De manera cotidiana, cientos de personas arriban a la urbe norteña montados en el tren que abordan desde la ciudad de Torreón, Coahuila, esto sin importar los peligros que representa ir colgados o montados sobre los vagones.
Al respecto, Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno del Estado, dio a conocer en rueda de prensa que grupos de viajeros que buscan adentrarse a Estados Unidos llegan dos veces al día en el «gigante de acero».
Pese al conocimiento de la situación migratoria y del tránsito de estas personas, autoridades municipales y estatales no tienen facultades para tomar acciones ante estos constantes arribos, según señaló.
«Esta situación humanitaria tiene dos vertientes: hay que abordar las causas y los efectos». Según el secretario, las causas son el descontrol en el flujo migratorio que llega a nuestro territorio nacional a través de las fronteras de estados del sur o bien por vía aérea o marítima.
La otra es el descontrol del flujo que arriba preponderantemente sobre el ferrocarril.
«Se han identificado entre 800 y mil o mil 100 migrantes que llegan a través de las vías del ferrocarril o montados en el ferrocarril que tiene dos llegadas al día a esta ciudad», dijo.
Indicó que la Federación es la encargada de poner orden a la situación migratoria, sin embargo, esta se da de manera desmedida, aun con las limitantes que han dejado a la ciudad al borde del colapso.
Un claro ejemplo de esto es el fallecimiento de una persona migrante que en las vías del tren, cuya identidad quedará por algún tiempo en calidad de desconocido.
Lo anterior, luego de que durante la tarde de este lunes se localizó el cadáver de una persona cerca de la zona de Samalayuca, la cual se presume que es migrante.
El hallazgo se realizó, luego de un llamado al 911 de un operador perteneciente a la empresa Ferromex, quién relató haber observado a una persona mutilada a un costado de las vías del tren.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al kilómetro 1948, tan solo a unos cuantos metros de las edificaciones del Cefereso 9.
Policía Municipal resguardó la zona donde se localizó el cuerpo, al parecer, de una persona migrante / Foto: Mat Romero
Tras varios minutos de búsqueda, los agentes policiacos localizaron finalmente el cuerpo yerto, con heridas contundentes en distintas zonas coincidentes a un atropello, por lo cual realizaron el acordonamiento de la zona.
Mencionaron de manera preliminar que debido a su ropa y la zona en la que falleció, podría tratarse de una persona migrante que fue embestida por el tren o que cayó del mismo durante su trayecto hacia Juárez.
Los restos fueron trasladados a los laboratorios del Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde se le realizará la necropsia de ley, para determinar la causa de muerte y donde se podrá realizar su identificación.
Está es una muestra de la precaria situación de la ciudad ante el fenómeno migratorio que incrementó de manera exponencial durante los últimos tres años.
«Ciudad Juárez enfrenta hoy el principio de una crisis humanitaria que es necesario atender ya; no podemos someter esta situación al debate político», puntualizó.
Mientras la violencia se incrementa en Cajeme, Sonora, la inversión destinada a la capacitación de policías es cada vez menor y el proyecto de construir la primera Universidad del Policía de México quedó desde hace dos años en el olvido, sin embargo, el evento para colocar la primera piedra de este plantel tuvo un costo de 1 millón de pesos.
*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Las autoridades del municipio de Cajeme, Sonora, colocaron la primera piedra de lo que se convertiría en la Universidad de Seguridad Pública y Protección Ciudadana el pasado 1 de marzo de 2021.
A dos años del evento, la obra quedó en el olvido y lo único que hay en el terreno de 10 hectáreas donde se construiría la academia policial que atendería hasta 2 mil 500 aspirantes, sigue siendo una piedra.
Pese a que en 2021 el ayuntamiento de Cajeme anunció que proyectaban más de 10 millones de pesos de inversión inicial, el alcalde en turno, Javier Lamarque Cano (2021-2024), se deslindó de la obra, pues aseguró que fue un asunto de la pasada administración encabezada por Sergio Pablo Mariscal Alvarado (2018-2021), de Morena.
Al ser cuestionado, Lamarque Cano confirmó que el evento de colocación de la primera piedra tuvo un costo de 1 millón de pesos, sin embargo, señaló que su gobierno no tiene contemplado o presupuestado la construcción de la universidad.
Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme / Crédito: Cinema Blue Bird
“Se tenía pensado un presupuesto de 15 millones para la Universidad del Policía; finalmente no se aplicaron”, aseguró el actual alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano.
No obstante, los indicadores de inseguridad del municipio denotan la necesidad de que los agentes policiacos sean capacitados y equipados para poder enfrentar la violencia que se vive en la ciudad.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de Sonora es la cuarta entidad con más homicidios y el municipio de Cajeme es el que tiene más víctimas por este delito.
Ciudad Obregón en Cajeme es una de las ciudades con más homicidios al mantener una tasa de 138.23 por cada 100 mil habitantes, según lo reportado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en su ranking internacional de las 50 ciudades con más homicidios.
La gravedad de la situación que se vive en Cajeme ha tomado visibilidad a nivel nacional recientemente debido a casos como el asesinato de un médico en enero de este año o el ataque armado donde falleció una bebé de dos años que viajaba en automóvil con sus padres.
Cabe destacar que el estado de fuerza en el municipio es de 537 policías, lo que representa una tasa nacional de 1.24 policías por cada mil habitantes, pese a que el estándar mínimo que establece el Modelo Óptimo de la Función Policial en México es de 1.8 policías por cada mil habitantes.
Imagen actual del predio donde se construiría la universidad del policía que muestra que únicamente se colocó la primera piedra / Crédito: Cinema Blue Bird
La creación del colectivo Madres Buscadoras, agrupación integrada por mujeres que se dan a la tarea de tratar de localizar los cuerpos y osamentas de sus familiares desaparecidos, refleja también la necesidad de incrementar la seguridad en el municipio.
“Yo no conozco al presidente de Cajeme, cuando realizamos búsquedas en ese municipio lo hacemos con recursos propios o con lo que juntamos cada quien de sus trabajos, nos completamos, también con recursos que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. No hemos recibido ningún apoyo por parte de ellos”, explicó Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
“La Guardia Nacional”, agregó, “nos acompaña en nuestras búsquedas y estamos muy agradecidas con ellos. El Gobernador Alfonso Durazo nos facilita los vehículos en los que nos trasladamos a campo, la herramienta para búsqueda, y en algunas ocasiones nos apoyan con vales de gasolina”.
Cecilia Patricia Flores, lideresa del colectivo Madres Buscadoras de Sonora / Crédito: Cinema Blue Bird
Los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirman también que hasta el cierre de 2022 el 90.1 por ciento de los habitantes dijo sentirse inseguro de vivir en la ciudad.
Y mientras la violencia ha aumentado en el municipio, el número de agentes policiacos y también el dinero destinado a capacitación y entrenamiento de los elementos ha disminuido.
El monto destinado a capacitación de agentes policiacos en Cajeme ha disminuido con los años, siendo 2020 el año en que no se recibió recurso / Crédito: Carlos Mendoza
Mediante solicitudes de acceso a la información pública, el ayuntamiento de Cajeme reconoció que de 4 millones 87 mil pesos destinados a capacitación en 2017, la cifra bajó hasta 684 mil pesos en 2022.
Respecto al monto designado para entrenamiento policial, de 4 millones 125 mil pesos que se presupuestaron en 2017, para 2022 el monto descendió a 1 millón 250 mil pesos.
Llama la atención que los apoyos para el mismo rubro que anteriormente eran otorgados por el gobierno federal como el programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg) fue suspendido en el año 2021.
Estos recursos se destinaban principalmente para compra de patrullas nuevas, equipo táctico, armas, uniformes y accesorios de trabajo para los elementos de policía.
No obstante, el programa para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) se mantuvo al otorgarle al municipio de Cajeme 325 mil 570 pesos en 2022, un monto muy bajo comparado con los más de 23 millones que recibió el municipio en la última entrega de recursos en 2020, según información que el ayuntamiento de Cajeme entregó vía solicitudes de transparencia.
El programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg) que otorgaba el Gobierno Federal desapareció desde el 2021 / Crédito: Carlos Mendoza
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los homicidios ocurridos en la entidad han ido en aumento, principalmente en los últimos 3 años; la cifra pasó de 740 en el 2010 a 2 mil 88 homicidios en 2021, lo que significa un incremento de 182 por ciento.
Para el caso del municipio de Cajeme la tendencia es similar, pero con niveles más drásticos pues en el periodo analizado, (2010-2021) la cifra pasó de 69 homicidios registrados en 2010 a 743 en 2021, un aumento de 977 por ciento.
Durante 2022 se registraron 526 asesinatos y en 2023 hasta el mes de marzo sumaban 175 homicidios; entre las víctimas del presente año se encontraban dos elementos policiacos y 21 mujeres.
Imagen aérea de Ciudad Obregón, Sonora / Crédito: Cinema Blue Bird
José Larrinaga Talamantes, especialista en temas de seguridad pública de Sonora y ex vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado, señaló que el problema de la violencia en Cajeme sí tiene solución, siempre y cuando se reconozca la gravedad del problema y se invierta en él.
“Cuando se reconozca el problema y gravedad de los hechos violentos por parte de las autoridades, pudieran aplicar diferentes acciones como legislar penas más severas a los delincuentes y otorgar más recursos y herramientas de trabajo a las corporaciones policiacas” comentó Larrinaga Talamantes.
“La realidad y los hechos violentos compartidos en medios sobre todo en redes sociales, dista mucho de la realidad que muchos políticos quieren proyectar con supuestas disminuciones en las acciones violentas” explicó el especialista.
“La población sigue aumentando, la violencia también, sin embargo los elementos con los que el estado cuenta para realizar labores preventivas e investigativas son muy pocos alrededor de 800 elementos para todo el estado de Sonora”, indicó José Larrinaga.
José Larrinaga Talamantes, especialista en seguridad pública de Sonora / Crédito: Cinema Blue Bird
Para el cierre del año 2022, la inseguridad resultó ser la principal preocupación de la población de Sonora mayor de 18 años, alcanzando un 61.4 por ciento y estando dos puntos arriba del promedio nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 que realiza el INEGI.
Habitantes y personas trabajadoras de diferentes colonias de Ciudad Obregón coincidieron en la sensación de inseguridad que hay en el municipio, al destacar que las situaciones de violencia pueden presentarse a cualquier hora del día.
Ricardo Meza, quien es propietario de un negocio de alimentos ubicado en la colonia Oscar Ruso Vogel, comentó sentir que sus vidas peligran diariamente debido a la inseguridad en la ciudad.
“Uno está peligrando en el día a día aquí en Obregón con la situación de la violencia que se está viviendo, en cualquier lado te puede tocar una mala experiencia”, explicó el trabajador.
José Beltrán, empleado de una frutería, coincidió en que pueden convertirse en víctimas sólo por ir a trabajar.
“Yo no me siento seguro, pero ¿qué puedo hacer? Tengo que estar aquí trabajando”, agregó.
“No se siente uno con la confianza de decir ya son las seis y voy para al super. No se puede andar en la calle” comentó María Jesús Valenzuela comerciante de mariscos en la colonia Las Palmas.
Durante la elaboración de este reportaje se buscó entrevista tanto con María Dolores del Río, secretaría de Seguridad Pública de Sonora como con Claudia Indira Contreras, fiscal de Justicia del Estado. En ambas oficinas se firmó de recibido el oficio de solicitud de cita pero con ninguna se obtuvo respuesta.
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
En 2010, durante la administración municipal del actual diputado local Eduardo Olmos, el gobierno de Torreón adquirió un edificio que estaba en litigio desde los años 90. Proyectaban ahí un hospital municipal con modelo integral de salud, pero lo que obtuvieron fueron problemas legales que culminaron con el derroche de 42 millones de pesos, pese a que el Ayuntamiento no posee ni la quinta parte del predio total. El pleito legal continúa y del proyecto del Hospital ya no queda nada, pues no cuenta con esa categoría y ahora sólo es una oficina para la Dirección de Salud municipal con servicios médicos básicos.
El ayuntamiento de Torreón, Coahuila, adquirió en 2010 un inmueble que se encuentra en litigio entre particulares desde 1999. En este sitio, ubicado en la colonia Tercero de Cobián, opera actualmente la Dirección de Salud Municipal.
Desde la compra del lugar a la fecha, el municipio ha invertido 42 millones de pesos sólo en lo que corresponde a la adquisición, los gastos de remodelación y funcionamiento de un edificio que prácticamente no les pertenece, según un análisis a las cuentas públicas, convenios de pago y cifras establecidas en otros documentos legales realizado por Noticieros GREM en colaboración con el Border Hub para esta investigación.
La cifra anterior no incluye el pago a despachos y asesorías jurídicas para mantener la propiedad del edificio a lo largo de los años pues el ayuntamiento dijo desconocer cuánto se ha erogado.
“El dato exacto de una cuantía no lo tenemos de momento, porque nos ha tocado ver y revisar sin contratar despachos. Hubo otras administraciones que sí lo hicieron, que no sabemos exactamente cuánto se pagó”, reconoció Natalia Fernández Martínez, actual secretaria del Ayuntamiento de Torreón, quién aclaró que dichas asesorías se contrataban en lo general pero no se especificaba qué casos atendían.
El Comité de Transparencia Municipal del Cabildo de Torreón informó que no tiene un conteo aproximado o cuánto se debe por el inmueble, ni tiene conocimiento de anuncios de embargo de la propiedad/ Crédito: Paulina Castro
El plan de la compra del edificio surgió durante la administración de Eduardo Olmos Castro (2010–2013), quien hoy es diputado local y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila.
El entonces alcalde lo adquirió en remate para que fuera un Hospital pero, a la fecha, de los casi 4,003 metros cuadrados que componen este espacio, al ayuntamiento sólo le pertenecen 745.99; es decir, el 18.6 por ciento del total. El resto —3,257 metros cuadrados— están en disputa entre las empresas Proyectos Laguneros S.A. de C.V. y Administradora Bríos S.A. de C.V., en un juicio civil que se realiza en la Ciudad de México.
Durante la gestión de Olmos Castro no se liquidó en su totalidad la cantidad pactada a través de un documento de promesa de compra – venta, por lo que dejó una deuda de 22 millones de pesos a la siguiente administración, que fue encabezada por Miguel Ángel Riquelme Solís (2014 a 2016) y quien hoy gobierna el estado de Coahuila.
Riquelme propuso liquidar este pasivo a través de pagarés. Pero esto no se cumplió, ni con él, ni con Jorge Luis Morán Delgado, el alcalde suplente que estuvo al frente de la administración durante el 2017.
La consecuencia: el ayuntamiento recibió tres demandas por dichos incumplimientos que apenas se resolvieron en 2022.
En el espacio que sí le pertenece al Ayuntamiento de Torreón, actualmente operan consultorios de diversas especialidades, departamento de vectores, sanidad animal, área de terapias físicas, así como oficinas administrativas y la Dirección General de Salud. En el inmueble trabaja personal de la presidencia, que en su mayoría está sindicalizado.
Consultas a medicina general y con especialistas, además de la elaboración de exámenes para transportistas y para personas que se dedican a la prostitución así como el programa de Salud Animal, son algunos de los servicios que se ofrecen en el espacio que es propiedad del Ayuntamiento/ Crédito: Paulina Castro
Para esta investigación de Noticieros GREM y el Border Hub, se realizaron ocho solicitudes de acceso a la información y dos recursos de revisión. También se entrevistó a cuatro funcionarios y una especialista en derecho, se contó con la consulta de otro especialista en esta materia y se elaboró un sondeo con usuarios de la clínica.
Además, se analizaron 14 documentos, entre acuerdos de juicios, edictos, cuentas públicas y convenios de pago, por citar algunos.
Aunque se intentó conseguir la versión pública del juicio más reciente, esta fue negada por el Poder Judicial de la Ciudad de México con el argumento de que todavía se encuentra en curso. También negó el juicio previo, emitido en 1997 ante el Juzgado Civil número 31, pese a que ya hay una sentencia.
Esta solicitud se presentó tanto al Poder Judicial de la Ciudad de México como al Consejo de la Judicatura, sin obtener respuesta favorable / Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia
Un litigio de antaño
El pleito legal comenzó en 1999 por una hipoteca. Se trata de un conflicto entre particulares que fue llevado ante el 32 Juzgado Civil de la Ciudad de México. Uno de los actores es Proyectos Laguneros S.A de C.V., la cual vendió las instalaciones al municipio en 2010; y por otra parte, Administradora Bríos S.A de C.V, una compañía recuperadora de cuentas vencidas de la Ciudad de México que reclama la propiedad.
Aunque el litigio tiene más de dos décadas, fue en octubre de 2014 cuando el apoderado legal de Administradora Bríos, Guillermo Alejandro Cerón Albarrán, realizó una rueda de prensa para hacer pública la disputa de la propiedad. Aseguró que el Ayuntamiento no contaba con escrituras porque no había terminado de pagar.
En ese año, el entonces alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís (2014 -2016), actual gobernador de Coahuila, intentó atender el problema. Como parte de las estrategias, inició el proceso de escrituración que también serviría para que, como tercero afectado por ser el actual propietario del Hospital, se diera por enterado del proceso legal hipotecario de la Ciudad de México y poder vigilar cada paso del juicio, pero esto último no se logró.
Cuando Proyectos Laguneros vendió el edificio al municipio en 2010, la organización contaba con escrituras expedidas en el año 1992. El entonces alcalde de Torreón, Eduardo Olmos Castro (2010-2013), firmó un contrato de promesa de compra-venta y acordó pagar 46 millones de pesos por el terreno y la construcción. Ese mismo año, abonó 22.5 millones y más tarde, en 2012, dio 2.2 millones más. Pese a estos pagos, su administración no procuró iniciar el trámite de escrituración a nombre del municipio.
Fue hasta 2016 cuando se elaboraron dos escrituras: la 308 y la 309 porque el terreno del edificio está dividido en dos: 3,257 metros cuadrados para la primera escritura y 745.99 para la segunda.
Así luce parte del espacio que el Ayuntamiento no puede utilizar por estar vigente un juicio hipotecario en la Ciudad de México/ Crédito: Paulina Castro
En el polígono que se reclama y que corresponde a la escritura 308 —la más amplia—, se ubican diversas áreas como cuatro quirófanos, sala de partos, área de cuneros, seis cuartos de internamiento, una antigua sala de Rayos X, así como algunos consultorios, casilleros y estaciones que estaban acondicionadas para los enfermeros, según se pudo constatar en un recorrido por el inmueble, realizado a finales de 2022 para efectos de este reportaje.
Sin embargo, el ayuntamiento no puede utilizar ninguna de estas áreas porque legalmente no le pertenecen. El área de la escritura 309, que sí es propiedad del Municipio, prácticamente se trata de los límites del inmueble, ahora conocido como Dirección de Salud Municipal.
Croquis del Hospital Municipal de Torreón (ahora Dirección de Salud Municipal). El área marcada en color amarillo es la parte de la que el Ayuntamiento logró la certeza jurídica en el año 2022 / Fuente: Dirección General de Urbanismo Torreón.
Al concluir la administración 2010-2013, de los 46 millones de pesos que Olmos Castro se comprometió a pagar, quedó una deuda de 22 millones de pesos a favor de Luis Alberto Ríos Quintana, representante legal de Proyectos Laguneros.
Posteriormente, el 28 de abril de 2014, el ex alcalde Riquelme Solís generó un documento adicional para modificar los términos del convenio de promesa de compra-venta. En ese nuevo documento se reconoció dicho adeudo de 22 millones de pesos, y en 2016 se realizaron dos pagos por un monto global de 3 millones 369 mil pesos.
La cantidad pendiente —18 millones 631 mil pesos— se distribuyó en cinco pagarés, mismos que se debieron liquidar en el primer cuatrimestre del año 2017. En la escritura 309 se estableció que, en tanto se liquidaran los pagarés, la autoridad municipal tenía que cubrir rentas cada mes por un monto de 195 mil pesos más IVA.
Aunque se llegó a dicho acuerdo, el ayuntamiento no pagó y Proyectos Laguneros demandó al municipio de Torreón por incumplimiento tanto en las rentas como en la totalidad de los pagarés que, junto con los intereses, sumaban una deuda superior a los 18 millones de pesos, según dio a conocer Natalia Fernández, actual secretaria del Ayuntamiento.
Ante dicha falta de pago, se iniciaron tres recursos legales: dos juicios mercantiles por el cobro de los pagarés presentados en 2017 ante juzgados de La Laguna y un juicio civil que se presentó en un juzgado de Torreón por concepto de rentas no pagadas al propietario.
En mayo de 2022, la actual administración tuvo que generar tres convenios de pago por un monto total de 8 millones 30 mil pesos a favor de Proyectos Laguneros, y con ello se resolvieron estos tres litigios. De concluir el juicio hipotecario que está vigente en la Ciudad de México, quien gane no tendrá acceso directo para vender o rematar el predio en disputa —de la escritura 308— sin tener complicaciones con la autoridad.
El alcalde Román Alberto Cepeda González (2022-2024) afirmó que con ese acuerdo de pago se logró certeza jurídica, lo que les permite continuar con las inversiones de la Dirección de Salud. Tal es el caso de la inauguración de un Banco de Sangre Municipal que se llevó a cabo el 14 de noviembre del año pasado, en la que hizo pública esta aseveración.
«Los conflictos que tenía (el inmueble) se resolvieron, hay una parte central que sigue en conflicto, pero no impide nada, (…) ni el área de servicio, por supuesto, a la ciudadanía, que es lo más importante», aseguró Cepeda González en entrevista a diversos medios después del evento.
El Banco Municipal de Sangre se inauguró luego de que la administración 2022 – 2024 del Ayuntamiento de Torreón obtuvo la propiedad de una parte del inmueble / Crédito: Paulina Castro
El actual gobierno no tiene en su poder el documento original con el que se establecieron las condiciones de la venta del hospital, por lo que el pasado mes de enero, el Ayuntamiento solicitó a los juzgados las copias certificadas de todo lo actuado en estos tres juicios, confirmó un representante de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, quien solicitó que no se publicara su nombre para esta investigación por motivos de seguridad.
Línea del tiempo / Crédito: Paulina Castro
Historia de un hospital en decadencia
Elinmueble funcionó como hospital privado en la década de los 40, primero como Clínica Torreón y después como Medical Clinic. Ambas, en su apogeo, lograron un alto reconocimiento por sus servicios de internamiento, principalmente para la atención materno–infantil.
“La clínica se fundó en los años 40, 50. En esa época era gloriosa, tenía tecnología de punta, médicos muy bien preparados, vanguardista para su época”, recordó el doctor Manuel Velasco Gutiérrez, último director de la Clínica Torreón y quien repitió este cargo cuando arrancó funciones Medical Clinic.
Vitral que se conserva de la antigua Clínica Torreón y que se ubica en la zona en litigio / Crédito: Paulina Castro
No obstante, los proyectos fracasaron debido al reducido número de pacientes que buscaban esta opción por sus costos, aunado a las cuentas pendientes que se tenían que cubrir por su funcionamiento, principalmente de nómina, así como deudas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sistema de Administración Tributario (SAT).
“Yo fui invitado para ser socio de la clínica porque hicieron una venta de acciones, que equivaldría a unos 50 mil pesos que era una ganga, casi regalada, imagínate (…) Con ese dinero, de esa acción, no se podía comprar ni un vocho del año, era muy poquito dinero”, contó Velasco Gutiérrez.
Al igual que él, otros médicos especialistas compraron acciones; en 1989, el doctor Velasco fue nombrado director y ejerció funciones hasta que Medical Group compró la deuda. Dicha compañía también se encargó de finiquitar a los trabajadores que tenían contrato sindical ante la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
De la compañía Clínica Medic actualmente se conserva esta placa al interior de la ahora Dirección de Salud Municipal / Crédito: Paulina Castro
La franquicia reactivó el hospital con el concepto de partos y cirugías a un precio más económico que otros nosocomios de la región. Después de un tiempo, modificaron las tarifas a las promedio de un hospital privado de la época, por lo que les ocurrió lo mismo que a la antigua Clínica Torreón; es decir, se volvió un negocio incosteable, refirió Manuel Velasco.
En 2010, cuando Eduardo Olmos Castro, entonces alcalde (2010-2013), se comprometió a comprar el inmueble, el Cabildo aprobó por mayoría una propuesta para que el tesorero municipal de esa administración, Pablo Chavez Rossique, pudiera adquirirlo sobre un precio estipulado de 46 millones de pesos y 2.1 millones de pesos más para cubrir el costo de avalúo, escrituración e impuestos. Así, el 12 de diciembre de ese mismo año se inauguró el Hospital Municipal de Torreón.
En el año 2012, el Congreso de Coahuila autorizó el Decreto 29 para que el Hospital operara como organismo descentralizado. Tenía como misión “proporcionar servicios integrales, oportunos y de calidad, a la población marginada o en extrema pobreza, materno–infantil, población en envejecimiento y sin acceso a los servicios de Salud” dentro del ámbito geográfico del municipio.
En esa época, en Torreón había más de 639 mil habitantes, de los cuales cerca del 32 por ciento manifestó no estar afiliado a algún sistema de salud o no se había especificado, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Cabe señalar que, en un análisis elaborado por el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, se precisa que de 2010 a 2020 se redujo la cobertura en servicios de salud, por lo que 78 de cada 100 personas son derechohabientes en alguna institución médica.
Arrancan los problemas legales para el municipio
Los problemas para el municipio comenzaron en 2014 cuando Administradora Bríos S.A de C.V reclamó la propiedad. En ese periodo, quien inició la atención del tema fue el presidente municipal Miguel Ángel Riquelme Solís (2014-2016), actual gobernador de Coahuila, y posteriormente, continuó Jorge Luis Morán Delgado en calidad de alcalde suplente en el año 2017, quien aseguró que la anterior administración compró el hospital “de buena fe”.
“Cuando el Ayuntamiento que preside el licenciado Olmos hace la adquisición, estaba toda la documentación, según se tenía la información en regla, presentaron certificados de libertad de gravamen en cada una de las fracciones, y en esas condiciones se hizo el contrato de compra-venta”, afirmó Morán Delgado en una entrevista para esta investigación.
Reconoció que, en lugar de solicitar la devolución del dinero, optaron por revisar el proceso judicial y convenir con Proyectos Laguneros cubrir el monto faltante en parcialidades, además de pagar rentas mensuales en tanto liquidaban este acuerdo.
Lo anterior porque ya se habían destinado recursos del erario municipal para su funcionamiento. Morán Delgado también dijo que, si se solicitaba el reintegro, podría llevar al municipio a emprender otro largo juicio para minimizar el nivel de pérdida económica.
«Para proteger al ayuntamiento de Torreón en ese entonces, derivado del conflicto entre los dos supuestos propietarios, nosotros creímos en ese momento que la mejor solución era ampararnos y en un momento dado depositar ante un juzgado la cantidad que se debía», expresó Jorge Luis Morán. Añadió que fue en la administración 2014-2017 cuando se puso en marcha el proceso de escrituración.
Cuestionado sobre las fallas en el caso, el ex funcionario explicó que «después apareció esa inmobiliaria Bríos y derivado de una compra de una cartera vencida, se decía dueña de algunas de las fracciones que integraban al hospital».
En cuanto a las sospechas de que la nota que señalaba al predio como hipotecado fue borrada a propósito por parte del Registro Público de la Propiedad de Torreón, Morán Delgado expresó que «evidentemente alguien no hizo bien su trabajo»
Además aceptó que, para este proceso, el Ayuntamiento se tuvo que apoyar en la contratación de un despacho externo, pero afirmó no recordar el monto con el que se pactó su participación.
Al estar vigente el juicio hipotecario entre Proyectos Laguneros y Administradora Bríos, el 20 de diciembre de 2017, el ayuntamiento de Torreón realizó un depósito por 3.2 millones de pesos ante el Juzgado de primera instancia del ramo civil, como pago de uno de los lotes de 100 metros cuadrados, para que el dinero fuera entregado a uno de los socios de Proyectos Laguneros cuando se solucionara la situación legal.
Entre los diversos recursos legales que enfrentó el Ayuntamiento de Torreón se encuentra un «incidente de falsedad de documentos por firma falsa» contra uno de los Propietarios de Proyectos Laguneros y que la compañía ganó al Municipio / Crédito: Paulina Castro.
En el documento presentado al juzgado, se destacó que el Ayuntamiento fue un comprador “de buena fe” y cuando se celebró el contrato inicial, el inmueble estaba libre de gravamen y que fue tiempo después cuando se enteraron del juicio hipotecario entre los particulares.
Sin embargo, Proyectos Laguneros logró recuperar este cheque, al comprobar que la sección señalada formaba parte de la escritura que no estaba considerada en el proceso legal de la Ciudad de México.
Años después, el municipio de Torreón interpuso un recurso de Tercería Excluyente de Dominio. Se trata de un proceso legal para que se declare que el tercero (el Ayuntamiento) es dueño del bien que está en litigio. Con esto, el municipio frenó un remate de la propiedad por un monto de 34 millones 376 mil pesos que intentó Administradora Bríos en el año 2021, aseguró Jesús García Colores, ex titular del área jurídica (2018-2021).
Con este recurso legal, también se buscaba conocer el estatus en tiempo real del litigio entre particulares que permanece vigente en la Ciudad de México; sin embargo, el juzgado negó esta petición, según adelantó Natalia Fernández, actual secretaria del Ayuntamiento. Hasta ahora, añadió, sólo se está a la espera de recibir la notificación correspondiente.
Sobre este tema, Sofía Díaz Lozano, abogada especialista en materia civil y mercantil, consideró que los procesos no se han defendido adecuadamente, no por falta de capacidad por parte de los abogados que representan al Ayuntamiento, sino porque no se le ha dado la celeridad y seguimiento adecuado.
«Mucho de esto se debe a los temas de corrupción que imperan en nuestro municipio, estado y país, en el que se presta a muchas situaciones. Tan es así que toda esta obstaculización por parte de los funcionarios para emitir las constancias correspondientes, el no tener los expedientes de fácil acceso para el público, no tenerlos en su apartado de transparencia, tener expedientes extraviados o que no se tiene registro de ellos en los juzgados se trata de corrupción» expresó.
El hospital que perdió su categoría: las consecuencias del conflicto
Con el cambio de administración municipal y al no lograr las metas para consolidarse como un hospital, a solicitud del Cabildo 2019–2021, el 10 de mayo de 2019 el Congreso de Coahuila derogó el decreto con el que se constituyó el organismo público descentralizado, por lo que a la fecha opera sólo como clínica y sede de la Dirección Municipal de Salud, al que se destina parte de los recursos de esta dependencia, sin que se especifique exactamente cuánto.
Aunque por decreto, el organismo descentralizado del Hospital Municipal de Torreón debía recibir el 1.5 por ciento de los recursos que obtendría la administración cada año, la Tesorería Municipal de Torreón no proporcionó a detalle cuánto se ha gastado en el Hospital y refirió que la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos es la dependencia que deberá pronunciarse al respecto.
Sin embargo, a través de la página Mirador Coahuila, de la Auditoría Superior del Estado (ASE), se confirmó que en el periodo de 2016 a 2019, los últimos cuatro años de ejercicio como organismo descentralizado, se destinaron recursos por un monto cercano a los 2.2 millones de pesos, siendo el año 2016 el que tuvo mayor presupuesto con 955 mil pesos.
Tabla de lo que se ejerció en el Hospital Municipal hasta su extinción / Crédito: Paulina Castro
Ahora, como sede de la Dirección de Salud, en el último informe anual que presentó al Cabildo no se dio a conocer cuánto se eroga en estas instalaciones, debido a que forma parte del gasto ordinario de la dependencia.
En la pasada administración, la Dirección de Salud Municipal desincorporó parte del material hospitalario que se tenía cuando era clínica privada y fue destinado al DIF Torreón y la Escuela de Enfermería, y con ello se cumplió con un acuerdo avalado por el Cabildo.
Al respecto, la Dirección de Salud Municipal refirió que debido a que el Hospital Municipal ya no opera como tal, declaró «improcedente» proporcionar una relación de qué material se retiró de este inmueble.
Asimismo, en un recorrido realizado por este lugar, se pudo verificar que en el espacio al que no tiene acceso el municipio, aún se guardan diversos artículos, entre basura electrónica, cuneros deteriorados, mobiliario diverso que no se puede reutilizar por sus condiciones y que son testigos mudos de la historia del paso de las tres clínicas.
Parte del material que a la fecha no se ha podido desincorporar y que se encuentra en el espacio en litigio / Crédito: Paulina Castro
¿Cómo trabaja la Dirección de Salud Municipal en este espacio?
En los predios en los que sí puede operar legalmente, la dependencia municipal ha habilitado todos sus servicios. Los usuarios que acuden lo hacen porque tienen conocimiento de que proporcionan alguna consulta a precio relativamente bajo en comparación al sector privado o porque tienen un médico particular de cabecera y labora a ciertas horas en este lugar.
“El doctor Varela es un excelentísimo, me da mucho gusto verlo porque es el que me atiende, me procura (…) es que antes el doctor Varela iba al dispensario de la colonia Nueva California, ahí vivo yo a dos cuadras, ahí me curaba él. Pero con el cambio de presidente, ya no fueron y ahora vengo hasta acá”, detalló un paciente de 61 años que acude para recibir curaciones periódicas sin costo.
Otra usuaria, la señora Suárez, comentó que recurre a esta dependencia porque ahí se encuentra una pediatra que la atiende desde hace nueve años y en este lugar paga 50 pesos la cita.
Sin embargo, la mayor parte de las atenciones constan de exámenes realizados al personal del transporte público, quienes acuden por lo menos una vez al año como parte de los requisitos para renovar la tarjeta que exige la autoridad municipal a cada uno de estos operadores, según explicó un taxista, quien pidió el anonimato.
“Venimos cada año a hacernos la prueba del antidoping, nos checan la presión, nos miden, nos pesan, nos toman muestras de sangre para ver si no estamos tomando cosas extrañas. Es un chequeo no tan completo, pero a nosotros nos sirve mucho porque es cada año. Normalmente las personas no vamos a hacernos un examen”, expresó.
Personal de la Dirección de Salud Municipal entrevistada para este reportaje, manifestó que no existe un censo de cuántas personas reciben atención médica, ya que la cifra varía de 20 a 100 atenciones diarias, muchas de ellas las constituyen los exámenes para los transportistas.
La personal de salud detalló que también se reciben pacientes de ranchos aledaños al municipio por los precios bajos, citó como ejemplo las consultas de ginecología a un costo de 51 pesos, lo que lo representa una alternativa para quienes, en primer lugar, buscan estos servicios en el Hospital General de Torreón que funciona a través de la Secretaría de Salud de Coahuila.
Lista de servicios que ofrece el área de clínica de la Dirección Municipal de Salud. Nunca logró incorporar camas censables para servicios de internamiento que permitieran la atención integral de diversas especialidades pactadas en el extinto decreto 29 / Crédito: Paulina Castro.
Sin embargo, las acciones que actualmente se desarrollan en este edificio no cumplen con el proyecto original por el que se adquirió, que fue tener un hospital municipal con un modelo integral de Salud y que «estudios e investigaciones sobre los problemas de salud pública, de familia, de los menores y de la población envejeciente» tal como menciona el decreto de creación del Hospital Municipal de Torreón.
La defensa continúa
Natalia Fernández, secretaria del Ayuntamiento, aseveró que luego de analizar con diversas dependencias de los ámbitos financiero, jurídico y operativo de la actual administración, se tomó la determinación de continuar con el pleito del edificio. Afirmó que resultaba más costoso construir un nuevo inmueble, además de que el área en que se encuentra resulta estratégica por ser la Zona Dorada Hospitalaria de Torreón y que se necesita para la población de escasos recursos.
“El municipio no tiene terrenos en esta zona y el construir desde cero iba a ser mucho más cuantioso”, argumentó.
Asimismo, la funcionaria detalló que la Dirección de Salud Municipal evalúa si se puede retomar o no la categoría de Hospital.
“Estamos tratando de buscar lo mejor para el Ayuntamiento, para los torreonenses y que las inversiones que se han hecho en un momento puedan salvarse y los daños que se generaron a la contraparte, siempre y cuando le asista la razón, se puedan resolver vía la conciliación”, manifestó Natalia Fernández / Crédito: Paulina Castro
Para esta investigación, se buscó a Antonio Yun, quien aparece como apoderado legal de Administradora Bríos, para obtener su postura sobre el tema; se envió solicitud de entrevista a sus cuentas de correo electrónico y Linkedin.
También se acudió a un domicilio publicado en internet como ubicación de la compañía en la colonia Reforma Social, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, pero no se le permitió el acceso a la persona que llevó el escrito de solicitud de entrevista y personal de vigilancia aseguró que ahí no opera una empresa con ese nombre.
De igual manera, durante el tiempo que se realizó esta investigación, Guillermo Cerón Albarrán, abogado que llevó el caso por parte de la Administradora Bríos, se comunicó en dos ocasiones y se comprometió a dar su versión de los hechos “una vez que regresara de la Ciudad de México”, pero tras varios intentos por definir la fecha para la entrevista, ésta nunca se concretó.
También se buscó al ex alcalde Eduardo Olmos Castro para que ofreciera su postura sobre los conflictos legales y cuáles fueron las motivaciones para comprar este hospital. Pese a que el propio legislador manifestó en primera instancia su disposición para ofrecer su punto de vista sobre el tema y, posteriormente, aseguró que a través de su equipo de comunicación contestaría un cuestionario elaborado para este fin, hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta.
Tampoco se pudo ubicar a Alberto Ríos Quintana, representante legal de Proyectos Laguneros a quien se buscó contactar a través de sus redes sociales y en el domicilio que tenía fijado para recibir el dinero por los pagarés y rentas en la colonia Torreón Residencial, pero este lugar está cerrado.
Aproximación de cuánto ha gastado el Ayuntamiento de Torreón en el Hospital / Crédito: Paulina Castro.
Aunque el costo original del edificio era de 46 millones de pesos, más 2.1 millones adicionales por escrituración y trámites de avalúo, con el paso del tiempo y los litigios en curso, el ayuntamiento de Torreón ha gastado 42 millones en diversos conceptos cuando no posee ni la quinta parte del predio total. Un espacio donde originalmente se pretendía habilitar un hospital municipal que fuera funcional y con servicio de internamiento, pero por incertidumbre jurídica, se limitó a fungir como oficina para la Dirección de Salud municipal con servicios médicos básicos.
Pese a la crisis migratoria que se vive actualmente en Ciudad Juárez, los albergues en esta frontera solo tienen capacidad para dar albergue a 2 mil 795 personas, incluidas las estancias oficiales.
En esta frontera operan al menos 29 albergues de asociaciones civiles y religiosas en la localidad, incluidos los dos gubernamentales, el federal “Centro Integrador Leona Vicario” y el municipal “Kiki Romero”, de acuerdo con información de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Aunque mucha de esta población ha preferido acampar en la vía pública, en espacios abandonados o rentar cuartos en zonas inseguras, como ocurrió en el Hotel Deluxe.
Al respecto, Thiago Almeida García, jefe de oficina local de la OIM, informó a Circuito Frontera que los albergues de esta localidad tienen una capacidad para dar atención a 2 mil 795 personas, de los cuales, hasta la semana pasada 2 mil 352 espacios estaban ocupados.
Thiago Almeida García, jefe de oficina local de la OIM
De tal manera que la ocupación de los albergues resulta mínima, en comparación con las últimas declaraciones de las autoridades estatales.
Lista de albergues en Ciudad Juárez / Cortesía OIM
La gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, declaró el martes de la semana pasada (además de en diversas declaraciones) en rueda de prensa que, según sus estimaciones, en esta frontera existen 35 mil migrantes.
Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván
Esta cantidad, recalcó, se equipara a la población que tienen municipios como Saucillo o Buena Aventura, aunado al millón y medio de habitantes que ya existían en Ciudad Juárez.
La afirmación fue secundada por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, quien dio a conocer que según con los monitoreos que se tiene en algunas instancias se estima que hay alrededor de 30 mil migrantes en esta frontera.
Agregó que la problemática en Ciudad Juárez se agrava a diario, debido a que la población migrante llega por tren, avión, camiones y hasta en vehículos particulares, así como logran dispersarse antes de que puedan contabilizarlos, canalizarlos o atenderlos.
Sin embargo, mucha de esta población ha preferido instalarse de manera improvisada afuera del Instituto Nacional de Migración (INM) o la Presidencia Municipal en casas de campaña o bien en hoteles de bajo costo en las inmediaciones del Centro Histórico.
Casas de campaña de migrantes afuera del INM de Ciudad Juárez / Foto: Mat Romero
Respecto a este tema se buscó la versión por parte de la Comisión Estatal para la Población (COESPO), ya que es la instancia estatal que se encarga de actualizar la información demográfica en el estado, sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Mientras que se espera que una caravana de migrantes de alrededor de 3 mil 500 personas llegue a México con la intención de cruzar hacia Estados Unidos, según dio a conocer este lunes Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.
Una vez al mes, estará funcionando el programa «Punto Rosa», que se trata de una serie de talleres enfocados a la mujer, ya que el 80 por ciento de los usuarios en los centros comunitarios municipales son de este grupo de la población.
El próximo 8 de mayo será la primera ocasión en que se implementa, sin embargo, estará habilitado para el primer viernes de cada mes.
Los talleres se llevarán a cabo en el Sindicato Único de Trabajadores Municipales, ubicado en la calle Chapultepec 1231, en la colonia Hidalgo, a partir de las 9 de la mañana.
El propósito es empoderar a la mujer juarense en todos los sectores, tanto económico como social, en donde podrán participar mujeres jóvenes, adolescentes y adultas mayores, dio a conocer la regidora Mireya Torres, coordinadora del programa.
Dijo que tiene la intención también de que las mujeres concentrarse en un sitio para recibir las bases para desarrollarse para vivir en un ambiente de armonía, libre de violencia, con respeto a sus derechos humanos y con el fin de generar oportunidades para poder emprender.
«Nace de la inquietud y experiencia de ver la necesidad y vulnerabilidad de la mujer en el ámbito familiar, profesional, laboral, empresarial, salud, sexual, social y seguridad sin importar el estado económico de las personas», comentó.
El enfoque del programa es presentar herramientas necesarias para ejercer el cambio en diversos ámbitos.
Mientras que acorde con Jesús García, director de Centros Comunitarios del Municipio, el 80 por ciento de las personas que acuden a capacitarse para el autoempleo son mujeres.
Las inscripciones para formar parte del proyecto son en los diversos Centros Comunitarios y quedan abiertas a partir de este lunes 24 de abril.
También las personas interesadas pueden registrarse vía telefónica en el número 656-737-07-10, en la extensión 72528.
Las actividades incluyen talleres charlas y conferencias gratuitas y los temas a tratar son desarrollo personal, salud, derechos de la mujer, social y finanzas.
Una tarde cualquiera de un domingo de misa, Lorenzo, un hombre que cuenta con problemas del habla y en está en silla de ruedas, fue abandonado en la capilla del Asilo San Antonio. Desde entonces, vive en el refugio, en donde está por cumplir un año como residente de ese lugar.
Esta es la situación que viven muchos adultos mayores que se extravían o terminan abandonados por sus familiares, sin embargo, es responsabilidad del Estado brindarles apoyo y resguardarlos.
De acuerdo con información de la Policía Municipal, durante el 2022 se resguardó a un total de 121 adultos mayores que fueron encontrados en calles de Ciudad Juárez extraviados.
Sin embargo, al menos 68 de ellos fueron enviados a albergues municipales, luego de que no se pudo localizar a sus familiares y nadie fue a recogerlos.
Al respecto, Circuito Frontera entrevistó al doctor en Derecho y ex procurador del DIF, César Juárez y comentó que el Estado tiene la obligación de la protección y restitución de derechos de los adultos mayores, así como deberá realizar pesquisas para buscar a los familiares.
Aunque no propiamente de personas extraviadas como es el caso de los adultos mayores o quienes padecen de sus facultades mentales.
El especialista explicó también que en caso de no realizar estas acciones las autoridades deberán asumir la tutela de este grupo de la población, sin embargo, no tenía un albergue propio.
Doctor en Derecho y ex procurador del DIF, César Juárez
En el ámbito local, la regidora Alma Arredondo, coordinadora de la Comisión de Adultos Mayores del Municipio, expuso que había un proyecto en el que se buscaba de darle atención a personas extraviadas y darle un seguimiento.
Incluso que se pensó en la creación de una pulsera para adultos mayores y que padecen de sus facultades mentales que contarán con sus datos generales, para poder identificarlos y regresarlos a su hogar.
Regidora Alma Arredondo, coordinadora de la Comisión de Adultos Mayores del Municipio
Cabe recordar en Ciudad Juárez se estima que existe una población de 133 mil personas adultas mayores, de las cuales una de cada seis es víctima de abuso, según con datos de la Fiscalía General del Estado.
Según con la Ley de Asistencia Pública y Privada, así como la Ley del Adulto Mayor, por lo que corresponde a la Subprocuraduría de Protección, Jurídica y de Asistencia Social del DIF atender a este grupo de la población.
