Te has preguntado alguna vez si hay diferencias entre un grupo de trabajadores que desempeñan un rol igual en una empresa. La pregunta es respondida simplemente con un “no hay diferencias”.
Podemos describir que una plaza laboral tiene condiciones homogéneas para su desempeño sin embargo, cuando agregas indicadores y/o categorías específicas cambian las percepciones mentales, las ideas de quién labora y el cómo lo hace.
Las categorías de edad, sexo, y condición de estudiante provocan de inmediato una reacción negativa: no tienen experiencia, son conflictivos por naturaleza, no van a tener disponibilidad de tiempo completo o cuando se les necesite. Con sólo estos tres puntos, empieza la exclusión laboral en los mercados de ocupación de las empresas, no sólo en México sino a nivel mundial.
La mujer actual está más preparada en los ámbitos académicos, culturales, sociales, laborales, científicos, humanistas. No hay duda de eso, sin embargo, esos talentos que poseen no son obra de la casualidad, les ha tocado más tiempo completar esos ciclos, cerrar esas etapas de formación y madurez, producto, precisamente de la exclusión que han vivido históricamente.
También hay que reconocer como decía una de las participantes en un ejercicio de consulta o círculo de opiniones sobre temas específicos, que la mujer siempre ha ejercido un poder tras el trono: Cleopatra es uno de los ejemplos donde Julio César y Marco Antonio sucumbieron ante los atributos y mandatos de la faraona egipcia. Helena de Troya supo llevar a la campiña la sangre y la guerra por sus dones dónde «Paris» perdió la gracia como estadista. Situaciones de esta naturaleza siguen siendo motivos ahora de “éscándalos” políticos, académicos y de cualquier otra naturaleza humana.
En conclusión, nos comentaba la participante a la que llamaremos “Helena” era difícil que una dama subiera en las posiciones de un puesto público, pues si bien se fijaban en las cualidades o atributos físicos, no consideraban la inteligencia, el liderazgo, las competencias de oratoria o comunicación oral u organizativas al momento del desempeño profesional dentro de una administración pública.
El ejemplo lo explica con sus propias palabras: “Cuando me asignaron un puesto era muy complicado al principio porque tanto los hombres como las mujeres pensaban que es muy guapa y de seguro le gusto al jefe o anda con alguno de la oficina y tiene padrino”. Las expresiones en el ámbito laboral quitan méritos a las trabajadoras o trabajadores por comentarios donde las propias mujeres no dejan que otras mujeres sean valoradas.
En contra sentido, una de las personas que respondieron las preguntas, comentaba que tuvo acoso laboral y sexual, precisamente por los atributos que comentamos en la entrega anterior: “Fue difícil para mí, hable con mi supervisor, me cambiaron de departamento, tuve una jefa mujer, vió mi trabajo y pude por fin escalar dentro de la empresa” comentaba Verónica sobre su experiencia.
Otros comentarios recibidos fueron tajantes: “La belleza de una mujer ya no es más importante que su inteligencia y su experiencia”. Si ayudan los atributos, verse bonita, arreglada, pero deben tenerse otras competencias laborales para que te tomen en cuenta, concluyó una de las mujeres que participaron en la consulta.
En conclusión, podemos decir que en México, con más de un 50 % de mujeres en la población total, se consolida la frase de que el futuro tiene un rostro de mujer en todos los ámbitos. El acoso laboral y sexual sigue estando presente, por ello es necesario contextualizar políticas para evitarlo dentro de las empresas y organismos gubernamentales. Los tiempos han cambiado, las expresiones misóginas aún prevalecen en ciertos círculos, difíciles de erradicar pero no imposibles de enfrentar.
La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) ha alertado sobre la posiblidad de que Ciudad Juárez se vea obligada a implementar el racionamiento de agua, conocido como «tandeos», en un plazo de aproximadamente 15 años, si la comunidad no toma medidas urgentes para conservar este recurso vital, según informó Sergio Nevárez, titular de la JMAS.
Sergio Nevárez, titular de la JMAS en Ciudad Juárez
Señaló que una manera de hacerlo es cerrando las llaves cuando no se está usando durante el aseo personal, también recoger el agua que sale de la regadera mientras se regulariza la temperatura de ésta y reutilizarla.
Además, el titular de la JMAS recomendó procurar la reparación pronta de cualquier fuga, para que no se desperdicie el líquido.
**Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers**
En Sonora, en los últimos seis años, el Poder Judicial y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos han recibido 275 denuncias por casos de tortura presuntamente cometidos por servidores públicos, de acuerdo con información obtenida por solicitudes de información por transparencia. Sin embargo, en esa entidad no existe una Fiscalía especializada para investigar el delito y según testimonios de víctimas entrevistadas para este reportaje, existe amedrentamiento y obstáculos para quienes buscan justicia por estos agravios.
Al menos 66 personas manifestaron haber sufrido tortura al enfrentar una detención y/o un proceso penal ante la Fiscalía General de Sonora y ante los cuerpos de policías estatal y municipales de Sonora, de acuerdo con los registros del Poder Judicial de ese estado, en respuesta a una solicitud de información por transparencia.
La dependencia informó que en ninguno de los casos anteriores han habido denuncias penales contra los presuntos agresores, por lo que tampoco se realizaron judicializaciones ni sentencias contra las personas señaladas.
Paralelo al registro del Poder Judicial de Sonora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió 209 quejas por tortura también del 2017 a marzo de 2023. De estas quejas, 109 fueron contra la Fiscalía General de Sonora y 39 contra policías municipales.
El 27 de marzo de 2017 se creó la Fiscalía General del Estado de Sonora como institución autónoma, esto bajo la administración de la ex gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. En el tiempo que abarca la investigación la titular de la Fiscalía fue Claudia Indira Contreras Córdova. Crédito: Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora
Sin embargo, la CEDH sólo ha emitido en este periodo tres recomendaciones por el delito de tortura cometido por funcionarios públicos de la Fiscalía, según una respuesta enviada por transparencia.
Adicionalmente, el organismo autónomo emitió otras 35 recomendaciones relacionadas con abusos físicos y psicológicos como golpes y amenazas a personas en situación de detención, pero no las catalogó como tortura, sino como abusos de autoridad, de acuerdo con información pública disponible en su portal.
En estos casos la principal autoridad responsable son policías municipales, quienes acumulan 26 recomendaciones; la Fiscalía de Sonora cinco recomendaciones, y la Policía Estatal de Seguridad Pública cuatro más.
En la entidad existe la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el estado de Sonora desde el 2014, misma que establece en el artículo 2 “programas permanentes” para capacitar a los policías municipales y que ninguna declaración obtenida por este delito “podrá invocarse como prueba en un proceso penal” en el artículo 11.
Dicha ley establece que la Federación y las entidades federativas “contarán con un plazo de noventa días posteriores a la fecha en que el presente Decreto entre en vigor, para crear y operar sus Fiscalías Especiales para la investigación del delito de tortura, salvo en los casos que por falta de recursos suficientes deban ser ejercidas por la unidad administrativa especializada correspondiente”, esto en el sexto transitorio del capítulo 3.
La respuesta detalla que son “Órganos Técnicos de Investigación” los que hacen las indagatorias relacionadas con este delito y no respondió a la pregunta de los procesos que pudieran existir por este delito, bajo el motivo de que no se cuenta con dicha oficina.
La Ley General también señala en el artículo 55 que: “Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán crear Fiscalías Especializadas con plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución de delitos previstos en esta Ley; contarán con Ministerios Públicos, policías, servicios periciales y técnicos especializados; y estarán dotadas de los recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para su efectiva operación”.
Ángel María Salvador, coordinador del programa de Prevención de la Tortura de la organización civil Documenta, en entrevista para este reportaje, explicó que las fiscalías estatales deben de tener “por ley” una unidad especializada que investigue la tortura.
Explicó que el no contar con una Agencia Especial del Ministerio Público para la investigación específica del delito de tortura y asignar esta tarea a las agencias ministeriales generales, podría contravenir lo que establece el artículo 55 de la Ley General.
Además, dijo que la Fiscalía de Sonora le ha respondido a Documenta que no tiene estadística detallada y sistematizada sobre el delito de tortura “la Fiscalía debería tener esa información porque forma parte de una obligación legal, hay una obligación de que existan estos registros y deberían tenerlo completamente actualizado y muy bien desarrollado”.
El especialista consideró que este vacío que ahora existe, pone en evidencia que Sonora carece de mecanismos efectivos para investigar la tortura, lo que deja en la impunidad a los perpetradores “es un error que invisibiliza el crimen”.
“Tiene que ser un registro bastante exhaustivo de cuántas personas están siendo investigadas, cuántas víctimas hay, perfiles victimológicos, bastante, bastante información y tiene que ser un registro que permita diagnosticar el problema con los patrones de conducta y también dimensionarlo. Entonces esa información en principio, la Fiscalía la debería tener porque forma parte de una obligación legal”, dijo.
Ángel María Salvador Ferrer, coordinador del programa de Prevención de la Tortura de la organización Documenta. Crédito: Documenta.
La Fiscalía de Sonora también negó para esta investigación la entrega de información estadística relacionada al delito de tortura solicitada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, debido al mismo argumento de que no existe la unidad antitortura y por lo tanto no hay datos de este delito.
La Ley Especial para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el estado de Sonora, en el artículo 3, define que “comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflige a una persona dolores o sufrimientos, sean físicos o psíquicos para obtener de la persona torturada o de un tercero, información o confesión; para castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; para coaccionarla física, mental o moralmente, para que realice o deje de realizar una conducta determinada; para obtener placer para sí o para algún tercero; o por cualquier otra razón basada en algún tipo de discriminación”.
El día 28 de Octubre de 1992, se creó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH). Crédito: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora
Sobre esta situación, el coordinador del Programa para Prevención de la Tortura de la organización civil Documenta explicó que “el índice de investigaciones (del delito de tortura) es bajísimo, es de los más bajos del país”; por ejemplo, indicó que según datos que ellos han obtenido por transparencia, en todo 2022, la Fiscalía de Sonora sólo abrió una carpeta de investigación por el delito de tortura en el estado.
El especialista dijo que esta negativa a crear una fiscalía especializada podría deberse a que las autoridades encargadas de investigar los hechos son las más señaladas de cometer el delito.
“Sonora es uno de los pocos estados que todavía no tiene una Fiscalía Antitortura, de hecho según datos a través de información pública que recabamos en el año 2022, existen tan solo cuatro entidades federativas que no tienen una Fiscalía especializada”, dijo.
Sinaloa, Guerrero y Coahuila son las otras entidades que no cuentan con una Fiscalía Especializada en Tortura, informó el experto.
Javier Millanes, abogado penalista graduado de la Universidad de Sonora (UNISON), quien ha abordado casos de tortura en el estado, opinó que “si investigaran la tortura, sería como dispararse en el pie”. En esto coincide el abogado José Cuitláhuac Castro Silva, quien trabajó 25 años en el Poder Judicial.
Castro Silva comentó que: “En el caso de la Fiscalía (de Sonora), seguramente, la clasificación que hacen de los delitos que llegan y que finalmente son registrados como parte de la estadística, no los ingresan con esa denominación (tortura)”.
El abogado penalista José Cuitláhuac Castro Silva se ha desempeñado en varios cargos dentro de los municipios del estado, entre los que destaca haber trabajado 25 años en el Poder Judicial de Sonora. Crédito: Francisco Sandoval
Añadió que “si hay tortura y a la carpeta de investigación la registran como abuso de autoridad, entonces este delito escapó, ya no se registra como tal”.
El autor de esta investigación buscó la postura de la Fiscalía de Sonora, en concreto de su entonces titular, Claudia Indira Contreres Córdova. La entrevista fue solicitada presencialmente el 29 de marzo de 2022 en la oficina de la fiscal general.
La persona que recibió la solicitud dijo que regresaría la llamada pero ante la negativa, el lunes 10 de abril nuevamente el reportero llamó a las oficinas de Comunicación Social de la dependencia y un secretario le dijo que Guadalupe Orduño, la titular, se iba a comunicar más tarde.
Por la tarde de ese día, la titular del área de Comunicación dijo por vía telefonica que “el tema de tortura no es tema, no hay nada relacionado con tortura en Sonora”, que iba a verlo con la Fiscal general y se pondría en contacto.
En los siguientes días el periodista envió mensajes vía WhatsApp y SMS, como consecuencia, Orduño solicitó previamente las preguntas que se harían en la entrevista.
La ex Fiscal de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdova, se desempeñó como titular de la institución desde el 15 de noviembre de 2018 hasta el 15 de mayo de 2023. Crédito: Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora
Ante la negativa por esa vía, el 24 de abril nuevamente el periodista buscó el número personal de la Fiscal, ella aceptó ser entrevistada en un primer momento, pero luego de recibir las preguntas (no las había visto) no volvió a responder a las llamadas y mensajes enviados tanto a su número personal como al de su oficina.
El día 9 de mayo de 2023, Indira Contreras presentó su renuncia como titular de la Fiscalía de Sonora. Ella dio a conocer la noticia luego de una reunión que tuvo con el gobernador Alfonso Durazo, donde ambos coincidieron en que la institución necesitaba un “relevo”. El nuevo Fiscal General de Sonora es Gustavo Rómulo Salas Chávez.
Reconoce deficiencias de la CEDH
Fernando Rentería, actual presidente de la CEDH, quien el 15 de marzo de 2022 asumió el cargo, reconoció que en las investigaciones previas a su administración, en los casos de las quejas por tortura, existieron “deficiencias” en la catalogación de los delitos relacionados con esta práctica. Cabe destacar que el anterior titular de la Comisión era Pedro Gabriel González Avilés.
“No sabían de qué se trataba, del trabajo que estaban haciendo, a pesar de que llevaban muchos años. No tenían ni idea de lo que es el tema de los derechos”, consideró el nuevo presidente del organismo.
Para esta investigación el periodista buscó una entrevista con el ex presidente de la Comisión, no obstante mediante mensajes de texto negó dar cualquier declaración. “No puedo dar entrevista, me encuentro en un retiro muy agradable del servicio público”.
González Avilés refirió que todo su trabajo como titular se encontraba en los informes anuales de la CEDH y que allí se podía consultar todo tipo de información.
En relación a la identificación de tortura en recomendaciones catalogadas como abuso de autoridad, Rentería dijo: “Puedes notar incluso que en cosas tan burdas, donde ni siquiera se necesita ser muy especialista para saber que el hecho de alguna manera debe entrar en la categoría de tortura”, dijo sobre los casos que no se registraron como tal.
Agregó que en la administración pasada había una “apatía e indiferencia” por parte de quienes estaban en la CEDH, así como deficiencias técnicas en el entendimiento de los derechos humanos, además de que “faltaba compromiso”.
Luis Fernando Rentería Barragán, presidente de la CEDH, da su primer informe como titular de la Comisión. Crédito: Francisco Sandoval
Para resarcir este hecho, dijo que la dependencia a su cargo acaba de formar un grupo especializado en el Protocolo de Estambul en una rueda de prensa el 29 de septiembre de 2022, oficina que ya se encuentra investigando y documentando la tortura en Sonora.
El presidente de la CEDH adelantó que, aunque ya están en funciones, presentará formalmente a los miembros de este equipo a la ciudadanía en los próximos meses, esto sin detallar una fecha precisa. Hasta el cierre de esta investigación, la Comisión no ha presentado al equipo.
El Protocolo de Estambul es un manual para la investigación y documentación eficaz en los casos de tortura, diseñado por especialistas en la materia y avalado por la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Para este reportaje se le solicitó a la CEDH información actualizada a la oficina encargada de investigar los casos de tortura, para saber cuántos dictámenes ha realizado de acuerdo al Protocolo de Estambul.
La dependencia informó que “en 2022, se realizaron 15 dictámenes del Protocolo de Estambul. En 2023, se han practicado ocho y se tiene programadas siete fechas para la misma cantidad de protocolos para el año en curso, más las solicitudes que se requieran tanto en el procedimiento de queja como por parte del Poder Judicial”.
Acusan amedrentamiento y obstáculos en los casos de Karen Duarte y Fabián Reyes
Esta investigación consultó a abogados y familiares de dos personas que presuntamente sufrieron tortura: Karen Alicia Duarte López condenada a 47 años por feminicidio, actualmente está esperando a que se le realice el Protocolo de Estambul, según el penalista que atiende el caso; y Fabián René Reyes Valdez, quien fue encontradocolgado en una celda del municipio de Empalme.
El Protocolo de Estambul es el manual desarrollado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para la investigación y documentación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los peritos especializados que realizan estos dictámenes son reconocidos por las instituciones encargadas de la procuración de justicia en el país.
Si en el caso de Karen comprueban que hubo tortura al momento de tomar su declaración, entonces el caso necesitaría una revisión desde cero, parcial o definitivamente no procede, agregó el abogado Juan Pablo Gastelum.
La Ley General para la Prevención de la Tortura establece en el artículo 2 que “aquellas personas, sentenciadas o procesadas, cuyas pruebas presentadas en su contra, carezcan de valor probatorio, por haber sido obtenidas directamente a través de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos, podrán interponer los recursos e incidentes correspondientes”.
Piden reabrir caso de Karen Duarte
Juan Pablo Gastelum, abogado penalista del caso Karen Alicia Duarte Lopez, explicó para este reportaje que la hoy reclusa, fue detenida debido a que el 19 de enero de 2021, presenció un feminicidio a manos de otras personas, mismas que se encontraban bajo los efectos del “cristal”, droga por la que Karen sufría una adicción y era la razón por la que se encontraba en el lugar de los hechos.
Hasta este día, señala su abogado, no hay ninguna prueba que conecte a Karen con la víctima.
“Nos llamó mucho la atención su detención, la mecánica con la que se conducen los agentes de la policía municipal y el abogado público que ella tiene cuando la declaran que, a pesar de estar asesorada legalmente, la impulsa a que declarara de la manera en la que lo hizo”, dijo.
Karen Alicia Duarte López fue condenada a 47 años de cárcel por el delito de feminicidio. Crédito: Sofía Adame
Gastelum refirió que, de acuerdo al expediente penal del caso, el examen genético de la Fiscalía señala que hay un intercambio de ADN entre el cadáver y los posibles culpables, debido a la sangre y otros fluidos que quedaron expuestos durante el homicidio.
El resultado de este examen concluyó que no hay muestras biológicas que correspondan a Karen, pero sí que hay ADN de otra mujer y varios hombres, aunque hasta la fecha sólo ha habido un detenido.
Ella, en la entrevista que el periodista realizó en el interior del penal para este reportaje, relató que luego del feminicidio fue amenazada para que subiera a un vehículo para ir a tirar el cuerpo de la mujer. En el trayecto fueron interceptados por una patrulla. Cuando pararon las otras personas corrieron, menos ella y el chofer del vehículo.
Karen Duarte narró que le pidió ayuda a los elementos de la policía municipal, porque dijo que era llevada a la fuerza en el vehículo.
Explicó que el primer contacto que tuvo con los municipales fue con una oficial mujer que le dijo “No te hagas pend…”, presuponiendo la culpabilidad de Karen en los hechos.
Los uniformados le pidieron que esperara detrás de la patrulla, después se llevaron al conductor del vehículo y a Karen a la escena del crimen. En dicho lugar se le acercó un oficial y le dijo: “Ya sabes lo que tienes que hacer morra, si hablas vas a valer ver…, ya sé dónde vive tu familia”, detalló en la entrevista.
Añadió: “Ni una palabra, solo golpear en la pierna, en el brazo, en el abdomen, pero nunca en el rostro. Paraban un momento y luego continuaban, así por 20 minutos. Cuando terminaron, los oficiales dijeron: ‘Eso es una probada de lo que le puede pasar a tu familia’”.
Pablo Gastelum contó que luego de esto, agentes del Ministerio Público escribieron unas hojas y le hicieron firmarlas, “firmó porque la habían golpeado, amenazado con lastimar a la familia”.
Juan Pablo Gastelum, abogado de Karen Duarte. Crédito: Francisco Sandoval
Cuando la familia de Karen Duarte logró contratar al abogado penalista Pablo Gastelum, ellos iniciaron el proceso para revisar el caso y proceder a la denuncia por tortura, misma que al momento del cierre de esta investigación sigue en proceso y en espera que se le aplique el Protocolo de Estambul.
El abogado José Cuitláhuac precisó qué deben hacer las autoridades ante este delito: “procesalmente hablando, el juez tiene dos obligaciones: la primera obligación es darle vista al Ministerio Público de la existencia del acto de tortura y observar que el Ministerio Público efectivamente investigue ese hecho.
“Por el otro lado, tiene una obligación procesal, que es que bajo su propia tutela el juez investigue la existencia de los actos de tortura y entonces hace uso de entidades especializadas para poder obtener bajo el Protocolo de Estambul, la existencia de elementos concernientes a la tortura en ese procesado”, detalló.
Explicó que de ser positiva la opinión de los expertos, el juez tiene la obligación de que esa confesión sea anulada procesalmente hablando y no la tome en cuenta para dictar la sentencia.
Exige justicia por su hijo Fabián Reyes
El 7 de febrero de 2022, María Esther recibió una llamada en la que le comunicaron que su hijo Fabián René Reyes Valdez se suicidó en una celda del municipio de Empalme, Sonora.
Le dijeron que varios agentes se lo llevaron, que “eran muchos policías los que lo habían detenido, que lo golpearon mucho”; esto sucedió afuera del domicilio de la persona que la contactó, la ex pareja de su hijo.
A Fabián lo hallaron en su celda atado de manos, golpeado y con marcas en el cuello de agujetas distintas, afirma María Esther, quien tiene en su posesión el dictamen médico y fotografías de cómo fue encontrado el cuerpo. Estos documentos los presentó como prueba en la denuncia por el delito de tortura ante la Fiscalía de Sonora, la Fiscalía General de la República y la CEDH.
La madre aseguró: “A mi hijo lo asesinaron policías municipales de Empalme, Sonora”.
María Esther sostuvo que los cinco oficiales que detuvieron a su hijo fueron los mismos que después lo descolgaron de su celda, de acuerdo a las investigaciones del caso.
Añadió que durante el velorio de su hijo, estos mismos uniformados fueron a la funeraria y trataron de llevársela detenida, acusándola de haber robado varios objetos de la propia funeraria.
Fabián Reyes era un miembro activo de la comunidad deportiva del municipio de Empalme. Crédito: María Esther
El 9 de febrero, luego del funeral de su hijo, María dijo que estaba convencida de que él no se había quitado la vida. Por lo que fue a la Fiscalía de Empalme, con la intención de interponer una denuncia por el delito de homicidio presuntamente cometido contra su hijo. Sin embargo -explicó- la persona que la atendió le dijo que no podía levantar la denuncia, que primero necesitaba decir los nombres de los asesinos.
“Yo me quedé así ¿cómo? Pues si yo estoy pidiendo una investigación. Yo no estoy señalando asesinos. Ella (la mujer que la atendió) dijo que no. ‘Usted tiene que decirme quiénes son los asesinos’”.
A los pocos días María regresó a poner la denuncia ante Fiscalía, esta vez acompañada de su hermana y una sobrina, pero obtuvo la misma negativa. En esta ocasión -recuerda- la secretaria les gritó: “¡espérense, quédense aquí!”.
María rememora que sintió mucha inseguridad y miedo, por lo que se retiró del lugar en ese momento. Después fue a las oficinas de la Fiscalía de Guaymas pero tampoco quisieron tomarle la denuncia.
Recuerda que su hermana María la convenció de interponer la denuncia en las oficinas de la Fiscalía ubicadas en la ciudad de Hermosillo, ubicada a 140 kilómetros de Empalme. El 14 de febrero de 2022 llegó a la capital del estado. Ahí, explicó, le dijeron que ya habían iniciado una investigación y que sabían que habían hecho denuncias públicas sobre lo sucedido en medios de comunicación. Pasaron los días y la investigación no avanzó.
Un año después de los hechos, María decidió comprar un megáfono y plantarse afuera del palacio de gobierno y exigir ver al gobernador. Logró ser recibida por Alfonso Durazo y tras un breve intercambio de palabras le indicó que haría que la fiscal general Indira Contreras Córdova y la secretaria de Seguridad Pública María Dolores del Río la vieran personalmente.
La reunión con la Secretaría y la Fiscalía sucedió, pero con el tiempo no hubo gran avance, acusó María.
María regresó a plantarse a las afueras del Palacio de Gobierno y refiere que el gobernador la recibió de nuevo, en la reunión también se encontraba la entonces Fiscal Claudia Indira Contreras Córdova.
María recuerda que cuando se quedó sola con ella, la funcionaria “agarra un papel y un lápiz; me pregunta ‘¿cuándo fue la primera vez que su hijo tuvo contacto con drogas?’. Señora -le digo-, creo que esa pregunta es irrelevante. Creo que ustedes deben preocuparse por investigar la muerte de mi hijo, no su vida”.
En febrero, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Hermosillo, María nuevamente se plantó afuera y con un megáfono pidió justicia para su hijo: “De ida nomas me miró pero de vuelta, decidió recibirme y turnó mi caso a la Fiscalía General de la República”.
En marzo del 2023, familiares de María le hicieron saber que la tumba de su hijo, localizada en Guaymas, había sido intervenida sin razón alguna, nadie podía explicar qué había pasado, según consta en las fotografías y videos del expediente.
La tumba de Fabián intervenida en el municipio de Guaymas. Crédito: María Esther
Ante este hecho, miembros del ejército estuvieron resguardando la zona e incluso instalaron una cámara de vigilancia, misma que, de alguna manera, robaron incluso con presencia militar.
Días después de este suceso María volvió a pedir una necropsia del cuerpo. Ella aseguró que ya no tiene confianza en las instituciones.
María Esther afuera de la CEDH con la recomendación que redactó la comisión por ejecución extrajudicial, de su hijo, Fabián René Reyes Valdez. CréditoAlberto Duarte Andrade
El martes 6 de junio de 2023 se realizó la necropsia. Al cierre de este reportaje aún no se han entregado los resultados de este proceso.
José Cuitláhuac Castro Silva, abogado penalista, asegura que presentar una denuncia en la Fiscalía, es un laberinto, casi inaccesible. En esto coincide Ángel María Salvador de la organización Documenta, quien detalla la ausencia de instituciones estatales capaces para investigar el delito de tortura implica que no se reconozcan los casos y que no haya registros de este crimen.
Entonces -reitera Salvador- no se trata de un “no sucede” o “no es tema”, sino que más bien es un asunto de invisibilización y no especialización en la materia. Que Sonora tenga una unidad especializada en el delito de tortura no es una opción, sino una obligación, tal y como lo dicta la ley federal.
El recuerdo de un ausente se materializa en el mundo transitado de lo cotidiano, en el pasado: en memoriales. La vida, antes ordinaria, ahora es incertidumbre por el destino plagado de tantas posibilidades funestas.
David Bermúdez, miembro de Aluna, asociación civil de acompañamiento psicosocial, afirma que con estos espacios “se trata de aludir a la presencia en las calles, en las ciudades; las ausencias que son un grito comunal de las familiares de un desaparecido. Una denuncia sublimada por el pariente de alguien que no está. Es un registro de las diferentes etapas de convivir con el paso del tiempo”.
La Plaza de los Desaparecidos es una herida abierta en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. No apela a la memoria pasada, sino al reclamo presente como un grito silencioso, íntimo. Es el espacio que se percibe, pero que la burocracia neolonesa no voltea a ver. Sin embargo ahí está: rostros y nombres sostienen el lugar a la mirada de todos, del gobierno y de los frágiles ciudadanos ante los asaltos al destino.
Foto: Luis Alberto López
El 11 de enero de 2014, Fuerzas Unidas Por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), con experiencia en la búsqueda y un mismo sentimiento de clamar a los muros del Gobierno investigar sin eco, fundaron la Plaza de los Desaparecidos para que cada vistazo que dé un funcionario público le recuerde la deuda que tienen hasta hoy. Ese año, el registro fue de 2 mil 315 ciudadanos sin paradero, para abril de 2023 la cifra asciende a 6 mil 510 en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Sobre los declives de cemento de lo que era una fuente, los rostros pintados en fondos de colores se observan desde cualquier punto cercano. En el centro, los nombres de los ausentes están grabados en cristal, porque son parte de la vista en la ciudad: su carne y hueso en vida, arrebatados. Hay una pequeña barandilla enfundada con fichas de búsqueda. Por debajo, a la vista, hay una cruz y la cifra del cisma de la estadística de quienes no están: +100 mil desaparecidos.
“No podemos dejar de nombrarlos. Porque lo que no se nombra no existe”, asegura Leticia Hidalgo, madre de Roy, sin paradero desde 2011. Por eso se resignifica el espacio público, para concentrar el reclamo de los familiares y que permanezca anclado al tiempo su imagen.
“Que siempre los ojos de los desaparecidos los estén viendo, que los sigan a donde vayan, y los llantos de sus madres nunca los dejen dormir”, sentencia Leticia.
La activista Leticia menciona que La Plaza de los Desaparecidos no es el único lugar resignificado para devolver la mirada a quienes no están. Sobre la calle Juan Ignacio Ramón, en 2019, varias organizaciones civiles erigieron otro monumento para visibilizar a mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio. E in situ, donde se vio por última vez a Brenda Damaris González Solís, en 2020, se levantó una efigie para hacerla presente.
En Hidalgo, un municipio rural a 40 kilómetros al norte de Monterrey, tras dos años de investigación, los buscadores dieron con un sitio de exterminio conocido como “El tubo” entre huizaches y gobernadoras. En la pendiente de un cerro, hallaron los primeros restos, a 216 metros, en una perforación para extracción de agua, y con prendas y credenciales constataron que había más restos. Alcanzaron hasta los 843 metros para rescatar al último, relata la señora Leticia Hidalgo. En “El tubo” se encontraron 10 mil restos humanos y se obtuvieron 17 perfiles genéticos de diez seres humanos reconocidos. Todavía resta por confirmar al menos cinco más.
Foto: Luis Alberto López
Tardaron 155 días en el hallazgo, entre los cambios de estación, lluvia, sol, ventarrones, polvo, narra la madre de Roy. Antes de sellar “El tubo”, flores lanzadas por el ducto dieron color y vida a esa oscuridad. Una placa de cemento impide que sea utilizado de nuevo por delincuentes.
“Convertirlo de un lugar malo, o maldito, a veces dicen: en un lugar sagrado. Toda la maldad la cambiamos por todo el amor que se desbordó ahí”, rememora Leticia.
Afrontar al destino
Un árbol con fichas de búsqueda como si fueran hojas se marchita. Listones verdes y todas sus tonalidades anidan el mensaje de quien los espera. Sobre el tronco donde comienza la bifurcación se agolpa la mayoría de los trozos de tela alargados con los nombres de cada uno de los ausentes.
Los rostros permanecen intactos en las sombras hechas por las ramas agitadas por el viento. Durante años, familiares sin pertenencia a algún colectivo de búsqueda, colocan imágenes de sus seres queridos en la Alameda Zaragoza de Torreón, Coahuila, sin que nadie se dé cuenta.
Este memorial es el Árbol de la Esperanza. Así lo nombraron los integrantes Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (FUUNDEC) desde 2015, cuando se alcanzó la cifra, hasta ese año, de 3 mil 247 ciudadanos sin paradero registrados en cifras gubernamentales.
El Árbol parece abandonado por autoridades, aunque no lo esté por los familiares de los ausentes. Es un compañero en el tiempo, dice Ixchel Mireles, esposa de Armando Tapia, de quien no tiene noticia alguna desde 2010. Cada estación del año es similar al estado de ánimo de los buscadores: “A ratos nos da esperanza y se pone verde cuando creemos que tenemos un dato —de su familiar—, o se caen las hojas. En ratos parece que está muriendo”, recalca.
Ese rumor de las ramas, durante el día y la noche, es la metáfora donde se ocultan los indicios para encontrarlos desde el momento que no supieron más de ellos: “El viento se los ha llevado y no sabemos dónde están”, testifica Ixchel.
Foto: Francisco Rodríguez
A un lado del árbol hay una estructura negra, hecha de metal, que simboliza las trabas para el acceso a la justicia de las víctimas, como lo propusieron los miembros de FUUNDEC, pero también hay rectángulos vacíos, como cada persona a la que le falta un alguien, reseña Mireles.
Al final del invierno del 2022 se esperaban nuevas hojas del árbol, pero nunca reverdeció. Un hongo en las raíces lo mató, pero su tronco se preserva en una cápsula. Intentaron rescatarlo. Nada se podía hacer. Para los buscadores, la tristeza lo secó: lleva el fruto de la ausencia de todos. Ahora hay plantado uno joven, y florece la memoria con listones verdes. Lo rodean pequeños guardianes blancos de roca.
Foto: Fernando de la Vara
De otro lado de la Alameda Zaragoza, un par de rocas que fueron testigos silenciosos de las masacres en Patrocinio, en el municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila, a 65 kilómetros de Torreón y a unos 90 km de Estación Claudio, en el municipio de Viesca, Coahuila, dos sitios de exterminio donde se encontró bisutería de calcio, la última resistencia de esos seres humanos para persistir.
Las piedras están cubiertas por cristal, flanqueadas por túneles con los nombres de desaparecidos quienes sus familiares aceptaron que fueran grabados, asegura Silvia Ortiz, vocera de Grupo VIDA y madre de Fanny, buscada desde 2004: “No están todos. Son casi 300 nombres los que están ahí”.
Los túneles son una abstracción del paso de madres, padres o hijos e hijas por la búsqueda a ciegas, cuando Coahuila fue de los primeros lugares en México de desaparición y no había forma de frenarla. “Los tres túneles se conectan cuando las familias nos conocemos”, recuerda Silvia.
“Cada nombre ahí, y los que ahora desean grabarse, es el recordatorio para el Gobierno de la deuda pendiente con la sociedad, por no hallarlos; también son un recordatorio para el ciudadano común que tenga algún dato para dar con el paradero de sus cercanos”, afianza Ortiz su argumento.
Foto: Fernando de la Vara
Es un lugar para la presencia, porque acuden hijos con sus madres o padres con sus menores a celebrar fechas importantes por sus perdidos. “El día de su cumpleaños ponen flores, y ahí hacen el festejo. Es un lugar donde pueden recordar. No están muertos o si están muertos no los han encontrado y no hay panteón para ir a llorarles”, narra Silvia Ortiz.
Todos miran el presente
El trino de los pájaros de la plaza se escucha. Murmullos. El motor de un autobús de pasajeros revoluciona. Una mujer camina por la banqueta y llama su atención el fondo morado de un mural. Y sigue su camino.
Rostros impasibles regresan de la ausencia. Todos son de desaparecidos, pero una pincelada gruesa de color negro les ofrece la mirada de nuevo. Los devuelve al tiempo corriente. Un corazón pintado se sostiene de listones, es el corazón de cualquier madre o padre, hijo o hija, incluso hermano. Las flores por todos los puntos a la vista se asemejan a un edén.
Es un lugar para sanar un poco por la ausencia, pero no es la cura. Eso significan los murales para María Isabel Cruz, fundadora de Sabuesos Guerreras. Es magia en medio de la ciudad donde se llevaron a Yosimar, policía municipal, sin paradero desde 2017, cuando comenzó a pegar carteles por las calles de Culiacán, Sinaloa. Una y otra vez ha visto el rostro de su hijo en el presente.
Tomar el paisaje urbano: un árbol, cualquier pared para crear un altar, y contrarrestar la versión oficial: “Una persona ausente, al atravesar la jurisdicción del Gobierno, se convierte en una cifra, en un expediente”, asegura María Isabel. Además: “Es reencarnar el espacio donde los desaparecidos habitan aún. Sientes la vibración, y la vibra de cada uno de ellos”, refiere Cruz.
Ante la incertidumbre de no saber dónde están, los sitios sagrados en Culiacán los traen de vuelta para escucharlos, tal como fue en la vida común junto a ellos. Ir de un lugar a otro y pasar frente a ellos es difundir su mensaje silencioso.
Desde 2018, Sabuesos Guerreras, comenzaron la pinta de los rostros de sus desaparecidos en bardas, primero fueron 62 y luego otros 72. Frente a la catedral colocaron azulejos con las caras de sus desaparecidos y luego listones anudados en las ramas de los árboles.
Foto: Redes sociales Sabuesos Guerreras
“Ellos (los desaparecidos) quieren estar visibilizados. No quieren estar en la oscuridad”, asienta Isabel Cruz.
La voz, la presencia y la vuelta a casa de todos los ausentes, es lo que piden desde cada sitio resignificado por los miembros del colectivo. María Isabel habla de una cifra lejana a la oficial: hasta 18 mil, cuando en la estadística oficial solamente hay registro oficial de 5 mil 514. “No nos alcanzarían las bardas, no nos alcanzarían los árboles ni tantos listones para visibilizar a las personas desaparecidas», lamenta la activista.
El colectivo asiste a las inmediaciones de la catedral para realizar un pequeño ritual de todos los ausentes en los azulejos cada mes. Cruz también lo hace cada mañana en casa, de manera íntima. Luego sale a la calle a encontrarse con su hijo en los murales. Porque de algo tiene una certeza: “El día que yo muera, hasta ahí va a morir mi hijo, conmigo. Porque nadie más va a gritar su nombre, nadie más va a gritar: ‘ese es Yosimar, está desaparecido, lo voy a buscar’”, narra María Isabel.
La ausencia se vive en el cuerpo
Un desaparecido siempre deja un vacío en la ciudad, aunque sólo los familiares lo sientan. Se pierde una voz. Ese vacío también existe en el pecho de una madre como Yesenia Carrera, madre de Carlos Antonio, sin paradero desde 2015.
En Chihuahua, Chihuahua, las marchas y manifestaciones son comunes para obligar al Gobierno a investigar sobre el destino de sus seres queridos. Pero no fue hasta la llegada de Colectivo Tomate, que luego de varias reuniones con buscadoras y el Centro Estatal de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), alistaron murales para que en la ciudad se hiciera visible el sentir de los familiares.
Foto: Óscar Rosales
La señora Carrera todos los días viaja en en transporte público. Al ver uno de los murales se estremece.
Cuando arribaron los artistas, ella les aseguró que la ausencia era la sensación de un hueco permanente en el pecho. Así lo plasmaron a su hijo, además, con una mirada hacia el horizonte: él desapareció en Lebarón, poblado a 260 kilómetros al norte de la ciudad de Chihuahua.
Por eso propuso alas para los habitantes de las pinturas. La señora Carrera tardó demasiado en llegar al lugar donde Carlos Antonio colocaba una antena de radiocomunicación para la Fiscalía y no se supo más de su hijo. El patrón del muchacho la trasladó hasta el lugar, la sensación de eternidad la atrapó sin hacer más, narra.
El hueco sigue ahí, en el pecho de Yesenia y también en el mural. Estos agujeros permiten ver traslúcida la ciudad de Chihuahua en cada uno: en el mural hay son dos mujeres, una con el cabello castaño y la otra cano: dos generaciones de buscadoras —también una vela encendida y pañuelo blanco en la mano cada una—, sostienen un listón con su misión de vida: hallar a sus seres queridos. Debajo suyo, una ciudad abandonada, como si sólo los desaparecidos la habitaran.
Foto: Óscar Rosales
Todos los puntos cardinales
Al no saber dónde está un hijo, ¿a qué lugar se acude para encontrarlo? En Guadalajara, Jalisco, a la Glorieta de las y los Desaparecidos.
Martha Leticia García Cruz, del colectivo Entre cielo y tierra, madre de César Ulises, coloca losetas junto con otras familias, en cada loseta está el rostro y datos de localización. No saber si se encuentran vivos o muertos, es el lugar para traerlos de vuelta, a todos, ese sitio en particular.
Para Marlety —su único hijo contrajo sus nombres y ahora es conocida así—, cada uno de los rostros devuelve a los ciudadanos al presente para encontrarse con sus familiares. Según las cifras oficiales hay 15 mil 12 desaparecidos hasta abril de 2023, pero los colectivos lo dudan, consideran que hay más.
Recuerda que el 2021, por las restricciones sanitarias, para el Día de la madre, ella viajó dos horas desde el municipio de La Barca a la Glorieta de los Desaparecidos,y se encontró sólo con 15 familias en la Glorieta.
Todos deseaban gritar en el sitio donde se percibe el avance para rescatar a los desaparecidos del olvido, porque a pesar de llevar las pruebas a las autoridades para su investigación, no ha habido resultados. Las familias se abrazaron y el llanto los contagió entre ellos. Hablaron sobre cada ausente, anécdotas siempre bienvenidas y escuchadas. Alcanzaron la comunión. “Yo necesitaba acudir ahí”, evoca Marlety.
Foto: Héctor López
Como guía de un colectivo, Marlety siente al santuario como un lugar de descanso en el calvario de la búsqueda, sirve como un espacio en el mundo para rezarles o hablar con ellos. La Glorieta de los Desaparecidos es un lugar para alcanzar la comunión con quien no está. “Vamos y abrazamos la loseta. Vemos la loseta. Decimos que nos escuchan y nos acompañan. Van a sentir esa vibra, ese deseo de encontrarles”, narra la guía.
Aun cuando en casa hay fotografías de todos ellos o continúan sus recámaras cerradas y mantienen sin cambios hasta su vuelta, tras ir a buscarlos, tras investigar, Marlety reflexiona sobre por qué asistir a ese oasis en medio de la ausencia: “Siempre ir a esos lugares, como que sustituye una tumba”.
Refiere la madre de César Ulises que, durante el arribo de caravanas de otros estados al lugar, han localizado al menos tres personas desaparecidas con denuncia formal. El cuerpo de una menor de 14 años desaparecida en Ciudad de México fue hallado en el Instituto de Ciencias Forenses. También, mientras transmitían en vivo por redes sociales colectivos, los jaliscienses informaron sobre dos personas con vida, ahora ya en casa.
Encontrar a uno es hallar al propio
Un corazón emana nombres de desaparecidos al viento. Y por debajo, una frase que lo nutre con un grito: “Hasta encontrarles”, al agolparse la nombradía de cada uno, cuando el colectivo Por amor a ellxs se reunía desde el 9 de mayo de 2021 tras inaugurarlo.
Pero meses después, el 20 de noviembre, letras de retícula en la pared: MTA aparecieron y echaron abajo por un tiempo lo logrado junto al grupo #SinJusticiaNoHayPaz, en la calzada Federalismo de Guadalajara, para hacer visible la ausencia de sus consanguíneos.
Miembros del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estuvieron en la ciudad en esa fecha. El mensaje en la pinta fue claro: intimidar porque los colectivos compartieron información sobre lo sucedido en Jalisco. Además, las letras rompían con el molde de la escritura de los graffiteros juveniles, por eso comenzó la sospecha del colectivo.
Esperanza Chávez Cárdenas, hermana de Miguel Ángel, sin datos de su paradero desde 2014, y fundadora Por amor a ellxs, sintió el resquebrajamiento del lugar destinado para reír y llorar con las demás familias.
Se solicitaron las imágenes de las cámaras de la zona para conocer al autor material, pero se las negaron. Sin embargo, durante una visita posterior para un acto de memoria, por el sistema de videovigilancia, multaron a Esperanza por estacionarse en una zona prohibida.
Buscar espacios y levantar su santuario en Guadalajara es otra misión de vida, para Esperanza, y menciona que si vandalizan su nuevo muro en la calle Alcalde, errarán por la ciudad hasta dar con otro. No importa cuántas veces habrá que hacerlo. “Así nos vuelvan a dañar éste, lo volvemos a hacer”, advierte.
El Estado pretende ocultar a los desaparecidos, coinciden las familias buscadoras. Por eso el memorial es una puerta para regresarlos a la sociedad de donde se los llevaron. Para que lo reconozca cualquier persona que sepa algún indicio, incluso de quienes no se ha interpuesto una denuncia. Porque al hallar, ya sea en vida o en muerte, es recuperar a sus propios ausentes, atestigua.
“Cuando encontramos a alguien, es un pedacito del tuyo, del que no tienes contigo”, confiesa Esperanza..
Este mural fue vandalizado, pero hasta hoy se habían respetado los nombres. Aún no se ha resarcido el daño.
El porvenir
Nayarit sufre un ascenso de la desaparición de personas desde 2017. En las cifras oficiales, hay mil 464 ciudadanos sin paradero. Uno de ellos es Bryan Eduardo Arias, hijo de Virginia Garay, fundadora de Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros A.C., quien lo rastrea desde 2018.
Tras cinco años de un fenómeno que comenzó con la sustracción masiva de ciudadanos a la vista de todos, un monumento es la única forma de hacerlos visibles.
Garay refiere que la estrategia de los criminales para no hacer visible el fenómeno de la ausencia de gente sustraída persiste hasta hoy, por eso solicitaron al actual gobernador, Miguel Ángel Navarro, un espacio para que sea la piedra angular y hacer público que, en Tepic, el fenómeno de la desaparición forzada trunca destinos de inocentes.
La buscadora habla del ambiente entre los colectivos en cuanto a erigir o no este memorial: algunos familiares refieren que erigir el memorial es dar por muerto a su ser querido. Pero la mayoría considera urgente darle luz a la situación de quienes no están y que su imagen se mantenga viva ante el silencio gubernamental y de los medios de comunicación.
“Hemos gritado, hemos levantado la voz en marchas, hemos hecho plantones, hemos cerrado oficinas, hemos hecho muchas cosas, pero ¿qué nos falta? Nos falta esto, donde más se señale, donde vean turistas y toda la gente que, efectivamente, en Nayarit estamos sufriendo, aunque no salga información a otros estados”, narra Garay.
“Los beneficios del monumento no son para los familiares, sino para a quien se busca, porque ese espacio es el hogar que resguardan los padres y los hijos”, ataja la señora Virginia. Y aunque no hay una propuesta sobre el concepto del proyecto, al menos, el Gobierno del Estado valora espacios donde colocarlo.
El monumento nacional. El guardián de los desaparecidos
Paseo de la Reforma en Ciudad de México es parte del distrito financiero nacional. De todas las calles del país, podría ser la más vista en imágenes de paseantes o manifestaciones. Desde hace años, está cambiando la simbología de personajes ilustres a antimonumentos: la historia misma, la tragedia se materializa con demandas permanentes, con efigies.
La ruta de la memoria, así la llama Jorge Verástegui, defensor de Derechos Humanos y buscador de su hermano Antonio y su sobrino Antonio de Jesús desde 2009.
Relata que familiares de desaparecidos reflexionaron hace tiempo sobre la avanzada de la resistencia civil con las esculturas que ya estaban colocadas. En el marco de la Onceava Marcha de la Dignidad Nacional el 10 de mayo, coincidió que se encontraba abandonada una glorieta al marchitarse una centenaria palma.
“Se está resignificando por los diferentes grupos que protestamos como un sitio de memoria viva de lo que ocurre actualmente”, reflexiona Verástegui.
Foto: Redes sociales La Glorieta de Las y Los Desaparecidos
Para el activista, desde los estados se hizo patente la necesidad de visibilizar a los sin paradero, con la creación de monumentos para resignificar la historia de cada región en México. Y la capital mexicana,es un punto para simbolizar lo que en cada provincia sucede.
En la Glorieta de los Desaparecidos no son los colectivos u organizaciones de la sociedad civil, sino las familias quienes hacen avanzar el proceso para convertirlo en santuario. Las primeras fotografías colocadas fueron sin logotipos como un mensaje y cualquier ciudadano coloque la imagen de su ausente, atestigua Verástegui.
La incapacidad de los Gobiernos para resolver las demandas de búsqueda tampoco ayuda para contar con un espacio: “Decidimos realizarlo como realizamos nuestras búsquedas, independientes”, asesta: y prosigue que a pesar de que la regencia de Ciudad de México en apariencia es de ideología de izquierda, se comporta como de derecha.
Recuerda la remoción de las primeras placas colocadas por la noche por autoridades capitalinas, “y las tiró a la basura. Nosotros les hemos pedido que nos las regresen, pero nos dicen que no saben dónde están”.
“Desentenderse del tema, culpar a alguien más, o si ya está tomada la decisión sobre el destino de la que fuera la Glorieta de la Palma, nada se puede hacer”, insiste el activista y asume que es la estrategia del Gobierno para negar el espacio: ”También porque carece de sensibilidad para atender una demanda de más de 100 mil familiares en México”.
Al nombrar a cada uno de los ausentes, invocar su presencia, avivar la memoria en la avenida más importante del país, Verástegui evoca: “Por eso le decíamos al Gobierno que para ellos posiblemente las fotografías que quitaron era basura, pero para nosotros tiene un simbolismo mucho mayor, porque simboliza lo que nos queda de nuestros familiares: ese recuerdo”.
Recuerda la encuesta hecha por el Gobierno de Ciudad de México para conocer las especies de árbol para suplir la palma, y al ser un ahuehuete el ganador de la encuesta, las familias la consideraron como un indicio importante para preservar la memoria: es longevo y un símbolo nacional. Lo llamaron “El Guardián de los desaparecidos”. Levantaron un cerco cuando fue recién plantado y pensaron que si colgaban las fotografías de sus seres queridos lograrían bajar el estrés del trasplante a ese lugar, para que luego cuidara a sus familiares.
Foto: Redes sociales La Glorieta de Las y Los Desaparecidos
La propuesta del Gobierno de Ciudad de México es que la Estela de Luz sea el monumento para aglutinar las manifestaciones sobre la violencia, pero el origen de la Estela está manchado por la administración del ex presidente, Felipe Calderón. No es un lugar digno para los ausentes, la Glorieta de los desaparecidos es un lugar impoluto para preservar la estancia y la memoria de sus seres queridos, selló el argumento Verástegui.
La Glorieta de los Desaparecidos hoy es un símil de los sitios donde buscan a los ausentes. Amurallado por la burocracia y la indolencia. Así se seca el primer ahuehuete y se reemplaza por uno nuevo. Pero con ese estigma del rechazo a obsequiar un espacio para llorar, rezar por quien no está.
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Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Juárez y la Secretaría de Desarollo Urbano y Ecología (SEDUE) acordaron llevar a cabo la clausura definitiva del Centro de Transferencia de Servicios Públicos Municipales, luego de que el sábado pasado se registrara un incendio en ese lugar, ubicado en el parque El Chamizal.
Héctor Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento indicó que sostuvo una platica con el titular de la SEDUE, en la cual acordaron que este miércoles realizarían la clausura del Centro de Transferencia.
Dijo que estarían en coordinación para tratar de trabajar y hacer una mesa que vaya abonando respecto a los criterios que se señalaron durante la inspección realizada, pero sobretodo, fue enfático al pedir que no se politice este asunto.
Héctor Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento
Sin embargo, cabe recordar que el incendio registrado el sábado pasado quemó alrededor de 200 toneladas de basura, acumuladas en ese lugar desde el mes de abril, tiempo en que dejó de limpiarse.
Así lo informó el titular de Servicios Públicos Municipales, Arturo Rivera Barreno, por lo que, debido a que estas labores se «sacrificaron», con el fin de dar limpieza a otras áreas de la ciudad.
Arturo Rivera Barreno, titular de Servicios Públicos Municipales
A raíz del siniestro, el director de la Dirección de Limpia, Gibrán Solís, fue convocado a la reunión previa al Cabildo este miércoles, en donde notificó que autorizaron ampliar el horario al personal operativo, con el fin de intensificar los trabajos de limpieza en la ciudad.
Dijo que además intensificaron los trabajos en el Centro de Transferencia para concluir con la limpieza, del incendio que de este sábado.
Gibrán Solís, titular de la Dirección de Limpia
El funcionario indicó que los camiones del Municipio llevan a cabo los recorridos desde el Centro de Transferencia de El Chamizal hasta el Relleno Sanitario para trasladar los residuos, así como algunos empresarios de la localidad apoyaron con camiones recolectores para la limpieza total del sitio.
Durante su participación y, luego de ser cuestionado por la regidora Austria Galindo, mencionó que sí cuenta con la capacidad para seguir al frente de su dependencia.
Daniel Delgadillo Díaz, vocero de la organización Árboles en Resistencia que forma parte del Frente en Defensa de El Chamizal, indicó que los funcionarios municipales han presentado una serie de excusas, cuando se trata de un evento que pudo haberse evitado.
«Nomas hablan de la persona que estaba responsable antes (…) Posteriormente a la presión de las regidoras fue que decidieron limpiar (el parque El Chamizal) y ya estaba limpio en enero, sin embargo, volvieron a dejar basura (…) A quien nosotros vemos como responsable es a Pérez Cuéllar», comentó.
Integrantes del Frente en Defensa de #ElChamizal responsabilizaron al presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, por el incendio registrado el sábado pasado en el parque más grande de Ciudad Juárez, luego de que es una situación que ya se había advertido. pic.twitter.com/V4hWiY08IJ
— Circuito Frontera (@Circuitofronte1) July 12, 2023
Recordó que el Ayuntamiento de Ciudad Juárez ha incumplido con los acuerdos firmados con SEMARNAT en febrero del año pasado, en donde se comprometieron a no desarrollar ningún tipo de proyecto en el área de El Chamizal y estas son las consecuencias.
«Desde luego esto lo ha hecho violando a acuerdos y decretos respecto al cuidado de El Chamizal, entonces vemos que esto es muy delicado porque la Alcaldía o la administración municipal no ha escuchado nuestros reclamos acerca de el daño que ha venido ocasionando al parque», agregó.
También que ya habían presentado denuncias, desde el año pasado, sobre el acumulamiento de basura en el Centro de Transferencia.
«Protección Civil y la Dirección de Ecología y, sobre todo, Servicios Públicos Municipales, le dicen espacio de transferencia, una palabra así que no es más que un basurero. Es un basurero porque tiene años acumulando basura y basura de todo tipo», sentenció.