El 2 de octubre de 1968 cientos de estudiantes estuvieron a la intemperie, descalzos y en ropa interior, a la merced del Ejército en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas, es la historia de una noche llena de murmullos, de gritos y de balas: la matanza de Tlatelolco.
A más de cinco décadas de la masacre, documentos desclasificados por los gobiernos de México y Estados Unidos revelan que el gobierno estadounidense sabía del movimiento estudiantil en México. Pero también que el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, planeaba acabar con las protestas estudiantiles con toda la fuerza del Estado Mexicano.
La CIA, el FBI, el Departamento de Estado e incluso la Embajada evidencian que Washington recibió información durante meses sobre las protestas en 1968, de acuerdo con documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos (National Security Archive por su nombre en inglés) y el Archivo General de la Nacional de México.
También revelan la intención que tenía el mandatario mexicano de sofocar el las manifestaciones antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México.
Y es que, el gobierno estadounidense veía a México como un aliado estratégico, cuando a nivel internacional estaba vigente la Guerra Fría con la Unión Soviética.
Los informes, publicados por el National Security Archive de la Universidad George Washington, detallan que diplomáticos y agentes de inteligencia informaron a la Casa Blanca sobre la tensión creciente en las universidades, la infiltración de provocadores y también el plan del régimen mexicano para desplegar francotiradores en la Plaza de las Tres Culturas.
Luis Echeverría Álvarez
La versión oficial del presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, era culpar a los propios estudiantes de disparar en contra del Ejército, una teoría que se sostuvo durante años como un relato incuestionable en el discurso oficial.
Sin embargo, los reportes enviados desde la embajada estadounidense y desde oficinas de inteligencia en México describen que las órdenes de abrir fuego y provocar el enfrentamiento provinieron del círculo más cercano al presidente: el secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez.
Éste último, quien ocupara la silla presidencial de 1970 a 1976, en el 30 aniversario de la masacre sería procesado por crímenes de lesa humanidad como genocidio y desaparición forzada de persona, además de que pudo comprobarse su responsabilidad en la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República lo liberó en el 2009 “a reservas de la ley”, aunque no fue exonerado, falleció en el 2022 con una averiguación previa abierta en su contra.
Versión oficial
La masacre registrada la noche del 2 de octubre de 1968 dejó cientos de muertos y cientos de desaparecidos, aunque la cifra oficial ha sido minimizada desde entonces (estimada en más de 300) durante décadas, el Estado Mexicano sostuvo que los estudiantes fueron quienes provocaron al Ejército.
Los testimonios de sobrevivientes y denuncias de periodistas se reafirmaron con la desclasificación de los archivos: la operación fue planeada por la Presidencia de México y ejecutada por francotiradores ubicados en edificios cercanos a la Plaza de las Tres Culturas.
Los reportes de diplomáticos y de agentes de la inteligencia estadounidense detallaron la preparación del operativo militar y confirmaron que la represión fue parte de una estrategia diseñada para neutralizar al movimiento estudiantil, ya que representaban un “riesgo político”.
Aunque el interés de Washington no consistía en evitar una masacre sino en asegurarse de que el gobierno mexicano mantuviera la estabilidad interna y su alineación con la política exterior estadounidense.
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De manera que, lejos de cuestionar al régimen mexicano, Estados Unidos mantuvo la cooperación con México, puesto que la prioridad era preservar la relación bilateral, especialmente en temas de seguridad y control de movimientos que interpretados como simpatías hacia el comunismo.
Declaratoria M68
En el 2021, durante el sexenio del entonces presidente de la República Vicente Fox Quesada se decretó que las dependencias federales debían entregar documentos sobre la represión política de 1968 al Archivo General de la Nación, con el fin de atender las cientos de desapariciones forzadas documentadas por la CNDH.
Sin embargo, al concluir su gobierno, cerca de 10 mil documentos sobre la masacre de 1968 quedaron en reserva; otros se extraviaron y distintas instancias incurrieron en desacato, al negarse a liberar expedientes clave relacionados con la represión estudiantil.
No fue hasta el 10 de octubre de 2018 cuando el INAI emitió la Declaratoria M68: Archivo sin reservas y, con ello se abrió el acceso a documentos de la Dirección Federal de Seguridad, de la PGR y de la antigua Procuraduría capitalina.
Más de medio siglo después, la desclasificación dio acceso libre a más de 100 mil objetos vinculados a los movimientos sociales, políticos y culturales más significativos de México, desde 1968 hasta la fecha.
Los archivos desclasificados evidenciaron que la masacre de Tlatelolco fue un crimen de Estado, pero también que se trató de un tablero geopolítico, donde un genocidio fue tolerado desde el exterior.
Esta fecha es un día de duelo nacional y un recordatorio de la lucha por la verdad. Esa noche en que cientos de estudiantes perdieron la vida en la Plaza de las Tres Culturas y cientos más desaparecieron se ha quedado en la memoria colectiva del pueblo mexicano.
Esa noche llena de murmullos, de gritos y de balas sigue viva, pues “El 2 de octubre no se olvida”.
