Donald Trump cortó por decreto el financiamiento a la Agencia de la ONU para los Refugiados, lo que provocó que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados perdiera más de la mitad de su presupuesto operativo. Esto, sumado a los recortes del dinero público, deja a miles de solicitantes de refugio en un limbo
Justo ahora que más inmigrantes buscan quedarse en México huyendo de la situación humanitaria en su país, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) se enfrenta a una disminución presupuestaria por un recorte del dinero público recibido y por las decisiones del actual gobierno de Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos canceló 4,900 millones de dólares en ayuda exterior en agosto, lo que profundiza los recortes a programas internacionales, programas de desarrollo en América Latina, así como organizaciones de apoyo a migrantes en toda la región.
Giovanni Lepri, representante de ACNUR en México, dijo en junio pasado que el presupuesto de la agencia para 2025 se había reducido en un 60 por ciento como consecuencia de las políticas de Trump. Parte de ese dinero sostenía operaciones humanitarias en todo el mundo, incluido México.
La ACNUR destinó a la COMAR 453 millones 300 mil pesos de 2019 a 2023, lo que permitió la contratación de 230 plazas, según la Secretaría de Gobernación.
Sin esos fondos internacionales, las autoridades mexicanas pierden más del 50 por ciento de su capacidad operativa para procesar las miles de solicitudes de refugio que han incrementado en los últimos años: pasaron de 2,137 en 2014 a más de 140,000 en 2023.
El presupuesto público de COMAR para 2025 es de 47 millones de pesos ( $2.3 mdd), menos que el año pasado, cuando recibió poco más de 51 millones. Este año también perdió los 60 millones de pesos ($3.2 mdd) adicionales que recibía de la Comisión de Atención Integral de la Frontera Sur, retirados tras el cambio de gobierno en octubre de 2024, dijo Andrés Ramírez, ex titular de COMAR en México. Menos el dinero que ya no le puede dar ACNUR.
“Estamos en el peor de los escenarios posibles porque no hay recursos”, dijo en entrevista Tomás Milton Muñoz, investigador del Centro de Relaciones Internacionales (CRI) de la UNAM.
Para julio de este año, la COMAR tenía 50,639 solicitudes de refugio, de las cuales 39,497 aún estaban en trámite.
“Nosotros financiamos a mucho personal también de COMAR”, explicó Pierre-Marc René, Asociado de Información Pública de ACNUR en Tapachula, Chiapas. “Gran parte del presupuesto que tenemos también es para financiar la COMAR”.
La agencia anunció el cierre de oficinas en los estados de Chiapas y Jalisco en abril de este año, más el despido de 190 empleados. Sus recursos también servían para pagar a trabajadores de la COMAR.
Ahora, con una plantilla reducida, estudiantes están haciendo labores para suplir los puestos faltantes, asegura el investigador Milton. Es el caso de algunos de sus alumnos en la UNAM.
“Tengo muchos alumnos que están haciendo servicio social en la COMAR, porque carecen de personal, y ellos están haciendo básicamente las tareas que les corresponderían a personas ya mucho más formadas”, dijo.
Y si falta dinero y personal, el tiempo para resolver los trámites es más largo.
“La espera entre solicitud y entrevista es de entre siete y ocho meses, cuando el proceso completo debería durar 45 días hábiles”, señaló Lorena Cano, coordinadora de la Clínica Jurídica para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
Según la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, cualquier extranjero en territorio nacional, tiene derecho a solicitar que le sea reconocida la condición de refugiado, y la COMAR debe emitir una resolución “dentro del plazo de 45 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud”.
“Se juntan varios factores. Primero, este tapón que ahora es México, porque ya no pueden solicitar ayuda en Estados Unidos”, mencionó Cano. “Están solicitándolo aquí en México, porque lo que quieren es no ser devueltos al país de origen donde su vida peligra”.
Sin documentos oficiales ni procesos claros florecen los intermediarios que ofrecen soluciones rápidas. Por ejemplo, “del 100% de personas que recibo en atención, por lo menos el 80% ha sido defraudada por un abogado”, dijo Cano.
Los datos oficiales muestran que una de las formas en que México ha puesto un freno a los inmigrantes es dejar de expedir la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH): los documentos cayeron de 13,240 en enero de 2023, a sólo 168 en enero de 2024, es decir, 98 por ciento menos de un año a otro.
En enero de 2025, la cantidad de tarjetas emitidas subió ligeramente a 464 tarjetas en enero de 2025.
Ramírez confirma que el Instituto Nacional de Migración dejó de otorgar esas tarjetas humanitarias para evitar que las personas migrantes se desplazaran al norte de México, aunque este documento permite una estancia legal a quienes están realizando su trámite de solicitud de refugio.
“Muchas de las personas que genuinamente buscan protección internacional en nuestro país se quedan en un limbo y su vida se hace muy complicada”, dijo el ex titular de la COMAR.
“Si comparas cifras, hay una política clara de no dar documentos”, expuso otra fuente especializada que pide anonimato. “Aquí dejaron de aplicar la ley”.
Investigación: Nadia Sanders
Edición: Wendy Selene Pérez
Coordinación: Patricia Mercado y Laura Zommer
Fotografía: Teresa González, Benjamín Alfaro y María Ruiz
Diseño: Jhasua Razo y Abel Domínguez | Audiencias: Selene Tapia, Daniela Buenabad, Olivia Rivarola
Esta investigación de cinco entregas fue realizada por Conexión Migrante y Factchequeado con apoyo del programa Disarming Disinformation del International Center for Journalists (ICFJ).
