Para activistas y defensores de derechos humanos, las mujeres migrantes que llegan a la ciudad fronteriza de Tijuana representan la cara de la resistencia de todos aquellos que por una u otra razón tienen que dejar atrás sus familias, sus hogares y sus pueblos donde ya tenían bien asentadas sus raíces.
Tres pilares fundamentales que, a decir del activista Albert Rivera “duelen profundamente pues son el primer desprendimiento que hacen de sus vidas”, pero pese a ese dolor, las mujeres migrantes no desisten y son las primeras que impulsan a sus hermanos, sus padres, sus maridos o ellas solas con sus hijos las que agarran fuerzas y emprenden su camino.
En el marco del Día de la Mujer que se conmemoras este 8 de marzo, Nómadas conversó con tres mujeres migrantes que se ubican en un albergue ubicado en la periferia de la fronteriza Tijuana, en donde cada una con su lucha y su historia particular que carga a cuestas, coincidieron en un objetivo: siempre buscar avanzar e ir adelante pese a las circunstancias.
“María”, viene de Honduras con su niña de 13 años / Foto: Joebeth Terríquez
ANDANTES SOLITARIAS
Las tres mujeres que compartieron sus testimonios coincidieron en una situación, las tres salieron sin acompañamiento de sus hogares por diversas circunstancias, solas con sus hijos pequeños, sorteando todas las adversidades que se les fueron presentando en el camino.
María, a quien se le asignó se nombre por seguridad, salió de su natal San Pedro Sula, Honduras solo con su hija menor de 13 años y ya lleva cinco meses en Tijuana. Ellas tuvieron que salir por amenazas del crimen organizado, luego de que le pidieran cuota por sus negocios que tenía y al no poder cubrirla, mejor dejo todo para proteger a su niña.
“Me dolió dejar mi país, mi país es bello, pero el problema en Honduras es que se está manejando bastante el crimen organizado, hay muchos compatriotas que también han dejado sus tierras para venirse a Estados Unidos”, dijo.
María compartió que el trayecto desde su país hasta Tijuana no fue fácil, pues en su camino estuvieron en varios lugares a modo de llegar hasta la frontera, pasando primero unos meses en la frontera sur de México, en Tapachula, luego en Monterrey, donde tuvo una experiencia fuerte con agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
“Viniendo de Monterrey rumbo a Tijuana, me bajaron los de migración del bus y me detuvieron (…) yo le clamaba al señor de que me pudieran soltar y me dejaran ir y sí vi la mano de Dios esa ocasión porque ellos me acusaban de que yo traía a mi hija para trata de personas, que la venía a vender aquí a Tijuana”, dijo.
La señora María compartió que durante ese momento los agentes la amenazaron en varias ocasiones de quitarle a su hija, de hacerle pruebas de ADN para confirmar que era suya, pero ella siempre confió en su corazón y su palabra, puesto que era su niña y no mentía por ello, por lo que tiempo después le creyeron y la dejaron ir. “Me sentí desesperada y triste, pero a la vez confiada porque les estaba hablando con la verdad”.
Mónica Núñez, salió de Michoacán con su niña y dos niños / Foto: Joebeth Terríquez
LOS HIJOS EL MOTOR DE LA MUJERES MIGRANTES
Mónica Núñez y Karla (nombre asignado por seguridad), son dos madres de familia mexicanas, originarias del estado de Michoacán, y aunque de diversas comunidades, ambas comparten la misma condena de haber sido desplazadas por el crimen organizado y estar ahora mismo “recluidas en su propia país”, como señaló una de ellas.
En el caso de Mónica, ella salió hace cuatro meses de su pueblo junto con sus dos hijos y una niña, todos menores, debido a una situación que tuvo y que después de haber presentado la denuncia, le llevó a recibir amenazas y por ende mejor decidió dejar todo atrás para proteger a sus hijos.
Compartió que haber salido sola solo con sus hijos ha sido muy complicado, sobre todo “porque uno tiene que salir del pueblo sin conocer a nada ni nadie aquí, porque no sabíamos cuál era el rumbo que íbamos a tomar y aquí llegamos a este albergue y nos hemos sentido bien, nos han apoyado mucho”, manifestó.
Cuando se le preguntó qué la motivó a salir así, sin nada ni nadie y sin conocer su rumbo, Mónica respondió que “la fuerza sale de los propios hijos, porque uno quiere darles siempre lo mejor, que no caigan en las garras del crimen”.
“Karla”, le asesinaron a su esposo y su suegro y huyó de Michoacán con sus dos hijos / Foto: Joebeth Terríquez
Una perspectiva en la que coincidió Karla, quien resaltó que, pese a todas las adversidades “una tiene que seguir, principalmente por los hijos y por buscar una vida mejor en donde ellos no crezcan con violencia y que cuando sean grandes no la sigan fomentando; hay que hacer ese pequeño esfuerzo por nuestros hijos, porque Dios no nos va a dejar solas”.
Su caso es muy espacial, pues tuvo que salir de su ciudad con sus dos hijos pequeños a raíz de que asesinaron a su esposo y a su suegro. “Salir sola con mis hijos ha sido una experiencia muy fuerte, dolorosa y triste; mi esposo era el sustento de mis hijos, pero pues a final de cuentas por los hijos uno es que tiene que hacerlo”.
Las tres mujeres migrantes se mantienen a la espera en el albergue donde están refugiadas a la espera de que mediante la aplicación CBP-One les otorgue la confirmación de sus citas para solicitud de asilo en Estados Unidos, las tres buscan mejores posibilidades para ellas y primordialmente sus hijos, mientras tanto resisten y esperan les llegue su oportunidad.
El Día de la Mujer también es para las niñas migrantes / Foto: Joebeth Terríquez
Mujeres migrantes resguardadas en un albergue / Foto: Joebeth Terríquez
Desde nuestra Comunidad de Medios, compartimos con esta publicación de Nomadas Press que puedes consultar completa aquí
Y concluye esa misma frase que «y si es criminal, pues una plurinominal». Estas y otras historias de la vida real encontramos en el contexto político actual, de cuando los partidos «pavimentan» el camino para sus elementos más polémicos. Este texto bien pudo titularse historias de «chapulineo», pero luego puede haber personas que se sientan aludidas.
En fin, comencemos por el alcalde y su socio leal Miguel Ángel Mendoza Rangel, cuyo arduo «trabajo», les ha permitido estrenar casa de manera reciente, vaya que ha resultado más lucrativa de lo que uno pudiera pensar el manejo de la cultura en Ciudad Juárez, o más bien los gastos del erario público con pretexto de esa área, pues, aunque Mendoza Rangel dejo la Dirección del Instituto Para la Cultura del Municipio el 26 de enero, no así el «servicio público» municipal.
Dicen que hay que pensar mal para acertar y es que solo así se explicaría la forma caprichosa en que ha decidido manejarse la renovación del Consejo de Gobierno, así como la próxima Dirección General del Ipacult para asegurar la continuidad del manejo feudal de esa instancia descentralizada del Gobierno Municipal.
Pues pese a la solicitud de transparencia y el supuesto compromiso en la Sesión Ordinaria 57 de Cabildo en donde se acordó que se harían públicos los perfiles de las personas que atendieron a la extensión de convocatoria del 26 de enero para solicitar ser parte del Consejo de Gobierno, además de no cumplirse ese compromiso, la toma de protesta en total secretismo se lleva a cabo el 6 de febrero en la Unidad Administrativa Benito Juárez y solamente al día siguiente mediante boletín de prensa se informa quienes fueron los perfiles seleccionados.
Todo parece indicar que todo marcha viento en popa, una selección de consejeros a modo… a modo de figura decorativa, para en borregada votar lo que se les ha instruido, fallando a los y las habitantes de esta ciudad en la procuración de los derechos culturales de las personas, aquí lo que importa es simular como que se hace, unos milloncitos por aquí, otros por acá, porque para todos hay una rebanadita y el negocio siempre es redondo, salvo muy contadas y honrosas excepciones.
Y pues la «pluris» para Mendoza Rangel parece que puede ser la promoción para regidor por parte del movimiento transformador.
No quiero ni imaginar el desastre hacia el que se dirige la cultura en esta ciudad. Por aquí parece que vivimos con memoria a muy corto plazo, pues hay cuentas pendientes por revisar como es lo relacionado a la intervención siempre oportuna de Laboratorio Estudio Urbano, el cual es fundado y dirigido por Miguel Ángel Mendoza Medina (hijo del ex director de Ipacult), por citar un ejemplo, en el uso de recursos públicos para pintar «murales» en los pisos de parques con precios de hasta 400 mil pesos, mientras la mayoría de los artistas, trabajan hasta con recursos propios en beneficio de la ciudadanía, haciendo la chamba que debería hacer el gobierno local.
Y es que para el Ipacult, en promedio de manera anual se otorgan 30 millones de pesos, mientras que se planea otorgar un total de 74 millones como «apoyo» al Museo Casa Juan Gabriel que será manejado por la Fundación Juan Gabriel, A.C. y la cual hasta el momento ha recibido 14 millones 595 mil 120 pesos en pago de dos exhibiciones, siendo la segunda de estas mediante el cheque número 343187 por un importe de 5 millones 254 mil 800 pesos, emitido el 7 de febrero de 2024 (convenio SA/JUR/50/2024).
Hay que destacar que el acceso a dicho museo tendrá un costo y los ingresos de taquilla no brindaran una retribución directa al Municipio de Juárez.
Perdonen mi ignorancia, pero no me suena justo que se use el dinero de los y las juarenses para apoyar a un espacio que será administrado por un privado ¿Quién o quienes se beneficiaran con estas transacciones?
El asunto en cuestión de esta importante inversión cobra relevancia, pues el director de dicha fundación es el arquitecto Felipe Rojas Portillo, quien el 6 de febrero tomó protesta como Consejero de Gobierno de Ipacult y al día siguiente el Gobierno Municipal le entrega más de 5 millones de pesos a su fundación cuando el Reglamento Interno del Ipacult, en el artículo 10 señala que «las y los integrantes del Consejo de Gobierno electos entre la ciudadanía desempeñarán sus funciones de manera honorífica».
Situación que se presta a malas interpretaciones sobre las razones de integrarlo a dicho Consejo o manifiesta un posible conflicto de intereses, en esta interesante novela denominada «los opacos gastos y manejos en cultura».
Por otra parte, no menos indignante es referir la descarada postura oficial ante las detenciones arbitrarias, con un excesivo uso de la fuerza pública el pasado 25 de febrero en El Campestre, donde los reclamos ciudadanos de transparencia resultaron en una clásica respuesta política de ser denostados como «circo mediático» y golpeteo político ante el escenario electoral.
La veda electoral es para los políticos que pintan bardas y usan recurso público para promocionarse, no para la ciudadanía vigilante.
Podemos concluir entonces que lo más importante ya no es la legitimidad, la gobernanza, la transparencia, el acceso a la información pública, el derecho a la protesta social, sino hacer del servicio público la oportunidad perfecta para servirse con la cuchara grande y siempre usar la vieja confiable de es un ataque por la época electoral.
De gran alerta debería ser un gobernante que a las solicitudes de transparencia las califica como chantajes y cuya soberbia es tanta que se niega a escuchar a sus gobernados, enviando el mensaje de que hay que temerle, pues no dudará en hacer uso de su poder y el aparato gubernamental en detrimento del derecho a la libertad de expresión de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Pero más alarmante aún es ver como el partido en el poder se convirtió en aquello que juró destruir, pues no sólo no ha buscado resolver las acusaciones de presuntos actos de corrupción, sino que ha premiado la falta de transparencia brindando la oportunidad de reelección a Cruz Pérez Cuellar y el trampolín a su hermano Alejandro para participar en la contienda electoral del 2 de junio como candidato a diputado por el distrito 04 federal por el partido guinda.
Este jueves se colocó un tendedero de denuncias de acoso y abuso sexual en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
La iniciativa fue por parte de diversos colectivos feministas de Ciudad Juárez quie han llevado a cabo una serie de acciones, con el fin de visibilizar y combatir la violencia de género.
Este tendedero, organizado por compañeras activistas, busca proporcionar un espacio seguro y anónimo para que estudiantes e integrantes de la comunidad universitaria puedan compartir sus experiencias de agresión por parte de presuntos agresores.
Además, se promueve el uso del protocolo de género para reportar agresiones y construir una lista de agresiones cometidas por compañeros administrativos, maestros y estudiantes.
Además este viernes 8 de marzo se realizará una marcha que partirá del Monumento Benito Juárez, pasando por la Cruz de Clavos y retornando al Monumento de Benito Juárez para asegurar un regreso seguro.
In Ciudad Juarez, domestic violence represents one of the main problems in society, since from 2016 to 2022, it had an increase of 14 percent, going from 6,513 to 7,426 annual investigation files, according to data from the State Attorney General’s Office.
However, one of the most affected neighborhoodswas Riveras del Bravo, which led in the number of emergency calls made to 911, from 2019 to 2023, according to information from the Municipal Public Safety Secretariat.
«This started very strongly in Juarez since thepandemic. We thought that this was going to decrease, but it did not decrease (…) One of them (the most affected sectors) is the Southeast and weare working the entire Southeast of the city,» said César Omar Muñoz Morales, head of the Municipal Police in Ciudad Juárez.
During 2019 alone, the Municipal Police reported 5 thousand 819 incidents in the Riveras del Bravo neighborhood, according to the request 080155923000269 delivered via Transparency.
Likewise, the Riveras del Bravo area is one of theareas with the highest number of incidences of domestic and sexual violence in the city, accordingto the latest Socioeconomic Radiography of the Municipality of Juarez for 2021, conducted by theMunicipal Institute of Research and Planning(IMIP).
Domestic violence is a crime that has a greaterimpact on women, children and adolescents, and during the past year, up to 1,000 calls were received per month for this cause, according to the director of the Municipal Institute for Women (IMM).
She also said that the incidence of this crime surpassed the reports of robbery and that every month there are at least a thousand emergency calls to the 911 number, in which people who are victims report these facts, according to newspaper archives.
In this sense, Muñoz Morales pointed out that the number of reports for this cause is expected to increase in the next months, due to the technological advances and the coordination between the police corporations in the locality.
However, the official emphasized that the increasein the number of complaints does not necessarilyimply an increase in violence, but a greateraccessibility and trust in the authorities to reportthese crimes.
He added that, although they expect an increase, this is necessary to work on a solution.
Psychologicalviolence: a silentreality
There are five types of violence recognized in the General Law on Women’s Access to a Life Free of Violence. In Mexico, the most common is one thatis not seen, but has a major impact on women’slives: psychological violence.
«I am struck by the fact that when it does notinvolve blows and bruises, it is said that it does not go that far. I would say no. I would say that when itcomes to blows and bruises and, worse, death, thatis a type of violence, but I would not dare to say that they have already reached the worst (…) Butthere are also those who say that it is worse to live in painful, vulnerable situations,» said Dr. Alicia Moreno Cedillos, director of the Master’s in Interdisciplinary Gender Studies at the UACJ.
In this sense, the specialist pointed out that psychological violence is one of the most frequent, but not the most reported, emphasizing thisperception that if there are no physical blows, it is not so important.
She commented that gender equity and equal opportunities should be fundamental pillars in today’s society, for which she highlighted the role of education and social awareness in changingparadigms and eliminating stereotypes.
According to information from the National Surveyon the Dynamics of Household Relationships(ENDIREH, 2021), 51.6 percent of the populationof women surveyed, aged 15 years or older, reported having suffered psychological violencethroughout their lives.
The law specifies that psychological violence isconsidered: «any act or omission that damagespsychological stability, which may consist of: negligence, abandonment, repeated neglect, jealousy, insults, humiliation, devaluation, marginalization, indifference, infidelity, destructivecomparisons, rejection, restriction of self-determination and threats, which lead the victim to depression, isolation, devaluation of self-esteem and even suicide».
The en refore, the coordinator of the Master’s programin gender studies pointed out that education is important for the transformation of ideas, as well as the need to continue working on awareness and education on gender issues, in order to achieve a more just and equal society for all people.
Ciudad Juárez se colocó en el tercer lugar a nivel nacional entre los municipios con mayor incidencia por feminicidios, mientras que el estado de Chihuahua ocupó el quinto, durante enero de este 2024, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Tan solo durante el primer mes de este año, registraron al menos 12 mujeres asesinadas, cifra que se repitió en febrero, según información del Observatorio Ciudadano de la Mesa de Seguridad.
En tanto que Yadira Cortés, de la Red Mesa de Mujeres, informó que documentaron al menos 10 mujeres asesinadas en el mismo periodo.
La activista indicó además que, sin embargo, esta no es la única problemática en cuanto a violencia de género en la ciudad, pues en el 2023 se registraron 9 mil 270 casos de violencia familiar, violencia sexual y acoso.
En cruces rosas nombran a las víctimas de Campo Algodonero / Foto: Redacción
Los datos del SESNSP arrojaron también que, en los últimos ocho años, la tendencia nacional en el delito de violencia familiar ha ido en aumento, pues mientras en el 2015 se registraron 127 mil 424 y, para el cierre del 2023, la cifra se incrementó hasta 284 mil 133 casos, lo que supone un incremento del 122.98 por ciento.
Sin embargo, a pesar de que se registró una disminución de 2.86 por ciento a nivel nacional, durante enero de este 2024, al menos 20 mil 814 mujeres fueron víctimas de violencia familiar en la República Mexicana, donde Chihuahua se encuentra en el séptimo lugar.
En el caso del delito violación, la media nacional es de 1 por cada 100 mil habitantes, mientras que Chihuahua se encuentra en el quinto lugar, con una tendencia de 2.03 por cada 100 mil habitantes.
Después de 100 años de luchar por su territorio, la comunidad de Bosques San Elías Repechique, logró su reconocimiento ancestral como pueblo indígena y con ello la restitución de 11 mil hectáreas por las que luchaban desde 1988 y que habían quedado en manos de familias no indígenas, las cuales obtuvieron los títulos de propiedad argumentando que se trataba de terrenos baldíos o incurriendo hasta en la falsificación de firma de un gobernador.
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists.
A pesar de los desafíos en el acceso a sistemas jurídicos debido a barreras lingüísticas y geográficas, la comunidad rarámuri ha presentado cinco amparos (2014, 2018 y 2019) basados en el Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, aunque fue firmado por el gobierno mexicano, aún no se ha integrado adecuadamente en las leyes, dificultando la protección legal de sus derechos y la recuperación de sus tierras ante la explotación maderera y proyectos empresariales.
Después de 6 años de trámites para ser reconocidos, el 02 de febrero del 2024 dieron un enorme paso en su lucha: el Juzgado Federal Décimo de Distrito del Estado de Chihuahua emitió una sentencia a favor de la comunidad de Bosques San Elías Repechique en el reconocimiento de la posesión de su territorio ancestral de 11 mil hectáreas.
La comunidad rarámuri Bosques San Elías Repechique, que comprende 33 rancherías, se conforma de valles y cerros ubicados entre las Barrancas del Cobre y la cuenca del río Otero en la Sierra Tarahumara, parte de los principales atractivos turísticos del estado de Chihuahua. Su territorio, localizado en el municipio de Bocoyna, se ha convertido en una zona estratégica para el desarrollo turístico y para el negocio de extracción de madera, negocios que la comunidad no comparte.
“Es algo espiritual, una conexión tan apegada a la tierra que muchas veces sientes cómo perjudicas, cómo lastimas a la tierra cuando le pasas hasta el mismo arado. También las plantas, a veces uno pide hasta disculpas o permisos para poder cortarlas porque es una conexión que, a veces, uno no puede transmitirles a las personas. Es como si tuvieras que ser rarámuri para entenderlo, tendrías que pertenecer a una comunidad”, expresó Carlos González, un joven rarámuri que nació y creció en Bosques San Elías Repechique.
Empezó la compra venta entre particulares, pero la comunidad ya estaba ahí
La comunidad de Bosques San Elías Repechique abarca un territorio conformado por un conjunto de 12 predios utilizados por particulares. Esa titularidad la han registrado con compras históricas.
Una cabaña donde habita una familia rarámuri en Bosques de San Elías Repechique.
El 12 de agosto 1866, el presidente Porfirio Díaz, recibió una solicitud de un particular llamado Darío Ponce, para que le adjudicara más de 70 mil 500 hectáreas de unos “terrenos baldíos” que pertenecían a la Nación en “12 sitios mayores”, ubicados en la región que hoy abarca Bosque San Elías Repechique y otras localidades, en el municipio de Bocoyna.
Isabel Saldivar, representante legal de la Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (Contec) explicó que para lograr que la tierra fuera titulada a su nombre, el particular Darío Ponce argumentó que los terrenos eran áreas desérticas que según la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos de 1883 no tenían ningún título de propiedad y, por tanto, eran legalmente terrenos que podían adjudicarse a quien los reclamara, con el argumento de darle un uso público.
En los artículos 2 y 4 de dicha ley se señala que son baldíos, todos los terrenos de la República que no hayan sido destinados a un uso público o a individuo o corporación autorizada para adquirirlos, y que “todo habitante de la República, mayor de edad y con capacidad legal para contratar, tiene derecho, en los términos de la presente ley, para denunciar terrenos baldíos, demasías y excedencias en cualquiera parte del territorio nacional, y sin limitación de extensión”.
Históricamente, durante las épocas de Benito Juárez y Porfirio Díaz, como se evidencia en el caso de la comunidad de Repechique en Chihuahua, se promulgaron leyes y decretos que otorgaban vastas extensiones de tierra a particulares, sin considerar a las comunidades indígenas. El Dr. Rafael Gómez Medina, magistrado del Tribunal Unitario del Distrito 5 en Chihuahua, señaló que «se han entregado tierras a particulares incluyendo las comunidades indígenas, entonces ahí pareciera que es una nueva encomienda, no se les dan los territorios con todos los indígenas, es algo totalmente en contra de la Constitución y de la ley»
En el documento de 1866, aparecen nombres de los predios como parte de la adjudicación realizada a Darío Ponce, como peñasco de Baniguasachic, Río Otero, Cerro Blanco, Baguasichic, Guacaybo, entre otros.
Y es que, documentos del Registro Público de la Propiedad (RPP) del estado de Chihuahua, evidencian que el pueblo rarámuri ya existía en ese territorio antes de 1866. “Al hacer esta venta (de Darío Ponce a Perfecto) a Parra, ha sido con la condición precisa de respetar a los indígenas que actualmente viven en dichos terrenos”.
Sin embargo, las propiedades quedaron inscritas hasta 1972. Posterior a la adjudicación a su nombre, Ponce subdividió las tierras y las vendió, pasando por diversas transmisiones hasta contar actualmente con más de 50 propietarios.
“Los derechos de la autonomía y la libre determinación se ejercen en este territorio que no es solamente un perímetro de tierra, sino que está reconocido como una relación especial, así dice la declaración, no solamente es una relación de pertenencia y de propiedad, sino que los pueblos indígenas mantienen esta relación con el territorio que tiene que ver con una aproximación en un sentido presente, pasado, futuro; es una relación que habla de los ancestros, que habla de las personas, que habla de las comunidades. Tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con el aire, con el sol, con el agua” mencionó Citlalli Hernández Saad. Coordinadora Nacional en México (IPRI) organización de Pueblos Indígenas.
De acuerdo con Emiliano García, líder campesino quien desde el año 1998 se sumó al acompañamiento de Bosques San Elías Repechique, las constantes compraventas de las tierras indígenas han sido la forma para que se pierda el origen de la propiedad ancestral.
“En el caso de México en general, tenemos una situación compleja porque existe un marco jurídico que es el marco del derecho agrario[…] la comunidad agraria es una figura que se crea para reconocer el derecho al territorio de pueblos ancestrales[…] uno de los grandes problemas que hubo cuando se implementó esa forma, es que se hizo con una perspectiva política que dejó fuera a muchas personas”, explicó Citlalli Hernández Saad, Coordinadora Nacional en México en Indigenous Peoples Rights- International (IPRI)
Proyectos empresariales
En esos años, el entonces presidente Porfirio Díaz promovió políticas para construir infraestructura en la zona tarahumara, entre ellas el ferrocarril Chepe, explicó la abogada de Contec.
Además de la apropiación por parte de particulares, a las tierras de Bosques San Elías Repechique le impactaron proyectos empresariales de gran alcance. El primero fue la construcción de las vías del tren que ahora se llama Chepe. La idea de construir las vías por la región de la Tarahumara surgió en 1880, pero comenzaron a construirla a finales del siglo XIX.
“Mis abuelos, en 1920, cuando se llevaron los pinos, cuando hicieron los durmientes, entonces platicaban que un señor mandaba a la gente a labrar a pura manos, a raíz, a puro hachazo para poner los rieles. Y otro (sic) venían en mula, lo cargaban, tiraban acá en el río y la pelaban (los pinos)”, recordó Reyes Benigno, un hombre anciano de la comunidad.
Una mujer rarámuri, habitante de Bosques de San Elías Repechique.
La implementación de estos proyectos empresariales no incluyó la consulta a las comunidades rarámuris. En ese momento, no existían leyes que requirieran la consulta a los pueblos originarios, a quienes solo se les ofrecieron empleos temporales en la fase de construcción.
Reyes Benigno refirió en una entrevista colectiva realizada en una reunión con la comunidad de Bosques San Elías Repechique, que en 1940 un señor llamado Celso Parra obligaba a las personas rarámuri a hacer durmientes (bases de madera que sostienen los rieles del tren) para la construcción de las vías del tren, en trabajos de jornadas exhaustivas.
Reyes Benigno compartió que Parra asignaba tierras de manera discrecional, bajo el método de repartición de parcelas en lugar de territorios completos, desde la cosmovisión del pueblo rarámuri. Según su relato, cada terreno se medía utilizando un mecate (cuerda), y a los beneficiarios se les entregaba una pequeña parte.
De acuerdo con el archivo hemerográfico de El Heraldo de Chihuahua, en noviembre de 1980 se dio a conocer que las personas indígenas de la región de Barranca iniciaron las denuncias públicas contra el empresario Efraín Sandoval.
En la entrevista colectiva, la población recordó que en 1960 comenzó la venta de tierras con mayor frecuencia y en mayor número de propietarios. Ese mismo año apareció en el Registro Público de la Propiedad, Marcelo Caraveo Valdez, como vendedor del predio Pino Gordo, que pertenece a Bosques San Elías Repechique. Esta persona aparece como vendedor de la tierra a favor de los compradores Jesús Ochoa Almanza y Lucía González de Ochoa.
Fue en 1961 cuando el matrimonio Ochoa le vendió la propiedad de Pino Gordo a Salomón Miledi Pérez, su familia es ahora, según la documentación legal, la propietaria de la mayoría de los predios de Repechique.
Ese año iniciaron la construcción de la primera etapa del Plan Barrancas del Cobre, en el que el gobierno estatal invirtió más de 6 millones de pesos; en tanto, el hotel Divisadero Barrancas continuó creciendo bajo la dirección de Ivonne y Odile Sandoval y en 1994 lo reinauguró el gobernador Francisco Barrio Terrazas (PAN). En esa misma administración, se anunció la inversión de empresas extranjeras para un mayor alcance del tren turístico.
Medios para impugnar
Para Isabel Saldivar de Contec, todas estas compraventas han sido utilizando mecanismos que pueden revertirse legalmente, pero por la falta de acceso a los mecanismos de la ley, la comunidad rarámuri ha sido afectada.
Explicó que según el artículo 27 constitucional, todas los títulos otorgados desde 1876 hasta antes de la Ley Agraria, podrían considerarse nulos.
“En ese sentido deberían de ser nulos todos los títulos que se les otorgaron a los particulares en ese tiempo porque finalmente fueron donación, fueron tierras que se transmitieron y generaron la concentración muy fuerte de riqueza a costa del despojo de los pueblos. Las comunidades buscan que el Estado mexicano, tanto a nivel federal como estatal, otorgue títulos de propiedad para las tierras que han ocupado durante largos periodos”.
En el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se menciona en las fracciones 4, 8 y 9 la importancia de corregir omisiones de la Procuraduría Agraria que puedan perjudicar a ejidatarios, comuneros, sus sucesores, comunidades, pequeños propietarios y demás participantes en asuntos agrarios. La finalidad es garantizar que estas omisiones sean rectificadas de forma rápida y eficaz, con el propósito de prevenir cualquier daño o perjuicio a estos actores agrarios.
“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 estableció la probabilidad de anular algunas leyes que habían sido expedidas de manera difusa y sin un control y se habían ordenado, pues el otorgamiento de títulos y de propiedades y tanto el artículo 27, como la Ley Agraria prevén que se puedan anular algunas resoluciones, títulos de propiedad otorgados al amparo de esas leyes” explicó Rafael Gómez Medina, magistrado del Tribunal Unitario del Distrito 5 en Chihuahua.
Además, la comunidad está solicitando la revocación de los permisos de aprovechamiento forestal sobre sus territorios, argumentando que contravienen la Ley General de Protección al Ambiente en el artículo 20 BIS. Esta legislación establece la obligación de consultar a las comunidades indígenas antes de otorgar permisos sobre sus tierras.
Citlalli Hernández Saad. Coordinadora Nacional en México (IPRI) mencionó que “los pueblos indígenas han sido un actor que ha vivido discriminación estructural son un sujeto político que ha tenido que luchar por cada uno de los derechos que tiene”.
El camino legal para reconocerles su propiedad y más proyectos empresariales
En 1996, quien era gobernador indígena de Bosques San Elías Repechique, Emilio Enríquez, exigió por primera vez el título de propiedad del territorio para la comunidad, justo el año que comenzó la primera etapa del desarrollo turístico de la Tarahumara.
En el Análisis comparativo de tres consultas en la Sierra Tarahumara realizado por Contec, se destaca que, como respuesta a las protestas de las comunidades afectadas y a la presión social, se estableció en 1997 el Fideicomiso Barrancas del Cobre. El propósito declarado era beneficiar a estas comunidades mediante el desarrollo de proyectos turísticos, supuestamente gestionados por las personas indígenas. Sin embargo, de acuerdo con el análisis, no se materializó como se esperaba.
La comunidad solicitó apoyo al Frente Democrático Campesino en 1998, quienes promovieron juicios ante la Procuraduría Agraria del gobierno federal. En ese mismo año, el Plan de Desarrollo estatal ya contemplaba la construcción y habilitación de un aeropuerto regional, pero se desconocía en qué lugar pretendían ubicarlo.
De acuerdo con Citlalli Hernández Saad (IPRI) “esta idea del Derecho Agrario mexicano es una idea que tiene un marco jurídico pero que en algunos contextos contradice lo que está establecido en los convenios internacionales”.
El año 2000 se registró un contrato de compraventa de la familia Miledi en predios de Repechique.
Salomón Miledi Pérez compró un polígono de 70 hectáreas ubicado al sureste de Creel. “Algunos habitantes, algunas personas, pero todos estaban con permiso nuestro”, explicó Fernando Cuesta, poseedor de los títulos de propiedad de Pino Gordo.
A partir de la publicación de la reforma al artículo 2 de la Constitución Mexicana sobre la autoadscripción, basada en el Convenio 169 de la Organización Internacional el 14 de agosto de 2001, la comunidad tuvo más herramientas para exigir la titularidad de su territorio ancestral.
En 2003 la población de Repechique interpuso un amparo ante el Tribunal Agrario, argumentando que hubo irregularidades de la compraventa de su territorio. Sin embargo, el 11 de agosto de 2003, el gobierno decidió tomar las tierras para uso público sobre la fracción Pino Gordo, también perteneciente a Bosques, con una superficie de 62.5 hectáreas, cuyos títulos de propiedad están a nombre de Salomón Miledi Pérez. Ese predio estaba donde ahora se encuentra parte del aeropuerto regional de Creel, como muestra en la plataforma del Registro Público de la Propiedad.
Campo de flores en la comunidad de Bosques de San Elías Repechique.
El documento en el Registro Público de la Propiedad consta que el gobierno estatal también adquirió otras dos partes de Pino Gordo a dos particulares: uno de ellos era Salomón Miledi Pérez en 2003 y la otra persona era María de Jesús Quezada Lozano, en 2006. Ahí construyeron las otras partes del aeropuerto.
“Nadie puede decirle a una comunidad cómo tiene que aprovechar sus recursos o qué hacer dentro de su territorio, ni nada que afecte su territorio[..] para decidir lo que quieran en su territorio sobre el manejo de sus recursos y el cuidado y lo que quieren hacer con su territorio” mencionó Citlalli Hernández Saad, Coordinadora Nacional en México en Indigenous Peoples Rights- International-IPRI.
El aeropuerto llega sin consulta y con la falsificación de firma de un gobernador indígena
El 9 de septiembre de 2013, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó la concesión del Aeropuerto Internacional Barrancas del Cobre a la empresa Administradora de Servicios Aeroportuarios S.A de C.V., de la que el gobierno estatal posee el 98 por ciento de las acciones. El 2 por ciento restante está en manos de Luis Carlos Sias Enriquez, un empresario de Creel.
El 2 de abril de 2014 la comunidad de Bosques San Elías Repechique promovió el amparo 422/2014, argumentando que no hubo un proceso de consulta como lo marca el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Las afectaciones que hemos sufrido a partir de la emisión de los actos ya referenciados que han permitido la realización de obras en nuestros terrenos, actividades que tienen que ver con la tala de árboles, con el establecimiento de cercos y daño a uno de nuestros aguajes han ocasionado un desequilibrio en nuestra vida y entorno ecológico.” señalan las declaraciones de la comunidad en el amparo.
El acto reclamado fue la falta de consulta en la planificación, elaboración, aprobación y ejecución del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre, así como la concesión de permisos forestales, la instalación de cercos y el daño a uno de los manantiales de la comunidad, así como el bloqueo de caminos y senderos utilizados por la comunidad para acceder a Creel, según el aparo 422/2014.
“Pero ahora la construcción del aeropuerto que está a unos cuantos metros del aguaje, pues ya es difícil de tomarse (el agua). Ya no se puede echar un sorbo de agua, porque pues quién sabe qué removieron. Quién sabe qué contaminaciones traería la construcción del aeropuerto”, detalló Carlos González un joven de la comunidad de Bosques San Elías Repechique.
En noviembre de 2014 el juez Octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora falló a favor de la comunidad y la nombró en la sentencia en contra del gobierno estatal. Este dictamen obliga a los constructores del aeropuerto a asumir la responsabilidad por los daños materiales e inmateriales causados por la construcción de la mega obra en medio de la Sierra Tarahumara.
De acuerdo con el artículo publicado en la revista Proceso, cuando el fallo fue favorable para Bosques San Elías Repechique, Enoel Carrasco Jordán (del Consejo Supremo de la Tarahumara) falsificó la firma del gobernador Nicolás Sánchez, en un oficio en el que se desistía de la denuncia de amparo.
En un oficio dirigido al juez octavo de distrito del estado de Chihuahua el 12 de mayo del 2015, donde se aseguraba que el primer gobernador de la comunidad, Nicolás Sánchez, aceptaba que habían sido consultados por Gobierno del Estado para la construcción del aeropuerto de Creel, así mismo que estaban de acuerdo en que continuara la construcción, al final del documento en el lugar del gobernador de la comunidad se encuentra una firma ajena a él.
De acuerdo con un artículo publicado en la revista Proceso, se señala que el juez se percató de la falsificación porque Nicolás Sánchez no sabía escribir, firmaba con su huella y el oficio tenía una firma, y dio aviso a las autoridades de la comunidad. El 24 de mayo siguiente, la comunidad de San Elías Repechique convocó a comunidades cercanas con el fin de llamar a cuentas a Enoel Carrasco, en un juicio comunitario. Él negó la acusación, pero cuando le mostraron los documentos que evidenciaron lo contrario, Carrasco justificó que podrían tener cabañas turísticas en la comunidad y otros argumentos parecidos.
Un nuevo proyecto en tierras rarámuris, el gasoducto El Encino-Topolobambo
El estudio de investigación “El Gasoducto El Encino–Topolobampo: El derecho a la consulta a los rarámuri”, detalla que la comunidad de Bosques San Elías Repechique sostenía la batalla legal cuando recibieron la noticia de la introducción de un gasoducto que atravesaría la Sierra Tarahumara.
Rafael Gómez Medina, magistrado del Tribunal Unitario, destacó que “debe haber consulta a los pueblos porque no nada más está la Constitución mexicana, sino convenios y tratados internacionales como los convenios 169 de la OIT la Declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos originarios y tribales de del 13 de septiembre 2007, o sea debe haber esta consulta primero y luego normalmente cuando es un gasoducto esas empresas pues deben acreditar una concesión del gobierno mexicano para explotar esos bienes que son propiedad de la nación y la afectación que se puede hacer a los territorios de los indígenas o de las comunidades”
La comunidad no fue consultada, a pesar de que ya era una obligación legal. Promovieron amparos e hicieron manifestaciones. Lograron que la empresa desviara un poco el trayecto pero, aún así, el gasoducto pasa por una parte de la comunidad y por las diferentes localidades serranas.
“Esta consulta lleva la corresponsabilidad del gobierno del estado mexicano de explicar también a las comunidades indígenas de que ha otorgado la concesión para un paso de tubería de gas[…]” expresó el magistrado Rafael Gómez Medina
La empresa encargada de la construcción del gasoducto es Trans-Canada y su filial en México es la Transportadora de Gas Natural del Noroeste. Pasar los grandes tubos de más de 10 metros de diámetro por las entrañas de la Tarahumara no sólo implicó la transformación del paisaje sino también la venta de una extensa porción de tierra, aproximadamente 20 mil 99 metros cuadrados, por parte del señor Miledi Perez, según la venta de la propiedad publicada en el Registro Público de la Propiedad.
El artículo 27 de la Ley de hidrocarburos y en la Ley de servicios en energía eléctrica artículo 120 determina que, “Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se desarrollen proyectos de la industria de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta previa, libre e informada necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las dependencias que correspondan”.
La red de ese gasoducto, llamado El Encino-Topolobampo pasa por varios municipios de la Tarahumara: Carichí, Bocoyna, Urique, Guazapares y Chínipas, donde hay gran número de habitantes indígenas de los pueblos rarámuri, pimas, tepehuanes u ódami y warijó. El proyecto fue impulsado por la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por el gobierno estatal.
Diversas comunidades, principalmente rarámuri, se unieron en la Caravana por la Justicia de la Sierra Tarahumara en junio de 2014 en contra de ese y otros proyectos de la sierra. Ocho comunidades indígenas viajaron el 5 de junio al Senado de la República para exponer la problemática que los afectaba.
La comunidad de Bosques de San Elías Repechique expuso la ausencia de procesos de consulta previa, libre e informada por las construcciones del gasoducto y el aeropuerto. Consideraron que en el lapso de la construcción del gasoducto, entre 2014 y 2016, sólo hubo simulaciones de consultas en diferentes comunidades, sin que fueran informadas y menos con pertinencia cultural. La empresa, de la mano de autoridades, convenció a algunas comunidades con dinero y con alcohol, de acuerdo con testimonios documentados por la prensa.
“Nosotros nos retiramos de la mesa porque no estaban cumpliendo con los protocolos del mismo producto y finalmente el gasoducto pasó por otro lado”, refirió el gobernador de la comunidad, Luis Enriquez Pérez.
El fideicomiso para la comunidad
Después de ganar el amparo por la falta de consulta sobre la construcción del aeropuerto, la comunidad se manifestó en varias ocasiones en Creel, en la capital del estado de Chihuahua, en su comunidad. Y pronto sumó la exigencia del no paso del gasoducto por su territorio.
Dos años después, a punto de dejar César Duarte el poder, el gobierno estatal les asignó los 65 millones que exige el fideicomiso. Junto con ello, se ordenó la constitución de un comité conformado por cuatro personas de la comunidad y cuatro de dependencias del gobierno estatal, para aprobar los proyectos que desarrollarían con el dinero, ya que sería entregado en especie.
El Fideicomiso acató la sentencia emanada del amparo 422/2014, a través de un convenio establecido el 26 de abril de 2016 entre el Gobierno Estatal y la Comunidad Bosques San Elías Repechique, integrada por 33 rancherías. Este acuerdo buscaba compensar los daños ocasionados al territorio comunitario debido al proyecto del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre en el Municipio de Bocoyna, así como por la falta de consulta previa a la comunidad. Además, se acordó que el fideicomiso fuera destinado a proyectos, planes o acciones que beneficien a la comunidad.
Como parte del acuerdo, se estableció que la comunidad recibiría un monto de 65 millones de pesos en un lapso de 7.5 años desde el mes de enero 2017 a 2022, dividido en ocho transacciones. Para el cumplimiento del fideicomiso se integró un comité técnico conformado por un presidente, designado por el titular del Poder Ejecutivo o sus representantes, el secretario general de Gobierno del Estado, el secretario de Economía y cuatro miembros seleccionados por la propia comunidad.
En el periodo entre 2018 y 2019, el comité aprobó varios proyectos productivos. Sin embargo, a seis años de haberse establecido, solamente se materializaron dos proyectos: el taller de costura Bowe Najativo, aprobado en 2019 y situado entre Sánchez y Cerro de la Virgen en terrenos comunitarios, y un salón de usos múltiples localizado en el río Oteros.
Y es que, una vez que entró el dinero al fideicomiso, las comunidades que querían convencer a Bosques San Elías Repechique del desarrollo turístico, presionaron para que el dinero se reparta en efectivo, lo que dividió a parte de la comunidad.
En 2020 asesinaron, presuntamente por causas personales, a Antonio Enríquez, una de las dos personas que estaban a cargo de la tesorería del fideicomiso en la comunidad. A él lo identificaban como una de las personas que estaba de acuerdo con distribuir el dinero en efectivo, por lo que se había exigido un informe financiero por parte de la comunidad.
Después del asesinato, la Secretaría de la Función Pública estatal aseguró que inició una auditoría sobre el fideicomiso. Quedó de entregar los resultados en agosto de 2021, pero hasta ahora no se conocen.
Citlalli Hernández Saad, Coordinadora Nacional en México (IPRI), mencionó que, ”por eso el caso de San Elías Repechique, es muy importante porque es de los primeros casos que están evidenciando esa contradicción y donde además, ya han tenido el reconocimiento de jueces que les han reconocido su propiedad sobre el territorio, aunque esta propiedad está entregada formalmente a los particulares que nunca han tenido posesión del territorio, pero que jurídicamente han presentado documentos y que los jueces de manera parcial no están utilizando otra herramienta”.
En el contexto de los cambios de propiedad en la región, un hito significativo ocurrió en 2019, cuando Salomón Miledi Pérez vendió la propiedad de Pino Gordo a sus sobrinos, Fernando, Claudia, Laila, Hortensia, Rosario del Carmen y Marissa Alejandra Cuesta Miledi. Este grupo adquirió individualmente el 20% de la propiedad
“Y ahora siguen los hijos, así van acabando los viejos y siguen los nuevos despojando ahí, pues peleando ahí con los indígenas acá en esta comunidad”, reclamó Manuel Cruz, integrante de la comunidad, durante la entrevista colectiva.
En el 2021, la construcción del taller de costura Bowe Najativo fue interrumpida por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que el empresario Fernando Cuesta Miledi denunció por despojo a la encargada del proyecto, la rarámuri Teresa González. Le ordenaron desocupar el taller y poner los sellos como una medida, porque la familia Cuesta presentó la denuncia.
Había alrededor de 50 personas de la comunidad en el lugar y fueron respondiendo a la Ministerial: “Todos somos Teresa”. Les advirtieron que entonces, se los llevarían detenidos a todos y ellos mismos caminaron por alrededor de dos horas, del taller de costura hasta Creel para entregarse. Fueron escoltados por las unidades de la Policía Estatal.
Habitantes de Bosques de San Elías Repechique comienzan a reunirse bajo los pinos antes de la asamblea comunitaria.
“Estuvimos al frente allí, cuando venían los del Ministerio Público a visitar para decirnos que pues éramos ilegales en una tierra propia, nuestra, y que decía que pues no éramos pertenecientes a esa comunidad”, relató Carlos González.
“No tenía ningún permiso de construcción, ni ningún derecho en construir. es como si yo construyo en tu casa […] tenemos escrituras en el Registro Público de la Propiedad hace más de 60 años”, argumentó Fernando Cuesta, poseedor de los títulos de propiedad de Pino Gordo.
Este año, el Juzgado Primero de Distrito en Chihuahua sentenció que la Fiscalía General del Estado cometió una acción ilegal al asegurar el taller de costura Bowe Najativo, en el aseguramiento ocurrido el 13 de agosto de 2020.
Recorte de una nota periodística sobre el cierre ilegal del salón de costura Bowé Najativo por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
A finales del 2021 entró como gobernadora María Eugenia Campos Galván, cuyos representantes en el comité del fideicomiso han presionado a los integrantes de la comunidad para que incluyan dos proyectos diferentes a los que estaban aprobados, como un camino que le correspondería desarrollar a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas estatal.
Otra propuesta que han presentado, es un centro de artesanía en Creel. El predio se lo comprarían a un empresario de El Fuerte, Sinaloa, Pedro Anaya, quien tiene propiedades en Creel. Hasta ahora, la asamblea de la comunidad no ha aceptado.
“Yo creo que el pueblo de Repechique ha hecho todo lo que tenía que hacer y que más bien a quien le corresponde ahora es al Estado mexicano, a través de las instituciones de justicia, ellos son quienes tienen ahora la responsabilidad de cumplir con el derecho internacional y también cumplir con el marco que México ha comprometido[…] son derechos ganados de las comunidades no están pidiendo nada nuevo”, mencionó Citlalli Hernández Saad, coordinadora nacional en México en Indigenous Peoples Rights- International (IPRI).
El viernes 02 de febrero del 2024, el Juzgado Federal Décimo de Distrito del Estado de Chihuahua emitió una tercera sentencia histórica en favor de la comunidad Rarámuri Bosques de San Elías Repechique, en el marco del juicio de amparo 642/2018.
Mapa de las 11 mil hectáreas ganadas por la comunidad, a un lado en color verde el Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre.
La sentencia reconoce la existencia misma del pueblo Rarámuri y las afectaciones sufridas en su territorio ancestral, abordando específicamente la omisión de un proceso adecuado de consulta previa por parte de las autoridades antes de autorizar permisos de aprovechamiento forestal.
Finalmente, la Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) hizo un llamado al Congreso de la Unión y del Estado para que actúen en consecuencia, creando el procedimiento necesario que garantice los derechos de propiedad y posesión reconocidos a esta comunidad por el máximo tribunal de la Nación.
Esta sentencia representa un paso significativo hacia la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento de su legado ancestral.
