Imagínate que fueras acusado de un delito y permanezcas encarcelado durante 17 años de tu vida sin ser sentenciado. Eso fue lo que vivieron Daniel García y Reyes Alpízar, dos hombres acusados de homicidio en el 2002 que fueron liberados apenas en el 2019.
Este caso, y otros más, desataron una controversia en la que se vio envuelta México, por lo que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Mexicano por la violación de derechos humanos de los detenidos, debido a las contradicciones que existen en la ley mexicana en el tema de prisión preventiva de manera oficiosa (es decir, obligatoria) y en materia de derechos humanos.
Pero ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Se trata de una medida legal que permite mantener en prisión a personas acusadas de ciertos delitos, considerados de alto impacto, mientras se investiga el caso.
Sin embargo, esta medida ha sido objeto de intensos debates y controversias en el ámbito jurídico y social, debido a que se ha considerado que, en algunos casos, su uso excesivo y la falta de justificación para la retención de la persona violentan los derechos humanos.
ANTECENDENTES
La prisión preventiva es una medida cautelar que establece que personas acusadas de algún delito permanezcan en prisión durante el proceso legal y se rige por dos tipos: la preventiva justificada y la preventiva oficiosa.
La primera está destinada a asegurar que el acusado comparezca ante la ley y se impone cuando existen elementos que hacen supone la persona podría evadir la justicia.
Mientras que, la preventiva oficiosa, es decretada de manera automática para ciertos delitos graves previamente determinados por la ley, sin la posibilidad de que el juez analice la necesidad de la medida.
Estas medidas se encuentran decretadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, según explicó Leonardo Lara Ferreiro, abogado especializado en el sistema penal acusatorio.
Sin embargo, en el 2019, el Gobierno Federal realizó una modificación al Artículo 19 Constitucional, en donde se agregan una serie de delitos considerados como graves y en los que amerita la prisión preventiva oficiosa, es decir, de manera inmediata y sin que un juez determine si existe justificación o no.
Entre los delitos contemplados para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa se incluyen: Abuso o violencia sexual contra menores; Delincuencia organizada; Homicidio doloso; Feminicidio; Violación; Secuestro; Trata de personas; Robo de casa habitación; Uso de programas sociales con fines electorales; Corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, entre otros.
Aunque existe una polémica en la aplicación automática de la prisión preventiva, ya que contradice los estándares interamericanos que establecen que esta medida cautelar debe ser excepcional y justificada de manera individual.
En el artículo 8 de este tratado se establece que: «Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad». De tal manera que la prisión preventiva de caracter obligatorio contradice este el tratado en materia de derechos humanos.
CASO GARCÍA Y ALPÍZAR, TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS VS. MÉXICO
El derecho de presunción de inocencia, o lo mismo que sería la frase «es inocente hasta que se le declare culpable», fue precisamente omitido por el Estado Mexicano en el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes permanecieron en prisión preventiva durante 17 años.
Daniel García fue detenido el 25 de febrero de 2002, y Reyes Alpízar el 25 de octubre de 2002. Luego de su detención, y de ser interrogados, se les decretó una medida de arraigo por lo que fueron confinados por 47 y 34 días, hasta que se realizó la apertura del proceso penal.
Sin embargo, ambos fueron mantenidos en prisión preventiva por más de 17 años cuando se adoptaron medidas alternativas a la privación a la libertad, las cuales se encontraban vigentes cuando la Corte emitió su Sentencia.
Ambos, además, denunciaron haber sido sometido a maltratos severos durante el período de arraigo para que confesaran el crimen por el que se les acusaba.
Aunque fueron liberados en el 2019, el pasado 12 de mayo del 2022 fue pronunciada la sentencia de un tribunal del Estado de México, el cual los condenó por el delito de homicidio a 35 años de prisión.
Tras una apelación, Reyes Alpízar fue absuelto por falta de pruebas, pero se le ratificó la sentencia a Daniel García. Aunque solo permaneció unos días, luego de que un juez exigió su liberación.
Las víctimas fueron detenidas el 12 de enero de 2006 en la carretera México-Veracruz, luego de que una patrulla de la policía realizara una revisión del vehículo y encontrara elementos que consideró incriminantes. Durante dos días fueron interrogados y mantenidos incomunicados.
Posteriormente se decretó una medida de arraigo que implicó que fueran trasladadas a una casa de arraigo de la Procuraduría, en la Ciudad de México, donde fueron confinados por más de tres meses hasta que, el 22 de abril de 2006, fue emitido el “Auto de Formal Prisión”, por el delito de la delincuencia organizada en la modalidad de terrorismo.
Mediante ese auto, fue decretada la apertura del proceso penal por el juez de la causa y estuvieron detenidos en prisión preventiva por 2 años y medio.
No fue hasta el 16 de octubre del 2008 en que fue pronunciada la sentencia contra ellos, en la cual se les absolvió.
Por estos dos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino y condenó al Estado Mexicano de violentar los derechos humanos de los detenidos, ambas sentencias emitidas durante este 2023. La primera de ellas el 27 de enero y el 12 de abril.
Comunicado sentencia CIDH a México por caso Tzompaxtle Tecpile y otros
Comunicado sentencia de CIDH a México por el Caso García Rodríguez y otro
PRINCIPIO PRO PERSONA
Debido a que existen dos leyes contradictorias en el tema de prisión preventiva (Artículo 19 y Convención Americana de Derechos Humanos), el criterio para la aplicación de la prisión preventiva no está claro, por lo que hubo una discusión en material jurídica al respecto.
Tras la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, publicada el 10 de junio de 2011, se integra el principio pro persona al artículo 1 de la Constitución Mexicana, en donde se indica lo siguiente:
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
Pese a este principio, hubo ocasiones en que la ley se ha aplicado con diferentes criterios para cada individuo, imponiendo la prisión preventiva oficiosa, bajo la reforma del Artículo 19, explicó Leonardo Lara Ferreiro, abogado especializado en el sistema penal acusatorio.
Lucy fundó el grupo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas, conformado por más de 85 familias de La Laguna y es representante del Grupo Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos (2018), que integran familias de diferentes estados del país.
Su padre la vio de espaldas y trató de correr hacia ella, pero no pudo alcanzarla ni hacer nada, para no ponerla en riesgo.
Las investigaciones arrojaron que se trataba de Irma Claribel Lamas López, reportada como desaparecida en Torreón, Coahuila, que era víctima de trata y que se encontraba en un hotel en el Centro de Guadalajara, ubicado, irónicamente, a dos cuadras de las instalaciones de la Comisión de Búsqueda.
No es la única ocasión en la que su familia ha estado a punto de dar con ella, ni que las investigaciones apunten a la capital tapatía.
Historia
Ya son 15 años desde que Irma Claribel fue vista por última vez. La joven de 17 años salió de su casa el 13 de agosto de 2008, sin el permiso de su familia. Se dirigía a la casa de una supuesta amiga.
Su madre, María de la Luz López Castruita, comenzó con la búsqueda incesante desde entonces. La primera vez que vieron un rayo de esperanza fue en 2018.
“Esa vez terminamos una búsqueda en Michoacán, en el Cereso. Un chico de ahí, que tenía un mes apenas detenido por un simple pleito, me dijo que él había visto a mi hija en el centro de Guadalajara; me dio la ubicación y todo. Cuando terminó la búsqueda (…) entregué todo y enseguida me fui a Guadalajara, nos fuimos mi esposo y yo”, narra María de la Luz.
Después de que el reo les indicó que había visto a “Cari”, como le dice su madre de cariño, esta se puso en contacto con las autoridades.
En aquel entonces, Lucy, como es conocida, tenía contacto con el comisionado de búsqueda local con sede en Guadalajara, de quien comenta que nada más recuerda que se llamaba Javier, y después de darle la información que había obtenido en Michoacán, comenzó con las investigaciones.
El Comisionado le informó a Lucy que existía la amplia posibilidad de que Cari se encontrara en esa ciudad y en el lugar que le habían indicado en el Cereso, ya que habían entrevistado a trabajadoras sexuales que confirmaron que se trataba de su hija, pero que su aspecto ya había cambiado, pues se veía más madura que en la fotografía, por lo que era casi seguro que se tratara de ella. Hasta que un día la vieron.
“¿Sabe qué? Yo la vi. Acabamos de ver a su hija, pero quiero que vengan ustedes conmigo”, le dijo el Comisionado a Lucy.
De inmediato se trasladaron al lugar. Llegaron a un hotel que estaba frente a un mercado.
Ahí, a las afueras, estaba una mujer vestida de color verde.
“Mire, es aquella que está de verde”, dijo el Comisionado.
“Yo la alcancé a ver, mi esposo se fue corriendo, pero en eso ella se metió al hotel. Él quería alcanzarla, pero le dijeron que no, que nos estaban vigilando (…) fue triste porque él decía que hasta sus caminados, que todo, todo, todo se parecía a ella. Pero nada más la vimos de espalda, él la vio de más cerca”, comentó Lucy.
Había transcurrido una semana desde que los padres de Irma Claribel llegaron a Guadalajara para investigar ese “posible positivo” que les habían indicado en el Cereso de Michoacán, y desde entonces hicieron la solicitud de colaboración de la Fiscalía de Coahuila, pero les dijeron que se haría cargo Jalisco.
Es por eso que después de ver a aquella mujer, Lucy y su esposo se trasladaron a la Fiscalía de Jalisco.
Foto: Redes sociales Búsqueda Nacional en Vida.
“Llego a la Fiscalía, apenas estaba tratando de ampliar mi declaración cuando llegaron dos agentes con la foto de mi hija en la mano, quienes nos atendían les dijeron ‘Ellos son los papás, váyanse de una vez con ellos’ y después nos ordenaron: ‘Súbanse a las camionetas’, y así lo hicimos. Nos subieron a mi esposo y a mí a una camioneta, iban más agentes. Entonces como es una privada donde está el hotel, llegamos y se subió una de las camionetas a todo lo que daba ahí en la banqueta, asustando a las chicas que estaban ahí afuera esperando clientes. Entonces, con la fotografía de mi hija en la mano se bajaron”.
—Usted no se baje, señora —le indicaron a Lucy las autoridades de la Fiscalía jalisciense.
—Usted, señor, bájese —le ordenaron al papá de Claribel.
Fuertemente armados, los agentes descendieron de las camionetas para dirigirse con las trabajadoras sexuales. Les mostraron la foto de Irma Claribel y preguntaron por ella.
—¿La has visto, la has visto?
—No, yo no le he visto, no sé nada —indicaban las mujeres.
Todas negaron haberla visto. La persona a cargo del operativo ordenó el ingreso al hotel para realizar una revisión, en compañía del papá de Claribel. Recorrieron cada habitación preguntando por ella, pero no encontraron nada y nadie dio alguna pista para dar con su paradero.
—No, pues no, señora, no la han visto —le dijeron a Lucy.
Al ver la forma en la que se ejecutó aquel operativo fallido, la madre buscadora se dirigió a la Comisión de Búsqueda, que estaba a dos cuadras del lugar. Quería narrar lo sucedido al titular de la Comisión que había apoyado para dar con su hija.
—Se bajaron con las metralletas —le dijo Lucy al titular.
—¡No me diga!, esto era diferente, este operativo era diferente —respondió el funcionario.
Foto: Redes sociales Voz que clama justicia por personas desaparecidas
Al siguiente día, Lucy regresó con la esperanza de que le dijeran que Cari seguía en ese lugar. Nuevamente preguntó a las trabajadoras sexuales, pero no tuvo respuesta positiva.
Los agentes de la Fiscalía de Torreón llegaron a Guadalajara un día después, pero únicamente para decirle que se retirara porque sus vidas corrían peligro, pues grupos criminales ya tenían ubicado a su esposo y a ella. Lucy se fue sintiendo que había perdido por segunda vez a su hija.
Dos esperanzas más
Pasaron casi dos años para que María de la Luz regresara a Guadalajara. Aunque siempre quiso volver, el riesgo era alto y sabía que después de aquel operativo, la probabilidad de que Irma Claribel siguiera en esa ciudad era menor. Sin embargo, una invitación al grupo Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos, del cual es representante, la hizo regresar.
En esta organización, además de ingresar a los Ceresos con las fotos de las personas desaparecidas para preguntarle a los reos si tenían alguna información sobre su paradero, incluyen también investigaciones en los Semefos, Centros de Rehabilitación, Centros de Atención a personas en estado de Indigencia y brigadas nocturnas donde entrevistan a trabajadoras y trabajadores sexuales.
En esa ocasión fueron personas indigentes quienes le dieron información de una mujer parecida a Claribel. Una mujer, adulta mayor, le dijo cuando vio la foto:
—¡Ay, mi niña! Este es mi niña, es mi niña, ¿por qué la tienes tú?
—A ver, dígame —respondió Lucy.
Sus compañeras de búsqueda la separaron de la mujer para decirle que otro indigente había reconocido a Irma Claribel en una foto, por lo que Lucy se le acercó nuevamente.
—Es que ella viene y come aquí pero ella ya no está, ella me abandonó y ella era la única que me cuidaba, era la única que me daba un besito —dijo la indigente.
“Entonces me dicen las compañeras que un chavo la llevaba a comer, pero que ella está en calidad de calle, o sea, que han visto a una mujer igual a ella, pero ya más grande, y que es igualita”, narra Lucy.
Esto renovó las esperanzas de Lucy de encontrar a su hija, por lo que comenzó a ahondar más. Le dijeron que esa persona vivía en unos vagones abandonados, donde la gente se drogaba, y que estaba en la indigencia. Que la mujer estaba enferma de un ojo y que se veía mal de salud, que no podía entrar a ese sector porque era punto de venta de droga y el riesgo era alto. Tampoco podía ir a la Fiscalía porque requieren una declaración y se trataba de personas en estado de indigencia quienes habían proporcionado los datos y no estaban facultadas para declarar.
“Son como unas vías y están ahí unos vagones, y en esos vagones vive gente que se droga, gente que vive en la calle y lo mismo que dijo la viejita, que la mujer está malita de su ojo, eso mismo le dijeron a mis compañeros, que no ve con un ojo y que está mal (…) me dicen que no la voy a poder rescatar, necesitas tener una declaración y sólo tengo la de los indigentes, pero si tú le llevas a los indigentes (a la Fiscalía) ellos te van a decir que no están en sus facultades para declarar, o sea, es un círculo vicioso”, mencionó Lucy.
Esto sucedió en 2020 y a la fecha ella sigue en espera de un operativo para saber si esa mujer es su hija.
Otro posible positivo también tiene conexión con Guadalajara, sin embargo, se investiga en el estado de Tamaulipas.
Cuenta que un familiar de ella vio una foto de perfil en un Whatsapp de una persona parecida a Cari, por lo que de inmediato se puso en contacto con el propietario del número que resultó ser un hombre.
Foto: Archivo Heridas Abiertas.
Le respondió que la de la foto es de esposa, que vive en Reynosa, Tamaulipas. Al comentarle el motivo del cuestionamiento, el hombre mencionó que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades de ser necesario. Que su esposa es de Guadalajara, pero no conoce mucho sobre su familia.
Sin embargo, la persona que lo contactó no quiso emitir su declaración en la Fiscalía. Lucy menciona que desconoce el motivo, pero en tanto no declare, las autoridades le dijeron que no pueden hacer nada. Según la mamá de Cari, la Fiscalía de Tamaulipas cotejó la fotografía de la mujer del perfil de Whatsapp con la de Claribel, y arrojó que existe un 95 por ciento de posibilidad de que se trate de ella. Ya pasaron tres años y todavía no hay declaración, ni investigación. No hay nada.
“La voy a encontrar”
La madre buscadora fue de las pioneras de las búsquedas en campo con el Grupo Vida. Contribuyó significativamente al hallazgo del campo de exterminio en el ejido Patrocinio, municipio de San Pedro, Coahuila, donde se hizo pasar por una chivera para obtener información que pudiera llevarlas a encontrar indicios de personas desaparecidas. Esto culminó en el hallazgo de un terreno donde han localizado miles de restos óseos.
Lucy participó en caravanas para ingresar a los Ceresos de diferentes estados de la República. Fundó el grupo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas, conformado por más de 85 familias de La Laguna y es representante del Grupo Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos (2018), que integran familias de diferentes estados del país.
Foto: Archivo Heridas Abiertas.
Son 150 personas las que participan en cada búsqueda que se realiza (la próxima está programada en Querétaro, del 16 al 30 de agosto de este año). Además fue la primera en organizar marchas en el municipio de San Pedro para visibilizar la lucha de familias que buscan a sus seres queridos.
María de la Luz López Castruita dice que no se detendrá. Está segura de que Irma Claribel regresará viva a casa.
“La voy a encontrar. Recién desapareció mi hija, tenía como un mes de desaparecida, cuando fueron a orar a mi casa personas de una iglesia católica. Yo ya no tenía fe, yo estaba perdida totalmente. Una persona hablaba en lenguas, la otra la interpretaba, y estaba explicando lo que estaba diciendo”, menciona Lucy, y narra lo que habló aquella persona:
“Jesús te manda decir que va a regresar tu hija con vida, no dijo cuánto se va a tardar, pero yo supongo que años, porque él lo dijo con tristeza, pero va a regresar con vida, no sabemos si van a pasar 10, 15 años o 20, pero ella va a regresar con vida, la vas a rescatar con vida”.
Aquellas palabras le devolvieron la esperanza a Lucy. “Entonces, digo, pues ya van 15 años, me faltan cinco. Bueno, a lo mejor menos, a lo mejor”.
Integrantes del colectivo en pro del bienestar animal denominado «Somos su Voz» acudieron este martes a las oficinas de Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, para entregar una solicitud de audiencia pública para exigir mejoras para los animales que habitan el Parque Central.
Ana Félix, activista y vocera del colectivo, dio a conocer que este documento se entregó en la oficina de Óscar Ibáñez, representante de la gobernadora María Eugenia Campos en Ciudad Juárez .
Ana Félix, activista y vocera del colectivo «Somos Su Voz»
Debido a que este lunes viajó a la ciudad de Chihuahua para entregar la misma petición en la oficina de la mandataria estatal, con el fin de concienciarla acerca de la problemática en el Parque Central.
Ana Félix, activista y vocera del colectivo «Somos Su Voz»
Cabe recordar que el colectivo «Somos Su Voz» denunció la muerte de varios animales en el parque, entre ellos unos conejos y una pava, así como han estado luchando por los derechos de Benito, la nueva jirafa de este espacio, casi desde su llegada a esta frontera.
Benito cuando recién llegó al Parque Central / CortesíaFoto reciente de agosto de Benito / Cortesía
Félix enfatizó que la urgencia es latente, ya que se ha observado un índice alarmante de muertes diarias entre los animales dentro del parque y, pese a haber solicitado mejoras desde hace meses, la falta de cambios sustanciales sigue siendo evidente, en especial, el sitio donde sobrevive la Benito.
En el documento entregado a la gobernadora se hace una petición para que, por medio de esta solicitud se celebre una audiencia pública con varios propósitos, entre ellos que sea presentado el plan de mejoras y mantenimiento del Parque Central Oriente y Poniente, además de los plazos para realizarlo.
Se informe sobre las condiciones del lago, así como el proceso de tratamiento del que es objeto, así como se requiere un programa que detalle sobre la flora presente en el parque y las condiciones en las que se encuentra.
Además, exigen un reporte exhaustivo que brinde información sobre la totalidad de la fauna dentro del parque, asegurando una comprensión completa de los animales que lo habitan, así como se transparente el uso de los ingresos generados por la renta de espacios comerciales.
También que se solicitó el acceso a información detallada del estado de salud de «Benito» la jirafa, incluyendo su historial médico y nutricional, documentos que validen su estancia legal en el lugar, y dictámenes emitidos por la PROFEPA.
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers
Durante el tiempo en el que Fabián Leyva Carreón estuvo como director general de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del municipio de San Pedro, Coahuila, del 2019 al 2021, la Constructora Mayrán de San Pedro S. A de C. V., en la cual Leyva Carreón posee un cargo como apoderado legal, recibió contratos por 96 millones 726 mil 409.74 pesos, según documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila.
Fabián Leyva Carreón fue nombrado director general de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la ciudad de San Pedro de las Colonias, Coahuila, durante la administración de la exalcaldesa Patricia Grado, entre 2019 y 2021. En este período, Leyva Carreón otorgó 49 contratos de obra pública a la empresa Constructora Mayrán de San Pedro, de la cual es apoderado legal.
FABIÁN LEYVA CARREÓN, FUENTE: FACEBOOK
Según consta en el acta de otorgamiento de poderes ingresada el 26 de junio del 2014 con folio mercantil electrónico número 663, obtenida del Registro Público de Comercio, el socio accionista mayoritario Jesús Manuel Sánchez Garza otorgó a Fabián Leyva Carreón poderes para pleitos y cobranzas y otros actos administrativos, los cuales ostenta hasta la publicación de este reportaje, puesto que no hay movimientos o actas inscritas en la página del Registro Público del Comercio en las que conste que a Fabián Leyva Carreón le hayan revocado los poderes.
“El señor ingeniero Jesús Manuel Sánchez Garza en su carácter de representante legal y administrador único de la persona moral denominada ‘Constructora Mayrán de San Pedro’, Sociedad Anónima de Capital Variable, en este acto otorga un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración en favor del señor Arq. Fabián Leyva Carreón…”, señala el acta.
CAPTURA ACTA, FUENTE: REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO
Constructora Mayrán de San Pedro recibió contratos por 96.7 millones
Para este reportaje, el periodista solicitó la versión pública de los contratos otorgados del 2014 a 2022 a través de dos solicitudes de información por transparencia con folios 050103600002023 y 050103600002523, a lo que el municipio contestó con una liga que dirige a la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde están alojados los documentos.
En esta plataforma, la Constructora Mayrán de San Pedro aparece dada de alta por Jesús Manuel Sánchez Garza por lo menos desde 2017. Sin embargo, el contrato más antiguo que muestra la misma PNT es del 2019, cuando Fabián Leyva inició su labor como director encargado de obra pública en ese municipio. No hay registro de contratos otorgados en años anteriores en la Plataforma.
En 2019, la empresa Constructora Mayrán de San Pedro S. A. de C. V. recibió 16 contratos por un monto total de 46 millones 620 mil 16 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), de acuerdo a la información descargada de la plataforma de la Secretaría de Finanzas de Coahuila.
En total, el municipio de San Pedro de las Colonias invirtió 207 millones 598 mil 699.17 pesos en 2019, por lo que la Constructora Mayrán acaparó un 22.4 por ciento de toda la inversión en obra pública por medio del FAIS.
Contratos de Constructora Mayrán de San Pedro provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2019. FUENTE: Secretaría de Finanzas de Coahuila.
Contratos de Constructora Mayrán de San Pedro provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2019. FUENTE: Secretaría de Finanzas de Coahuila.
Posteriormente, en 2020, la Constructora Mayrán recibió hasta 31 contratos de parte del municipio de San Pedro de las Colonias, mediante los cuales alcanzó a recibir la inversión pública de hasta 47 millones 701 mil 087 pesos, provenientes del mismo fondo federal, que corresponde a un 11.7 por ciento de todo el presupuesto para obra pública proveniente del FAIS en ese año, que fue de 404 millones 263 mil 183.04.
Contratos de Constructora Mayrán de San Pedro provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2020. FUENTE: Secretaría de Finanzas de Coahuila.
Contratos de Constructora Mayrán de San Pedro provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2020. FUENTE: Secretaría de Finanzas de Coahuila.
Contratos de Constructora Mayrán de San Pedro provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2020. FUENTE: Secretaría de Finanzas de Coahuila.
Finalmente, en su último año de gestión, en 2021, Leyva Carreón otorgó dos contratos más a la constructora para la cual fungió como apoderado, estos servicios de construcción significaron 2 millones 405 mil 306 pesos para la Constructora Mayrán de San Pedro.
En total, el municipio de San Pedro de las Colonias invirtió 11 millones 255 mil 707.38 pesos en 2021, por lo que la Constructora Mayrán recibió un 21.3 por ciento del presupuesto proveniente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
Contratos de Constructora Mayrán de San Pedro provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2021. FUENTE: Secretaría de Finanzas de Coahuila.
Ejemplo de información derivada de la PNT con los datos generales de uno de los contratos otorgados a la Constructora Mayrán. FUENTE: Plataforma Nacional de Transparencia.
Y empresa ‘hermana’ recibe contratos por 12.6 millones
El Municipio contrató a la empresa Industrial de Asfaltos y Pavimentos, la cual es parte del Grupo Sánchez Garza, al que también pertenece la Constructora Mayrán. Ambas empresas están vinculadas por medio de los socios, que figuran en las actas de la sociedad.
Si bien Fabián Leyva Carreón no aparece en los actos mercantiles ni como apoderado ni como accionista de la empresa Industrial de Asfaltos y Pavimentos S. A. de C. V. (IAPSA) publicados en el Registro Público de Comercio, sí existe una relación entre apoderados, siendo los socios accionistas de IAPSA: Jesús Manuel y Ricardo Sánchez Garza.
Jesús Manuel Sánchez Garza es quien otorgó los poderes administrativos a Fabián Leyva Carreón en Constructora Mayrán y, por su parte, Ricardo Sánchez Garza es accionista de ambas empresas.
Como ya se mencionó, las empresas forman parte del Grupo Empresarial Sánchez Garza, de acuerdo al sitio web de este conjunto de personas morales que incluye a otras dos constructoras: Concretos San Pedro y AML Constructor, Diseño y Supervisión.
En los tres años en que Fabián Leyva Carreón fue director de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de San Pedro de las Colonias, este municipio otorgó seis contratos de obra pública que constituyeron 12 millones 616 mil 144.67 pesos.
En este sentido, la cantidad de contratos otorgados al Grupo Sánchez Garza sería de hasta 55 obras públicas en tres años y un total de 109 millones 342 mil 554.41 pesos.
Para este reportaje, el reportero contactó a Fabián Leyva Carreón por medio de su página de Facebook, pero no obtuvo respuesta. Asimismo, lo buscó a él o a cualquiera de los administradores del Grupo Empresarial Sánchez Garza a través de los contactos dispuestos en su sitio web.
Mediante este contacto fue que se pudo conversar con una recepcionista que se identificó como Ximena. En cada llamada, Ximena se comprometió a pasar el recado a una persona vocera de la empresa que se pondría en contacto con la editorial de Red es Poder, pero esto nunca sucedió. Al cuarto contacto fue que la persona sugirió enviar un correo explicando la situación al correo recepcion@gposanchez.com.mx, pero tampoco hubo una respuesta.
También se buscó el contacto con la ex alcaldesa del municipio de San Pedro de las Colonias, Patricia Grado Falcón, por medio de un número de teléfono proporcionado por dos fuentes distintas: un reportero de medios locales y el ex diputado mencionado en este reportaje, Edgar Sánchez Garza. Al marcar al teléfono, éste se encuentra fuera de servicio y luego de enviar un mensaje de WhatsApp, no ha habido respuesta hasta la publicación de este reportaje.
Cualquier aclaración posterior a esta publicación será debidamente realizada como seguimiento y en cumplimiento del derecho de réplica correspondiente.
Tendría que investigar TJA posible conflicto de interés.- abogada
Jafia Pacheco, abogada y presidenta actual del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), comentó que, en su opinión personal, el caso tendría que ser puesto a consideración del Tribunal de Justicia Administrativa para determinar un posible conflicto de interés, ya que es la instancia responsable para determinar si hubo o no una falta grave.
“Nosotros no podemos juzgar en las atribuciones que competen a otras instituciones públicas, como juez, o catalogar un conflicto de interés”, opinó Pacheco.
“Para poderse dar esta figura (un conflicto de interés) se tiene que sustanciar un proceso. Y ese proceso que se sigue, en este caso, ya es ante el propio Tribunal de Justicia Administrativa, que hablamos como una falta grave, que así está catalogada por la Ley de Responsabilidades Administrativas, en dado caso de configurarse y a través del material probatorio tendría que decirse si sí existe el conflicto de interés”, explicó la abogada.
Pacheco explicó que el artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) establece la definición de conflicto de interés como: “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.
“Cuando hablamos de que un servidor público está en un conflicto de interés es porque interviene con su empleo, por su cargo, por su comisión o de cualquier forma. Y es muy interesante porque establece tres conductas: ya sea en la atención, en el trámite o cuando ya se resuelve un asunto en el que él (el servidor) ya tenga un conflicto de interés o tenga un impedimento legal.
“Entonces ahí ya inmediatamente está cometiendo una falta administrativa grave y otra, además, incurriría en ocultamiento de conflicto de interés que es cuando falta a la veracidad en la presentación de declaraciones de situación patrimonial o de intereses y que el fin último sea ocultar respectivamente el incremento de su patrimonio o el uso de bienes o servicios que no sean explicables justificados”, explicó Jafia, quien aseguró que esta información se encuentra en los artículos 59 y 60 de la LGRA.
Según la experta, lo primero que se debe hacer para determinar el conflicto es que se den cada uno de los elementos mencionados.
“¿Qué es lo que debemos de tener bien presente? Todas las personas tienen un interés legítimo de trabajar y de sostener a mi familia. Todos tenemos el interés legítimo de conseguir un trabajo, de tener una profesión, que sea legítima, al final de cuentas es un interés que se tiene en la vida personal. ¿Cuándo se convierte en un problema? cuando esos intereses legítimos en un servicio público se contraponen a la pureza que revisa el desempeño de tus funciones y ante esa incompatibilidad puede existir el conflicto de interés”, comentó.
En ambas declaraciones patrimoniales de Fabián Leyva Carreón, descargadas de la plataforma Declaranet. El funcionario aseguró no tener conflictos de interés.
Declaraciones de 2019 y 2020 de Fabián Leyva Carreón que comprueban su rol como funcionario encargado de obra pública de San Pedro. FUENTE: Declaranet.
Denuncia diputado irregularidades de la Constructora Mayrán
El ex diputado Édgar Sánchez Garza presentó un punto de acuerdo para denunciar públicamente al arquitecto Fabián Leyva Carreón en el Congreso el pasado 28 de mayo del año 2019, pero además del señalamiento no interpuso una denuncia formal ante las autoridades.
El ex diputado, quien pertenecía en ese entonces al partido de la Unión Democrática de Coahuila, informó mediante mensajes de texto que es sobrino de los accionistas del Grupo Empresarial Sánchez Garza pero dijo no tener una relación laboral o personal con ellos.
En su pronunciamiento ante el Congreso, el ex diputado Sánchez Garza comenzó por referirse al contralor interno de San Pedro en esa época, Enrique Delgado Rodríguez, alegando que éste evadía sus responsabilidades por no ejercer sus funciones de manera correcta, diciendo que habría sido testigo de diversas irregularidades desde el municipio.
“El día de hoy, subo nuevamente a esta tribuna para exponer las irregularidades, y malos manejos en que está incurriendo el contralor provisional Enrique Delgado Rodríguez, quien a falta de consenso en los primeros días del mes de enero del presente año, de las dos terceras partes del Cabildo, como lo marca el Código Municipal del Estado, fue designado por el propio cabildo municipal”, comentó el ex diputado.
Entre esas irregularidades menciona a Fabián Leyva quien, según el ex legislador, estaba favoreciendo a la empresa Constructora Mayrán de San Pedro “sin licitación previa como lo marca la Ley”.
“[…] el señor Enrique Delgado Rodríguez quien se siente y cobra como contralor municipal, en el rubro de contratación de obras igualmente evade sus responsabilidades y no está ejerciendo sus funciones como contralor interno de manera correcta, pues sabemos que dichas obras se adjudican de manera directa por el director de obras públicas municipales el Arq. Fabian Leyva Carreón quien favorece a la empresa Constructora Mayran, sin licitación previa como lo marca la ley”, aseguró el legislador.
“Que esta LXI Legislatura exhorte respetuosamente al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Fiscalía General de la República, a que indague sobre la posible comisión de delitos de desvío de dinero, tráfico de influencias y corrupción por parte de las empresas Constructora Mayran de San Pedro SA de CV, Industrial de Asfaltos y Pavimentos SA de CV (IAPSA) y RICMAN SA de CV, así como de los diversos funcionarios públicos señalados en el proemio del presente punto de acuerdo”, solicitó.
Diputado Édgar Sánchez Garza firmando denuncia en contra de la Constructora Mayrán y otras empresas de Grupo Sánchez Garza: FUENTE: Édgar Sánchez Garza.
Acumula Constructora Mayrán contratos federales y reservan expedientes
De acuerdo al Registro Público de Comercio, el acta más antigua que inscribió la Constructora Mayrán de San Pedro es un otorgamiento de poder realizado en 1990, cuando la empresa se llamaba Construcciones Mayrán de San Pedro S. A. de C. V.
En ese entonces, Salvador Melesio, Jesús Gerardo Sánchez Garza, Gabriel Guadalupe Sánchez Garza, Jorge Alberto Sánchez Garza y Ricardo Humberto Sánchez Garza, fueron dados de alta por el socio mayoritario: Salvador Sánchez Sifuentes.
Captura del Acta Constitutiva de Constructora Mayrán de San Pedro S. A. de C. V.
Según información descargada de CompraNet y el sitio QuienEsQuien.Wiki, la Constructora Mayrán de San Pedro ha recibido contratos federales desde el año 2002 y hasta 2022, y fue en 2014 cuando registró su mayor inversión por mil 642 millones 145 mil 956.4 pesos.
En total son 214 contratos los que la Constructora Mayrán de San Pedro ha recibido entre el año 2002 y hasta el 2021 a nivel federal, principalmente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Conexos (CAPUFE), por un monto de 6 mil millones 105 millones 184 mil 705.507 pesos en 19 años.
La empresa vivió un auge exponencial en sus ingresos entre 2011 y 2014, cuando pasó de 387 millones 933 mil 869.25 en 2011 a mil 642 millones 145 mil 956.4 de pesos en 2014, es decir, un crecimiento de 323.3 por ciento. Cabe destacar que en este periodo coincide el ingreso de Enrique Peña Nieto a la presidencia de México.
Según los contratos publicados en Compranet, en 2014, la Constructora Mayrán de San Pedro acumuló el 12.9 por ciento de la inversión presupuestada para el gasto de la Secretaría de Comunicación y Transportes del Centro SCT Coahuila ya que recibió recibió 213 millones 296 mil 712.55 pesos en contratos del presupuesto total de esa delegación de la SCT que fue de mil 642 millones 753 mil 841 pesos, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda.
En este mismo sentido, la CAPUFE, a quien le correspondieron mil 259 millones 905 mil 637 pesos (cuenta pública CAPUFE 2014), dirigió 445 millones 473 mil 232 pesos a la Constructora Mayrán. Es decir, el 35 por ciento del presupuesto total.
Un patrón similar sucedió en el año 2021 con el Instituto Nacional de Migración, que otorgó, por lo menos, dos contratos a la Constructora Mayrán de San Pedro que suman 324 millones 665 mil 925.50 pesos. El gasto total del INM en 2021, según Hacienda, fue de mil 603 millones 050 mil 997 pesos, de modo que estos contratos significaron hasta el 20.2% de todo ese presupuesto federal.
Respecto a estos contratos, el Instituto Nacional de Migración los ha clasificado como “información reservada correspondiente a los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados”.
Los contratos, de números: CS/INM/063/2021 y CS/INM/063/2021, así como otro más del año anterior, el de número CS/INM/012/2020, fueron otorgados por la Dirección General de Coordinación de Oficinas de Representación del INM y se exponen en el Índice de los Expedientes considerados como Reservados al cual tuvo acceso Red es Poder.
Quien está a cargo de esta dirección es el doctor Héctor Leóncio Martínez Castuera, funcionario denunciado ante la Secretaría de la Función Pública por presuntos actos de nepotismo, caso que fue documentado por Proceso en diciembre del 2021.
La investigación del medio nacional refiere que Martínez Castuera obtuvo su trabajo gracias a su hermano, Sergio Alberto Martínez Castuera, Coordinador General de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social.
Y también en Torreón recibe contratos
En 2022, la Constructora Mayrán de San Pedro recibió 25 millones 75 mil pesos para realizar un sólo contrato con número CE-805035999-E19-2022 para la “Rehabilitación Integral de Boulevard de la Nogalera (Carretera Torreón-San Pedro) en Torreón”.
Este monto fue el más alto otorgado por el municipio ese año y representó el 9.4 por ciento del gasto total en inversión pública, de acuerdo al Presupuesto de Egresos del municipio de Torreón.
Imagen de la obra de rehabilitación integral del boulevard La Nogalera. FUENTE: Transparencia del municipio de Torreón.
Red es Poder entrevistó al Director de Obras Públicas de Torreón, Adolfo Von Bertrab, para saber si el municipio había tomado en cuenta los antecedentes de la empresa al momento de hacer la contratación, a lo que el funcionario aseguró que la compañía no tenía un impedimento legal para concursar y finalmente ganó por ser la “propuesta solvente más baja”.
“Mientras la empresa no esté suspendida de sus funciones y aparte que cumpla con todos los requisitos de una empresa legalmente establecida, nosotros no podemos juzgar quién puede o no puede entrar.
“Lo que sí tenemos facultades es una vez que inicia los trabajos, si nos hubiera incumplido en su servicio, en su calidad sobre todo de sus trabajos. La facultad de la Dirección es suspenderle los trabajos en su momento. No sucedió así, los trabajos ahí están ejecutados en forma”, señaló el funcionario.
Ficha técnica de la obra. FUENTE: Transparencia del municipio de Torreón.
Al preguntarle sobre si hubo alguna investigación con respecto a esta contratación, el funcionario insistió en que se hicieron los procedimientos en forma y que, mientras no haya una determinación judicial o una sanción administrativa, no puede prohibir la participación de la constructora sampetrina.
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Durante la pandemia de Covid-19, el gobierno federal entregó créditos de apoyo a negocios sin verificar que las personas que recibieron los recursos tuvieran algún emprendimiento, pese a que este era uno de los requisitos, y sin establecer mecanismos efectivos para su reembolso.
El Gobierno federal entregó en Nuevo León, entre los años 2020 y 2021, cerca de 93 mil 097 créditos de apoyo a negocios, por un monto total de 2 mil 327 millones 425 mil pesos que forman parte del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, creado con el fin de ayudar económicamente a la población durante la pandemia del Covid-19, según el padrón de beneficiarios de esa entidad, obtenido vía transparencia.
Sin embargo, las secretarías de Economía y el Bienestar federales —encargadas de operar el programa— entregaron los apoyos sin comprobar que los beneficiarios neoleoneses fueran propietarios de emprendimientos o microempresas, pese a que era un requisito en las reglas de operación, esto de acuerdo con testimonios y con los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cuenta pública del 2020.
Además, en el mismo informe, la Auditoría detalló que las dependencias no delimitaron los criterios para el reembolso de los créditos, algo que se refleja en la cantidad dinero recuperado que, hasta abril de 2022, había alcanzado apenas el 8 por ciento del total entregado a nivel nacional, según reveló el titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la SE, Alejandro Rosas, en entrevista para El Ceo, un medio de comunicación especializado en negocios.
En Nuevo León, las delegaciones de las secretarías del Bienestar y la de Economía se negaron a proporcionar información actualizada sobre el avance en los reembolsos de los créditos hasta junio de 2022. A través de solicitudes de transparencia las dependencias respondieron que no tienen los datos divididos por entidad federativa o que no les compete.
En diciembre pasado, mediante una respuesta en la Plataforma Nacional de Transparencia, la SE respondió que el monto recuperado ascendía a 3 mil 694 millones 070 mil 987 pesos, el 10.28 por ciento del total ejercido a nivel nacional.
La Secretaría del Bienestar, la de Economía y el IMSS operaron el programa en sus inicios.Crédito: Daniel Anguiano.
Para conocer la versión de la Secretaría del Bienestar sobre esta problemática, el autor de este reportaje buscó mediante llamadas y mensajes a la delegada en Nuevo León, Judith Díaz, a través de su enlace de comunicación, Miriam Muñoz; en un inicio hubo apertura a la solicitud pero después no se facilitó la entrevista, sin dar explicaciones de por qué no se otorgó.
Las secretarías de Economía y del Bienestar tampoco establecieron medidas para el seguimiento de los proyectos que recibieron el recurso para medir la efectividad del programa, según la Auditoría de Seguimiento 2020-0-10100-19-0379-2021379-DE que realizó la ASF a la cuenta pública del 2020, año en que comenzó a aplicar el programa.
“Se identificaron debilidades e insuficiencias de control que incidieron en la operación del Programa Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, principalmente en la determinación de la población potencial, en la integración de expedientes de los beneficiarios, así como en el seguimiento y la supervisión en la entrega de los recursos a los beneficiarios y de los reembolsos de recursos realizados por éstos”, señala el dictamen oficial de la Auditoría.
Esta serie de irregularidades llevó a que la ASF, luego de la revisión que hizo al manejo del programa en todas las entidades del país, entre ellas Nuevo León, emitiera acciones de Responsabilidad Administrativa contra cinco funcionarios de la Secretaría de Economía (SE), mismas que se encuentran en proceso por parte del Órgano Interno de Control de esta dependencia, de acuerdo con una respuesta de la dependencia a una solicitud de información con fecha del 16 de mayo de 2023.
Para ampliar la información y conocer el estatus actual de estos procesos, el reportero presentó una nueva solicitud de información por transparencia ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía, pero la dependencia contestó que no le corresponde informar sobre el tema, sino a la Secretaría de la Función Pública. Esto a pesar de que en la primera respuesta oficial entregada por la Auditoría señalan que los expedientes fueron remitidos a la OIC como responsable de investigar estos casos.
“Se enviaron al Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía copia certificada de los expedientes técnicos de las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) derivadas de la auditoría y señaladas por el peticionario, y con el oficio número DGAFFB/B1/0307/2022 del 23 de marzo de 2022”, señala el escrito de la ASF.
Además, aunque según los lineamientos de operación, el programa estaba destinado a impulsar la economía durante la pandemia, en opinión de Catalina Domínguez, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Nuevo León, es complejo medir su impacto, debido a que el gobierno federal prescindió de la participación de organismos intermedios, que anteriormente habían colaborado en acciones similares en actividades como el filtrado de candidatos y seguimientos de la efectividad de los proyectos.
También señaló que la limitación en la cantidad de los municipios participantes tienen una afectación en la efectividad de los programas. En Nuevo León sólo participaron seis municipios.
“Anteriores administraciones, nos permitían como organismo intermedio, como cámara, confiaban que estábamos representando al comercio formal y había una diferencia de fondo para que fuera una recuperación más pronto, para los distintos negocios”, dijo.
La Secretaría del Bienestar se encargó de realizar un censo que luego sirvió para elegir a los beneficiarios de los créditos. Crédito: Daniel Anguiano.
Recursos del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, conocido también como Créditos a la Palabra, fueron entregados en el transcurso de los años 2020 y 2021, en el marco de la pandemia. En total ejerció 35 mil 534 millones 696 mil pesos, de acuerdo al informe de la ASF, aunque la meta original eran 50 mil millones de pesos, según informó el gobierno federal en una rueda de prensa el pasado 23 de abril del 2020.
En Nuevo León, como en el resto del país, los créditos fueron entregados a personas que habían sido previamente incluidas en un censo realizado por la Secretaría del Bienestar (Sebien) a través de la delegación estatal, mediante el cual las autoridades detectaron las zonas de los estados de la República que requerían más apoyo.
El monto estimado que se entregó en Nuevo León, es de aproximadamente 2 mil 327 millones 425 mil pesos, esto con base en los datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) del Padrón de Beneficiarios, en los que se contabiliza a 93 mil 097 personas, físicas o morales, como beneficiarias de este programa y que recibieron los créditos por 25 mil pesos entre el 2020 y 2021.
Para convertirse en beneficiarios, los candidatos debían acreditar que eran propietarios de un negocio con más de seis meses de operación, que no fuera del giro agropecuario, y tener actividades dentro de los rubros de manufactura, comercio, servicios o talleres.
Estos créditos tendrían que haber comenzado a pagarse tres meses después de haber sido entregado el recurso, en 33 mensualidades en cuotas desde los 823.70 a los 869.60, de acuerdo con el artículo 8 de las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2020.
No obstante, la escasa respuesta de los beneficiarios a cubrir la deuda llevó a que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia mañanera, hiciera un llamado a los deudores para que acudieran a pagar.
“Hago el llamado a todos los que recibieron estos créditos a la palabra para que no dejen de abonar, porque es un crédito que se entregó de manera amplia durante la pandemia para apoyar a muy pequeños comerciantes y a la gente que tenía su pequeño negocio, y también a los que tenían trabajadores inscritos en el Seguro Social, hasta 10 trabajadores que, a pesar de la pandemia, no los despidieron; entonces, para apoyarlos se dieron estos créditos a tres años. Entonces, hay que hacer el corte, hay que ver cuánto se ha recuperado de estos créditos a la palabra”, señaló el Presidente en la conferencia matutina del 30 de mayo del 2022.
Para este reportaje, el reportero buscó al Senador por Nuevo León, Víctor Fuentes, quien formó parte de la Comisión de Economía en el Senado cuando fue aprobado el Programa. Luego de haber pactado y cancelado la entrevista en varias ocasiones con su equipo de comunicación, finalmente desistió de hablar de las irregularidades que detectó la ASF. El argumento que ofreció fue que Fuentes tenía una agenda saturada.
Niegan informar estatus de créditos y a quiénes se entregaron
Las reglas de operación del Programa establecen que las dependencias que participarían en la implementación del programa serían las secretarías de Economía (SE), del Bienestar (Sebien), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Unidad de Análisis y Diseño Estratégico de Microcréditos (UADEM) de la Secretaría de Economía, esta última como unidad facultada para hacerse cargo de la operación del Programa.
Según datos del Gobierno federal, el objetivo del programa era entregar sin intermediarios 2 millones de créditos a nivel nacional, a microempresarios; es decir, bajo este criterio, el 23 de abril de 2020, el Gobierno federal informó que esperaba destinar 25 mil millones de pesos en recursos, repartidos en un millón de créditos, “para fortalecer el consumo y la economía popular durante la contingencia de la pandemia de Covid-19”.
Uno de los criterios para convertirse en beneficiario de este programa, era el siguiente: “Contar con un local, establecimiento o instrumento de trabajo”, tal como se establece en el DOF. Para ello, un requisito era que el solicitante presentara una fotografía del local o la herramienta, para comprobar que era propietario o representante del negocio.
A través de solicitudes de transparencia, se pidió a las dependencias involucradas esta información, con el objeto de verificar que efectivamente se trataba de negocios reales a los que se les otorgó el crédito, pero las autoridades se negaron a compartir información bajo el argumento de la protección de datos personales.
Mediante solicitudes de transparencia también fue solicitado a la SE y Sebien la relación de documentos que sirvieron a los beneficiarios para ser elegidos para recibir los apoyos, pero ambas dependencias negaron contar con esa información.
“Esta Unidad de Transparencia le comunica que la información solicitada no es generada, procesada, almacenada o custodiada por esta dependencia», respondió la Secretaría del Bienestar a la Solicitud de Acceso a la Información (SAI) con folio 330025823000806.
Por su parte, la SE, en respuesta a la SAI con folio 330025922001634 respondió lo siguiente:
«Correspondió a las Secretarías del Bienestar e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la implementación de los procesos que estimaron idóneos para la selección de la población beneficiaria».
Actualmente, es la Financiera del Bienestar, antes Telecomm, la responsable de la operación de este programa, así como de la gestión de los reembolsos, algo que fue oficializado el 21 de octubre de 2022 a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación y el 20 de enero, la SE hizo la transferencia oficial de los materiales y documentación correspondientes al programa.
Pese a ello, estas dependencias no informaron sobre el estado de los créditos y los reembolsos. La SE y la Sebien señalaron que, debido a que el programa ya no es de su competencia, no son las responsables de informar sobre ello.
Además, al solicitarle la información respectiva a Nuevo León, la SE respondió que no hubo una cantidad específica por cada entidad federativa, sino que se entregaron los apoyos según se aprobaron los perfiles.
En tanto, la Sebien y la Secretaría de Hacienda, adjudicaron las responsabilidades de operación del programa a la SE y ésta, a su vez, a la Finabien, antes Telecomm.
Es decir, las dependencias involucradas en el otorgamiento de los créditos negaron informar el estatus de estos, el avance en la recuperación del crédito y la información que permitiera verificar que el dinero se entregó a beneficiarios reales, argumentando que era información reservada o que no les correspondía tener esos datos y transfiriendo la responsabilidad entre estas.
El Banco del Bienestar ya no recibe ningún tipo de pago correspondiente a los créditos por los Apoyos a Microempresas Familiares. Crédito: Daniel Anguiano.
Beneficiarios de los créditos no tenían negocios registrados
En Netquest, una plataforma dedicada a la investigación de datos on line y levantamiento de encuestas, el autor del reportaje ingresó el total de beneficiarios en Nuevo León, 93 mil 97 personas, para calcular el tamaño de la muestra del total, dando como resultado los 96 elementos.
Cabe mencionar que según la información de Netquest, la plataforma tiene una efectividad del 95 por ciento para calcular el tamaño de una muestra, con una heterogeneidad del 50 por ciento y un margen de error de 10 por ciento.
Estos 96 registros se buscaron en el DENUE, que tiene registrados 62 mil 583 comercios en el estado, pero sólo uno coincidió con los nombres que aparecen en el padrón de beneficiarios.
El objetivo fue comprobar mediante el cotejo si al menos algunos de estos beneficiarios se encuentran registrados en el Directorio, lo que mostraría que cumplen con el requisito del programa, al ser propietarios de negocios o comerciantes.
Catalina Domínguez, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Nuevo León, explicó que estos registros del DENUE corresponden a comercios formales de todo el estado, al preguntarle sobre si estos registros coinciden con un negocio que esté dado de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El no contar con este registro formal no fue un impedimento para recibir el recurso, según los testimonios de beneficiarios y de los funcionarios de estas dependencias.
De acuerdo a una beneficiaria, quien pidió no ser identificada, el crédito lo obtuvo debido a que una persona allegada a la familia trabaja como Servidora de la Nación para la Secretaría del Bienestar.
La Servidora de la Nación le ofreció el crédito a siete personas de su familia de las cuales sólo una de ellas cuenta con un micronegocio. De estas siete personas, cuatro recibieron el crédito por 25 mil pesos, los otros tres desconocen por qué no lo recibieron.
En su caso -dijo- “Pasaron como cinco meses, cinco o seis meses. Yo hasta ya me había olvidado, dije se me hace que ya no me lo autorizaron o algo pasó (…) Recibí una llamada por medio del celular, porque también me pidieron el número de celular y me dijeron que ya estaba autorizado el crédito y que tenía que ir a una sucursal del centro, que es Banco Azteca”, añadió.
“Yo lo usé para las necesidades de la casa; en esas fechas se me descompuso uno de los climas (aire acondicionado) y compré uno, también arreglé mi camioneta”, dijo.
Añadió que aunque su intención es reembolsar el dinero, no ha podido hacerlo debido a que desconoce el mecanismo por el cual puede realizar los pagos.
“Para no hacerte así como que el cuento tan largo, el de ahí de la casa nos lo hizo (la servidora de la nación que realizó el trámite del crédito) como a siete personas, pero nada más no lo prestaron como a tres. O sea, yo no sé en qué se basaron como para (decir): ‘este sí, este no, este sí, este no’”, explicó.
Por otro lado, Marta González (nombre ficticio para referirse a una persona que pidió no revelar su identidad), narró que tanto su padre como su madre, el primero empleado de una lavandería y la segunda ama de casa, se inscribieron al Censo del Bienestar con el fin de obtener el crédito destinado a las Microempresas Familiares.
“Ella sí fue acreedora a este préstamo, en el caso de mí padre, no. Mi madre hizo su respectivo uso, pero al momento del seguimiento ya no estaba claro el proceso de cómo realizar los pagos de dicho préstamo, se había establecido que iba a ser en periodos y como que meses después, pero ya nunca se le comunicaron las vías para realizar el pago”, dijo.
Actualmente, la Sebien ya no participa en la gestión de los reembolsos ni nada relacionado con el programa, en Nuevo León tuvo su sede principal en las oficinas del Condominio Acero, en el centro de la ciudad y tuvo una extensión de oficinas en el Palacio Federal, en Guadalupe; donde incluso hubo módulos de la SE que hoy ya no están.
En el Banco de Bienestar los beneficiarios reciben la indicación de acudir a la Finabien a realizar sus pagos. Crédito: Daniel Anguiano.
Pagos atrasados y falta de seguimiento
El programa ha sido señalado por la ASF, debido a que no contó con una dinámica de seguimiento que permitiera supervisar la implementación efectiva de los recursos.
A través de solicitudes de transparencia, el reportero pidió a las dependencias información que probara el seguimiento a la ejecución del recurso entregado a los emprendimientos, pero las dependencias federales respondieron que no cuentan con ella.
«Corresponde a la Financiera para el Bienestar la captación y seguimiento de los reembolsos efectuados por los beneficiarios del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares; por tanto, esta dependencia no cuenta con la información requerida», detalló la SE en la SAI con folio 330025923000820.
Tampoco se estableció desde el inicio un mecanismo para los reembolsos de los créditos, es decir, los pagos con los que se cubriría el crédito, de hecho, en los lineamientos se adjudicó a la SE la responsabilidad de establecer el procedimiento, pero no se determinó plazo ni mecanismo para hacerlo.
Además, la SE dijo que se trata de un recurso entregado en calidad de subsidio. Mientras que el reglamento, en el artículo octavo, dice que “el Apoyo financiero está asociado al compromiso solidario de las Personas Beneficiarias para reembolsarlo”.
Según los testimonios, al momento de tramitar el préstamo no recibieron información sobre el procedimiento para realizar el reembolso, ni se les asignó un método para pagar las parcialidades, tal como se indica en los lineamientos del programa.
Mecanismo de pago
Actualmente, sólo existe un método para realizar el pago del crédito: que es acudir directamente a las unidades de Telecomm, presentar el CURP y el monto a pagar, de acuerdo con una ficha informativa de Finabien, antes Telecomm.
Para realizar los reembolsos, según las indicaciones que hay en las oficinas de la Sebien en el Palacio Federal, las personas se pueden comunicar a un número de teléfono que corresponde a las oficinas centrales de la SE en la Ciudad de México.
El reportero llamó en varias ocasiones a este número 5557299100 a la extensión 111402; sin embargo, no obtuvo respuesta.
En las oficinas de la Sebien en Nuevo León, ubicadas en el Condominio Acero, en el centro de Monterrey, disponen de anuncios y folletos con las instrucciones para realizar el pago de los créditos.
Mientras que el otro supuesto método para que los beneficiarios obtengan información que les facilite el pago es enviar un correo electrónico a la cuenta reporte.apoyos@economia.gob.mx, presuntamente los usuarios reciben datos como saldo y número de cuenta para hacer el depósito correspondiente.
Por su parte, la Finabien le adjudica a la SE la responsabilidad, tal como lo declara en una respuesta a la solicitud de transparencia 330029323000069.
“Por lo anterior, se precisa que el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, que para su promoción y difusión se hace referencia a éste como ‘Programa Crédito a la Palabra’, los apoyos fueron entregados a través de la Secretaría de Economía en los ejercicios 2020 y 2021”, respondió la Finabien.
En las oficinas de la Sebien en Nuevo León hay un cartel que indica el procedimiento para realizar los pagos a los créditos a la palabra.Crédito: Daniel Anguiano.
Con el fin de obtener mayor información sobre los mecanismos de reembolso, el reportero acudió a una sucursal del Banco del Bienestar, ubicado también en el Centro de la Ciudad. De ahí lo redirigieron a las oficinas de la Finabien en Nuevo León, ubicadas en el Palacio Federal, en el municipio de Guadalupe, pero la indicación que recibió fue que los interesados en pagar el crédito deben comunicarse primero al teléfono de las oficinas centrales (en la Ciudad de México) de la SE o acudir a las sucursales de Telecomm.
Otra posibilidad de obtener información sobre la realización de los reembolsos, es visitar el sitio web de la Finabien, en el portal hay un un apartado para realizar la búsqueda de la información relacionada con los créditos, a ella las personas que recibieron un crédito, acceden mediante un formulario en el cual solo se solicita el CURP de las personas.
Además, a partir del 1 de junio, la Finabien habilitó a las sucursales de la institución para que proporcionen la información correspondiente al saldo y pagos de los créditos, y señaló que no serán recibidos los pagos en la Tesorería de la Federación.
“Te informamos que los pagos en ventanilla bancaria con la Hoja de Ayuda (formato e5cinco) de la Tesorería de la Federación, ya no serán aceptados a partir del 1°de junio de 2023”, señala en un comunicado.
Los testimonios de las personas entrevistadas para el reportaje señalaron que los servidores de la nación -el personal dispuesto por la Sebien para la selección de los candidatos y el procesamiento de los trámites-, les recomendaron no realizar los pagos del crédito, bajo el argumento de que “nadie” se los iba a cobrar.
“Dijo no paguen, no les va a cobrar, nadie les va a cobrar. Es que yo tengo entendido que si tú pagas y si eres correcto al pagar, ahora te van a prestar 50. Yo soy enemiga, enemiga de deber, a mí nunca me ha gustado (…) Entonces yo le decía a ella, le decía, pues es que, por ejemplo, yo podría dar 500 o mil pesos a la semana porque me interesaba que lo va a empezar en los 50 (un préstamo de 50 mil pesos). Porque según esto eran intereses todavía muchísimo más bajos que los que yo pago, por ejemplo, en la caja popular. Ella eso fue lo que me dijo, dijo, no, pues no pague, nadie va a pagar”, explicó una beneficiaria entrevistada.
Desde el 21 de octubre de 2022, la Financiera del Bienestar, antes Telecomm, se encarga de la gestión de los reembolsos. Crédito: Daniel Anguiano.
Hallan anomalías
Como ya se mencionó la Auditoría Superior de la Federación encontró anomalías en las reglas de operación del programa, en el mecanismo de reembolso, en las estrategias para supervisar la entrega de los créditos y el seguimiento a los beneficiarios e inició procedimientos de sanciones administrativas a cinco funcionarios de la Secretaría de Economía.
De la cual se desprendieron cinco acciones de responsabilidad administrativa debido a que, según la ASF, no se establecieron mecanismos de control que aseguren la adecuada integración de expedientes, no contaron con la información que acredite que cumplieron con todos los criterios en todos los perfiles.
Así como tampoco establecieron mecanismos de supervisión para asegurar que los perfiles cumplieran con los requisitos de elegibilidad, tampoco establecieron controles para identificar a las personas que realizaron reembolsos por la cantidad de 111 mil 410 pesos.
Además, porque no se realizó el reintegro de 563 mil 657 pesos correspondientes a los reembolsos recibidos en la cuenta específica de la SE; y porque no hubo un método para evaluar las metas del programa ni seguimiento para medir el impacto social de los apoyos.
En tanto, el Órgano Interno de Control de la SE se declaró incompetente para informar sobre las acciones de responsabilidad administrativa ni si los funcionarios involucrados continúan en sus funciones o en algún otro cargo público y aseguró la corresponde a la Secretaría de la Función Pública la información pertinente a esos casos.
Aunque el programa tenía como objetivo impulsar la economía, a la fecha se desconoce cuál fue el impacto social que tuvo, como señala la auditoría de la ASF, debido a que no hubo un mecanismo de seguimiento.
Además, las dependencias no logran ponerse de acuerdo para proveer de información, pues luego de varias consultas y solicitudes de transparencia, las respuestas, en resumen, indican que es la Finabien quien debería responder, sin embargo, ésta le adjudica la SE la implementación del Programa.
Y, en consecuencia, se desconoce si el avance en los reembolso de los créditos ha avanzado luego del rezago que se hizo de conocimiento público, si ha habido respuesta por parte de los beneficiarios y cuánto del total ejercido ha sido devuelto a las arcas públicas o si se considerará como fondo perdido.
El tráfico es horrible y más en tiempo de calor. La gente se pone de tan mal humor que insulta a otras personas y hasta le surge el deseo de dañar, de lastimar al prójimo.
Sí, es el pinche calor, pero podría haber alternativas.
De hecho, las alternativas han recibido grandes recursos públicos. Sí, hablo del sistema de transporte público. Pero no como el que teníamos hace diez años, uno que sirva de verdad.
Maru Campos recibió obras que Javier Corral no terminó y, de manera increíble, en lugar de mejorar el transporte lo empeoró. Despareció la línea uno del BRT, reapareció la Ruta Tierra Nueva, aumentó la tarifa y pasan menos rutas que hace diez años.
Cuando tener auto se convierte en una necesidad y no en una alternativa, entonces no es una opción, es un condicionamiento.
El transporte público es una gran deuda de Maru para Juárez.
¿Qué ha hecho Maru? Sólo proceder contra cinco custodios… la corrupción está presente… y Maru hace nada, eso le importamos los juarenses.
Por último, más que una deuda para Juárez es un golpeteo constante, sal en la herida.
A veces pienso que es consciente y lo hace por joder. Sus postes de la Plataforma Centinela, violando toda norma y reglamentación sobre desarrollo urbano.
A mitad de la banqueta, priorizando su enfermo afán voyerista de mantenernos vigilados, afectando el derecho de la población a caminar por una banqueta. Su Plataforma Centinela no es un Derecho, la movilidad sí.
Un gobierno que no gobierna, nos sale muy caro a los juarenses.
