El estado de Chihuahua ocupó el cuarto lugar a nivel nacional durante el 2021 en cuanto homicidios dolosos, con una cifra de 2 mil 743 asesinatos en el estado, según con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El reporte arrojó que los diez estados con el mayor número de homicidios dolosos son: Guanajuato, Baja California, México, Chihuahua, Michoacán de Ocampo, Jalisco, Sonora, Zacatecas, Guerrero y Morelos, en ese orden.
En este sentido, Guanajuato fue el que mayor número de asesinatos registró durante el año pasado con 4 mil 333, mientras que el estado de Yucatán el que menos incidentes de esta ídole tuvo con 55 homicidios en todo el 2021.
De acuerdo con las estadísticas presentadas por la institución, durante el año pasado se reportaron 35 mil 625 homicidios en México; es decir, una razón preliminar de 28 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.
El mismo reporte, pero del 2020 arrojó que en ese año fueron asesinadas 35 mil 644 personas en México. De ese total, el 88 por ciento fueron hombres; el 11 por ciento fueron mujeres y en un 1 por ciento de los casos no se pudo identificar el sexo de la víctima.
Además que el número de homicidios dolosos en el país sufrió un aumento desde el 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto, que pasó de 24 mil 559 (en el 2016) a 32 mil 79.
Sin embargo, desde el inicio del sexenio del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, la estadística de este delito se han mantenido en más de 35 mil asesinatos por año.
En el 2019, en el país se contabilizaron 35 mil 588 víctimas, con una tasa de 27 homicidios por cada 100 mil habitantes; en el 2018 (el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto), esta cifra a nivel nacional fue de 35 mil 964 homicidios, lo cual se traduce a una tasa de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes.
En el 2017, en México registraron 32 mil 79asesinatos de hombres y mujeres, así como en el 2016 fueron 24 mil 559, reportó el INEGI.
Las estadísticas anteriores revelan que, a partir de la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, es decir, en su tercer año, el número de homicidios dolosos en el país comenzó a aumentar.
El INEGI dio a conocer en su último reporte, correspondiente al 2021, que de enero a diciembre de 2021 se registraron 35 mil 625 homicidios en México, lo cual significa una tasa de 28 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. Aunque esta tasa es menor a la registrada en el mismo periodo del 2020, que fue de 29homicidios por cada 100 mil habitantes.
Las presentes cifras se derivan de las Estadísticas de Defunciones Registradas y provienen de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas que generan las entidades federativas y que el INEGI recopila mensualmente.
Como fuentes informativas se consideraron las 352 Oficialías del Registro Civil, 105 Servicios Médicos Forenses y 260 Agencias del Ministerio Público que tuvieron, al menos, un registro de homicidio. También se incluyó la información de homicidios que resulta del avance en el proceso de confronta entre el INEGI y la Secretaría de Salud.
No son humanos, pero cuentan con días buenos y malos, desarrollan habilidades de búsqueda que podrían superar las de cualquier investigador y, al final del día, su labor fue sólo un juego para ellos.
Se trata de los agentes caninos entrenados K-9, cuyo servicio son requeridos y altamente valorados en la búsqueda de drogas.
Esteban Vázquez, de 35 años, es un entrenador e inspector canino con 6 años de experiencia, quien trabaja con una empresa transportista de la localidad.
Explica que en este lugar, los dones de los perros entrenados son utilizados para la búsqueda de drogas y armas en las unidades de transporte.
“Los K-9 ya vienen hechos, entrenados para que busquen lo que sea, anfetaminas, cocaína (…) ellos me motivan a venir cada día, me divierto con ellos”, expresó.
En esta unidad de inspectores hay 16 agentes caninos, qué en medio de sus búsquedas durante la jornada diaria, toman descansos en los que se dedican a jugar y divertirse entre ellos.
Al entrenador le proporcionan un equipo básico de protección, que incluye desde guantes y hasta juguetes para poder llamar la atención de los perros.
Enrique Domínguez, inspector del área, explica que tiene 19 años trabajando en la misma compañía que Esteban.
En esta, dijo, se dedican a la entrenar personas para que a su vez puedan entrenar y trabajar con agentes caninos.
Respecto a estos, especifica que existen dos tipos de agentes perrunos, los que tienen un solo propósito, y los que tienen dos a la vez. Los primeros se dedican sólo a olfatear, mientras que los segundos olfatean, pero también pueden defender y atacar.
“Además, todos los días les hacemos una prueba de eficiencia, para saber si tienen ganas de trabajar; como todos los seres vivos tienen días buenos y malos, el día que a lo mejor no tienen ganas, necesitan descansar o se sienten enfermos, son relevados por algún otro compañero”, explicó.
En lo relacionado a los entrenadores, dijo que se requería de tener mucha paciencia, buena actitud y sobretodo empatía con los animales.
Esteban reitera que, al finalizar el día, su trabajo formal se convierte en su actividad favorita, pues se siente bastante feliz de poderse comunicar con los perros, y sentirse comprendido por ellos.
Desde el inicio de la pandemia a la fecha, una de cada tres pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el país cerraron, de acuerdo con datos del INEGI, según presentó en un reporte mensual la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
El organismo empresarial informó que los micro y pequeños negocios son el motor de la economía de México, aunque son éstos quienes enfrentan el más desafiante escenario y son quienes más apoyo requieren.
A través del reporte “Señal Coparmex” se dio a conocer que de los 4.9 millones de establecimientos que el INEGI identificó con los Censos Económicos 2019, el 99.8 por ciento son MiPyMEs.
Esto significa que 99 de cada 100 empresas del país tienen este perfil: el 95 por ciento son micro empresas (Con 0 a 10 colaboradores); 4 por ciento son pequeñas (11 a 50 colaboradores), mientras que el 0.8 por ciento son medianas (51 a 250 colaboradores).
También que el INEGI reveló que desde el inició de la contingencia sanitaria por Coronavirus un millón 583 mil 930 micro, pequeñas y medianas empresas cerraron a consecuencia del Covid-19. Sin embargo, durante este periodo solo el 7 por ciento de las MiPyMEs en México pudieron acceder a apoyo del gobierno, mientras que el promedio de la OCDE fue de 33.6 por ciento.
El reporte de Coparmex refiere además que estas empresas generan el 52.2 por ciento de los ingresos de las empresas y los establecimientos en el país. En particular, 14.2 por ciento fueron producidos por las microempresas; 16.1 por ciento por las pequeñas y el 21.9 por ciento por las medianas.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al menos 24.1 millones de personas ocupadas se encuentran en establecimientos MiPyMEs, lo cual representa el 43 por ciento del empleo total y el 82 por ciento del empleo generado por empresas.
*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Edna Xóchitl López González desapareció el 26 de agosto de 1991 en Torreón, Coahuila, a la edad de ocho años. Silvia Stephanie ‘Fanny’ Sánchez Viesca el 5 de noviembre de 2004, también en Torreón, a los 16 años. Brandon Esteban Acosta Herrera el 29 de agosto de 2009 en Saltillo, poco antes de cumplir los nueve años.
El contexto y las circunstancias de estas desapariciones son distintas, más tienen algo en común: corresponden a menores de edad y fueron tratadas por las autoridades sin ninguna consideración por esa condición.
Los casos de las niñas torreonenses coinciden además en que a pesar de haber tenido gran cobertura mediática nacional e internacional, no aparecen en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) que el pasado 16 de mayo rebasó la cifra de los 100 mil.
Los colectivos que integran el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos han manifestado que esa cantidad, en sí alarmante, no refleja la verdadera problemática de la desaparición México, y la invisibilización en conteos oficiales de historias tan públicas como las de Edna y Fanny confirma que estamos lejos de llegar a un número confiable.
“Definitivamente no están todos los casos; si nos están informando que hay 100 mil desaparecidos, yo te puedo asegurar que hay mínimo 150 mil”, dijo María Elena Solís Gutiérrez, fundadora y presidenta de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos A.C. (AMNRDAC) al ser entrevistada sobre el tema.
Coincide con ella Ariana Denise García Bosque, representante legal de la asociación Familias Unidas, de Piedras Negras, Coahuila, quien señaló que las autoridades ni siquiera han explicado el proceso de contabilización.
“Yo, honestamente, no creo en el registro. ¿En quién vamos a confiar? ¿En las fiscalías de los estados que pasan esta información, cuando no hay quién vigile el registro que hacen ni la clasificación de las desapariciones?”.
La tarde del 5 de noviembre de 2004 Silvia Stephanie ‘Fanny’ Sánchez Viesca, de 16 años, salió de su casa y desde entonces su familia no la ha vuelto a ver. Lo último que se supo de ella fue que acudió a casa de una amiga a pedirle dinero prestado porque le habían robado lo del camión.
En casi 18 años, la investigación en torno a Fanny ha sido abordada como secuestro, trata y desaparición, pero no ha dejado huella en la base de datos de la Federación conformada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Silvia Ortiz ha buscado a su hija Silvia Stephanie «Fanny» Sánchez Viesca desde hace casi 18 años. Crédito: Grupo VIDA
Esto pese a que, de acuerdo con sus filtros, la plataforma incluye los siguientes delitos: desaparición cometida por particulares, desaparición forzada de personas, feminicidio, homicidio, otros delitos que atentan contra la libertad personal, rapto, secuestro, tráfico de menores, trata de personas y otros delitos vinculados con la desaparición de personas.
Silvia Ortiz, madre de Fanny y vocera del Grupo de Víctimas por Nuestros Derechos en Acción (VIDA), ha señalado la exclusión de su hija en esa contabilización.
El argumento que le dieron fue que la Fiscalía General de la República (FGR) investigaba un posible caso de trata de personas.
La realidad es que, independientemente del delito, Fanny está desaparecida y no está en el registro, lo que ejemplifica la invisibilización de las niñas, niños y adolescentes en el tema de las desapariciones.
“Es algo que he estado peleando en esta búsqueda de mi hija. Se plantea la situación de la guerra contra el narco y los adultos, pero a los niños no los han hecho visibles como debe ser”, aseguró Silvia.
Para Tanía Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la ausencia en el registro de casos tan mediatizados denota la falta de coordinación entre autoridades.
“Imagino ese expediente siendo atendido con impericia y desconocimiento, es ahí donde se materializa que trabajan sin una claridad de qué hacer con esos casos”, dijo la directora al enterarse de que Fanny no está incluida en el conteo.
Los padres de Fanny, Óscar Sanchez Viesca y Silvia Oritz la siguen buscando desde hace casi 18 años. Crédito: Archivo Francisco Rodríguez
Tania Ramírez criticó que la autoridad aún les diga a las familias que esperen a sus hijos 24 horas porque “a lo mejor regresan”, cuando es sabido que la ley prevé que tratándose de niñas y niños las primeras horas son vitales.
“Estas inercias institucionales hablan de que el Estado mexicano no ha tomado con la seriedad correspondiente la atención de estos casos”, añadió Ramírez.
Diferentes caras de una misma tragedia
En abril del presente año la REDIM alertó sobre el incremento de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, una crisis que la sociedad suele ignorar.
Ramírez Hernández detalló que, de acuerdo con una revisión al RNPDNO (que maneja datos desde 1964), se han reportado 82 mil 328 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, de los que 16 mil 368 siguen sin ser encontrados.
Señaló que las cifras muestran cómo ha cambiado el fenómeno a lo largo de los años y las condiciones sociopolíticas del país. El mayor impacto se dio con la irrupción del crimen organizado a partir del sexenio de Felipe Calderón.
Durante la llamada guerra contra el narco comenzó a aumentar el número de desapariciones y llegó a su pico en el período de Enrique Peña Nieto con seis mil 103 menores sin localizar.
En el sexenio actual se percibe una tendencia a la alza, aunque no muy significativa, con cinco mil 102 niñas, niños y adolescentes desaparecidos entre enero de 2019 y abril de 2022.
Además, es preocupante que a partir de 2021 el porcentaje de menores localizados con vida se haya reducido de 80 a 70.
Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas
En los más de 25 años de trabajo de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos A.C. (AMNRDAC) María Elena Solís Gutiérrez ha sido testigo de cómo se ha transformado el fenómeno de las desapariciones de menores.
En 1995 una banda dedicada al robo de niños se llevó a su nieta de dos años. Contó que entonces la sustracción de menores era mayormente para adopciones ilegales, pero a partir de 2009 el fenómeno cambió y alcanzó niveles alarmantes.
Indicó que ahora la problemática está ligada al crimen organizado, que se vale de las redes sociales para llevarse a adolescentes con falsas promesas.
“Otro joven se lleva al joven, se comunica con él, han llegado hasta sus domicilios para llevarlos al norte y después no sabemos de ellos”, detalló la Solís Gutiérrez.
La activista añadió que el factor delincuencia organizada complica el rescate de los adolescentes porque se reduce la difusión de los casos, ya que aumenta el riesgo de que les quiten la vida.
Solís lamentó que el Estado deje de lado el principio constitucional de interés superior de la niñez e hizo un llamado al presidente para que trabaje por la seguridad de las infancias.
En el marco de la XI Marcha Nacional de la Dignidad el pasado 10 de mayo, integrantes de diferentes colectivos de búsqueda de desaparecidos se pronunciaron por la problemática que afecta a las infancias. Crédito: Centro de Derechos Humanos «Fray Juan de Larios».
Hacerse una idea exacta del panorama de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos en México es complicado, pues las autoridades tienen criterios distintos para registrar una desaparición y no todas comenzaron el conteo en la misma fecha.
Cifras oficiales no cuadran
Por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda, que alimenta el registro federal, tiene información de menores desaparecidos en Coahuila desde 2000 y la Comisión de Búsqueda de Coahuila desde 1994.
Esto se constató cotejando los datos de ambas instancias, obtenidos a través de solicitudes de información, con los de la plataforma interactiva del RNPDNO.
En esta entidad la autoridad federal tiene reportados 691 menores de 0 a 17 años de edad con el estatus de desaparecidos, no localizados y localizados entre el 2000 y 2021. Mientras que la dependencia coahuilense reportó mil 989 niñas, niños y adolescentes desde 1990 hasta 2021, de los cuales 209 no han sido ubicados.
En tanto, las fiscalías de Coahuila y la General de la República comenzaron el conteo de personas desaparecidas en 2001.
La información obtenida vía transparencia muestra parte de sus bases de datos, aunque la dependencia estatal no proporcionó el reporte completo de menores de 11 a 17 años y juntó en sus cifras a personas de 18 a 20 años.
Con respecto a la actualización de datos que comparte Coahuila al RNPDNO, el fiscal General, Gerardo Márquez Guevara afirmó que es diaria y que dan prioridad a este registro en todo momento.
“Estamos privilegiando este registro, está en ciernes y no ha alcanzado el cien por ciento, pero a nivel nacional. En Coahuila somos referentes en el trabajo en materia de desaparecidos, no quiero decir que en resultados, pero en trabajo sí, bajo el impulso de las familias de los colectivos”, comentó el fiscal.
El funcionario aseguró que instituciones como la fiscalía, los centros de justicia para las mujeres y la PRONNIF trabajan de la mano en estos casos y que se inicia la búsqueda en las primeras horas.
“Inmediatamente que la familia advierte la ausencia de un familiar menor de edad, niño, niña, mujer u hombre da aviso a la autoridad y hay varias instancias, regularmente es la FGEC. Una vez que se da vista, se levanta el reporte para las redes sociales y el resto de los organismos para la búsqueda”, indicó Márquez Guevara.
Destacó que hay un protocolo especial para la búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes y la forma de registrarlos depende de cómo avancen las investigaciones.
“Se registra como no localización y, después de un tiempo determinado, como desaparición. Depende de la búsqueda y los días, pues hay ocasiones en que se tarda la localización, pero se tienen datos de que se encuentra en alguna parte con un familiar o amigo”, explicó el fiscal de Coahuila.
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos vía transparencia a tres dependencias
Sin embargo, no todos creen en el trabajo en equipo entre las instituciones.
Falta de coordinación entre instituciones
Activistas coinciden en que parte del problema de las desapariciones de menores es que la falta de coordinación entre instituciones de diferentes órdenes de gobierno impide el registro puntual y la búsqueda adecuada.
Silvia Ortiz, madre de Fanny y vocera del grupo VIDA, señala que existe un personal muy limitado para la alerta AMBER en Coahuila y su implementación es burocrática.
“Hay una sola persona que está llevando esto. Desde ahí estamos mal, se ve la falta de interés para la búsqueda de los menores”, agregó Silvia Ortíz.
También la abogada Ariana Denise García Bosque, de Familias Unidas, enumeró entre las deficiencias de la alerta que sea temporal y que no esté ligada a una estrategia de búsqueda con las corporaciones policíacas de la entidad.
Dijo que la encargada de esta alerta en Coahuila le explicó que el mecanismo sólo funciona unos días y luego se retira, incluso si el menor no es localizado.
“¿Entonces cómo vas a continuar esa acción de búsqueda si ésta alerta, que se supone que es inmediata, deja de publicitarse o buscar?”, consideró García Bosque.
Por su parte, la fundadora de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos A.C, María Elena Solís, dijo que algunas comisiones de búsqueda y fiscalías sí colaboran con las organizaciones y colectivos de búsqueda, pero existen casos en que no hay coordinación.
“Nosotros solicitamos a la comisión de Guanajuato la ayuda para recuperar una niña y nunca obtuvimos la respuesta”, dijo la activista.
La observación de Ariana Denise García Bosque va más allá de las fiscalías y comisiones, pues en Familias Unidas han llevado casos de menores de edad sin acta de nacimiento que asisten a clases, lo que habla de una problemática en la funcionalidad de las instituciones públicas.
“¿Cómo detecta una primaria que un niño no tiene acta de nacimiento y está inscrito, si no le puede coartar el derecho de asistir? Tienes que verlo con un trabajo social, inclusive la obligación de la escuela de denunciar que no tiene esa acta”, destacó García Bosque.
Refirió que hay más instancias que tienen pendientes con las infancias, como las casas hogar, pues durante los años de mayor inseguridad en el norte de Coahuila se supo que grupos criminales iban a dejar ahí y en iglesias a menores que habían desaparecido junto con sus familias, pero no hubo registro de esto.
“El tema va mucho más allá de los eventos violentos que hemos vivido como desaparición masiva en el estado, tiene que ver con la falta de probidad del Estado sobre la protección de los menores”, aseveró la abogada.
Habló también de la necesidad de tomar en cuenta para acciones o programas a esos menores que regresaron y a los hijos de desaparecidos.
La directora de la REDIM, Tanía Ramírez, también señaló la falta de coordinación entre las fiscalías y las autoridades federales encargadas del RNPDNO.
“No hay celeridad en los registros. Si no estuvieran subiendo la información rápido porque están haciendo la búsqueda en campo o en vida se comprendería el desfase, pero no hay ni lo uno ni lo otro”, dijo Ramírez.
Añadió que si bien existen diversos protocolos como las alertas Amber o Alba, no se tienen los mejores resultados por la falta de comunicación y trabajo interinstitucional.
Para conocer la versión oficial sobre el tema de los protocolos y la alimentación del RNPDNO se buscó sin éxito a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, su personal fijó fecha y horario para una entrevista telefónica, pero llegado el día no respondió a la petición.
El enfoque ignorado
A la falta de un registro confiable se suma la de un enfoque diferenciado de parte de las autoridades coahuilenses cuando denuncia o reporta un menor desaparecido.
Las primeras horas son fundamentales para dar con un menor desaparecido, pero las autoridades aprovechan el desconocimiento de las familias para no comenzar la búsqueda inmediata.
“Cuando te pasa esto estás en una locura, no razonas, tú lo que quieres es ver a tu hijo, no entiendes de leyes, de protocolos”, compartió Lourdes Herrera, quien busca a su hijo Brandon Esteban Acosta Herrera desde 2009.
El 29 de agosto de ese año Brandon acompañaba a su padre Esteban Acosta Rodríguez y sus tíos, Gualberto y Gerardo Acosta Rodríguez, rumbo al aeropuerto de Monterrey
Lo último que se supo de ellos fue que un comando armado abordó en la carretera de Ramos Arizpe a Monterrey el vehículo en el que viajaban.
“Esa primera noche sin mi niño fue horrible. Pensar: a estas horas él ya tiene que tomar su chocolate, ponerse su pijama… Es un terror”, recordó Lourdes Herrera.
La madre de familia experimentó la falta de interés de la Fiscalía de Coahuila para dar un enfoque diferenciado por tratarse de un niño.
Sin restar importancia a otro tipo de casos, considera que la vulnerabilidad de los pequeños suele dejarse de lado. “Las autoridades generalizan, los meten dentro del mismo paquete”, comentó Herrera.
Lourdes Herrera ha buscado a su hijo Brandon durante casi 13 años y al comienzo la autoridad mostró poca empatía hacia el caso. Crédito: Cortesía Lourdes Herrera.
Indicó que tiempo después se enteró de las obligaciones que tenía la autoridad para encontrar a sus familiares y del enfoque diferenciado y protocolos que existen para los menores, como boletinar su fotografía o hacer la búsqueda inmediata en todos los DIF. Esto último terminó haciéndolo ella misma años más tarde.
La madre de Brandon relató que dependencias como la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) cuestionaron su actuar como madre al dejar a su hijo en la custodia de su esposo.
“Cuestionaron por qué le solté a mi hijo a mi esposo, dijeron que los hijos no se le sueltan al papá. Salí muy mal de ahí, me sentí ofendida, yo no veía nada extraño, no estaba mal con mi esposo”, explicó Lourdes Herrera.
Herrera considera que los protocolos que existen para la ubicación y búsqueda de menores son adecuados en el papel, pero no en la práctica. “Las autoridades se limitan a llenar oficios a sacar copias de copias, pero no hay un trabajo efectivo, búsqueda, investigación”.
La también integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) asegura que la autoridad estatal persiste en prácticas de omisiones al momento de aplicar protocolos para menores de edad desaparecidos.
“Si no fuera desde la demanda, la exigencia y todo ese trabajo que hemos hecho desde las familias, ellos seguirían actuando igual”.
El caso de Brandon está clasificado como persona no localizada, al igual que los adultos que desaparecieron junto a él, tipificación inadecuada según colectivos de búsqueda, pues disfraza la realidad de que alguien se los llevó, lo que impacta en la responsabilidad que asumen las autoridades en cuanto a la búsqueda.
“Ni siquiera estamos entendiendo que nombre lleva una persona que ha sido arrebatada de una casa y que no encuentran, y falta una búsqueda real de cómo fue la desaparición”, dijo la mamá de Fanny al respecto.
Tania Ramírez de la REDIM, expuso que “no podemos hablar de niñez no localizada, pues no se puede hablar de la voluntad de ausencia porque no son adultos o jóvenes que deciden alejarse”.
La niña desaparecida desde hace tres décadas
Imposible hablar de la desaparición de menores en Torreón, Coahuila sin recordar el caso de Edna Xóchitl López González, raptada por un hombre en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas la noche del 26 de agosto de 1991 mientras jugaba junto con su hermano Edén, y dos vecinos más cerca de las vías que atraviesan el sector.
Desde entonces no se sabe nada de ella, sus padres Reyna González y Heriberto López fallecieron tras varios años de buscarla y llevar su caso a medios de comunicación nacionales e internacionales.
El caso Edna Xóchitl es un referente al hablar de la desaparición de menores en Torreón, Coahuila. Crédito: Grupo VIDA.
Ellos llegaron hasta el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien mandó a agentes de la Interpol a colaborar en la búsqueda.
El año pasado, al cumplirse tres décadas de la ausencia de su hermana, Edén López González decidió retomar la búsqueda y se unió al grupo VIDA.
Al reunirse con autoridades de la Fiscalía de Coahuila descubrió que no tienen la denuncia del caso, pese a que existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hace referencia a la averiguación previa 80/991 y que pedía nombrar a un fiscal especializado para investigar el rapto.
“No me gusta exhibir a las autoridades, pero ellas mismas se exhiben. No puede ser que no haya un registro”, señaló Edén López.
En entrevista para Telediario Laguna el pasado 25 de agosto, el fiscal de Personas Desaparecidas en Coahuila, José Ángel Herrera Cepeda confirmó esta versión.
“Hasta el día de hoy por lo menos en Coahuila no hay una denuncia, hay una denuncia en la Ciudad de México, según tenemos entendido y la vamos a tratar de ubicar”, puntualizó el funcionario.
Edén dijo que el proceso para una nueva denuncia continúa, pues hay fila de espera porque hay otras familias que como él deben volver a pasar por el trámite.
La invisibilización también se ve reflejada en las bases de datos de las comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda. A través de una solicitud de información a cada una se pudo constatar que contabilizan personas desaparecidas a partir de 1994. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) tampoco tiene rastro de esa denuncia.
La búsqueda de Edna Xóchitl traspasó fronteras e incluso medios en Estado Unidos difundieron su historia. Crédito: Archivo de la familia López González.
El caso de Edna Xóchitl generó un antecedente de las agrupaciones creadas para buscar personas desaparecidas, pues nació la Fundación Pro Localización de Niños Desaparecidos Asociación Civil que operó durante la década de los noventa.
Una interminable lista de pendientes
Que el Estado no se apegue al principio constitucional de interés superior de la niñez acrecienta las deudas hacia este sector de muchas maneras.
Todas las activistas entrevistadas para este reportaje coinciden en que no existe una visión que ponga en primer lugar a las niñas, niños y adolescentes.
“Yo no considero que se dé una perspectiva especial a la desaparición de los menores”, planteó la abogada Ariana Denise García.
Criticó que las autoridades no hagan ni lo más básico, como poner carteles en las centrales de autobuses y en las casas hogar, preguntar en los juzgados familiares si un niño ha sido adoptado, indagar en los hospitales, en guarderías o revisar en las escuelas cuántos niños inscritos nuevos hay.
Puntualizó que el Gobierno mexicano tiene una falta de interés en todo y la desaparición de niñas, niños y adolescentes no es la excepción.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Estatal de Búsqueda obtenidos por Transparencia
Añadió que, más que leyes, es necesario generar un mecanismo idóneo de registro, definido por expertos y que las leyes existentes se apliquen adecuadamente.
Por otra parte, Ariana Denise García Bosque considera que también es necesario replantearse las clasificaciones de desaparición por particular y sustracción de menores que influyen en el registro y en la búsqueda.
La otra invisibilización de menores
El fenómeno de la desaparición en México no sólo desvanece la infancia y la adolescencia de los menores víctimas, sino también de los que sufren la ausencia de su padre o madre por este delito.
Juan Humberto Morales Ramírez puede dar cuenta de esto. Cuando tenía 14 años su padre Rolando Javier Morales Rodríguez, quien laboraba como bombero en el Aeropuerto de Piedras Negras, desapareció.
Humberto y su familia padecieron la negativa de las autoridades para investigar el caso. Cuando acudieron a presentar la denuncia no la aceptaron porque dijeron que a lo mejor se había ido con otra mujer.
Tres años después su madre se unió al colectivo Familias Unidas y al solicitar una copia de la carpeta de investigación en la Fiscalía de Coahuila le dijeron que no había tal.
Recordó que el jefe de su padre sólo le dio a su mamá una liquidación de mil pesos y le dijo que no buscara más.
Él, su hermana y su hermano, que entonces tenían seis y nueve años, crecieron escuchando comentarios insensibles, como que su papá había desaparecido por estar involucrado con el narcotráfico o que ya estaba muerto. Todo esto les dejó secuelas emocionales.
Integrantes del colectivo Familias Unidas de Piedras Negras marcharon en la capital del país el pasado 10 de mayo para visibilizar casos de menores desaparecidos: Crédito: Familias Unidas Piedras Negras.
Narró que llegó a buscar compañías relacionadas con el crimen organizado a fin de obtener información sobre el paradero de su padre, aunque desertó de ese objetivo por consejo de sus amigos.
“Decidí encerrarme en mi burbuja y centrarme en mis estudios, aunque le prometí a mi mamá que cuando terminara mi carrera le iba ayudar hasta donde tope”, dijo.
Su mamá enfrentó signos de un Estado indolente con las infancias y adolescentes víctimas indirectas, siendo su trabajo en una maquiladora el único sostén para su familia.
Fuente: Bitácora de menores de edad registrados por la asociación Familias Unidas (Famun) 2013-2022)
A sus 26 años, Humberto coordina el área de Trabajo Social de Familias Unidas, desde donde acompaña a menores con historias similares a la de él, así como de adolescentes y niños ausentes que la autoridad quiere mantener en el olvido.
La voz literaria de Deana Molina ha nacido de sí misma. Su maduración viene con un génesis puro que se ha enriquecido con los éxodos de la vida —su experiencia— y con las previsiones del porvenir. Hija de una mujer artista plástica, nacida en la península de Yucatán, creció en el norte del país donde reconoció su halo cultural.
Desde joven exploró las expresiones artísticas —la literatura, la música a través del piano—mientras se formaba en las ciencias, principalmente con la Química como motor. Sus gestiones y su facilidad para comunicarse hicieron que fuera una de las impulsoras —sino es que la principal en hacerlo— de llevar una escuela Sogem (Sociedad General de Escritores de México) en el sur de Sonora, de la que fue representante.
“Con las ciencias se puede hacer arte, se puede hacer literatura. Simplemente ve lo que dejó Stephen Hawking. Era un filósofo ese tipo”, me dice en relación a su faceta como escritura y educadora de ciencias en el nivel medio superior.
Cuando Deana lee sus propias letras que vienen del pasado son como predicciones del presente. Un presente. El suyo o incluso el social. En ella, es como si un aura la llevara a escribir aquello que en algún momento se volverá lo común.
En su poemario Infiernos cotidianos (Keli ediciones, 2021) escribe:
Te miro, rasga el incendio
de tu ser el horizonte
y me pregunto, esta tarde,
si es uno solo o varios
los demonios que me abrazan
y conducen al infierno
cotidiano donde muero.
También pasa un poco con Elizama (Tinta nueva ediciones, 2022) una novela que parte de lo singular a lo coral, con un entramado de nudos manifestados por el lirismo de la narración, que la hacen una pieza fluida donde se manifiesta el dolor y el abuso de la tradición androcentrista en una sociedad donde la protagonista es una joven que prevalecerá ante la opresión.
La novela también es una especie de ensayo narrativo que mezcla poesía y prosa en un arrebato que pudiera ser visto como un impulso a la liberación femenina, escrito dos décadas atrás y que ve la luz pública en este mismo momento cuando las demandas sociales exigen igualdad. Otra vez ese sentido de premonición.
¿Qué es la escritura para ti?
Creo que la vida nos confía misiones y nos brinda el conocimiento para salir adelante de esa de esa misión que te han confiado. Y es un poco eso. Es estar ahí en todo lo que me ha tocado ver y que lleva a que yo siempre me cuestione eso mismo que sé que es para algo.
Todo tiene su tiempo y nació hace tiempo, pero ahora es el mejor momento de que salga. Desde hace como cinco años que a mí me hace mucho ruido la muerte cómo la tenemos en lo cotidiano, pero no la solemos ver. Cuando tú te cortas las uñas cuando te dan manicure cuando te cortas el cabello con la descamación de la piel, es la muerte ¿no? Son atisbos y hablo sobre eso.
Portada de «Infiernos Cotidianos» / Fotografía de cortesía: Deana Molina
¿Cómo nace Infiernos cotidianos?
Es cuando refiero lo que dice en el poema “Crece en mi rostro”:
Señales son los despojos
de su paso indescifrable,
el sedimento blanquecino
que inventa los caminos solitarios
del pasado donde habita
disfrazada de un tiempo que no vuelve,
cuando acecha plena el porvenir.
¿Qué es la poesía para ti?
Es un abordaje de la vida. Todo es la vida.
¿Y Elizama?
Elizama nace una parte en mi vida en el norte y una última parte que la termino de escribir cuando ya estoy en Guadalajara. Esto hace 20 años. La historia es como puros monólogos, cada personaje habla. Hay algunas historias que le forjaron: hablo de la policía, de los judiciales, de la religión, como era todo en Chihuahua cuando vivía allá. Incluso hay personajes que me inspiraron mi propio legado familiar y otras que he conocido en la vida. Al final es una hecatombe.
Con la aparición de estos dos libros que desvelan pasajes de tu vida como autora y que quizá te llevan a sentirte libre, ¿Cómo podrías definir en este momento la libertad?
Existo solo para mí, para los demás me consta que dejas huella y me consta que se hace a cada paso que das porque marcas, abonas o reduces. Mi libertad es un nuevo camino donde sé a dónde voy y voy sin prisa.
Aquí te dejamos uno de sus poemas
MALDITA LA VIDA MALDITA con sus ruidos torrenciales donde pierdo los recuerdos, la presencia entre las risas, la persona que no asoma entre las sombras aturdida por el otro y la demora, por la noche y por el día, por mi madre y esas locas pesadillas con los muertos.
Maldita la vida maldita cuando irrita cada aliento y se torna insoportable.
Deana Molina durate la presentación de «Elizama»/ Fotografía de cortesía