Luego de que se diera a conocer la muerte de dos migrantes y cuatro lesionados más, en un lamentable episodio que involucra a elementos de la Guardia Nacional, el fiscal general del Estado, César Jauregui Moreno, reveló este miércoles en rueda de prensa que el tráfico de migrantes genera ganancias de hasta 100 millones de dólares al mes para los grupos del crimen organizado.
El funcionario describió cómo el aumento del flujo de migrantes ha reconfigurado el escenario en la frontera, afirmando que la migración ya no es la misma que en años anteriores.
Según sus declaraciones, los migrantes están contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento financiero de los grupos del crimen organizado, una realidad que exige una respuesta urgente y efectiva de las autoridades.
Como ha documentado Circuito Frontera, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado y la Mesa de Seguridad y Justicia en Ciudad Juárez, a principios de septiembre en esta frontera se habían rescatado a 113 personas víctimas de este delito.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es el secuestro de personas migrantes, pues de acuerdo con la información con que cuenta la Fiscalía del Estado, al menos 100 personas han sido detenidas por su participación en este tipo de hechos delictivos, dijo Jáuregui Moreno.
Lo anterior subraya la magnitud de la problemática y la gravedad de las amenazas que enfrentan las personas que buscan cruzar la frontera en busca de una vida mejor, agregó.
En tanto que, el fiscal de la zona norte, Carlos Manuel Salas, proporcionó información adicional sobre la creciente violencia en la región.
Señaló que el aumento de los homicidios está relacionado en gran medida con el tráfico de migrantes.
Según Salas, entre un 60 y un 70 por ciento de los hechos violentos tienen vínculos directos con el tráfico de personas, así como la rivalidad entre las bandas del crimen organizado que se dedican a esta actividad.
Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, destacó que las autoridades han logrado ciertos avances gracias a los esfuerzos en prevención, análisis y la colaboración entre los distintos niveles de gobierno.
Afirmó que, en general, los índices delictivos han disminuido en un rango de 80 a 85 por ciento, aunque aún queda un largo camino por recorrer.
La pérdida de vidas y la proliferación de la violencia exigen respuestas efectivas de parte de las autoridades, tanto en la prevención como en la persecución de quienes perpetúan estas actividades criminales.
De tal manera que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno se presenta como una vía para revertir esta peligrosa tendencia y brindar seguridad a los migrantes que buscan una vida mejor en suelo estadounidense.
Luego de que se diera a conocer que un grupo de migrantes fue supuestamente atacado por elementos de la Guardia Nacional, autoridades estatales dieron a conocer este martes pasado que están a la espera de los reportes balísticos, así como la investigación continúa su curso.
En el lugar se localizó a seis personas migrantes afectadas por el tiroteo: dos de ellas que perdieron la vida y cuatro más que resultaron lesionadas, según informó Jorge Armendáriz, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).
Comentó que, sin embargo, debido a las inconsistencias en las declaraciones de las personas migrantes el caso se turnó a la Fiscalía General del Estado, por lo que serán estas autoridades, quienes realicen la investigación correspondiente a este hecho.
En tanto que, el fiscal general del Estado en la zona Norte, Carlos Manuel Salas, dio a conocer en rueda de prensa las identidades de las personas fallecidas.
Dijo que los heridos fueron identificados como Carlos Humberto Rodríguez López, de 19 años; Rigoberto González Chávez, de 28 años; Eduardo García Paredes, de 19 años, de nacionalidad guatemalteca y Raúl de Jesús Hernández Ramírez, de 18 años de nacionalidad hondureña.
También que el conductor del vehículo huyó del lugar del incidente, junto con cuatro mujeres que no resultaron heridas.
El funcionario dio a conocer además que una persona se encuentra en resguardo por este incidente, así como hay otra persona involucrada que aún no ha sido encontrada.
Indicó además que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional puso a disposición cuatro armas largas en relación a este hecho.
Mencionó que según las declaraciones de los lesionados fueron víctimas de una persecución y enfrentamiento armado, aunque no se han encontrado casquillos en el lugar del incidente, ya que el lugar en el que ocurrieron los disparos difiere del sitio donde se encontró la camioneta atascada en los arenales.
Era de madrugada cuando el dolor de las contracciones despertó a Daniela, brincó del suelo donde dormía, en una pequeña casa de campaña improvisada junto a otras en un albergue para migrantes en Tijuana, la antesala a Estados Unidos. La intensidad y la rapidez con que llegaban las punzadas al vientre anunciaban la llegada de Milán, su tercer hijo.
Apenas unas semanas antes, recostada sobre unos carbones dentro del vagón de un tren, donde ella y su familia viajaron por varios días para llegar a la frontera de México con Estados Unidos, pensó en medio de la angustia que, de elegir entre sus hijas y su futuro bebé, las elegiría a ellas.
—Jamás pensé que mi bebé fuera a nacer—, reconoce mientras se soba su panza de ocho meses, sentada en una banca afuera de Partería y Medicina Ancestrales, una organización civil que atiende a mujeres migrantes en la ciudad fronteriza, en la que sería la última consulta antes de que su hijo llegara al mundo el 29 de julio de 2023.
Daniela y sus dos hijas se encuentran en su tienda de campaña en el albergue Movimiento Juventud 2000, en Tijuana, días antes de su parto, en julio de 2023. Foto: Alicia Fernández.
La joven de 21 años vivía junto a su esposo y sus dos hijas menores de ocho años, en El Salvador, pero decidieron irse en febrero pasado, cuando el presidente Nayib Bukele comenzó una persecución que alcanzó a muchos hombres, incluido su esposo, criminalizados por su aspecto.
Para llegar a Tijuana, Daniela y su familia tuvieron que recorrer tramos en moto, caminar varios kilómetros a la orilla de la carretera y por veredas, a temperaturas de más de 30 grados. Pagaron sobornos y durmieron en la calle o hacinados entre cientos de personas en albergues. Subió al tren conocido como La Bestia, en una estación cerca del basurero de Huehuetoca, en el centro de México y a partir de ahí, anduvieron en motos y camiones hasta que llegaron a la frontera norte de México.
Daniela logró llegar al norte mientras que cerca de 22 mil personas fueron deportadas en los tres meses que le tomó recorrer el país. Ella y Milán son sobrevivientes porque ser madre y extranjera en México aumenta las probabilidades de perder el embarazo o de sufrir muerte materna. El registro de muertes fetales en madres extranjeras aumentó 66.2 por ciento en tres años, al pasar de 133 casos en 2020 al de 221 en 2022, según datos de Inegi.
Para esta investigación se solicitaron datos sobre la atención médica a mujeres extranjeras embarazadas en México y otros indicadores de salud reproductiva a las 32 secretarías de salud de los estados del país. Entre los 12 que respondieron, Baja California registró cinco muertes maternas de 2020 a julio de 2023.
Lorena Mena, investigadora y directora del proyecto Continente Movil-Estudios de Migración, asegura que para las mujeres migrantes en condición irregular el acceso a salud reproductiva tiene muchas barreras por falta de información, desconocimiento de sus derechos o porque son discriminadas. Incluso, el personal médico también ignora que es una obligación atenderlas.
“No saben cómo canalizarlas o tienen protocolos inadecuados. Muchas mujeres migrantes que están en albergues prefieren buscar esta atención médica en otros espacios o mediante brigadas médicas, por temor a salir de los albergues porque no tienen recursos para atenderse”, advierte la investigadora.
Ximena Rojas revisa a una mujer embarazada en su consultorio de Partería y Medicina Ancestrales, en Tijuana. Foto: Alicia Fernández.
Ximena Rojas, fundadora y directora de Partería y Medicina Ancestrales, una organización civil que da servicios de salud reproductiva, comenta que mensualmente atienden entre 10 y 15 partos de mujeres migrantes en Tijuana, pero ofrecen consulta de salud reproductiva a más de 200.
La activista advierte que las personas que llegan gestando suelen presentar infecciones urinarias, anemia, estrés y problemas en el crecimiento del producto.
“Mujeres que no están en movilidad y vulnerabilidad tienen menos pérdidas gestacionales”, señala.
Cuando Daniela y su familia llegaron a Ciudad Ixtepec, Oaxaca, tuvieron que dormir hacinados en un albergue, con poca comida ni agua potable. Tenía tres meses de embarazo y sentía que su panza no crecía. Ella se enfermó de diarrea y una infección urinaria.
En uno de los estados más pobres del sur de México, Daniela buscó un centro de salud a través de Google maps y el más cercano que halló estaba a casi una hora de distancia a pie. Cuando llegó, le dijo al personal médico que estaba embarazada y tenía una infección de orina. Le respondieron que necesitaba un estudio de ultrasonido y antibióticos, pero dice que sólo le dieron una receta para comprar paracetamol.
Preguntó por el costo del estudio y era de mil 500 pesos, casi 80 dólares.
—Imagínese, nosotros salimos a pedir dinero para la comida y gastar dos días de comida en una ultra… No vale la pena—, dice mientras intenta calmar a su hija más pequeña.
Daniela prefirió llamar por teléfono a su madre, una enfermera jubilada, quien monitoreaba su embarazo a la distancia. Le dijo que comiera bien y tomara agua. Ella tuvo que soportar el malestar y siguió camino.
Daniela, su esposo y sus hijas llegaron a Tijuana en abril pasado. Una vez instalada en uno de los más de 30 albergues que hay en la ciudad, fue al centro de salud más cercano donde primero se encontró con la burocracia. Le pidieron la Clave Única de Registro de Población (CURP) y un comprobante de domicilio que tuvo que pedir al personal del refugio.
Durante la revisión, recuerda que la enfermera a cargo de tomar sus signos le dijo:
—¿No conoces métodos anticonceptivos? ¿Te vas a esterilizar? ¿Piensas seguir teniendo hijos?.
Daniela jamás regresó, cuando piensa en el trato que recibió, achica los ojos y arruga la mirada, cierra los puños y los agita con fuerza.
—Me molestó mucho cuando me dijo que si no conocía los métodos de anticoncepción.
Otras mujeres del albergue le explicaron que a menos de 500 metros operaba Partería y Medicina Ancestrales. Ahí le dieron medicina natural, un protocolo de vigilancia y la prepararon para un parto en agua. Le explicaron que sería en una casa frente al mar, acompañada de doulas, mujeres que acompañan y asisten las necesidades físicas y emocionales en el parto.
Un letrero indica los servicios de salud sexual y reproductiva que brinda una organización social a personas migrantes en Tijuana. Foto: Gabriela Martínez.
Eran los primeros minutos del 28 de julio cuando las contracciones despertaron a Daniela. Inmediatamente llamó a su partera y le envió un coche y la trasladaron a la casa donde atienden los nacimientos, a unas calles del mar del Pacífico. Durante 24 horas, Daniela fue acompañada con ejercicios de respiración, alimentos y el canto de un grupo de mujeres.
—¿Me cantan?— les dijo. Y le cantaron —Nunca me imaginé que yo pudiera vivir algo así.
Faltaban apenas unas horas para la llegada de Milán, y Daniela estaba parada a la orilla de la cama, a su lado tres doulas le cantaban mientras ella meneaba sus caderas, inhalaba y exhalaba, mientras le ayudaban a mecer sus caderas.
—Bebé va a llegar, todo está bien—, le decían.
Milán llegó cobijado por la noche. Dentro de una pequeña alberca con agua tibia, apenas habían pasado un par de minutos desde que Daniela parió, cuando ya se preguntaba si mujeres como ella, migrantes, también tendrían la suerte de vivir un parto digno.
Daniela, migrante salvadoreña, acaba de dar a luz a Milán, su tercer hijo en Tijuana, asistida por Ximena Rojas, partera y fundadora de Partería y Medicinas Ancestrales. Foto: Alicia Fernández.
Ahora, con su bebé en brazos, piensa que de su travesía sólo quedan aquellos recuerdos del miedo que sintió de abortar. En medio de su recorrido tenía que elegir quedarse o continuar, aún con el riesgo de no lograr su embarazo. Y ella eligió.
“Pensé que no iba a llegar… pensé: lo voy a perder y voy a tener que decidir el de adentro o las dos de afuera… Fue bien fuerte pero no teníamos de otra… teníamos que seguir avanzando”. Y avanzaron.
After it was reported that a group of migrants were allegedly attacked by elements of the National Guard, state authorities announced this past Tuesday that they are awaiting ballistic reports, as well as the investigation continues its course.
According to preliminary information, the migrants were traveling aboard a Ford Expedition truck, with the intention of allegedly crossing into the United States illegally, when they were shot at in the desert of Ejido de San Jeronimo, apparently by members of the National Guard.
Six migrants were located at the scene of the shooting: two of them were killed and four more were injured, according to Jorge Armendariz, spokesman for the State Public Security Secretariat (SSPE).
However, due to inconsistencies in the statements of the migrants, the case was turned over to the State Attorney General’s Office, and it will be these authorities who will carry out the corresponding investigation.
Meanwhile, the Attorney General of the State in the Northern Zone, Carlos Manuel Salas, announced in a press conference the identities of the deceased persons.
He said that the injured were identified as Carlos Humberto Rodríguez López, 19 years old; Rigoberto González Chávez, 28 years old; Eduardo García Paredes, 19 years old, of Guatemalan nationality and Raúl de Jesús Hernández Ramírez, 18 years old, of Honduran nationality.
Also that the driver of the vehicle fled the scene of the incident, along with four women who were not injured.
The official also announced that one person is in custody for this incident, as well as another person involved who has not yet been found.
He also indicated that personnel from the Secretary of National Defense made available four long arms in relation to this incident.
According to the statements of the injured, they were victims of a chase and armed confrontation, although no shell casings have been found in the place of the incident, since the place where the shots were fired differs from the place where the truck was found stuck in the sandbanks.
Un grupo de migrantes de Honduras y Guatemala que, presuntamente pretendían cruzar a Estados Unidos de manera ilegal, fueron atacados a balazos durante la tarde del martes, en el desierto del Ejido de San Jerónimo, aparentemente por elementos de la Guardia Nacional.
Seis personas migrantes se vieron afectadas en el tiroteo: dos de ellas perdieron la vida y cuatro más resultaron lesionadas, quienes acusaron a los elementos del Ejército de haber perpetrado el ataque, según trascendió de manera extraoficial, al momento de ser socorridos por agentes policiacos.
Migrantes lesionados siendo socorridos por paremédicos de la Cruz Roja / Foto: Redacción
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), las personas en movilidad fueron localizadas sobre una brecha en un vehículo Ford Expediton en color guinda, en donde se encuentra un hombre herido en la parte del copiloto, así como uno más en la parte trasera, aunque ya sin signos vitales.
En el lugar se encontraron también tres hombres lesionados y uno más sin vida debajo del vehículo, así como los masculinos lesionados refirieron ser migrantes, informando que las detonaciones se las realizan estando en persecución.
Al lugar acudieron paramédicos de la CRUM y Cruz Roja, junto con personal Agencia Estatal de Investigación, para brindar la atención médica a los heridos.
Al respecto, por la ayer noche la Guardia Nacional se deslindó de los hechos, indicando a través de un comunicado que «no se tiene información sobre el particular. Se está corroborando la información y por el momento tanto personal del Ejército Mexicano como de la Guardia Nacional, se deslindan de los supuestos dichos de agresión a migrantes”.
La camioneta en la que viajaban las personas migrantes cuando supuestamente fueron atacados por elementos de la Guardia Nacional / Foto: Redacción
Sin embargo, la mañana de este martes, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entregó a la Fiscalía General del Estado las armas de un pelotón que supuestamente estuvo involucrado en el atentado.
Militares del Noveno Regimiento acudieron a la Fiscalía General del Estado Zona Norte a entregar al menos 12 fusiles de asalto, cargadores y municiones. De igual forma, transcendió que el pelotón no está identificado, pero que también los elementos serán entregados a las autoridades correspondientes.
Una de las versiones que ha rondado es que los dos caídos se trataban de uno de los migrantes y del supuesto pollero que los iba a cruzar.
De acuerdo con la información proporcionada por la SSPE a este medio, se trata de cuatro personas lesionadas: un hombre originario de Honduras, quien presenta 2 heridas en la pierna izquierda; un hombre originario de Guatemala, quien presenta una herida en la pierna derecha; un hombre originario de Guatemala, quien cuenta con una herida en la pantorrilla izquierda y un hombre más también de Guatemala con lesiones en los brazos y piernas.
Así como dos hombres más sin vida, cuya identidad ni origen fue revelado.
“Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women ‘s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas”.
Tapachula, Chiapas.- Mujeres migrantes escapan de la violencia que viven en sus países de origen, principalmente en el triángulo norte de Centroamérica, pero también enfrentan riesgos en su paso por México con el fin de llegar a Estados Unidos. Violaciones, trata, explotación sexual y embarazos no deseados son parte de las amenazas que enfrentan, de acuerdo con los testimonios que compartieron para esta investigación.
Varias mujeres fueron entrevistadas en el albergue Jesús El Buen Pastor, ubicado en Tapachula, Chiapas, en la frontera sur de México, donde se concentra la mayoría de los migrantes que provienen de la ruta de Centroamérica, al ser un paso obligado rumbo al norte del continente. Se trata de un sitio con espacio para al menos mil migrantes, pero que trabaja por encima de su capacidad.
Enclavado en la periferia de la ciudad, es uno de los pocos refugios, pero el más grande que hay en la región. Tiene una construcción de un solo piso, con varios salones en los que se divide el espacio entre hombres, mujeres, mujeres con sus niños y embarazadas, incluso hay un cuarto para aquellos que se recuperan de alguna convalecencia.
El espacio se invade con el humo de las ollas que hierven todo el día sobre un asador al aire libre en una cocina que se comparten por horarios. Los niños andan entre los pasillos alargados, corren de un sitio a otro y los gritos atraviesan las paredes de concreto. Un gallo que se cree perro también vigila el sitio, donde mujeres narran los motivos que las obligaron a migrar.
No quiero que me violen
Joanna es una joven hondureña que llegó a Tapachula, Chiapas, hace apenas unas semanas, en el verano de 2023, una de las temporadas más calurosas del año.
Una de sus prioridades era comprar “la pastilla anti-violación”, como es conocido entre las centroamericanas el medicamento que guardan durante su trayecto rumbo al norte de México. Se trata de una pastilla que usan como anticonceptivo de emergencia para evitar un embarazo en caso de sufrir algún abuso sexual.
Tras cruzar el río Suchiate, una familia se recuesta sobre piezas de cartón en un parque público, en medio de una tormenta en Chiapas. Foto: Alicia Fernández.
Según la marca, una o dos pastillas que deben ingerirse en no más de 72 horas después de la relación sexual son suficientes. Su costo regular en cualquier parte de México no rebasa los 200 pesos (unos 10 dólares).
— Uno escucha historias, unas chicas me han contado que las abusaron, que les hicieron la maldad en el camino y yo no quiero.
Joanna no sabe dónde comprar el medicamento y tampoco tiene dinero, además le han dicho que debe tener cuidado al salir porque la ciudad ya no es un espacio seguro para mujeres y menos si son migrantes.
No me quiero embarazar
Gelsy, de 19 años, también viaja sola desde Honduras porque el dinero no le alcanzó para pagar los gastos de otros miembros de su familia. Ella parió a una niña que actualmente tiene 4 años y que dejó en su país. Después de ese embarazo quiso operarse para ya no tener más hijos, pero en el hospital se negaron a hacerlo porque era menor de 21 años.
Antes de reiniciar su camino a Estados Unidos, quiere comprar una pastilla de emergencia o anticonceptivos, para evitar un embarazo no deseado o interrumpirlo, en caso de que sufra un abuso sexual.
En México no hay un registro de cuántas mujeres migrantes se encuentran gestando. Foto: Gabriela Martínez.
Aunque hizo amigas dentro del refugio, siempre se mantiene alerta ante la presencia de los hombres, intenta no salir ni siquiera del cuarto donde duerme y cuando lo hace, es porque necesita comprar comida. Planea ir a una farmacia con otras migrantes para comprar sus pastillas de emergencia o una inyección anticonceptiva, lo harían juntas porque les han advertido que Tapachula ya no es un lugar seguro para las mujeres.
El embarazo no deseado no es su único temor, sabe que hay una probabilidad muy alta de ser agredida sexualmente, pero está dispuesta a enfrentar el riesgo para migrar.
La responsable de Médicos sin Fronteras -Base en Tapachula- Karolix Zambrano Koop, reportó que durante el primer semestre de 2023 al menos 70 mujeres atendidas por los voluntarios de esa sede fueron víctimas de abuso sexual, de ellas, seis agresiones ocurrieron en las últimas 72 horas desde que recibieron la atención.
Zambrano lamenta que sean las mujeres migrantes quienes asumen la responsabilidad de su seguridad durante su paso por México, donde corren el riesgo de ser víctimas de abuso o explotación sexual o, incluso, asesinadas.
“Que una mujer asuma que será violada y aun así prefiera migrar dice mucho de cuáles son las condiciones que están dejando atrás”, advierte Zambrano, desde su oficina en el centro de Tapachula, a unas calles en donde cientos de migrantes se concentran en un parque público. “Las mujeres tampoco han tenido acceso a servicios de salud sexual ni información”.
Zambrano comanda la oficina central de la organización internacional en el sur de México, desde donde define cuáles serán los lugares donde trabajarán los voluntarios. También supervisa los campamentos médicos y las instalaciones en los puntos de mayor necesidad, como estaciones del tren y los campamentos improvisados por los migrantes.
Para esta investigación se solicitó entrevista con autoridades del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de las Mujeres, pero no se obtuvo respuesta de forma inmediata.
Las mujeres migrantes se vuelven responsables de su propia seguridad mientras se encuentran en tránsito por México. Foto: Alicia Fernández.
La dirigente de la Fundación Chiapaneca para Mujeres Migrantes (Chimumi), Fabiola Díaz, asegura que a las mujeres migrantes les cuesta trabajo ahorrar dinero para encontrar y comprar sus anticonceptivos o pastillas de emergencia, pero que suelen ayudarse entre ellas y se comparten información para cuidarse entre todas.
Algunas de ellas, refiere, no saben que tienen derecho a un aborto seguro en los servicios de salud del estado y llegan a acudir con curanderos para interrumpir un embarazo.
“Los abortos los han hecho clandestinos, con pastillas o yerbitas y optan ir con curanderos locales”, advierte.
Me querían prostituir
Elena es una mujer hondureña que viaja con su hija para huir de la violencia en su hogar y se acompañan con una amiga que tiene dos hijos más.
Pero la violencia terminó por alcanzarlas. Cuando llegaron a Guatemala, el pollero le cobró para ayudarlas a cruzar la frontera y luego las abandonó en el camino. Luego, un grupo armado les robó lo que tenían y las dejó sin nada. Caminaron hasta un lugar donde las alcanzó la noche, pidieron ayuda en un hotel donde le dijeron que no había albergues, pero que, si querían hacer uso de un cuarto, se podían prostituir.
—Nos dijeron que esa es la única forma que pueden llegar hacia allá, prostituyéndose… porque se necesita dinero—, dice Elena mientras un par de lágrimas caen al recordar las agresiones y el miedo al que estuvo expuesta.
—Yo no acepté —insiste—. No lo hice. ¿Cómo lo haría?, pero otras sí.
Yo no quiero que me maten
Alicia dejó Honduras y escapó a Tapachula porque la rabia de su esposo la persigue. Dice que la intentó matar, sobrevivió y teme que dé con ella.
Ella también vive en el albergue El Buen Pastor y trabaja en la cocina donde le pagan 600 pesos a la quincena (unos 30 dólares). Con ese dinero compra comida para ella y sus dos hijos, una pequeña de no más de cinco años y un bebé que anda entre los pasillos del refugio en pañal y con unas sandalias crocs que se le escapan de los pies.
La joven migrante habla mientras cubre su rostro con su cabello alborotado, justo donde se asoma una cicatriz de la última golpiza que le dio el padre de sus hijos, un trailero que le rompió el pómulo y la quiso matar.
—Mejor me escondo para que no me alcance.
Alicia todavía recuerda cuando su agresor la tiró al piso y, con el rostro hecho pedazos y casi desfigurado, ella agarró algunas cosas, tomó a sus hijos de la mano y no miró atrás, pensó solamente en irse de ahí y llegar a Estados Unidos.
Una joven de Honduras es sobreviviente de violencia doméstica y busca lograr una vida mejor en Estados Unidos. Foto: Alicia Fernández.
No habla de su identidad, prefiere cambiar su nombre. Cuando puede, se comunica con su familia, pero no lo hace todo el tiempo, tiene miedo de continuar su camino en medio de las historias de violencia que ha escuchado dentro del albergue, pero tiene más miedo de quedarse donde, dice, la muerte la espera segura.
Obligadas a parir
En diciembre de 2022, Devora fue abusada sexualmente en su país. Compró una pastilla abortiva en El Salvador, pero un mes después de la agresión se enteró que estaba embarazada. Aunque pensó en la posibilidad de interrumpir su embarazo con otro método, la idea se esfumó porque abortar es un delito que se castiga con prisión en su país y porque ella y su familia son cristianos. Pensar en el rechazo de su madre y su hermano la frenó.
Sin más opción que parir, mejor se fue.
A sus 30 años, sola, dejó El Salvador en junio de 2023 con la intención de cruzar México para llegar a Estados Unidos. Ella había escuchado de otras personas que en territorio mexicano había secuestros, desaparecían gente y que las mujeres sufrían abuso sexual, pero pensó que ella ya no tenía nada que perder.
—Tenía miedo a la delincuencia… que me desaparecieran, un asesinato… porque ya como que a un abuso o algo así… no. Sí sabía que tal vez podría pasar, pero es un riesgo que una toma… no sentía miedo como una mujer que pueda perder algo.
Aunque Devora llegó al albergue El Buen Pastor en Tapachula, logró avanzar y llegar hasta Reynosa, Tamaulipas, en el norte del país. El 5 de agosto de 2023 cruzó a Estados Unidos donde alcanzó a su madre y su hermano, quienes la acompañaron en su parto.
