A pesar de que el sacerdote Aristeo Baca recibió una condena de 34 años y 10 días con arresto domiciliario, tras declararse culpable por los delitos de violación y abuso sexual agravados, actualmente permanece sin una sentencia definitiva, tras la promoción de un amparo por parte de la defensa.
El proceso judicial entró en una nueva etapa, luego de que un tribunal colegiado ordenó reponer la sentencia que incorpore perspectiva de infancia y género, además de otorgar peso reforzado al testimonio de la víctima.
En este sentido, la víctima, quien era menor cuando inició el procedimiento, ya fue notificada directamente para esta nueva resolución, debido a que alcanzó la mayoría de edad durante el tiempo que ha transcurrido el litigio, declaró Elia Orrantia, directora de Sin Violencia A.C.
La activista refirió que el sacerdote cumple con la primera sentencia en su domicilio por criterios relacionados con su edad, sin embargo la resolución debe emitirse nuevamente conforme a los lineamientos federales.
«O sea, ya la la víctima fue notificada y nuevamente estamos en espera de que se vuelva a hacer otra sentencia a pesar de los derechos (…) Porque finalmente él ha sido condenado, pero siempre hemos dicho él está en una casa. Inclusive sabemos que hay feriagreses que van a que los confiesen», dijo.
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Al respecto, señaló que la organización dio seguimiento al caso desde el 2021, cuando la defensa presentó el recurso de apelación y posteriormente el amparo directo en junio del 2022.
Mencionó que, aunque existe una condena formal, el hecho de que el sacerdote permanezca en arresto domiciliario genera entre la comunidad la idea de que conserva legitimidad moral o estatus clerical.
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La directora de Sin Violencia A. C. refirió que en casos de abuso sexual el factor que modifica la percepción social es el poder que ejerce el agresor dentro de estructuras con influencia comunitaria o religiosa.
Mientras que la falta de un posicionamiento institucional por parte de la Diócesis de Ciudad Juárez contribuye a que el caso permanezca en debate público y que la víctima enfrente un entorno complejo.
Sin pronunciamiento
Mientras que Gustavo Balderas, párroco de Jesús Príncipe de Paz y encargado de la Pastoral Diocesana de Adolescentes, dijo que para muchos obispos resulta difícil emitir una palabra pública en este tipo de situaciones.
El sacerdote señaló que la comisión diocesana debe asumir mayor responsabilidad y que la jerarquía necesita sensibilizarse ante estos casos, además de ofrecer mensajes claros que acompañen a las víctimas.
«Ciertamente el obispo debe sensibilizarse ante esta situación, debe de dar una palabra, debe de compartir una palabra, pero también la comisión tiene que ponerse al pendiente, ponerse a trabajar. Nos falta mucho, sobre todo a la jerarquía y es esto lo que te digo, la sensibilización. Sensibilizarnos ante estos casos que ocurren y que tenemos que dar una palabra», dijo.
Mientras la sentencia se repone en tribunales, organizaciones civiles advierten que en casos de abuso el poder institucional del agresor condiciona la percepción pública y la reparación hacia las víctimas.
Balderas expuso que al interior de la estructura eclesiástica persisten retos en la implementación de protocolos y que existe presión de algunos sectores para fortalecer los mecanismos de atención y prevención.
«Hay diócesis que ya van avanzadas, hay diócesis que nos falta todavía alcanzar, pero habemos sacerdotes que estamos presionando para que sigamos trabajando. Ha sido un camino difícil, ha sido un camino complicado, ha sido un camino un poco, hasta a veces, desalentador para uno mismo, pero no bajar la guardia», sentenció.
