Uno de los empleados del Crematorio Plenitud, Facundo Teófilo Martínez Robledo falleció este jueves en el CERESO 3 de Ciudad Juárez, a consecuencia de complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar crónica, según dio a conocer personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
El hombre, de 64 años, se encontraba recluido desde el pasado 30 de junio, por el delito de inhumación, exhumación y respeto a los muertos, luego de que en el establecimiento donde trabajaba fueran localizados 386 cuerpos sin incinerar, en condiciones insalubres y sin refrigeración.
De acuerdo con la información oficial, Facundo Teófilo fue atendido inicialmente por personal médico del penal, pero su estado de salud se deterioró, por lo que fue trasladado al Hospital General de Ciudad Juárez, donde se confirmó su muerte a las 8:10 de la noche del jueves 30 de octubre.
Jorge Armendáriz, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, informó que el interno padecía una enfermedad pulmonar desde tiempo atrás y que el personal del CERESO actuó conforme a los protocolos de atención médica.
Asimismo indicó que la causa oficial del fallecimiento será determinada una vez que concluyan las periciales a cargo de la Fiscalía General del Estado y se le practique la necropsia de ley correspondiente.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
El portavoz de la corporación policiaca señaló que el cuerpo del detenido permanecería bajo resguardo de las autoridades ministeriales, en tanto se realiza el dictamen médico para determinar la causa de muerte.
“Nosotros estaremos colaborando con la autoridad ministerial para poder determinar todo lo que sea necesario respecto a esta información”, puntualizó.
Cabe resaltar que Facundo Teófilo Martínez Robledo fue vinculado a proceso el pasado 4 de julio, junto con uno de los dueños del Crematorio Plenitud, José Luis Arellano Cuarón, luego de que el juez de control Apolinar Juárez ordenó entonces su prisión preventiva y fijó un plazo de seis meses de investigación complementaria.
La causa penal 3448/25 expone que, entre marzo de 2022 y julio de 2025, en el crematorio se acumuló un número estimado de 386 cuerpos sin incinerar, algunos apilados y en condiciones indignas, lo que el juez calificó como un daño grave a la salud pública.
Sin embargo, hasta antes de su muerte, no se había informado que el Ministerio Público hubiera solicitado la declaración anticipada del acusado ni que existieran gestiones para modificar su estatus procesal.
Aunque las autoridades estatales confirmaron que, tras su deceso, la investigación judicial continuará en curso respecto al resto de los implicados, trascendió.
