congreso, para que voten a favor la propuesta, debido a los daños que ocasiona a las personas que se han sometido a este tipo de «terapias».

David Adrián García Molina, activista LGBT en la ciudad de Chihuahua y uno de los organizadores de la Marcha por la Diversidad en la capital del Estado, señaló que existe una preocupación, debido a que persiste un grave problema relacionado con las terapias de conversión.

A dos años de que se presentó la iniciativa contra las terapias de conversión, no se ha votado / Foto: Cortesía Misael García

Explicó que el término más claro para definir a las terapias de conversión es ECOSIG, que significa Esfuerzos para Cambiar la Orientación Sexual o la Identidad de Género, las cuales se aplican a las personas LGBT.

De acuerdo con el Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, realizado por the United Nations Human Rights, la “terapia de conversión” es un término para describir intervenciones para cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona.

Estas prácticas apuntan a cambiar a las personas de gays, lesbianas o bisexuales y transgénero a heterosexuales.

Los métodos están poco documentados y son intervenciones profundamente dañinas que se basan en la idea médicamente falsa de que las personas LGBT están enfermas, por lo que se les termina infligiendo dolor y sufrimiento severos, así como resultan en daños psicológicos y físicos de larga duración.

En 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que las «terapias de conversión» no tenían justificación médica y representaban una grave amenaza para la salud y los derechos humanos de las personas afectadas.

Mientras que en el 2016, la Asociación Mundial de Psiquiatría descubrió que «no existe evidencia científica sólida de que se pueda cambiar la orientación sexual innata», por lo que, en el 2020, el Grupo de Expertos Forenses Independientes (IFEG) declaró que la «terapia de conversión» es una forma de engaño, publicidad falsa y fraude.

Activistas llegando a las oficinas del Congreso del Estado para entregar el paquete de firmas / Foto: Cortesía Misael García

García Molina expuso que estas terapias, a menudo llevadas a cabo por profesionales de la salud mental o consejeros religiosos, tienen como objetivo convencer a las personas de cambiar su orientación sexual o identidad de género.

También que, en algunos casos, estas prácticas se anuncian en iglesias y otros lugares, y han sido vinculadas a abuso sexual, maltrato físico y vejaciones.

Comentó que muchos jóvenes, e incluso menores de edad, han sido sometidos a estas terapias, a veces en centros de rehabilitación conocidos como anexos.

La iniciativa para prohibir estas terapias se presentó en octubre de 2021, liderada por la diputada Leticia Ortega, con el respaldo de activistas como García Molina. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos incansables de los activistas, la iniciativa aún no ha sido sometida a votación.

Desde su presentación, las comisiones de igualdad y justicia del Congreso del Estado se han reunido apenas en un par de ocasiones, sin discutir o avanzar en la legislación, aunque su deber es analizar y votar a favor o en contra de estas iniciativas, y en este caso, ni siquiera las están discutiendo.

«Los diputados se les está pagando por no hacer su trabajo (…) Por lo tanto, tenemos que exigirles que aprueben la iniciativa para prohibir las terapias de conversión», dijo.

Este jueves, un grupo de activistas en la capital del estado entregó 5 mil 200 firmas, en donde se insta al Congreso de Chihuahua a poner fin a estas prácticas.

Refirió que, a nivel nacional, ya existen estados que han prohibido las terapias de conversión, y una iniciativa similar se está discutiendo en el Senado.

Sin embargo, en Chihuahua, la iniciativa ha estado detenida durante dos años sin un avance visible.

Comentó que este llamado se hace en concordancia con la declaración de la ONU que considera las terapias de conversión como una forma de tortura.

Especiales

El alcalde que se decía migrante y obtuvo una diputación federal

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

El diputado federal con licencia, Eliseo Compeán Fernández, consiguió la curul de acción afirmativa o cuota migrante en la pasada elección federal, al presentar como prueba de su calidad de persona migrante un contrato de arrendamiento de un departamento ubicado en California, Estados Unidos, a pesar de que durante este tiempo él se desempeñaba como Alcalde de Delicias, Chihuahua.

Un documento con el logo del Partido Acción Nacional y firmado el 18 de marzo del 2021 dice que, “bajo protesta de decir verdad”, el firmante era una “persona migrante”. El documento está a nombre de Eliseo Compeán Fernández, quien para ese momento ya había sido nombrado por el PAN como uno de sus candidatos a diputado federal plurinominal.

En el documento, dirigido a Lorenzo Córdova Vianello, entonces consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), se establecía también la petición de que “NO (así, en altas) se haga público” que el candidato competía para una diputación federal como parte de una cuota migrante. La firma autografiada del panista aparece en tinta azul.

Carta de autoadscripción de Eliseo Compeán

Y para probar que él era una persona que radicaba en el extranjero, el firmante presentó un par de oficios de organizaciones migrantes, una de California y otra de Chihuahua; y un contrato de arrendamiento, fechado el 1 de enero del 2019, de un departamento ubicado en California, rentado por uno de los dirigentes de las organizaciones migrantes que le dieron la carta.

Pero en 2019 Eliseo Compeán despachaba como presidente municipal en su natal Delicias, Chihuahua. De hecho, estuvo al frente del ayuntamiento entre el 10 de octubre de 2016 y el 5 de marzo de 2021.

A pesar de ello, nada evitó que llegara a la Cámara de Diputados, ni siquiera unas quejas que llegaron hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que fueron desechadas por la autoridad. 

Las pruebas de que su trabajo legislativo, que puede ser consultado en la página de la Cámara de Diputados, reflejó beneficios para la comunidad migrante son escasas o difíciles de encontrar.

Para este trabajo se solicitó entrevista a través de distintas vías con Compéan Fernández, mediante llamadas, correo electrónico e incluso en sus oficinas en la Cámara de Diputados. Lo único que hubo de su lado fue silencio.

Diputaciones para migrantes

¿Por qué una persona que desde el 2010 ha ocupado cargos públicos de manera ininterrumpida dijo tener una condición migratoria para ser incluido en la lista de candidatos plurinominales en la elección del 2021?

La historia es esta: entre el 18 y el 19 de enero del 2021 los partidos Acción Nacional, del Trabajo, Verde Ecologista y Encuentro Social se quejaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) porque consideraban excesivo el ordenamiento dictado por el INE que los obligaba a abrir espacios a personas de grupos históricamente subrepresentados.

Esto, pues como parte del proceso electoral que se desarrollaba en ese momento las autoridades electorales ordenaron el establecimiento de cuotas dentro de las candidaturas para las diputaciones federales en juego, tanto en diputaciones de mayoría relativa como plurinominales.

Pero los institutos políticos alegaron que la medida podría generar “una afectación alta y desproporcionada al proceso” en curso para ese momento y que resultaba “inequitativa para los partidos”, según se lee en la sentencia SUP-RAP-21/2021 y acumulados que resolvió el TEPJF el 24 de febrero de ese año. 

Pero su cálculo falló. Los alegatos de los partidos políticos sobre los excesos del INE para imponer candidaturas para grupos subrepresentados fueron desechados por el Tribunal Electoral. 

El TEPJF no sólo ratificó las cuotas para personas indígenas, de la diversidad sexual, afrodescendientes y que viven con discapacidad, sino que además agregó la cuota para personas migrantes, atendiendo las quejas que habían presentado las organizaciones Fuerza Migrante e Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C. sobre su omisión a incluir también a este grupo de la población.

Tras la decisión del TEPJF, el INE le ordenó a los partidos integrar en sus listas una fórmula de personas migrantes por cada una de las cinco circunscripciones, y que debían ubicarlos dentro de los 10 primeros lugares, para que tuvieran mayores posibilidades de llegar a la Cámara de Diputados.

Captura de la resolución INE/CG160/2021. 

Y definió que para confirmar la calidad de persona migrante tendrían que probar que viven o vivieron en un país extranjero, o tener una vinculación con grupos dedicados a la defensa de los derechos de migrante o haber realizado acciones de promoción de actividades comunitarias o culturales entre la comunidad migrante, e incluso presentar algún otro documento que a valoración del INE pueda confirmar su calidad de persona migrante.

El PAN decidió entonces incluir a Compeán Fernández en la posición número cuatro de la lista de plurinominales de la primera circunscripción, la que incluye a Chihuahua. Una  resolución del TEPJF revela que la dirección del blanquiazul pidió que se le reservara ese lugar, y su registro fuera considerado como cuota migrante. 

«Es un hecho notorio para esta autoridad jurisdiccional que el PAN reservó el número cuatro de la lista de la Primera Circunscripción Plurinominal Electoral para una candidatura migrante y que solicitó el registro de Eliseo Compeán Fernández y Eduardo Fernández Sigala», dice la resolución. 

Rocío Reza, actual diputada federal y presidenta del PAN en Chihuahua durante la elección del 2021, explicó, el 20 de julio de este año y vía telefónica a la reportera Patricia Mayorga, quién colaboró para este reportaje, que la decisión de incluir a Eliseo Compeán Fernández fue algo acordado a nivel nacional y se deslindó del tema.

El actual presidente estatal, Gabriel Díaz, no respondió a la petición de entrevista para este trabajo. En respuesta a un mensaje que se le envió vía WhatsApp dijo que se comunicaría más tarde. Nunca lo hizo. También se buscó comunicación con el Comité Ejecutivo Nacional del PAN vía su enlace de prensa. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta. 

El alcalde que se decía migrante 

Acceso principal a la ciudad de Delicias, Chihuahua. Foto: Ernesto Aroche.

Sus compañeros de partido, como el presidente del PAN en Delicias, Luis David Gallegos, o la expresidenta estatal, Rocío Reza, dijeron desconocer si alguna vez salió de la ciudad para radicar en otro país.

–¿Tú ubicas al diputado Compeán como una persona migrante? –se le pregunta a Luis David Gallegos en las oficinas municipales del blanquiazul en Delicias.

–En esa parte, como un diputado migrante, pues lo podemos ubicar como una persona migrante, como una persona vulnerable por la situación que hemos visto que ha, pues apoyado. En esa etiqueta creo que el Comité Ejecutivo Nacional es quién podría darnos alguna precisión en ese sentido.

–¿Tú sabes si alguna vez vivió en Estados Unidos, trabajó en Estados Unidos? ¿O en algún otro país?

–Yo ahí desconozco. Por la edad, igual información tan personal si la desconozco, yo creo que habremos de preguntarle.

Pero Compeán Fernández no atendió las peticiones de entrevista para hablar del tema, tampoco el Comité Ejecutivo Nacional. 

Lo que sí podemos saber es que en la historia política de Eliseo Compeán no hubo espacio para cruzar la frontera en búsqueda de oportunidades laborales en otro país.

Todo lo que ha sido lo fue en Delicias: secretario juvenil del PAN (1998-2004), regidor (2004-2007), empleado de la delegación de Sagarpa en esa ciudad chihuahuense (2008-2009), síndico (2010-2013), diputado local (2013-2016) y presidente municipal por cinco años consecutivos en dos periodos (2016-2018 y 2018-2021), de acuerdo con su historial público.

Además, en su carrera política no destacan acciones en beneficio de la comunidad migrante. No lo hay en el trabajo legislativo que desarrolló en su paso por el Congreso de Chihuahua, pues no presentó iniciativas relacionadas con el tema migratorio.

Y como alcalde apenas aportó el 0.01 por ciento del presupuesto que administró entre 2017 y 2021 para la manutención de una casa albergue para personas trabajadoras temporales que llegan a Chihuahua a levantar cosechas, según una respuesta que el gobierno de Delicias entregó para este trabajo.

 El departamento

El INE validó la candidatura migrante de Eliseo Compeán, según se lee en el acuerdo general INE/CG337/2021 por dos documentos: el contrato de arrendamiento de un departamento en California con una empresa llamada Farias Rental, y una carta de la Casa Migrante de Juárez. De la segunda nos ocuparemos más adelante.

Captura del contrato de arrendamiento avalado por el INE.

Juan Carlos Guerrero, activista y líder migrante, presidente del Consejo de Desarrollo Binacional, cuestionó que Eliseo Compeán estuviera al mismo tiempo viviendo fuera del país y fungiendo como alcalde: “Delicias (está) a 400 kilómetros de la frontera, o sea, no puedes ir y regresar diario”. 

Es por eso que el pasado 13 de junio de 2021, Guerrero presentó una queja al TEPJF por la candidatura de Compeán Fernández, pero fue desechada porque a decir de los magistrados los argumentos fueron insuficientes, pues el quejoso sólo ponía en duda el contrato pero no presentó pruebas que lo invalidaran.

Más allá de la falta de pruebas en la queja, lo cierto es que de Farias Rental, la empresa arrendadora registrada en el contrato, no hay rastro en búsquedas específicas en internet. No hay rastro en redes sociales. No hay rastro en el registro público de empresas de California ni en el sistema de licencias del departamento de bienes raíces del estado. No hay rastro de ella en los 52 condados californianos. No, no hay rastro de la empresa.

Captura del sistema de licencias de empresas inmobiliarias de Estados Unidos.

Y de acuerdo con documentación que el INE entregó tras una solicitud de información y un recurso de revisión que resolvió el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), aunque el contrato se firmó con la empresa Farias Rental, a quien se reconoce como arrendador es a Quirino Vázquez, la misma persona que encabeza el club de migrantes Vasco de Quiroga, la organización que le extendió una carta de reconocimiento como persona migrante.

El contrato está firmado el 1 de enero del 2019. Ese mismo día Eliseo Compeán se presentó en la clínica del IMSS de Delicias para conocer al primer recién nacido de ese año y lo publicó en su cuenta de Facebook.

Lo que el perfil de Facebook de Eliseo Compeán muestra es que no dejó de ejercer sus labores como presidente municipal el día de la firma del contrato, y días después, el 5 de enero de ese año, también estuvo en Delicias para encabezar el Festival de Reyes.

Información del ayuntamiento de las sesiones de Cabildo, que puede ser consultada en la Plataforma Nacional de Transparencia, también da cuenta de que en el primer trimestre de ese año Compeán sólo faltó a la sesión del 9 de enero. En el resto de las sesiones programadas, seis en total en ese periodo, su firma de asistencia está estampada. 

Lo desconocen

Entre la documentación que Eliseo Compeán presentó al INE para justificar su candidatura como persona migrante hay también dos cartas de organizaciones pro migrantes.

La primera de ellas, la que el INE reconoce también como prueba de su vinculación, es de la Casa del Migrante de Juárez, AC. 

En el documento firmado por Francisco Javier Calvillo, director de la organización, se afirma que Compeán Fernández y su suplente Eduardo Fernández Sigala “tienen un compromiso de apoyo y solidaridad (…) con nuestros hermanos connacionales como con nuestros hermanos migrantes en la defensa y promoción de sus derechos humanos”.

También se afirma que “con su participación como diputados federales tendremos unos aliados (…) en el impulso a las políticas pro-migrante”.

Un año y medio después, en septiembre del 2020, el padre Javier Calvillo tarda en recordar el documento que le entregó cuando se le pregunta vía WhatsApp por la carta.

Y explica que a Eliseo no lo conoció en persona. Que entre finales de febrero y principios de marzo del 2021 un grupo de personas y “algunos diputados vinieron a la Casa del Migrante, y platicaron de proyectos que querían realizar para la Casa del Migrante, o para los migrantes. Y trajeron algo de donación, creo que unas cobijas o algo, yo no estaba ese día, y pedían si se podía hacer una carta en la que ellos se comprometían a trabajar acá en la Casa del Migrante. Ya hicieron la carta, después cuando vine yo la entregué y la firmé”.

En la conversación vía audios de WhatsApp Calvillo dice: “A veces uno comete el error de firmar o de hacer esas cosas, y pues hay que reconocer que no hay ninguna acción (del diputado). Así, una acción concreta nunca, a favor de la casa o los migrantes aquí, pues no”.

“Llámame después”

La segunda carta que Eliseo Compeán presentó al INE corresponde al club de migrantes Vasco de Quiroga AC, ubicado en la ciudad de Watsonville, en el condado de Santa Cruz, California.

La carta, firmada por Quirino Vázquez y fechada el 29 de marzo de 2021, asegura que Eliseo Compeán participó en el club durante los tres años previos; es decir, desde 2018. También aseguró que Compeán entregó apoyos en especie a la organización, y con gestión social a favor de la comunidad migrante que vive en California y que es beneficiaria de la asociación.

Captura de la carta otorgada por el club de migrantes Vasco de Quiroga AC.

Aunque en realidad, el club de migrantes se ha dedicado a atender y ayudar a la población de donde es originario su fundador y director: Quiroga, Michoacán.

De acuerdo con sus reportes de gastos de consulta pública en 2019 ayudaron a financiar una casa hogar, específicamente el albergue Dame tu Mano, que se ubica en La Cañada Quiroga. También notas periodísticas refieren el apoyo del club para la construcción de una estación de bomberos en esa localidad.

Se buscó a Quirino Vázquez para conocer a detalle el trabajo realizado por Eliseo Compeán con el club y en favor de la comunidad migrante de California. 

La única llamada que Quirino Vásquez contestó a este reportero fue el 20 de septiembre del 2022. En esa ocasión aceptó que conocía a Eliseo Compeán desde unos cinco años antes. Cuando se le pidió ahondar en la relación Quirino respondió pidiendo que se le llamara más tarde, pues en ese momento estaba trabajando. Nunca más volvió a atender las llamadas. 

Entre el 12 y el 14 de julio de este año este reportero intentó varias veces comunicarse nuevamente con él, pero su número automáticamente manda a buzón. Se le dejaron mensajes de voz pidiéndole charlar sobre el tema, pero sin respuesta hasta el momento.

La reportera californiana Robin Urevich lo buscó el pasado 3 de julio en su domicilio en Watsonville. Su hija, quien atendió la puerta, informó que Quirino estaba fuera de los Estados Unidos y que no sabía quién más podría darle informes sobre el club de migrantes.

La comunidad migrante olvidada

En casi dos años que Eliseo Compeán ocupó la curul en la Cámara de Diputados su interés por la comunidad migrante no está reflejado en trabajo legislativo a favor de ese grupo poblacional.

De entrada el diputado chihuahuense no formó parte de la comisión de Asuntos Migratorios, y ninguna de las minutas, iniciativas o proposiciones que han llegado a esa comisión legislativa llevan su nombre como persona proponente, es decir que haya iniciado el documento.

Formaba parte, eso sí, de la comisión de Asuntos de la Frontera Norte, pero ahí la migración de personas es sólo uno de los muchos temas a tratar. De acuerdo con el objetivo de la comisión se abordan temas relacionados con el “desarrollo económico, comercial, social, cultural, laboral, y mejorar las relaciones políticas bilaterales” también están “seguridad, medio ambiente, desarrollo urbano, vinculación institucional y migración, entre otros”. 

Y de las 12 reuniones ordinarias que se han realizado en el tiempo que Eliseo Compeán estuvo en la Cámara sólo asistió a dos: la primera y la sexta, y a la sesión de instalación, según se lee en los pases de lista que la comisión tiene de acceso público en la página de la Cámara de Diputados.

En el periodo que ha ocupado la curul, la página del Congreso registra mil 274 iniciativas que incluyen su nombre, sólo tres han sido redactadas directamente en su oficina (0.2 por ciento), el resto son iniciativas a las que se suma como adherente o que son presentadas como iniciativas de su grupo parlamentario o en conjunto con otros grupos parlamentarios.

Ninguna de esas tres iniciativas atiende directamente a población migrante. Se trata de reformas a dos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el 123 y el 154. La otra iniciativa propia fue para reformar un artículo de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.

El Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación sólo registra un posicionamiento en el Pleno de la Cámara de Diputados presentado por Compeán Fernández. El posicionamiento no habla de las personas migrantes, pero sí cuestiona la falta de apoyo al desarrollo agropecuario de Chihuahua y pide fortalecer el programa Fortaseg, un subsidio que se otorga a municipios para invertir en seguridad pública.

“Si ya están ahí como cuota, lo mínimo que uno esperaría es que atienda las necesidades del grupo que dicen representar”, dice en entrevista René Moreno Medina quien durante el 2022 ocupó la presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua. 

Pero no, no es el caso.

Se fue

Eliseo Compéan dejó la curul el 26 de septiembre de este año. Y por primera vez en los últimos 13 años no lo hizo para buscar un nuevo cargo público.

El documento que presentó a la Cámara de Diputados pide “se someta a consideración del pleno mi solicitud de licencia para separarme del cargo de diputado federal por tiempo indefinido a partir del 27 de septiembre del año en curso”.

De acuerdo con medios locales pidió su separación para atender problemas de salud.

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Aportaron información para este trabajo: Mely Arellano (Lado B), Patricia Mayorga (Raíchali) y Robin Urevich (Capital & Main)

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Especiales

Más de 600 niñas y niños fueron asesinados en 2023 por el narco en México

Tijuana, Baja California.- En México cada día 2.28 niños, niñas y adolescentes —en promedio— fueron asesinados durante este 2023, de los cuales al menos uno fue por arma de fuego, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

La información cotejada del 1 de enero al 30 de agosto de este año, arrojó que hubo 605 menores de edad asesinados, de los cuales 451 fueron víctimas del disparo de un arma de fuego. También se cometieron 46 feminicidios de menores de 18 años; diez de ellas fueron asesinadas con una pistola. 

El segundo delito más cometido contra un menor de edad fue el homicidio culposo. En este año se registraron —entre enero y agosto— 988 víctimas; la principal causa de muerte es por un accidente de tránsito, un total de 793 niños y adolescentes. Del total de víctimas de este delito, doce personas menores de 18 años murieron por un balazo. 

En comparación con 2022 aumentaron al menos cuatro delitos: la extorsión, en un 4.2%; las lesiones, pasó de registrar entre enero y agosto del año pasado 11 mil 383 víctimas, a este año contabilizar 13 mil 330, un incremento del 17.1%. También, aumentaron los secuestros en un 48.6%; mientras que el tráfico de menores pasó de haber reportado tres el año pasado, a cuatro en este. El número de niños asesinados en 2022 fue 6.8% más que en todo 2021.

Guanajuato fue la entidad que reportó el mayor número de menores de edad asesinados por arma de fuego durante este 2023, con 72 víctimas; seguido de Michoacán, con 33; el Estado de México, con 32Chihuahua, 30Zacatecas, 29; y Guerrero, 24.

La violencia contra este sector de la población, tan solo en agosto, ha dejado 3 mil víctimas de al menos un delito; siendo el mes con más delitos contra la infancia desde 2015. 

La mayoría de los menores de edad asesinados son adolescentes, en condición de pobreza; inmersos en un contexto de violencia, con guerra entre grupos del crimen organizado y fuerzas de seguridad desde hace 16 años, explicó a LINOTIPIA, Juan Martín Pérez García, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe”.

“Hay un contexto estructural y es que nuestro país tiene ya 16 años en guerra. Esto se traduce en más de 16 millones de armas ilegales que circulan en territorio nacional; se ha incrementado la militarización de la seguridad en todos los niveles: municipal, estatal y federal”, declaró sobre el contexto de esta violencia contra niños, niñas y adolescentes. 

El defensor de derechos humanos de las infancias agregó que otro factor que se suma es el de la impunidad que impera en el país, dado que los crímenes en contra de menores de edad no son investigados hasta sus últimas consecuencias, lo que da pie a que los criminales sigan haciéndolo sin una consecuencia. 

“Hace doce años el Comité de Derechos del Niño de la ONU, le recomendó a México cambiar la estrategia de seguridad y de militarización, además de un registro estadístico confiable, para trabajar la cultura de paz y la resolución no violenta de conflictos desde las escuelas. Sin embargo, nada de esto se ha atendido. Cambió la administración a Peña Nieto, cambió la administración a López Obrador y lo único que hicieron fue incrementar la militarización y las muertes”, aseguró el abogado. 

También, dijo que en febrero de 2019 lograron desarrollar una estrategia de seguridad integral, pero nunca la han ejecutado, pese a que en su elaboración estuvo la Secretaría de Gobernación, cuya titular en esa entonces era la ahora senadora Olga Sánchez Cordero, pero que solo se vieron una vez y nunca más volvieron a verla.

El crimen organizado detrás de homicidios de menores de edad

El pasado 18 de septiembre de este 2023, dos niños de seis y once años fueron asesinados en calles del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato. De acuerdo con el reporte policial, los menores se encontraban con su padre sobre la calle Tamaulipas de la colonia Morelos, a las 19:37 horas, cuando dos hombres a bordo de una una motocicleta dispararon contra la familia en repetidas ocasiones, sin detener su marcha. 

Guanajuato es la entidad más violenta para los menores de edad. En lo que va del año han muerto a causa de un disparo 72. En comparación, en lo que va de 2023 se han registrado 38 niños, niñas y adolescentes palestinos asesinados por las fuerzas israelíes en Cisjordania, convirtiéndolo en el año más mortífero, según Save the Children.

Al respecto el analista en política y seguridad, David Saucedo, explicó que existen tres razones por las cuales en entidades como Guanajuato y Michoacán hay un alto índice de violencia homicida contra menores de 18 años: la primera es el aumento de niños y jóvenes reclutados por el crimen organizado y son asesinados por contrarios o por el gobierno. 

“Debido a una estrategia de reclutamiento de estas organizaciones delictivas donde incorporan a los menores en tareas del narcotráfico como: la venta de drogas, el sicariato y el halconeo, porque es poco probable que sean detenidos y las condenas penales para ellos son menos severas”, señaló el especialista. 

La segunda, las muertes de menores en enfrentamientos catalogados como daños colaterales al ser menores sin relación con los grupos criminales. En tercer lugar, el asesinato de familias enteras en forma de extorsión, como parte de una pugna contra un grupo rival. 

“Las tres variantes que hemos detectado de niños que fallecieron por ataques del crimen organizado, aquellos que fueron reclutados por el narco y que fueron asesinados por esto, los niños que fueron asesinados en estrategia de exterminio de familias y finalmente aquellos que murieron únicamente en las balaceras, en un fuego cruzado en centros comerciales, plazas públicas, centros deportivos, canchas de básquetbol”, detalló David Saucedo

También aseguró que todos los grupos criminales en México reclutan menores de edad, sin embargo, no todos los jóvenes y niños lo hacen bajo su voluntad. El especialista en seguridad agregó que en Michoacán, Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato los niños son cooptados de manera forzada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, el del Golfo, los Zetas, entre otros; mientras que organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cartel de Santa Rosa de Lima, tiene una estructura beneficiada de la narco cultura y la tradición familiar. 

Michoacán es el segundo estado con mayor número de niños, niñas y adolescentes asesinados

En lo que va de este 2023 el SESNSP informó que en Michoacán hubo 33 víctimas. Los niños son obligados por los grupos armados a integrarse a sus organizaciones criminales, los que no acceden son asesinados, aseguró el sacerdote católico y ex autodefensa de Apatzingán, Gregorio López Jerónimo. 

En entrevista para LINOTIPIA narró que en la entidad la mercancía más cotizada por la delincuencia son los niños y adolescentes, para el sicariato, actividad altamente solicitada y bien pagada. Los menores desde los ocho años son contratados para trabajos como halcones, los más grande de 12 y 15 años, como matones. 

“Los criminales van a una secundaria, por medio de un grupo de WhatsApp son cooptados por la delincuencia. Se estacionan afuera de la puerta de la secundaria en un taxi y los están esperando, se suben los cuatro cinco chamacos, ahí están las armas, van, hacen el evento, al salir está otro vehículo para que se suban, a cada uno le pagarán 10 mil pesos, y llegan a la escuela cada quien con un buen celular o una iPad”, contó el padre Goyo.

Comentó también que los niños que se niegan a cooperar son asesinados o desaparecidos, otros se ven obligados a huir del estado y migrar a Estados Unidos en busca de asilo humanitario; algunos de estos adolescentes y niños se han quedado huérfanos y viven en condiciones de riesgo en ciudades fronterizas como Tijuana. 

“Los que logran cruzar son canalizados a albergues en Estados Unidos, pero los que se quedan tiene tres finales, el desplazamiento forzado, la indigencia y la cooptación por el crimen organizado, porque el hambre los hace recurrir a hechos delictivos, teniendo como consecuencia la muerte del niño o la niña”, concluyó. 

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En Michoacán, Guerrero y Jalisco el exterminio de familias completas por parte de grupos criminales ha generado un éxodo a ciudades fronterizas para buscar asilo humanitario en Estados Unidos y poner a salvo a sus hijas e hijos de la violencia.

A la familia Martínez la dejaron sin un solo varón, luego de que una tarde un comando armado llegara a su domicilio y asesinara a todos los hombres de la casa, las mujeres tuvieron que huir a Tijuana, la razón: no quisieron trabajar para un grupo criminal identificado como Los Ardillos. 

“Mi esposo les dijo ‘pero ¿por qué me voy a salir?, si es mi casa, o sea, qué quieren’, y empezaron a dispararles bien feo y cayeron cerca de nosotros. No pudimos hacer nada, nada, nada, con esa gente. Ya cuando oímos que dejaron de disparar, nos paramos y mis niñas, todas, arrinconadas en el baño”, contó la madre y esposa de las víctimas a LINOTIPIA.

Migrantes.- mexicanos desplazados a la fuerza, por el crimen organizado arriban a Tijuana para solicitar refugio en Estados Unidos / Foto Alejandro Arturo Villa.

De acuerdo con una investigación publicada por el Complexity Science Hub en la revista Science, el crimen organizado es el quinto empleador en México con casi 175 mil personas en su nómina, por encima de empresas como Pemex y Oxxo; superado por Walmart, América Móvil, FEMSA y Manpower.

También revelaron que dos de cada 10 personas pertenecen al CJNG y uno de cada 10 al Cártel de Sinaloa. Del total de reclutados el 17% fueron asesinados. En su mayoría obligados y amenazados para trabajar con ellos. 


PUBLICACIÓN ORIGINAL DE LINOTIPIA QUE PUEDES LEER AQUÍ

Border

Route to CU: few units and setbacks

The lack of public transportation units for many students who use this means to get to the Ciudad Universitaria campus of the Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), can sometimes result in waiting up to 30 minutes in a subdivision in the southeast of the city.

Click here for the Spanish version

This is due to the fact that it is common for drivers to refuse to go to the UACJ institute if only a few students are on board, leaving the passengers in the last subdivision.

This means that students must wait between 20 and 30 minutes for another bus to arrive and take them to the university campus, which consequently makes them late for their classes, said Melanie González, a 22-year-old eighth-semester psychology student.

The situation is a challenge for hundreds of university students, because although the UACJ received more than eight thousand new students this academic year, at least 1,800 must go to the campus located in the southeast of the city, better known as Ciudad Universitaria.

In order to get to this space, located outside the urban area, most of them use public transportation as an essential part of their daily life as students. However, only two bus lines reach the institute: the Universitaria and the Express.

Location Ciudad Universitaria UACJ / Photo: Google Maps

According to the Socioeconomic Radiography 2022-2023 of Ciudad Juárez, conducted by the Municipal Institute of Research and Planning (IMIP), according to data from the Population and Housing Census of INEGI 2020, at least 13.9 percent of the population uses public transportation to go to educational centers.

Also, 45.6 percent take between 15 and 30 minutes to get to their destination, and 30 percent take up to an hour to get to their destination.

Not to mention that at the beginning of April there was an increase of 4 pesos for the border routes, going from 8 to 12 pesos and 2 pesos for the ViveBús or BRT units, whose cost changes from 8 to 10 pesos.

The above, after an increase was approved by the Consultative Council of Ciudad Juarez, through a consensus in the facilities of the offices of the State Government, on the increase in the cost of public transportation fares, which was applied the same rate for the 67 municipalities of the entity.

Melanie said that for four years she has used a bus from the «Universitaria» line to access CU, as well as to take a waiting unit on Talamás Camandari Avenue.

So her experience can be a journey full of ups and downs, ranging from the struggle to get to her classes on time to the pleasant surprise of improved bus facilities.

«I regularly get on the bus and say ‘good afternoon’ and they answer me the same way, but before I used to see rude drivers, although now I don’t notice it so much, as they are very calm», she said.

A unit of the University Line arriving at the CU campus / Photo: Aimé Salinas

When talking about improvements, Melanie also highlighted that public transportation facilities have undergone notable improvements, such as now having more seats and signs have been installed that emphasize important rules, such as «no smoking» or «no alcoholic beverages on board».

Another student who shares her experience on public transportation to CU is Jackeline Delgado, also 22 years old and a ninth semester law student.

Like Melanie, this young woman has been taking the Universitaria route to take classes for four years, waiting on Avenida de Las Torres and facing a 45-minute ride to get to the university.

Jackeline shared that fortunately she has never faced unpleasant situations, other than standing still for a long ride.

Although she pointed out that her main concern lies in the discomfort of traveling in overloaded buses, as drivers very often continue to allow passengers to board, even when the vehicle is full.

 Passenger truck heading to Ciudad Universitaria / Photo: Aimé Salinas

«Fortunately, I have never had to suffer harassment on a bus, nor any other unpleasant experience such as an assault, I have always done well on the trucks (…) Suddenly they drive something ugly or go very rough (the drivers), but nothing exaggerated. Nothing out of order. I could say that my experience in the trucks has been good», he said.

On the other hand, José Acosta, one of the public transportation drivers that goes to the UACJ institute, explained that, particularly in his case, getting to Ciudad Unidad is a necessity.

The driver indicated that this location is crucial, since the station is nearby, as it is there where he has to load diesel as fuel for the bus.

Although he said that for many drivers it is not profitable to get to the university campus, due to the costs associated with this route.

«There are times when one or two students go and sometimes it is not convenient to take them there… it is not convenient to go back, since it is too expensive to go up», he mentioned. 

Frontera

Migrant women: bodies without rights

Migrant women face a deadly journey in Mexico in their attempt to reach the United States with the threat of sexual abuse, forced pregnancy, fetal death and a high risk of death if they are pregnant. Testimonies collected in the field make it clear that, for them, migrating is almost a sentence. 

In comparison with Mexican women living in the country, foreign women who are pregnant in Mexico are almost 20 times more likely not to achieve a pregnancy, according to their own calculations based on data from the National Institute of Statistics and Geography (INEGI), and face a high risk of maternal death.

For this research, migrant women were interviewed at different points along the migratory route that crosses Mexico from south to north. From the Suchiate River and Tapachula, in Chiapas, through Las Choapas and Coatzacoalcos, in Veracruz, to the two extremes of the northern border, in Tijuana and Reynosa, where they talk about how they face the lack of contraceptive methods, abortifacients and health services.

**This report was produced with the support of the International Women’s Media Foundation (IWMF) as part of its Reproductive Rights, Health and Justice in the Americas initiative**

Gelsy, a 19-year-old Honduran woman, sleeps on a shared mattress in a shelter in Tapachula, Chiapas, under a laminated roof from which streams of water escape. She is a mother but no longer wants to give birth. Her country prevented her from having surgery because she was under 21.

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That is why, before starting her journey to the United States, she wants to buy an emergency pill to have an abortion if she is sexually assaulted, because migrating and suffering abuse, she says, is almost a certainty in Mexico.

-There are many things you hear… the girls on the road say that it is very risky, most of the women who have been raped tell of the experience.

Inside the Buen Pastor shelter in Tapachula, where Gelsy lives, the women watch the time pass, lying on the floor in front of a useless fan. They fan themselves with newspapers that only blow hot air, place wet rags around their necks and, as they do so, organize themselves to look for contraceptives or emergency pills before continuing on their way.

A woman hugs her son in a makeshift migrant camp in the city of Tapachula, in the state of Chiapas. Photo: Alicia Fernández.

The condoms given to them by organizations and volunteers, the migrants say, are of no use to them in case they are raped or if their partner refuses to use them.

In the same shelter, another migrant, who preferred not to give her name, recalls that in Guatemala, before crossing the Suchiate River, which marks the border with Mexico, she was offered prostitution to pay for a hotel room. She had saved to leave Honduras, but the money ran out when she paid the pollero and he abandoned her.

-They told us that’s the only way they can get there, by prostituting themselves… because you need money,» she says with conviction.

For migrant women without a regulated stay in Mexico, having access to contraceptives is indispensable in their luggage because they know they are likely to be sexually abused or use their bodies in exchange for a man for a sense of security.

But access to sexual and reproductive health services is a right that is not guaranteed for the thousands of women who cross the country in vulnerable conditions due to their migratory status, according to the testimonies of migrants and organizations along the route from the southern border to the north of the country.

In its 2021 report, the Institute for Women in Migration (Imumi) reveals that seven out of every 10 women they attended experienced physical violence during their transit through Mexico; 83 percent psychological violence, 60 percent patrimonial violence, 42.5 percent economic violence and 18 percent sexual violence.

Pregnancies at risk

Not only are women who want to prevent pregnancies at risk, but also the lives of those who are already pregnant and are crossing the country in extreme weather conditions, with dehydration and without food.

One of the epicenters of the migratory route is the train station in Coatzacoalcos, Veracruz, where hundreds of migrants wait for the train to stop in order to board and head north. There, among the garbage, rats devour leftover food thrown a few steps away from where hundreds of people sleep on top of cardboard boxes on the ground, in temperatures of almost 40 degrees Celsius.

Among them is Jaime, a Honduran woman five months pregnant who, after leaving her country, has not seen a doctor.

She stopped at the train station where she met other migrants. Hardly anyone knows she is pregnant because her body is so thin that it barely allows a small bulge of her belly to peek out. She says she eats once a day, takes no vitamins and her body has been exposed to physical wear and tear. She thinks she and her child will survive because of God.

Jamie, a pregnant Honduran migrant, travels by truck from the train station where she has slept for the past few days to a shelter in Coatzacoalcos, Veracruz. Photo: Alicia Fernández.

– I pray to God that everything is all right,» she says as she entrusts herself to her faith, and then explains that her baby has not moved, nor does she know if it is a girl or a boy, nor why her belly is so small, she has never had an ultrasound and, since she set foot in Mexico, she has not had a medical check-up.

The chances of her baby not being born are much higher for her than for a woman born in Mexico.

Compared to Mexican women living in the country, foreign women carrying a child in Mexico are 17.1 times more likely to fail to achieve a pregnancy, according to their own calculations based on data from the National Institute of Statistics and Geography (INEGI).

This figure was arrived at by comparing the proportion of fetal deaths in Mexican mothers, which was 1.98 percent in 2022, with that of fetal deaths in foreign women, which reached 34 percent that same year.Through the National Transparency System, information was requested from health institutions in the country’s 32 states on maternal deaths, perinatal deaths, prenatal care and births of foreign women registered from 2020 to July 2023, but only 12 responded with data.

Of these, seven states reported perinatal deaths (when it occurs after 22 weeks of gestation up to seven days after birth): Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Tlaxcala, Nayarit, Veracruz and San Luis Potosí. In the latter state, one perinatal death was recorded, as well as 13 abortions to foreign women.

The information indicates that of the 51 perinatal deaths in foreign women registered from 2020 to July 2023, half occurred in Coahuila and Chihuahua. In addition, an upward trend is observed, since during the first seven months of 2023, nine fetal deaths were registered, very close to the 10 registered in all of 2022.

In relation to maternal deaths, Baja California registered half of the country’s cases reported through transparency, with five deaths between 2020 and 2023.

Of these, seven states reported perinatal deaths (when it occurs after 22 weeks of gestation up to seven days after birth): Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Tlaxcala, Nayarit, Veracruz and San Luis Potosí. In the latter state, one perinatal death was recorded, as well as 13 abortions to foreign women.

The information indicates that of the 51 perinatal deaths in foreign women registered from 2020 to July 2023, half occurred in Coahuila and Chihuahua. In addition, an upward trend is observed, since during the first seven months of 2023, nine fetal deaths were registered, very close to the 10 registered in all of 2022.

In relation to maternal deaths, Baja California registered half of the country’s cases reported through transparency, with five deaths between 2020 and 2023

Pregnant migrant traveling with two daughters and her husband sheltering from the rain in the plaza of Ciudad Hidalgo on one side of the Suchiate River. Photo: Alicia Fernández

The presence of migrant women in Mexico has also multiplied in recent years. One indicator is the delivery of cards for humanitarian reasons granted by the Mexican government, which grew four times since 2020, when 10,763 documents were delivered and increased to 53,277 in 2022.

From January to July 2023 alone, 31,465 gestational pregnancy consultations were offered to foreigners in the country -regardless of their migratory status-, 76 percent of which were concentrated in just 10 states.

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Mexico, a wall to migrant women’s health

Valeria Scalisse, head of the Psychosocial Accompaniment area of the civil organization Institute for Women in Migration (Imumi), warns that the lack of reproductive rights has to do with the government’s lack of will, but mainly with migration policies that are now more restrictive and force women to use routes with more risks and fewer services.

«It directly or indirectly influences women’s access to (health) services, I remember Venezuelan women commenting that they would rather go through the Darien (the jungle on the border between Colombia and Panama) twice than go through the Mexican routes; I thought it was very strong to hear that,» she says.

Crystal P. Lira, co-founder of the pro-abortion collective Las Bloodys, in Tijuana, explains that when it comes to residents of the region, they provide an average of 150 to 300 accompaniments per month, but in the case of migrants they only provide between one and five.

Doulas from the organization Partería y Medicinas Ancestrales, located in Tijuana, accompany a pregnant migrant woman and her daughter. Photo: Alicia Fernández

«Migrant women are more vulnerable and have less access to means to prevent or avoid an unwanted pregnancy due to the centralization of access and information, language, documentation, the various criminalizations due to their condition, as well as economic and housing inequality, it is not easy to migrate», explains the activist.

Araceli Pineda, assistant director of Programs at ProSalud, a civil organization that promotes health and works with women in the context of mobility, maintains that migrants are at greater risk of not achieving a pregnancy.

«Sometimes they don’t know they are pregnant and when they have very strong pains, it is due to miscarriages, poor nutrition… due to their lack of access to bathrooms and hygiene», said.

The specialist warns that the Mexican health system does not guarantee access to prenatal care or for the termination of pregnancy. The main barriers, she says, are the cultural beliefs of both migrants and those in charge of the institutions and organizations that surround them, such as the shelters where they arrive, which are mostly coordinated by religious communities.

Prepared to migrate

Devora, a salvadoran migrant who was sexually assaulted in her country, became pregnant and tried to terminate the pregnancy with emergency pills, but the medication did not work. Nearly six months pregnant, in April 2023 she decided to migrate alone to the United States.

She arrived at the eastern border of Mexico and the United States, in the city of Reynosa, where when the sun rises it burns the skin. As soon as night falls, businesses lower their curtains and families hide inside their homes, as if sequestered within their own four walls, and from there, they learn to live amidst the sound of bullets that ring out almost daily.

After suffering sexual abuse, Devora traveled from El Salvador to the city of Reynosa, Tamaulipas, to cross into the United States. Photo: Gabriela Martínez

Devora took refuge in Casa Lulu, one of the few shelters in the city that receives migrant victims of torture and sexual abuse, where she told her story and despite her desire not to be a mother, she was assured that children are a blessing and that those who are not yet born are not to blame for her aggression.

Resigned to a forced pregnancy, she thinks that the only thing she was afraid of was being murdered or disappearing along the way, because she was not afraid of another abuse.

-I did know that it could happen (rape) but it is a risk one takes… I didn’t feel fear as a woman that I might lose something.

Mexico’s Migration Law obliges the State to guarantee health services regardless of migratory status and there are international agreements that demand respect for the reproductive rights and sexual health of migrant women -including abortion-. But in this country, quality medical care is the exception rather than the norm.

Before starting their journey, many migrant women inject themselves with contraceptives that last for three months to avoid unwanted pregnancies, but when they are detained at the border, the effect wears off before they start their journey. From the shelters and during their transit they look for where to buy the injection, but the cost and lack of access make it inaccessible.

Escarleth, a 22-year-old Honduran woman, has been unsuccessful in purchasing her injection. Suspecting an unplanned pregnancy, she searches among organizations and volunteers for someone to help her with contraceptives for women. Her partner refuses to use a condom.

People who have come, volunteers, have left condoms and you take them… but there are people who use them to play with. What do I do with them?

Report replicated with authorization from Conexión Migrante


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Project Manager

Patricia Mercado Sánchez

Editing:

Nadia Sanders

Research:

Gabriela Martínez

Photos and Videos:

Alicia Fernández

Digital Design:

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