Familiares de víctimas integrados en el colectivo Justicia Nuestros Deudos denunciaron actos de intimidación por parte de autoridades estatales, luego de realizar protestas en exigencia de verdad y justicia por los 386 cuerpos localizados sin incinerar en el Crematorio Plenitud el pasado 26 de junio.
Dora Elena Delgado, vocera del colectivo, indicó que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron el pasado viernes 10 de octubre a la funeraria Latinoamericana, donde las familias mantenían un plantón pacífico para exigir avances en las investigaciones y reparación del daño.
Expuso que, tanto ella como el resto de los manifestantes, consideraron que la presencia policial tuvo la intención de amedrentarlos y obstaculizar su derecho a la protesta, pese a que la protesta se realizó de manera pacífica.
Indicó que no es la primera ocasión en que agentes estatales les toman fotografías cuando realizan las manifestaciones, por lo que este tipo de acciones ya son reiterativas cuando ejercer su derecho a exigir justicia.
– “Fue muy sorpresivo que se presentara la Fiscalía en la funeraria. Fueron a tomarnos fotografías”, comentó.
– ¿Y qué les dijeron?, se le cuestionó.
– “No nos dijeron absolutamente nada. Nada más nos tomaron fotos. Yo ignoro para qué, creo que ya nos conocen muy bien y nos siguen este tomando fotografías y esa es una manera de intimidarlos”, dijo.
Aunque las acciones del grupo continuaron el sábado 11 de octubre en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos y en el Puente Internacional Santa Fe, donde nuevamente denunciaron hostigamiento por parte de elementos de la FGE y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
Los familiares calificaron la presencia de agentes como un intento del Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, de disuadir las manifestaciones públicas.
“Ejercemos nuestro derecho a reunirnos y manifestarnos. No a la intimidación. No nos callarán”, señalaron a través de un comunicado de prensa, en el que reiteraron que sus demandas siguen siendo las mismas: verdad, reparación del daño y garantías de no repetición.
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El colectivo, conformado por familiares de personas afectadas por el hallazgo en el crematorio, sostuvo que las autoridades estatales no han brindado información clara sobre la identificación y el destino de los cuerpos, lo que mantiene en incertidumbre a decenas de familias.
A casi cuatro meses del hallazgo, los deudos insisten en que la falta de transparencia representa una nueva forma de violencia institucional, por lo que el colectivo continuará con las acciones públicas hasta obtener respuestas y garantías de no repetición de hechos similares.
Durante las protestas del fin de semana, las familias desplegaron pancartas con la leyenda “Crematorio Plenitud 386”, en memoria de las víctimas y como denuncia de lo que consideran un ejemplo del abandono estatal hacia los muertos y sus familiares.
