Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers
Desde el 2011, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Coahuila han obstaculizado la resolución de un conflicto magisterial que lleva más de una década, mediante la falta de pagos patronales, leyes a modo y nula acción legal en procuración de justicia reflejada en más de 40 denuncias varadas por años. Al día de hoy la deuda llega a más de 4 mil 577 millones de pesos en pensiones y servicio médico y ninguna autoridad ha dado solución a esta problemática.
Al padecimiento de cáncer de colon y ovario que aqueja a María Silvia Reyes Limón, enfermera jubilada desde hace 20 años del Hospital Universitario de Saltillo, se sumó el estrés del retraso en la aplicación de su tratamiento de quimioterapia y, ante la falta de medicamento en la Clínica del Magisterio de Saltillo, María tuvo que comprar las medicinas por su cuenta: tres mil pesos por dosis.
Esta no es la primera vez que recibe tarde un medicamento vital para el seguimiento de su enfermedad.
En los últimos 12 años, maestras y maestros jubilados han padecido este tipo de fallas en el servicio médico, del que dependen 45 mil personas entre derechohabientes y beneficiarios. La crisis de salud dentro del magisterio es de tal magnitud que varios se han ido al amparo e incluso se tiene el registro periodístico de un plantón de 135 días en la Plaza de Armas de Saltillo.
Información obtenida a través de solicitudes de transparencia, archivos abiertos del Congreso del Estado, la propia Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, entre otros protagonistas, muestra que desde el Gobierno del Estado de Coahuila, en concreto desde el Ejecutivo, y apoyado por el Legislativo y el Poder Judicial, han hecho modificaciones cíclicas a leyes que se han traducido en el retraso de resolución de denuncias por ilícitos contra funcionarios del servicio médico y pensiones magisteriales.
Actualmente existen decenas de denuncias por abuso de otorgamiento indebido de plazas, comisiones, contratos o licencias, así como peculado, que datan de al menos 10 años atrás y que siguen esperando ser resueltas, mientras que la deuda en pensiones y servicio médico suma más de 4 mil 577 millones de pesos.
Denuncias y montos reclamados
Carmen Patricia Nieto Ruíz es profesora y miembro del magisterio de Coahuila. En 2018, debido a su diagnóstico de artritis reumatoide y a las enfermedades de sus padres se vio obligada a ocupar el servicio médico al que tiene acceso por derecho, pero los medicamentos por parte del sistema nunca llegaron.
Su último recurso fue interponer un amparo que obligara a la farmacia a darles las medicinas. Así estuvieron hasta 2022. Las autoridades aseguraban que la causa de todo esto es que no había recursos.
Durante la pandemia la situación empeoró. Pues a pesar de que ganó el amparo que obligaba a las autoridades a surtirle medicinas o reembolsarle el gasto, ella tuvo que seguir costeando las del día a día, cubrir todo su tratamiento y hasta la hospitalización de su padre, cuando resultaron contagiados de coronavirus.
Reunieron todas las facturas desde enero de 2022, su gastó era cercano a los 50 mil pesos. Cada 15 días se reportaba con la asistente de Alejandro Treviño, director general del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, para acordar cuándo y cómo se haría el reembolso, pero fue hasta que hizo una huelga de hambre en la Clínica de Saltillo cuando las autoridades le pagaron.
“Llegó un momento en que nos dijeron no tenemos dinero, venía el cierre del año fiscal y el riesgo de que no nos pudieran pagar, así que tomé la decisión, con el apoyo y acompañamiento de mis compañeros de la Coalición de Trabajadores de la Educación, de hacer una huelga de hambre en la Clínica de Saltillo para reclamar no solamente ese adeudo, sino que todo el mes de noviembre no nos habían dado medicamento a mi mamá y a mí”, explicó.
De 2015 a 2023 se tiene registro en el Estado de 43 denuncias contra funcionarios relacionados con los servicios médicos y de pensiones de los trabajadores de la educación de Coahuila.
El 83 por ciento de estas acusaciones, es decir 36, fueron presentadas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) y corresponden a irregularidades encontradas en las cuentas públicas de ejercicios fiscales que datan desde el 2012 hasta el 2021 por un monto total reclamado de 2 mil 746 millones 19 mil 883 pesos. Siete denuncias más se presentaron del 2017 al 2023, cinco por un ciudadano y dos por la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE); del total, 38 fueron ante la Fiscalía Anticorrupción y 5 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General. Del total, 38 siguen en trámite.
Cuatro organismos son los involucrados: Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, Seguro de los Trabajadores de la Educación, Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila y la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación.
Más de mil millones de pesos corresponden tan sólo a nueve denuncias de la ASE en las que se acusa al Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Por otro lado, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos por Hechos de Corrupción en el Estado contestó en una solicitud de información que cuenta con el registro de 38 denuncias interpuestas en sus oficinas. El 60 por ciento fueron por el delito de peculado y/o lo que resulte y el resto, cuatro, son por otorgamiento indebido de plazas, comisiones, contratos o licencias.
En febrero de 2020, la Coalición de Trabajadores de la Educación realizó un recorrido por la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana de Coahuila con el objetivo de exigir un informe sobre las investigaciones penales sobre desvío de recursos en el magisterio, esto como afectados directos, pero ninguna de las instancias les dio respuesta.
Los primeros tres organismos dijeron que eran investigaciones en curso y el Comité aseguró que solicitó la información, pero nunca la obtuvieron, aunque no presentaron ningún documento que confirmara este hecho, según los propios maestros.
Para corroborar el estatus actual se enviaron los datos obtenidos vía transparencia al Fiscal General Gerardo Márquez Guevara y al Fiscal Anticorrupción Jesús Homero Flores Mier, ya que el primero aseguró en entrevista no tener a la mano los datos concretos y precisó que no se habían cerrado, en tanto que el segundo ofreció hacer una revisión, pero hasta la publicación de este reportaje ninguno dio respuesta del por qué las carpetas no han avanzado.
Para el legislador independiente, Rodolfo Gerardo Walss Aurioles, esta es una problemática que en algún momento le afectará al ciudadano común, “tarde o temprano lo vamos a tener que pagar… los gobiernos van aventando el bote para que en su gestión no le toque, le toque al que sigue y él lo resuelva”, afirmó.
Para los maestros, esa realidad ya está aquí. “El Seguro del Maestro no se está entregando ni puntual ni completo, la vivienda ha funcionado totalmente irregular y somos muchos los derechohabientes de esa institución que nunca pudimos recibir ni un crédito y los recursos cuando nos retiramos ni siquiera nos los devuelven”, contó la maestra Patricia Nieto.
Finanzas deficientes. Patrones morosos.
Esta tormenta perfecta se creó desde hace tiempo. En 2016, el Despacho de Contadores Públicos y Consultores, Carrales Cervantes y Compañía, S.A. de C.V., realizó una auditoría externa a la Dirección de Pensiones de Los Trabajadores de la Educación (DIPETRE), a petición de la propia Junta de Gobierno del organismo y de la Secretaría de Fiscalización del Estado. Esta arrojó una “opinión desfavorable (adversa)”, referente a cómo se habían estado manejando los estados financieros del organismo.
Al año siguiente, 2017, los Informes de Armonización Contable del sitio oficial de la DIPETRE arrojaron por primera ocasión el déficit en el pago de aportaciones de patrones desglosado por cada uno de ellos y un comparativo con 2016; quien lideraba la falta de pagos era el Gobierno del Estado con 639 millones 888 mil 176 pesos, de un total de 884 millones 417 mil 890 pesos.
Desde sus inicios, las leyes de pensiones y del sistema de salud y beneficios sociales de los trabajadores de la educación, establecen un porcentaje de aportaciones patronales para sostenerlos, y un porcentaje aportado por el trabajador.
A lo largo de los años, los patrones han fallado en cubrir el pago de pensiones y servicio médico que por ley les corresponde. La prueba es que de marzo 2022 al 31 de julio del 2023 la deuda al DIPETRE ya es de 4 mil 101 millones 429 mil 559 pesos. En ese periodo de casi año y medio, la deuda se incrementó en 326 millones 180 mil 638 pesos.
El Gobierno de Coahuila es el principal deudor, con un déficit en sus aportaciones patronales de 2 mil 654 millones 182 mil 37 pesos. Los demás deudores son el Instituto Tecnológico de Saltillo; el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación; la propia DIPETRE; el Seguro del Maestro; el Fondo de Vivienda; la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, también presentan una tendencia a la alza pese a haber realizado algunas actualizaciones importantes.
Aunque la DIPETRE maneja como deudor directo al Instituto Tecnológico de Saltillo en lugar de añadirlo al Gobierno del Estado, el profesor Gustavo García Torres, miembro fundador de la Coalición de Trabajadores de la Educación en Coahuila, señaló que esto es un despropósito pues sería como querer manejar aparte el adeudo de cada institución dependiente.
Para él, los 712 millones 514 mil 500 pesos que corresponden al Instituto Tecnológico de Saltillo a julio del 2023, se deberían sumar al Gobierno Estatal, lo que representaría un total de 3 mil 366 millones 696 mil 537 pesos, es decir 82 por ciento del total del adeudo al magisterio; aunque desde finales de octubre se solicitó al Instituto Tecnológico de Saltillo aclarar cuál es su situación actual en este rubro, el área de Comunicación pidió tiempo y hasta la fecha de publicación del reportaje no dieron una respuesta.
Al déficit patronal en pensiones habría que sumarle el del Servicio Médico, donde el adeudo a julio de 2023 es de 476 millones 80 mil 574 pesos, que sumados a los adeudos por pensiones dan un gran total de 4 mil 577 millones 510 mil 133 pesos.
Según la respuesta a la solicitud de información 051145100003823, respecto de los adeudos actuales e históricos del Servicio, el Gobierno de Coahuila no presentaba saldos; sin embargo, en el sitio oficial del organismo, el último informe de armonización contable publicado, del 30 de junio de 2023, aparece con un adeudo a corto y largo plazo por un total de 8 millones 343 mil 818.26 pesos.
A pesar de que todas estas deudas constan en documentos de la propia DIPETRE, la Secretaria General en Coahuila de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Isela Licerio, aseguró en entrevista que el Gobierno de Coahuila ha estado pagando en tiempo y forma a todos los sistemas, según les ha informado la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, Teresa Guajardo Berlanga.
“Desde que estamos nosotros, el Gobierno ha cumplido formalmente todas sus cuotas en las cuatro instituciones, no se ha incrementado el adeudo”, sostuvo. Agregó que en el caso de DIPETRE hay un adeudo histórico desde 1974. “Nosotros acabamos de estar con la licenciada Tessy Guajardo, que fue la que certificó, hizo auditoría en las cuatro instituciones y están los pagos ahí, están bien hechos”, aseguró Isela Licerio.
Esta periodista trató de localizar a los titulares de las cuatro direcciones: Seguro del Maestro, Fondo de la Vivienda, Dipetre y Servicio Médico, para obtener su versión de los números, pero al cierre de este reportaje no se había concretado ninguna cita.
En el último Informe Anual de Resultados de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de Coahuila dio cuenta de que en su Estado de Actividades, la DIPETRE (Iframe2) tuvo ingresos y otros beneficios por el orden de 2 mil 666 millones 425 mil 184 pesos, entre los que estaban las cuotas y aportaciones de seguridad social, lo cual cubre 2 mil 194 millones 375 mil 662 pesos, pero sus gastos y otras pérdidas ascendieron a 2 mil 673 millones 238 mil 578 pesos, y el rubro en que más asignó recursos fue el de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que significaron 2 mil 629 millones 355 mil 135 pesos.
Para pensionados como la maestra Juana Esthela Guerrero Torres, que trabajó 30 años en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro como docente investigadora, este déficit financiero se hace tangible en el momento en que acuden a exigir el medicamento y permanecen en las clínicas en plantones de algunas horas hasta conseguirlo, o bien cuando esperan para una cirugía, como fue su caso en un problema de rodilla que requería un previo pago de 200 mil pesos por una prótesis.
El esquema legal
La Dirección de Pensiones, el Servicio Médico, Seguro y Vivienda de los Trabajadores de la Educación no siempre tuvieron problemas financieros, en sus inicios vivieron algunos años de bonanza en que los trabajadores podían gozar de uno de los sistemas de salud más sólidos, lo que llevó incluso a la inversión de sus fondos en centros recreativos.
Así lo señaló Salvador Ponce Ortiz, abogado que trabajó en la Universidad Autónoma de Coahuila, que en conjunto con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, formaban parte del sistema educativo adherido al Gobierno del Estado de Coahuila.
De ahí que actualmente, pensionados de ambas instituciones y la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sean los directamente afectados por la debacle financiera de estos organismos.
Sin avance ni planes para el pago de sus adeudos, ni en la procuración de justicia que reintegre los montos reclamados por la Auditoría Superior del Estado, la estrategia apunta a la creación y reforma de leyes: 14 en total entre nuevos ordenamientos, modificaciones, adiciones y abrogaciones, del 2011 al 2022, todas presentadas por los Ejecutivos estatales en funciones.
En febrero del 2011, cuando Carlos Moreira era secretario general de la Sección 38 en Coahuila y el gobernador del Estado era Jorge Torres López, éste presentó una iniciativa para crear la Ley del Instituto Estatal de los Trabajadores de la Educación para su Seguridad Social, en vísperas de la elección a gobernador en que participaba el entonces candidato Rubén Moreira Valdés; misma que en su exposición de motivos resalta que unificar todos los sistemas de salud y seguridad social en una sola legislación les llevaría a un mejor desempeño y disminuiría los costos que su operación por separado significaba para el gobierno estatal.
Sin embargo, la ley no convenció a los trabajadores de la educación, según los registros de las declaraciones de la entonces diputada panista Esther Quintana Salinas en el Diario de Debates del Congreso, porque la intención del Ejecutivo era “dotar a la Sección 38 de un poder absoluto sobre el Instituto, la sobre representación en el Consejo General y en las Direcciones Generales, dejando claro que serán manejadas a modo… Se le conceden facultades discrecionales al Instituto para aumentar el costo de los servicios médicos o modificar las condiciones en las que éstos han de ser proporcionados”.
Esta ley nació y murió en sólo tres meses: de febrero a mayo del mismo año, cuando se abrogó, en medio de protestas que llevaron a la conformación de la Coalición de Trabajadores de la Educación, asociación de maestros pensionados y jubilados que hasta la fecha ha pugnado por recibir los servicios que por derecho corresponden a quienes trabajaron por décadas en el sistema educativo estatal.
Así, el 22 de diciembre del 2015 el entonces gobernador del Estado Rubén Moreira y la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública del Estado, presentaron las iniciativas de Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza,y la Iniciativa popular para reformar diversas disposiciones de la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila, respectivamente.
El mismo día y el mismo año, el Gobernador presentó, y le fueron aprobadas por mayoría de los diputados de su partido, la Ley del Seguro de los Trabajadores de la Educación, la Ley del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores de la Educación y la Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, según el mismo documento del diario de debates; otra vez el común de estas leyes era la creación de órganos de gobierno en que la Sección 38 de maestros tenía todo el poder de decisión y designación de sus funcionarios.
El 22 de diciembre del 2017, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso presentó y fue aprobado, un dictamen de reformas a diversos articulados de las leyes en comento debido a que fue presentada en 2016 una controversia constitucional por el cobro de aportaciones a los pensionados y que los intereses generados por la omisión del patrón de enterar cuotas y aportaciones fueran a cargo del trabajador.
En la exposición de motivos, se explica que el Fondo de la Vivienda «se ha constituido como una entidad solidaria con los trabajadores de las otras instituciones de seguridad social de los trabajadores de la educación a quienes facilita, y apoya con recursos económicos, instalaciones e infraestructura, incluso sus centros recreativos y de hospedaje».
El 23 de octubre de 2018, el actual Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, misma que se dictaminó en conjunto con una iniciativa popular que buscaba la modificación a la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila, planteada por los integrantes de la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila.
Entre los diputados que estuvieron en la discusión y aprobación de dicha legislación estaba el panista Juan Antonio García Villa, quien relata que esta última iniciativa llegó primero que la del Gobernador Riquelme, en mayo, y se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social que presidía el priísta Jesús Berino Granados. “Nunca emitieron dictamen, la ley prevé que se pueda dar otra prórroga de 30 días que iba a terminar en el mes de octubre… y el gobernador presentó una iniciativa ese mes que tuvo mínimos e insignificantes avances sobre todo en lo fundamental”, aseguró.
Al igual que en las demás propuestas los diputados de oposición se quejaron de haber recibido el documento un día antes de ser votado, presentaron entonces reservas a varios artículos como los relativos al copago, a la creación de un fondo de garantía pagado por los trabajadores y sus familias en caso de fallecimiento y a la instauración de un voto ponderado que daba un valor del 49 por ciento a la Sección 38 de Maestros, mientras que los demás integrantes del Consejo de Administración tenían el 8.5 por ciento, todas las reservas se desecharon por mayoría priísta, a la que se sumó la morenista Elisa Villalobos, “que es el voto que nos faltó”, recuerda García Villa.
“El otro aspecto nocivo es que la administración de estos servicios prácticamente hacía un coto de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”, pues antes de la reforma del 2018 el Consejo de Administración del Seguro estaba formado por cuatro personas que eran propuestas por la dirigencia de la Sección 38 del SNTE, “es tan absurdo esto como si el ISSSTE como órgano del gobierno federal fuera administrado por el SNTE”, dice el ex diputado.
La última modificación tuvo lugar el pasado 14 de junio del año 2022, cuando fue aprobada la iniciativa de reforma a Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís.
En el Diario de Debates quedó registrado que, según el diputado Independiente Rodolfo Gerardo Walls Aureoles, la reforma propuesta “adolece de deficiencias técnicas serias, por ejemplo, los maestros aportan sobre el 100 por ciento de sus ingresos y el gobierno solamente aporta sobre una parte de los ingresos, pero la pensión no es sobre el 100 por ciento de los ingresos de los cuales los maestros aportaron, es sobre una fracción de sus ingresos, eso es una trampa”.
Una vez más, el dictamen fue aprobado por mayoría priísta y del Partido Verde Ecologista de México, en este sentido el legislador Rodolfo Walss afirmó en entrevista que esta alianza ocurre “invariablemente” en la actual legislatura y como oposición “nos quitan el voto que necesitamos”.
Corrigen leyes locales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Ante la falta de eco a nivel local, la Coalición de Trabajadores de la Educación solicitó el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para presentar diversas acciones de inconstitucionalidad sobre la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado y la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, aprobadas por el Congreso de Coahuila, y así, en 2017 antes de que la Corte resolviera, el Ejecutivo envió al Congreso una reforma a su propia reforma para evitar que procediera la acción de inconstitucionalidad, lo que se logró parcialmente.
Persistieron entonces, en el fallo emitido el 9 de julio de 2018, las declaraciones de invalidez del artículo 52 de la primera ley porque condiciona el disfrute de los beneficios a que los trabajadores estén al corriente en las cuotas y aportaciones a la Dirección de Pensiones.
Y del artículo 4 de la segunda, pues la Corte consideró inaceptable que el derechohabiente deba pagar una cantidad extra de dinero por la prestación de un servicio de atención médica que se debe proporcionar en sus clínicas.
El 25 de mayo del 2020, la Corte emitió otro resolutivo, luego de la acción promovida por algunos integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila en contra de diversos artículos de la Ley del Servicio Médico discutida el 23 de octubre del 2018 y publicada en el Periódico Oficial el 9 de noviembre del mismo año; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también presentó un recurso contra la misma ley.
Los magistrados consideraron “procedente y fundada” la acción y declararon la invalidez de algunas fracciones de los artículos 3 y 7, y otros “por extensión”, eliminando la figura del «copago» (gasto compartido entre el Instituto de Servicio Médico y los derechohabientes, para cubrir el costo de los servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos); los «planes de protección» (pagos adicionales con fines de ampliación de cobertura de servicios de atención médica) y el «fondo de garantía» (que agrega 20 por ciento al monto de los adeudos generados por servicios prestados a los derechohabientes o sus beneficiarios en concepto de copago, a efecto de formar el fondo).
“El círculo perverso”
Todos estos movimientos legales y políticos afectan el derecho a la salud de más de 45 mil personas, que, según una respuesta a solicitud de información, son asegurados (24 mil 74) y beneficiarios (21 mil 360) del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, entre los cuales están 6 mil 395 jubilados y 2 mil 135 pensionados.
Isela Licerio, secretaria general de la Sección 38 del SNTE, informó que incluso han suspendido todas las cirugías programadas “porque no son urgentes, ¿por qué? Por la transición de gobierno va a haber un nuevo director obviamente, estamos en espera de que llegue ese nuevo director, se están suspendiendo hasta que llegue él pero no quiere decir que ya no se vayan a hacer, en un mes más empieza todo a regularizar, son las cirugías por ejemplo la de rodilla, la de columna, que pueden esperar”, cabe mencionar que posteriormente dio a conocer que la suspensión duró sólo dos días.
Entre las violaciones sufridas por el gremio magisterial inconforme que se ha atrevido a alzar la voz, están las que han sido registradas por el propio Gustavo García Torres en diversas colaboraciones como columnista de Red es Poder: el 16 de septiembre de 2015, siendo alcalde el actual gobernador del estado Miguel Riquelme Solís, la Policía Municipal de Torreón frenó una manifestación del Movimiento Magisterial de Coahuila en contra de la reforma educativa del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
El 26 de septiembre de 2018, fueron desalojados del Congreso de Coahuila, en el que realizaban un plantón para exigir modificaciones a la Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, y el pasado 14 de septiembre del 2021, también fueron removidos por elementos de la Policía Municipal de Saltillo, auxiliados por elementos estatales, de la Plaza de Armas en Saltillo, donde permanecían en su segundo plantón.
Ello luego de haber tenido por una semana y media mesas de trabajo lideradas por la Secretaría de Gobierno estatal, en las que estuvieron convocados directivos de las instituciones magisteriales, rectores de las universidades y funcionarios estatales, con el propósito de elaborar un diagnóstico y determinar acciones a seguir.
“48 días después empiezan a guardar silencio, a sustraerse, a ya no recibirnos y en el día 135 del plantón nos dan la puñalada trapera y en la madrugada proceden al desalojo violento, al encarcelamiento de mi persona”.
García Torres fue acusado de “sedición y amenazas de volar con petardos el palacio de Gobierno” y llevado a los separos municipales, de donde salió horas después.
En septiembre de 2023, la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila informó que había cerrado la queja presentada por el maestro por estos hechos al existir una causa penal en su contra, respecto a la cual García Torres ya presentó un amparo.
Quienes han sido protagonistas activos de esta historia coinciden en que el panorama es adverso para los maestros jubilados y pensionados de Coahuila; y es que según el legislador Rodolfo Walss la problemática se irá agudizando primero porque el número de pensionados va en aumento y segundo debido “a que el gobierno dispone del dinero del Fondo de Pensiones a su antojo y luego no lo regresa, eso hace más grave el problema”.
El ex legislador Juan Antonio García Villa, opina que “el sistema está de tal manera diseñado, para que prevalezca la impunidad, se queja de que no hay instrumentos pero ni siquiera los quieren incorporar a la legislación”; agregó que la complejidad se debe a una mala gestión administrativa, “vamos a decirlo: el saqueo de estos recursos se ha dejado a los líderes sindicales de los maestros que no rinden cuenta, o el problema de que la misma Auditoría Superior del Estado es incapaz o hay consigna ante la propia Fiscalía General del Estado y en general en todo el Sistema Anticorrupción para que no opere en el caso de estos líderes magisteriales, es increíble, no es posible”.
El profesor Gustavo García Torres lo llama Círculo Perverso: “yo debo, no pago; hago leyes que no cumplo, no modifico lo que no me conviene para que se me permita seguir haciendo de las mías y a mis aliados políticos seguir manejando estas instituciones como parcelas o cotos de poder, a condición de que me muestren subordinación y que no se salga nadie de este círculo perverso en el que todos nos ayudamos, nos favorecemos con leyes, con dispositivos judiciales, con evasiones jurídicas”.
Isela Licerio, líder del sindicato de la Sección 38, agregó que “el adeudo histórico se debe de hace muchos años, de hace muchos gobiernos atrás, y ahorita bueno, el Gobierno, como decirte, no se hace responsable, y no lo va a pagar”; sobre el destino de dicho adeudo agregó: “lo que estamos pidiendo es que nos dejen entrar, nosotros vamos a tomar las medidas necesarias, si es necesario aportar más vamos a aportar más porque siempre lo hemos hecho, no es la primera vez, nosotros vamos a levantar nuestro servicio médico pero tiene que salir desde nosotros, los maestros”.
