Integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz presentaron un balance semanal que expuso emergencias, accidentes, aseguramientos y las colonias más conflictivas tras incidentes ocurridos en Ciudad Juárez.
En el encuentro se presentaron las cifras de corporaciones municipales, estatales y federales, donde se reportó que las colonias de mayor conflictividad fueron: Ampliación Aeropuerto, Andrés Figueroa, Aztecas, El Barreal y Municipio Libre, informó el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.
Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Ciudad Juárez / Foto: Municipio
Durante la reunión, personal de Protección Civil reportó 728 servicios atendidos entre Bomberos, Rescate e inspecciones, una carga que mostró incidentes frecuentes que exigieron intervención inmediata en establecimientos y espacios públicos en la semana.
El área realizó 32 actividades de capacitación y brindó apoyo a 85 personas mediante la Unidad Avicario, un acompañamiento solicitado cuando situaciones específicas requieren atención profesional directa.
La Coordinación de Seguridad Vial informó que registraron 324 folios por incidentes viales, coberturas en cruceros conflictivos, apoyos ciudadanos y accidentes que dejaron 37 lesionados y tres fallecidos.
Además se indicó que cuatro accidentes se relacionaron con consumo de alcohol, situación que derivó en sanciones administrativas para 68 conductores y en la consignación de 30 personas ante Fiscalía Zona Norte.
Operativos conjuntos permitieron asegurar 244 vehículos, entre automóviles, camiones y motocicletas sujetas a revisiones reforzadas, de los cuales 72 conductores bajo efectos del alcohol fueron retirados de circulación, mientras Auxilio Vial otorgó 717 servicios gratuitos que incluyeron traslados con grúa y apoyos mecánicos.
Asimismo, en el transcurso de 24 horas, la Policía Municipal respondió 551 emergencias, realizó 29 detenciones, recuperó vehículos con reporte de robo y aseguró armas, cartuchos y droga en sectores urbanos.
Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó 16 detenciones, nueve vehículos asegurados, 11 cateos, 15 órdenes cumplimentadas y más de 700 patrullajes, mientras Guardia Nacional reportó vigilancia, apoyo migratorio y 176 personas.
Un hombre fue detenido en Ciudad Juárez por su presunta participación en un caso de secuestro, luego de que la víctima logró pedir ayuda en plena vía pública y señaló directamente a su agresor ante elementos de la Policía Municipal.
De acuerdo con la información proporcionada por Adrián Sánchez Contreras, vocero de la corporación, la intervención ocurrió en el cruce de Río Echacala y Manuel J. Clouthier, en la colonia Las Arcadas, donde agentes del agrupamiento K-9 atendieron a un ciudadano que corría para pedir auxilio mientras era perseguido por otro hombre.
La víctima aseguró que había permanecido retenida durante varios días dentro de un domicilio, bajo el argumento de que sería ayudado a cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, pero posteriormente le fueron exigidas fuertes sumas de dinero a su empleador a cambio de su libertad.
El señalado, identificado como un joven de diecinueve años, fue detenido en el lugar y posteriormente consignado ante la autoridad investigadora, donde se determinará su situación jurídica por el presunto delito de secuestro.
Según los primeros reportes, el domicilio donde ocurrió la retención será inspeccionado por personal ministerial, quienes realizarán peritajes y entrevistas para establecer si en el lugar operaban otras personas vinculadas al mismo delito.
Elementos de investigación también revisarán comunicaciones telefónicas y posibles transferencias económicas que permitan confirmar la versión del afectado, así como determinar si la exigencia de dinero formaba parte de un esquema recurrente.
La autoridad hizo un llamado a la población a denunciar cualquier hecho similar, ya que estas modalidades de retención suelen aprovechar situaciones de vulnerabilidad para extorsionar a familiares o empleadores de las víctimas.
El megaoperativo Operação Contenção de octubre de 2025, presentado por el Estado brasileño como una acción contra el crimen organizado, dejó al menos 121 personas desaparecidas, revelando que no fue una operación de seguridad sino una práctica de exterminio inscrita en una larga historia de violencia estatal.
Leído desde el concepto de desaparición forzada, el operativo expone un modelo recurrente del Estado brasileño: la criminalización de territorios pobres, la suspensión de derechos y la producción deliberada de cuerpos sin rastro, repitiendo mecanismos que van del periodo colonial y la dictadura militar a las incursiones contemporáneas en las favelas.
Así, la desaparición forzada opera como una tecnología de gobierno que busca borrar vidas y testimonios.
Durante más de cuatro siglos, Brasil ha sostenido un régimen de control territorial y racial que, pese a sus transformaciones, conserva un mismo núcleo: la gestión violenta de los cuerpos negros y pobres.
De los quilombos, que se constituyeron como comunidades autónomas, formadas por personas esclavizadas que escapaban del sistema colonial, a las favelas contemporáneas.
De los cangaceiros, que fueron vaqueros del sertão nordestino, los cuales surgieron como respuesta violenta al abandono y la desigualdad del Brasil rural, a la constitución de las milicias urbanas en Río de Janeiro.
La historia brasileña revela una persistencia inquietante, donde el Estado ha construido su autoridad mediante la declaración de “enemigos internos” y la exhibición de sus cuerpos como prueba del orden.
Entre los siglos XVII y XIX, los quilombos fueron refugios y territorios autónomos formados por personas esclavizadas que escapaban de los ingenios, las minas y las haciendas.
Eran, como los definió el sociólogo Clóvis Moura, “contrasociedades”, espacios políticos y simbólicos que desafiaban la estructura esclavista y proponían otras formas de vida.
En ellos se gestó, según Moura, el primer movimiento de descolonización territorial en Brasil.
A pesar de la abolición de la esclavitud en Brasil en 1888, nunca se realizó una integración de los afrobrasileños a la sociedad y al poder brasileño.
La joven República mantuvo intacto el racismo estructural, dejando a la población afrobrasileña sin acceso a tierra, vivienda ni a los derechos básicos, y aislándola, por lo que terminó asentándose en las periferias de las ciudades.
Así surgieron las primeras favelas, heredando el mismo estatus que los quilombos y creando territorios “fuera del orden del Estado”.
Como nos recuerda la antropóloga Lilia Schwarcz, el Estado sustituyó el control del esclavo por el control del pobre: la favela se convirtió en un espacio a vigilar, contener y, llegado el caso, castigar.
Las operaciones policiales en Río de Janeiro de Jacarezinho en el 2021 (operación policial en la favela de Jacarezinho que dejó al menos 29 muertos, constituyéndose como la segunda matanza más letal en la historia de la ciudad) y el megaoperativo del Alemão y Penha en 2025 (intervención de 2 500 policías contra el Comando Vermelho en las favelas del Complexo do Alemão y Penha, considerada la más sangrienta de la historia de Río, con decenas de muertos, arrestos y uso masivo de fuerza), reproducen una guerra interna.
Para los planteamientos del filósofo Achille Mbembe, esta constituye la creación de una necropolítica, constituyéndose en un modelo de gobierno en el que ciertos cuerpos pueden morir sin generar escándalo, ya que no se considera que su vida sea digna de duelo.
La ecuación en este contexto es clara: antes, el fugitivo del quilombo era el enemigo y hoy, ante el estado brasileño, lo es el “traficante”, el cual encarna a esa figura que concentra el miedo, la sospecha y la violencia legitimada del Estado.
Esta violencia es ejercida por el gobierno brasileño desde su configuración como un Estado republicano, el cual no sólo persiguió a los quilombolas (comunidades afrodescendientes brasileñas descendientes de los antiguos quilombos, que mantienen territorios, prácticas culturales y formas de vida heredadas de la resistencia esclava), sino que también persiguió a otras formas de relaciones sociales.
Como sucedió en el sertão nordestino, donde los cangaceiros tejían redes de protección, lealtad y supervivencia en medio del abandono, la pobreza extrema y la violencia rural, el cual fue escenario de otro conflicto, mediante la persecución de los cangaceiros, los cuales fueron liderados por Lampião y Maria Bonita, que encarnaban la protesta popular ante la desigualdad rural, ante el bando del Estado del interior del nordeste brasileño.
En 1938, bajo el gobierno militar de Getúlio Vargas, el Estado brasileño decapitó a Lampião, Maria Bonita y varios de sus compañeros y sus cabezas fueron exhibidas en la plaza pública de Piranhas, fotografiadas y expuestas en museos: fue una demostración violenta y explícita del Estado y su concepción de soberanía, donde “el orden” triunfaba sobre la subversión.
Esta foto muestra las cabezas de la banda de los Lampião (Virgolino Ferreira da Silva, su mujer María Gomes Bonita y sus nueve escuderos) exhibidas para el escarnio público en la escalinata de la Iglesia de Santana de Ipanema. 28 Julio 1938, autor desconocido.
Esa misma lógica del gobierno que controla mediante la violencia se repite hoy en las favelas, donde los cuerpos abatidos son fotografiados y sus imágenes circulan en noticiarios y redes como trofeos del combate al crimen, como advertencias ante otras formas de pensar.
El lenguaje cambia, pero la estructura del poder no. Unos años después, durante el régimen militar brasileño (1964–1985) se institucionalizaron la tortura, la desaparición y los escuadrones de la muerte.
Al llegar la democracia en 1985, el aparato represivo del Estado no fue desmantelado, solamente se privatizó.
De esta forma, nacieron las milicias urbanas, grupos armados formados por policías y ex militares que ejecutaban operaciones extrajudiciales bajo el pretexto de “limpieza social”.
En Río de Janeiro, estos grupos se transformaron en redes criminales que controlan barrios completos, cobran cuotas, monopolizan servicios y participan en campañas electorales.
Hoy, más del 50% del territorio urbano de Río está bajo dominio miliciano. La política se ha mezclado con estas redes, como lo evidencian los múltiples vínculos entre figuras públicas, incluida la familia Bolsonaro, y los llamados “grupos de exterminio”.
Por otro lado, en 1978, se creó el grupo BOPE (acrónimo de Batalhão de Operações Policiais Especiais, es decir, Batallón de Operaciones Policiales Especiales) el cual se presenta como una unidad de élite contra el crimen organizado. En la práctica, este grupo actúa como un grupo de choque que opera en las favelas de Río de Janeiro.
Algunos de sus operativos más violentos de los últimos años iniciaron en los años previos al Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, mediante las Unidades de la Policía Pacificadora (UPPs) las cuales intentaron imponer una ley de exclusión y violencia mediante ocupaciones permanentes de las favelas de Río de Janeiro.
Según especialistas como Felipe Brito, más que una política social, la pacificación fue un dispositivo de gentrificación, para estabilizar militarmente un territorio y abrirlo al turismo y la especulación inmobiliaria.
Otro de los elementos del pasado megaoperativo es el llamado Comando Vermelho, el cual surgió en la prisión de Ilha Grande a final de la década de los años 70, donde presos comunes y presos políticos de la dictadura militar brasileña convivieron.
Esta convivencia generó un intenso intercambio, donde los presos comunes aprendieron estrategias de organización y resistencia (como la formación de grupos cohesionados, la creación de códigos internos y la confrontación con el sistema penitenciario), y los presos políticos, a su vez, obtuvieron protección y apoyo dentro del entorno carcelario.
Mediante este intercambio, nació lo que conocemos hoy como Comando Vermelho, el cual pronto se expandió fuera de las cárceles y empezó a controlar grandes extensiones de las favelas.
Por otro lado pensemos en el empleo de la palabra “terrorista”, esa palabra que le da al Estado la potestad de no concebir al otro como una persona, le da el poder del exterminio sin juicio, sin proceso.
Ya desde la dictadura brasileña, “terrorista” era el opositor político que había que eliminar. Hoy, el término se aplica al joven negro de la favela que hay que borrar. Durante la “Operação Contenção”, autoridades y periodistas describieron a los habitantes del Alemão como “células terroristas”.
Ese desplazamiento semántico les permite borrar la frontera entre guerra y seguridad pública. Logrando con ello que el cuerpo abatido se convierte en mensaje, en una prueba del triunfo del orden. Como diría Giorgio Agamben: una vida expuesta, disponible para ser mostrada y descartada.
Judith Butler (2004) nos recuerda que el duelo es una forma de reconocimiento político. En Brasil, los muertos de las favelas no reciben este reconocimiento, pues sus vidas son etiquetadas como “criminales”, y sus muertes como “terroristas”: para el Estado son sólo números.
La violencia en las favelas se articula como una política de visibilidad; los cuerpos muertos se exhiben, su imagen se disocia de la humanidad, el “sospechoso abatido” sustituye al individuo, borrando su historia y su nombre.
Este proceso produce una estética de la violencia, donde la muerte se convierte en una forma de comunicación estatal.
En Brasil, la historia de la violencia estatal muestra una continuidad entre la represión dictatorial y la gestión contemporánea de la seguridad pública.
Las favelas de Río de Janeiro funcionan como laboratorios de esa gubernamentalidad violenta. Durante los operativos policiales, como los de Jacarezinho (2021) o el Complexo do Alemão con la Operação Contenção (2025), el Estado suspende la ley y despliega una fuerza desproporcionada sobre poblaciones racializadas, produciendo desapariciones justificadas bajo el discurso de la “guerra contra el narcotráfico”.
Estos territorios y estas favelas encarnan lo que Agamben (1998) denomina un estado de excepción permanente, donde la norma jurídica se aplica y se suspende al mismo tiempo.
Los habitantes de las favelas son ciudadanos en lo formal, pero su vida está siempre expuesta a la muerte impune. La policía actúa como soberano, y el cuerpo favelado se convierte en el lugar donde se escribe el poder estatal.
Por un lado la policía exhibe estos cuerpos para demostrar su control, mientras que por otro las comunidades, las favelas, buscan registrar a la barbarie para reclamar la memoria de sus integrantes.
En esta disputa visual, entre el control y el duelo, se juega hoy la posibilidad de otras formas de concebir a lo social.
En este contexto, la noción de Mbembe (2003) sobre la necropolítica adquiere un carácter tangible, donde el Estado brasileño ejerce su soberanía mediante la administración diferencial de la muerte.
La violencia se distribuye racial y territorialmente. La muerte en la favela no es un accidente, sino una política.
La violencia actual en Brasil no es un accidente ni una desviación, es un modo histórico de gobierno, en su expresión más sofisticada.
Desde Foucault hasta Mbembe, las teorías del control muestran que el poder moderno se funda en la capacidad de administrar la vida y producir la muerte.
En Brasil, esa administración está atravesada por el racismo estructural y por una herencia militar que nunca fue desmantelada. De los quilombos masacrados a las favelas sitiadas, de las cabezas de Lampião a los cuerpos muertos exhibidos en las calles de la favela do Alemão.
El país arrastra una guerra interna que nunca fue declarada pero siempre estuvo en marcha mediante un racismo estructural y una herencia militar que nunca fue desmantelada.
El cuerpo negro y pobre, constantemente vigilado, abatido o archivado, es el lugar donde el Estado reinscribe su soberanía.
Frente a ello, las imágenes que escapan al relato oficial se vuelven espacios de resistencia, interrumpiendo la maquinaria biopolítica y abriendo una posibilidad ética, la de volver a mirar.
Comprender esto es el primer paso para imaginar una sociedad donde el territorio negro deje de ser un campo de batalla y el cuerpo masacrado deje de ser un mensaje de control y poder.
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*Bruno Besani es artista visual e investigador Doctorante en artes en la UNAM, Maestria en Artes Digitales en la Universidad Pompeu Fabra y en Artes Visuales en la UNAM. Nacido en Recife, Brasil y radicado en la Ciudad de México, Bruno Bresani trabaja entre la fotografía, el video, el sonido y el archivo. Su práctica explora las tecnopoéticas del error, el cuerpo y las políticas de la imagen. Ha publicado y expuesto en México, Argentina, Chile, España, Colombia y Finlandia. Participó en residencias como Hangar (Barcelona), Fiskars (Finlandia) y Salzburg (Austria).
El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan integrantes del Comité Investigador, estudiantes asociados a los proyectos del Grupo y personas columnistas invitadas (Las responsables de la misma son Erika Liliana López y Sandra Gerardo (Ver más: http://www.giasf.org)
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.
http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) — La contaminación atmosférica en Ciudad Juárez no solo se percibe en el horizonte o en los registros de los monitores. También se manifiesta en consultorios médicos, salas de espera y hospitales saturados.
Juárez enferma
El aumento de atenciones respiratorias coincide con los periodos de mayor presencia de polvo, variaciones extremas de temperatura y concentraciones elevadas de partículas finas.
De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, Ciudad Juárez acumuló 110,930 casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) entre enero y el 27 de octubre de 2025, convirtiéndose en el municipio con mayor incidenciaen todo el estado.
Estas infecciones incluyen rinitis, faringitis, bronquitis y laringitis, padecimientos que se agravan por la exposición frecuente al polvo, el polen y los contaminantes del tráfico vehicular.
La exposición prolongada a partículas PM10 y PM2.5 provoca inflamación de las vías respiratorias, reduce la capacidad pulmonar y favorece infecciones que, sin tratamiento adecuado, pueden derivar en enfermedades crónicas.
Daphne Santana, Directora de Salud de Gobierno Municipal de Juárez
En entrevista, la directora de Salud del Municipio, Daphne Santana, explicó que el clima árido, el polvo, la contaminación y los cambios bruscos de temperatura generan un ambiente ideal para el desarrollo de infecciones respiratorias.
Señaló que estas condiciones se agravan cuando las partículas permanecen suspendidas durante días, y advirtió que, si aumenta la contaminación o se reducen los programas preventivos, podría registrarse una:
“cascada de consultas, internamientos y complicaciones médicas.”
De acuerdo con especialistas del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes de la UACJ, las partículas PM10 irritan la mucosa respiratoria, mientras que las PM2.5pueden alcanzar los alvéolos pulmonares e ingresar al torrente sanguíneo, lo que incrementa el riesgo de infecciones, enfermedades cardiovasculares y cuadros respiratorios severos.
El efecto sobre la atención médica es inmediato:
“Mayor demanda de consultas, saturación hospitalaria en periodos críticos y aumento en el gasto de medicamentos, en un sistema de salud que ya enfrenta limitaciones estructurales y una población crecient”
La controversia
Foto: Francisco Servín
Ante este panorama, la verificación vehicular ha generado una disputa pública por sus costos, alcances y atribuciones institucionales, luego de que el programa municipal establece un precio de 339.43 pesos.
Este cobro está regulado por la Ley de Ingresos y su aplicación depende mayoritariamente de centros concesionados, supervisados por la Dirección de Ecología del Municipio.
El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, anunció desde agosto que:
“no habría retenes” y que el engomado únicamente se solicitaría cuando un conductor cometiera una infracción vial. Además, habría flexibilidad para sancionados a fin de facilitar el cumplimiento sin operativos extraordinarios.
Diputada Xochitl Contreras propone reducir costos de engomado y multas sin estudio técnico.
Desde el Congreso del Estado, la diputada Xóchitl Contrerascuestionó el costo del engomado, argumentando su preocupación por la calidad del aire, pero señalando que se trata de una medida recaudatoria. Propuso entonces reducir el precio del holograma.
Aunque su propuesta contempla reducir el costo en Ciudad Juárez, no establece que otros municipios del estado deban implementar la verificación vehicular, a pesar de que esta se encuentra tipificada en la Ley Estatal de Transporte del estado de Chihuahua.
Al cuestionarla para ADN, dijo que su iniciativa busca establecer un:
“Tope al impuesto para no abusar del ciudadano”, aunque quedaría a criterio de cada municipio aplicar o no el cobro. “La ley es aplicable y la pueden ejercer… quién la guste ejercer, quién la quiera ejercer… ¿no sé si me explico?”, declaró.
Hizo una comparación con el municipio de Guadalupe y Calvo, donde el engomado cuesta 220 pesos por unidad, conforme a su propia Ley de Ingresos local.
No obstante, esta comparación resulta poco representativa, ya que en dicho municipio no se cuenta con equipo certificado ni sistemas técnicos homologados para medir emisiones contaminantes. Las pruebas se realizan de forma empírica, sin tecnología especializada ni parámetros avalados por instancias ambientales, lo que limita la eficacia real del control vehicular.
Además, el tamaño del parque vehicular en Guadalupe y Calvo es considerablemente menor que en Ciudad Juárez, por lo que tanto la operación como los costos y necesidades del programa no son comparables entre ambos contextos.
Respecto a la falta de verificación en otros municipios del estado —incluida la capital— y su impacto en la reducción de contaminantes, Contreras señaló que la responsabilidad recae en cada ayuntamiento, aunque la obligación está establecida por ley estatal.
Agregó que los municipios grandes como Chihuahua y Juárez cuentan con estudios elaborados por autoridades locales e instituciones educativas que permiten:
“analizar los niveles de contaminación y decidir si se justifica el cobro.”
Durante su exposición, Contreras afirmó que ciudades del primer mundo, como El Paso, Texas, dejaron de cobrar por el engomado ecológico.
Sin embargo, esto es incorrecto: según el Texas Department of Public Safety (DPS) y el Texas Department of Motor Vehicles (TxDMV), la inspección vehicular en El Paso sigue siendo obligatoriapara registrar o renovar placas, con un costo de entre 11.50 y 18.50 dólares (entre 218 y 351 pesos, según la cotización de noviembre de 2025).
Aunque en Texas no hay multas económicas directas, los vehículos que no aprueban la inspecciónno pueden circular ni obtener registro legal, lo que convierte esta medida en un requisito indispensable.
César Díaz, Director de Ecología del Gobierno Municipal de Juárez
El director de Ecología Municipal, César René Díaz Gutiérrez, explicó que el precio del engomado está fijado por la Ley de Ingresos, y que los centros de verificación son operados por particulares.
Cada concesionario debe cubrir los costos de operación, personal y equipos especializados valuados en más de 300 mil pesos, ya que el Municipio no cuenta con capacidad propia para cubrir toda la demanda.
Diputada Xochitl Contreras.
El debate legislativo también incluyó estimaciones de recaudación. La diputada sostuvo que el Municipio podría obtener más de 71 millones de pesos por concepto de engomados, mientras que la administración municipal proyectó una captación de 84.8 millones con una meta de 250 mil vehículos verificados.
Sin embargo, ambas cifras resultan imprecisas, ya que el total recaudado no ingresa íntegramente a las arcas municipales. De acuerdo con fuentes consultadas, el monto que efectivamente llega al Municipio por concepto de engomados, bajo ese volumen de verificación, no rebasa los 35 millones de pesos.
Esto se debe a que el recurso obtenido se distribuye entre el gobierno local y los centros de verificación concesionados.
A pesar de que parte del ingreso municipal se destinaría —según lo proyectado— al sistema de riego y reforestación del parque El Chamizal, el remanente disponible es significativamente menor al monto total mencionado en el debate legislativo, debido al esquema mixto de operación del programa.
Sin embargo, el desacuerdo político contrasta con un punto común:
las partículas contaminantes siguen elevadas y las enfermedades respiratorias continúan en aumento.
Posibles soluciones
La mejora de la calidad del aire en Ciudad Juárez requiere intervenciones puntuales respaldadas por instituciones científicas y sanitarias, así como recursos públicos y coordinación intergubernamental.
Doctor Adrián Vázquez, director del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes, del IIT
El doctor Adrián Vázquez, del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes de la UACJ, indicó que la pavimentación de zonas críticas reduciría significativamente la presencia de PM10 durante los meses de viento intenso.
Comentó que, a nivel urbano, la UACJ desarrolla modelos numéricos de dispersión que permiten anticipar eventos de tolvanera y acumulación de partículas, con el fin de estimar en tiempo real el desplazamiento de contaminantes en el Paso del Norte.
Estas herramientas permiten generar alertas tempranas y apoyar a las autoridades de salud y protección civil para emitir avisos y coordinar medidas preventivas en días críticos.
Foto: Francisco Servín
Por su parte, la Dirección de Ecología recomendó reforzar programas de limpieza en avenidas y el control de suelos expuestos, sobre todo en zonas donde los monitores registran mayor presencia de polvo.
César René Díaz Gutiérrez, titular de la dependencia, indicó que estas acciones disminuyen la resuspensión de partículas, uno de los principales detonantes de episodios críticos.
Asimismo, Daphne Santana, de la Dirección de Salud Municipal, reiteró que un incremento en los niveles de contaminación o una disminución en los programas preventivos podría generar una:
“cascada de consultas e internamientos por infecciones respiratorias.”
De acuerdo con el reporte Global Air Quality Guidelines (2021) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reducir la exposición a PM10 y PM2.5 requiere acciones territoriales como:
Pavimentación de calles
Control de polvo suelto
Mantenimiento de vialidades
Reducción de emisiones vehiculares mediante inspecciones periódicas
Mejora del transporte público
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda además:
Fortalecer los sistemas locales de monitoreo atmosférico
Ampliar la instalación de sensores en zonas críticas
Compartir datos en tiempo realcon la población
La frontera que respira también enferma. Cada tolvanera, cada ráfaga de viento y cada día con partículas elevadas confirman que la calidad del aire ya no es solo un problema ambiental, sino un asunto de salud pública.
Ciudad Juárez enfrenta un escenario en el que clima, tránsito, crecimiento urbano y geografíaoperan de forma conjunta. Y aunque existen mediciones, la solución no depende de un solo actor ni de un solo nivel de gobierno.
Lo que está en juego no es un holograma ni un impuesto: es la salud de MILLONES de personas.
El aire no distingue fronteras ni colores partidistas, pero sí deja huella en la población.
En una frontera donde todo se mueve, la única constante ha sido el polvo. Mientras la ciudad discute costos y competencias, las partículas siguen suspendidas y los hospitales siguen atendiendo sus consecuencias.
El futuro de la calidad del aire dependerá de decisiones sostenidas en pavimentación, monitoreo, prevención médica, reducción de emisiones y coordinación regional.
Aunque ninguna solución será inmediata, cada acción puede marcar la diferencia, porque el aire que se respira en Juárez es el mismo que cruzará la frontera en minutos.
Mientras esta situación no cambie, la frontera continuará respirando la misma historia… pero aún puede reescribirse.
Hace unos días estuvo en México uno de los politólogos más reconocidos del mundo: Adam Przeworski. Su conferencia dejó muchas ideas valiosas, pero el cierre fue inquietante: si queremos que la democracia se mantenga viva, necesitamos reformarla y renovarla.
No se trata de un descubrimiento reciente, pero sí de un llamado urgente. El mundo atraviesa por un proceso de deslizamiento antidemocrático y hay que responder a ello. Lo que no está claro es cómo hacerlo.
Przeworski describe con precisión cómo suelen comenzar estos procesos. El punto de arranque es casi siempre el mismo: la llegada de un liderazgo carismático capaz de movilizar emociones y generar entusiasmo.
Adam Przeworski politólogo mexicano / Foto: Internet
Ese impulso inicial se traduce en un gran apoyo electoral, que convierte al nuevo gobierno en una fuerza prácticamente imparable. Con ese respaldo, gana elecciones con holgura y ocupa la mayoría de los espacios de poder.
Hasta ahí, nada fuera de lo común. El problema surge cuando la lógica del poder empieza a depender de conservar esa ventaja a cualquier costo.
Es en ese momento cuando con tal de seguir asegurando triunfos, empiezan a cambiar las reglasdel juego.
Las autoridades electorales ven recortes en presupuesto y estructura; las reformas se impulsan sin construir acuerdos; los límites institucionales se consideran estorbos; y cualquier crítica se interpreta como una amenaza a “la verdadera voluntad del pueblo”.
El apoyo social se convierte en la excusa perfecta para avanzar sin frenos. Todo se justifica en nombre de una supuesta superioridad moral del proyecto gobernante.
El resultado es una ventaja partidista que deja de ser temporal y se vuelve definitiva. El partido oficial gana una y otra vez, no sólo porque cuenta con seguidores, sino porque controla buena parte del campo de juego.
Con la competencia desequilibrada, las instituciones comienzan a deteriorarse de forma acelerada. Se debilita la autonomía de los organismos independientes (en caso de que no sean erradicados), se presiona abiertamente a los contrapesos y la oposición se convierte en un blanco constante de ataques y descalificaciones.
La democracia se defiende participando / Foto: Archivo
La polarización se vuelve el combustible de la conversación pública y el poder ejecutivo se expande hasta ocupar casi todo el espacio político.
Lo más engañoso de este proceso es que ocurre dentro de un escenario aparentemente democrático. Hay partidos, elecciones, órganos electorales y tribunales, pero su capacidad real de influir se reduce de manera considerable.
La oposición queda arrinconada y las instituciones se llenan de perfiles afines al gobierno. Las elecciones siguen existiendo, pero pierden su función principal: garantizar una competencia justa y la posibilidad real de alternancia. La fachada se mantiene, pero el contenido se vacía. Hasta aquí las referencias a Przeworski.
Ahora bien, ¿qué hacer? Aunque no existe una solución única ni inmediata, sí hay un punto de partida indispensable: una ciudadanía más presente y más participativa.
Entendiendo lo que significa participar. Participar no se reduce solo a votar; participar implica involucrarse de manera cotidiana. Significa escribir a las autoridades para exigir información, acudir a reuniones, participar en organizaciones comunitarias, defender espacios públicos, vigilar el trabajo de representantes, involucrarse en debates, cuestionar, opinar y hacerse escuchar.
También implica aprovechar los espacios digitales: denunciar abusos, compartir información verificada, exigir transparencia, dialogar con respeto y construir comunidades que no dependan de un solo liderazgo.
Nada de esto, por sí solo, resolverá la crisis democrática. Pero son pasos concretos que fortalecen nuestro régimen democrático y reducen la posibilidad de que el poder se concentre sin control.
Sidney Verba (otro notable politólogo) lo planteó con claridad: en una democracia saludable, la voz de la ciudadanía debe ser clara y fuerte. Clara, para que quienes gobiernan entiendan qué exigimos; y fuerte, para que no puedan ignorarlo.
Si queremos evitar el punto de no retorno, tenemos que ocupar el espacio público con convicción. La democracia no se sostiene sola: necesita ciudadanas y ciudadanos que la sostengan todos los días.
Una estructura metálica colgada a más de 40 metros volverá a convertirse en escenario extremo, luego de que dos locutores juarenses permanecerán dentro de un gigantesco “regalo” durante tres días completos.
Román Vázquez y Shaon Ortiz repetirán la hazaña como parte de la tercera edición de “Un regalo de altura”, un proyecto creado para impulsar la colecta anual de juguetes de «Santa Bombero».
Cabe resaltar que esta edición coincide con los 86 años de tradición de «Santa Bombero» en Ciudad Juárez, una actividad que se convierte en una de las colectas solidarias más emblemáticas en esta frontera.
El reto iniciará el próximo jueves 11 de diciembre a las 4 de la tarde, cuando ambos locutores ingresen al cubo metálico que tiene una dimensión de 2×2 metros y que está forrado en papel de obsequio, en donde permanecerán hasta el domingo 14 de diciembre a las 5 de la tarde.
Con tres noches seguidas al aire libre, la intención es reunir juguetes nuevos o usados en buenas condiciones, que no sean bélicos o funcionen con baterías, para destinarlos a niñas y niños en situación vulnerable.
En conferencia de prensa, Shaon Ortiz declaró que durante las tardes habrá variedad musical para quienes acudan a acompañarlos en esta hazaña, con el fin de generar un ambiente agradable y fortalecer la participación ciudadana.
Mencionó que entre las actividades recreativas se encuentran presentaciones de bandas locales y mezclas de Dj Town, Lalito Mix y Dj Tavo Vargas, quienes animarán la dinámica durante todo el fin de semana.
