La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC) de Coahuila no lleva un control de los casos de funcionarios estatales que han cometido algún delito del 2005 al 2011, periodo que abarca los expedientes de ex funcionarios de la administración de Humberto Moreira, quienes fueron investigados y sentenciados en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y por la contratación irregular de deuda pública. Mediante solicitudes de información por transparencia la Secretaría contestó que los archivos ya no existen porque fueron depurados.
**Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers**
En Coahuila, seguir la ruta documental del proceso de rendición de cuentas a funcionarios públicos señalados por ineficiencias administrativas es una labor titánica. ¿La razón?: Una investigación de esta reportera basada en 60 peticiones de transparencia a ocho oficinas de gobierno arrojó los siguientes hechos: falta documentación y la disponible no está homologada, los expedientes carecen de la mayor parte de sus datos pese a ser procedimientos concluidos y no especifican las razones por las que iniciaron los procedimientos sancionadores; los sitios en que se puede encontrar la información no son fácilmente identificables, no tienen información o están descontinuados.
Uno de los ejemplos más claros de esta dificultad para transparentar los procesos de fiscalización contra funcionarios vinculados con esquemas de corrupción es la falta de documentación en Coahuila sobre el exgobernador interino Jorge Torres López, confeso por delito de lavado de dinero y quien cumplió una sentencia en Estado Unidos; y el ex titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC), Javier Villarreal Hernández, quien fue el encargado de la contratación de deuda estatal con documentos apócrifos, actualmente se encuentra en libertad bajo fianza y espera una sentencia en Estados Unidos para el próximo 25 de octubre de este año, luego de que su audiencia fuera postergada en 20 ocasiones. Los expedientes de éstos y de otros funcionarios y ex funcionarios señalados públicamente le fueron solicitados a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC) a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, sin éxito en la respuesta.
La SEFIRC, presidida por Teresa Guajardo Berlanga, no tiene registro de los archivos que datan del 2012 hacia atrás, puesto que los expedientes fueron “depurados”; ello, pese a que en ese período, en que Humberto Moreira fue gobernador del Estado, se gestó la deuda más grande que ha tenido la entidad y que fue contratada de manera irregular, lo que ha derivado en procedimientos judiciales contra ex miembros de esa administración.
La información de la SEFIRC excluye la mayor parte de la administración anterior que encabezó Rubén Moreira, actual diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que se distinguió por señalamientos de contratación de empresas fantasma que fueron documentadas por el periódico Reforma en 2016, y que se han quedado hasta el momento en denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado.
Entre éstas se encontraba la empresa Riviera Álamo, propiedad de un ex empleado de la empresa Concordia Ferma, y que a su vez era propiedad de María Esther Monsiváis Guajardo, entonces Secretaria de Infraestructura de Coahuila; entre los expedientes solicitados por esta reportera para esta investigación estaba el de Monsiváis Guajardo, la Secretaría de Fiscalización de Coahuila contestó que no se generan versiones públicas, y el caso tampoco está en las resoluciones emitidas con sanción.
Hasta el cierre de este reportaje se solicitó una entrevista con la secretaría de Fiscalización de Coahuila, Teresa Guajardo Berlanga, primero a través de su personal y posteriormente por el área de Comunicación del Gobierno de Coahuila, para aclarar todas las inconsistencias encontradas, pero en primer término pidieron tiempo y posteriormente ya no contestaron las solicitudes.
En el caso de la Auditoría Superior del Estado, personal del organismo aseguró que el titular Armando Plata Sandoval se encontraba ocupado con información derivada de su propia labor, por lo que no le era posible atender a la entrevista.
Esta investigación, que involucró más de 60 solicitudes de información y archivos de más de 400 páginas, reveló que, aunque la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado en su artículo 8 prevé que “las entidades conservarán en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabilidad, la información financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de 10 años”, la SEFIRC decidió simplemente prescindir de cualquier documento que cubra el periodo 2005-2011.
José Bernardo Morales Rivera, director de Responsabilidades Administrativas de la SEFIRC, fue uno de los funcionarios que contestó a las solicitudes de información, en donde explicó que «los expedientes anteriores al 2012 sufrieron el proceso de depuración correspondiente”.
El artículo 49 del Reglamento Interior de la Secretaría especifica que la Dirección de Responsabilidades y Normatividad debe “custodiar y cuidar la documentación e información electrónica que tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso, difusión, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos”; e incluso debe llevar a cabo actividades de monitoreo y cotejo de la información en el Sistema Entrega-Recepción y emitir informes sobre las mismas (artículo 32).
Salvador Benítez Lozano, abogado y activista social que asesoró a organismos de la sociedad civil de Coahuila al presentar la propuesta de la ahora Ley Estatal Anticorrupción, aseguró que el concepto de “depuración” no existe en la materia.
“Esos expedientes deberían de permanecer y ser entregados porque son archivos públicos. Si la depuración implica destrucción de archivos pues eso no está dentro de la ley; para que puedas hablar de una destrucción de archivos tienen que pasar cuando menos los términos de prescripción en materia civil y fiscal, en las diferentes materias”, dijo Benítez.
El artículo 17 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza especifica que los servidores públicos salientes deben entregar “toda la información relativa a los procedimientos administrativos o expedientes judiciales en proceso o terminados” a la administración entrante.
Los datos más añejos que fueron proporcionados por las autoridades datan de 2016, lo que sólo incluye el tramo final de la administración 2011-2017 que encabezó Rubén Moreira. En contraste, la Auditoría Superior del Estado incluyó en su informe sobre el desempeño 2021 de los Órganos Internos de Control información del 2014.
La diputada local panista Luz Natalia Virgil Orona, quien acude a las reuniones de la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública, explicó que la ley prevé procedimientos de entrega-recepción en cadena, lo cual justamente evitaría que se perdiera la información.
“El gobierno anterior debió haber entregado a la administración de Miguel Riquelme la entrega-recepción de la cual fue sujeto Rubén Moreira y, como es una cadena, Rubén debió de contener la entrega de Humberto. Es imposible que se rompa la cadena de documentación”, aseguró.
La autora de este reportaje solicitó la versión pública de las constancias de procedimientos administrativos y de expedientes judiciales en proceso o terminados entregados por las dos administraciones estatales anteriores, y aunque la SEFIRC negó entregar estos datos, admitió que existen mil 649 procedimientos referidos “de acuerdo con lo señalado en las entregas-recepciones”, pero sin dar ningún otro detalle.
Sanciones mínimas
Esta investigación solicitó a la SEFIRC los Expedientes de los Procedimientos Administrativos Sancionadores concluidos del año 2005 al 2021. La respuesta fue un enlace de internet en donde se encuentran los datos abiertos (en versión pública) de las Resoluciones Emitidas con Sanción; con el propósito de hacer un comparativo, la reportera pidió también el listado de funcionarios sancionados en el mismo periodo de tiempo, pero obtuvo sólo los datos del 2016 al 2021.
Luego del análisis de estas cifras la reportera encontró dos constantes: la inconsistencia en los datos, que no coinciden en número, y que a pesar de las irregularidades que la SEFIRC señala, las sanciones impuestas en su mayoría no pasan de amonestaciones y apercibimientos.
La información pública que existe en la página de transparencia del estado contiene 73 expedientes públicos de Resoluciones Emitidas con Sanción sobre funcionarios de Coahuila de 2017 a 2021.
Algunas de las conductas sancionadas incluyen la no presentación en tiempo y forma de la declaración de situación patrimonial, pagos por obras de mala calidad o en exceso por conceptos no ejecutados, materiales no comprobados, obras públicas que no se acompañaron de las bitácoras correspondientes, prestaciones que no existían, servicios personales o viáticos no justificados, prestadores de servicios que a la vez eran empleados de dependencias del gobierno estatal, e incluso en cuatro casos fue por “actos y omisiones encontrados en la Auditoría, entre otros.
A pesar de la gravedad de algunas de estas irregularidades detectadas, en 60 de estos 73 expedientes, que corresponden al 82 por ciento de los casos, sólo se amonestó o apercibió de manera pública o privada al funcionario, y únicamente dos funcionarios fueron inhabilitados.
“Es muy cuestionable la toma de decisiones y la falta de información”, dijo Saraí Salvatierra, coordinadora del Área de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la organización de la sociedad civil FUNDAR en torno a servidores públicos sancionados.
Salvatierra consideró que no hay “una investigación integral que vaya relacionada con la problemática pública y se está viendo de una manera muy aislada”.
“Lo que hemos visto es que cuando son faltas administrativas no graves sólo se quedan en sanciones mínimas y no detonan por ejemplo en una denuncia penal. El problema es que no señalan (y esta es obligación del estado) cuál es la justificación detrás de esa toma de decisiones (…) pues no permiten a la sociedad saber si están haciendo esta verificación de la función pública de manera eficiente, si realmente están haciendo una calificación adecuada de sanciones, si hay un seguimiento específico a los problemas que se están denunciando”, explicó Salvatierra.
Otro de los puntos que la reportera solicitó a la SEFIRC fue el listado de los funcionarios sancionados del 2005 a la fecha, pero esa oficina de gobierno sólo proporcionó los datos del 2016 al 2021, que corresponden a un total de 191 casos.
Esta cifra de 191 casos no coincide con los 73 expedientes reportados en la sección de transparencia del gobierno del estado. En ninguno de los casos se precisa la dependencia a la que estaban adscritos al momento de la sanción.
De la lista de 191 funcionarios que esta reportera obtuvo vía solicitud de información, las sanciones fueron las siguientes: 84 fueron amonestaciones privadas y 22 públicas; 15 apercibimientos públicos y 29 privados; 18 suspensiones de las cuales sólo en una se especifica que fue por tres días sin goce de sueldo y 12 fueron inhabilitaciones; en 11 casos no se informa la sanción, 10 de ellos porque los procedimientos aún están en proceso de quedar firmes y/o se interpuso recurso de revisión, y en uno por la imposibilidad de notificación de la Resolución.
Del total de casos conseguidos vía transparencia, 68 contenían el nombre de las o los funcionarios involucrados, pero sin detallar el cargo ni las razones por las que se aplicó el procedimiento sancionador. Lo único que la Secretaría informó fue que la carpeta de investigación derivó de una revisión de la cuenta pública, de una auditoría federal, por la declaración patrimonial, por auditoría propia o por una investigación del Órgano Interno de Control.
Sólo 14 de estos 68 nombres coinciden con los nombres en los 73 expedientes que obran en la página del gobierno. De ellos, dos se repiten más de una vez en ambas bases de datos, de acuerdo al análisis hecho para este reportaje.
La cifra de 12 funcionarios inhabilitados en ese periodo, según la última base de datos entregada por la SEFIRC, es mucho más alta que la que se encontró en los expedientes que se han hecho públicos, a pesar de que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 27, señala como obligatorio publicar en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los servidores públicos o particulares.
Con el objetivo de obtener una cifra más clara sobre las destituciones promovidas y concretadas por los órganos internos de control, esta reportera solicitó la información a la Secretaría de Gobierno y de Finanzas de Coahuila, pero la respuesta fue negativa.
La Unidad de Control Interno de la Secretaría de Gobierno contestó que del 1 de enero de 2005 a la fecha, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila no le ha remitido ningún listado de destituciones de funcionarios públicos; en tanto que por la segunda, Natalia Ortega Morales, Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas explicó que tampoco habían recibido constancias de destitución de funcionarios públicos estatales en estos periodos.
Una de las herramientas que sirve para conocer casos de funcionarios inhabilitados es el Sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados de la Plataforma Digital Nacional, pero en el transcurso de esta investigación la autora del reportaje encontró que Coahuila no estaba inscrita en dicha plataforma, según lo informó en una respuesta a una solicitud de información Mauricio Contreras Montoya, titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, lo cual fue confirmado por el propio presidente del organismo en cuestión.
“Se le informa que a la fecha la interconexión con la Plataforma Nacional Anticorrupción, en lo que respecta a los servidores públicos y particulares sancionados por parte del Estado de Coahuila se encuentra en proceso, por tal motivo esta Secretaría no cuenta con la información que solicita”, indica el oficio de respuesta a la solicitud de información.
Miguel Francisco Crespo Alvarado, consejero del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, justifica el hecho de no estar en la plataforma al asegurar que el problema es a nivel nacional.
“Nosotros como Estado tenemos que homologar nuestro trabajo a lo que se hace en la Plataforma Nacional de Información porque ellos dictan las normas técnicas de generación de las plataformas y gran parte de la demora es que nosotros no nos podemos adelantar a cómo va trabajando el sistema nacional, efectivamente ya tendría que haber algunas plataformas funcionando y no solo aquí sino en todo el sistema”, dijo Crespo.
Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de Instituciones de la Laguna, difirió sobre estos procesos de espera para subir la información.
“Si la información ya se tiene para qué esperar a que nos digan como subirla, la puedes subir en el formato que ellos la tienen en un apartado en su página obviamente con los requisitos que pide la ley de datos personales […] qué pasa si uno de estos funcionarios ya está sancionado o inhabilitado para asumir un cargo público, pero a lo mejor en el municipio de San Pedro Garza García o en Zacatecas, no saben porque no tienen esa información”, aseguró Zamarripa.
Cabe mencionar que recientemente se actualizó el sistema, aunque en él sólo se pueden localizar siete expedientes de Coahuila, entre ellos el de Héctor Javier Villarreal Hernández, pero el proveedor de esta información no es la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, sino la Secretaría de la Función Pública a nivel federal.
NIEGAN INFORMES
La presente investigación encontró que la constante en las respuestas a peticiones de transparencia de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC) de Coahuila fueron las respuestas nulas o incompletas.
Para profundizar su investigación, la reportera solicitó la versión pública de los informes que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza prevé, en el Artículo 34, párrafo 5: “Los titulares de las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y de los órganos internos de control, en los meses de mayo y noviembre entregarán informes al titular de dicha Secretaría, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y sobre la relación de los procedimientos por faltas administrativas y de sanciones aplicadas”.
Mariana Pechir Pérez, coordinadora de Investigaciones Administrativas y Órganos Internos de Control de la SEFIRC, contestó remitiendo únicamente la información de los órganos que cuentan con área substanciadora y resolutora, siendo sólo tres, pese a que el Reglamento Interior en su artículo 6, señala que todos deben contar con esta área.
El Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue el único que informó sobre los procedimientos de responsabilidad administrativa que promovió, excepto en 2017 y 2018 ya que aún no existía. En total, inició ocho procedimientos y seis de ellos concluyeron con sanción, pero no se especificó de qué tipo.
Por otro lado, la Secretaría de Educación informó que del 2018 a la fecha dio inicio a 126, de los cuales han quedado firmes nueve sanciones, es decir apenas un 7 por ciento de todos los expedientes.
Finalmente, el OIC de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila remitió a una liga de internet para consultar la información, “correspondiente al Portal de Transparencia de la Página del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, cuya información es actualizada mensualmente”, pero la página actualmente no abre y marca un error.
La diputada panista Natalia Virgil asegura que los informes sí se generan, al menos por parte de los OIC municipales, y estos son entregados a la SEFIRC.
“El informe sí lo hacen, cada año lo entregan, así como el estatus que guardan los expedientes que por alguna razón están en proceso, te lo digo porque en el municipio de Torreón se entregaba cada año y a mí me consta”, afirmó la diputada.
El segundo aspecto es que la SEFIRC está facultada para realizar procedimientos de investigación y sustanciación así como auditorías por petición o de oficio, derivados en parte, de las quejas y/o denuncias recibidas; es por esto que esta reportera le pidió la base de datos de quejas en lo que va de la actual administración, pero nuevamente la respuesta fue negativa.
Mariana Pechir Pérez respondió, mediante las solicitudes de transparencia que se enviaron, que las bases de datos solicitadas “son parte del Sistema Estatal de Quejas y Denuncias y dicho sistema alberga un conjunto de datos que en su mayoría son confidenciales y en algunos hasta resolver las investigaciones se encuentran en el estatus de reservada”.
Es decir, la SEFIRC negó las bases apelando a la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza; no obstante, tal y como aclara Saraí Salvatierra, de FUNDAR, durante un procedimiento “están en juego dos derechos, que es el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia del propio funcionario público, frente a la divulgación de la información, pero eso no implica que no se dé a conocer nada, sino que se den a conocer por lo menos datos estadísticos”.
Previendo lo anterior, esta reportera pidió el número de quejas y denuncias que ha recibido desde su creación a la fecha y desde el inicio de la actual administración hasta el 2022, a lo cual la misma funcionaria respondió que en la Base de Datos del Sistema de Quejas y Sugerencias de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas no se establece la precisión entre queja y denuncia, por lo cual los números se otorgaban sin distinción.
Así, del 2013 a 2022 la cifra de quejas y denuncias es de 2 mil 415 según los datos de la SEFIRC, sin embargo, ya que se desglosan dan un total distinto: 2 mil 407; de éstos, mil 534 fueron recibidas tan solo de 2017 a 2022. La SEFIRC omite en qué han quedado y si se derivaron de ellas acciones específicas que determinaran responsabilidad administrativa o procedimientos administrativos sancionatorios.
Lo mismo ocurrió al solicitar la base de datos de las quejas canalizadas por la Secretaría de Fiscalización a los Ayuntamientos del Estado de Coahuila, de los años 2017 a 2022, en donde se informa de un total de mil 579. Al igual que en el tema de los expedientes, en este caso las quejas de ambos organismos no coinciden y se puede comprobar que las quejas y denuncias más antiguas datan de por lo menos entre nueve y cinco años atrás, y de acuerdo con el propio argumento de negación de la SEFIRC, pese al tiempo aún no se liberan.
Saraí Salvatierra, coordinadora del Área de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de FUNDAR, señaló que la experiencia a nivel nacional es que cuando un ciudadano hace una denuncia por una falta administrativa es difícil que tenga información de cuál es el procedimiento a asignar e incluso si procede o no.
“Hay un seguimiento bastante acotado y poco informado hacia la ciudadanía y posterior a ello tampoco hay mayor información que permita verificar si él o la funcionaria fueron sancionados; creo que hay un pendiente muy importante pues denunciar o alertar sobre una falta administrativa o un acto de corrupción es muy riesgoso”, dijo.
AUDITORÍAS SIN SANCIÓN
Otro instrumento de fiscalización de la SEFIRC y de los Órganos Internos de Control (OIC) son las auditorías por petición o de oficio, de manera que la reportera solicitó la relación de éstas, con el objetivo de saber si se desprendieron de ellas infracciones y sanciones administrativas: una vez más la Secretaría omitió dar la información, entre sus argumentos estuvo que no le correspondía aplicar sanciones.
La Subsecretaría de Auditoría Gubernamental de la SEFIRC entregó una lista de las Auditorías de Cumplimiento que abarcan del ejercicio 2017 al 2022; precisó que no realizó en el 2017 porque estaba apoyando el proceso de Entrega-Recepción de la actual administración y aún no se llevaban a cabo las que corresponden al 2022, por lo que el período real que se informa es del 2018 al 2021.
La diputada Luz Natalia Virgil dijo que el no haber revisado en 2017 el ejercicio de los recursos “es la violación máxima a su obligación porque en principio ese es su trabajo, la revisión del ejercicio de los recursos y de los programas operativos anuales del gobierno del estado”, aseguró.
Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de Instituciones de la Laguna, coincide con la observación.
“Si hay un año qué fiscalizar es el último año de cualquier administración y me parece que ahí es lamentable que haya una respuesta así, porque insisto que en la entrega-recepción deben utilizarse todos los recursos para precisamente rendir cuentas de cómo se está entregando y cómo se está recibiendo cualquier administración”, dijo Zamarripa.
En lo que respecta a los OIC, sus titulares sólo refirieron el año, motivo y dependencia a la que se realizó la audiencia, sin agregar observaciones, sanciones ni irregularidades encontradas; en tanto que la Subsecretaría de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales y su titular Liliana Aguirre Sepúlveda anexaron las observaciones en la Auditoría de Obra pero no las sanciones bajo el argumento de que no le correspondía aplicarlas, y en las Auditorías Directas ocurrió algo similar.
La diputada Natalia Virgil sostiene que la SEFIRC debe informar sobre las sanciones derivadas de las auditorías en fondos estatales, ya que éstos incluyen recursos de libre disposición y es precisamente la SEFIRC el órgano de control al que compete revisarlos. “Es el órgano de control interno de las entidades estatales y vaya que hay recursos”, explicó.
Para Virgil todo se resume a que “No está haciendo su trabajo”.
ASE tiene más información sobre procedimientos que la SEFIRC
A fin de contrastar la información, la reportera solicitó a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila los informes de Seguimiento a los Resultados de Fiscalización Superior al segundo semestre de 2021, mismos que fueron presentados ante el Congreso del Estado, y que tienen datos mucho más altos sobre responsabilidades administrativas que los proporcionados por la SEFIRC. Saraí Salvatierra, coordinadora del Área de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de FUNDAR precisa que es un comportamiento que se ha observado constante en instancias federales, lo que habla de una falta de coordinación entre las instituciones.
Del año 2014 al julio de 2017, es decir con el esquema legal de responsabilidades que era vigente hasta esa fecha, 521 entidades fueron auditadas y se emitieron 3 mil 568 promociones de fincamiento de responsabilidades administrativas, pero de ellas, los Órganos Internos de Control que emitieron sanciones fueron sólo 195, es decir el 37 por ciento del total.
Con el nuevo esquema regulado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas que aplica desde julio del 2017 a la fecha, la ASE auditó a 431 entidades del 2017 al 2019; 429 de ellas fueron notificadas de Faltas Administrativas No Graves (FANG) y se presentaron mil 525 vistas de presuntas faltas administrativas según los datos desglosados, pero únicamente 63 Órganos Internos de Control emitieron sanciones, es decir apenas el 14 por ciento.
La Auditoría no presenta el compendio de cuántos procedimientos sancionatorios se emitieron en ambos casos, aunque sí las listas por ente fiscalizado y el desglose de cada procedimiento bajo los dos esquemas de fiscalización.
De éstos resalta que el Poder Judicial del Estado se ha mantenido en rojo en los dos períodos pues en ninguno ha dado cuenta de qué ha pasado con los señalamientos desprendidos de las auditorías; en el ayuntamiento de Ocampo ni siquiera hubo proceso de entrega-recepción; Ramos Arizpe tiene todos sus procedimientos pendientes (un total de 301) de 2014 a la fecha, y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información determinó que no había materia de sanción o no informó su actuar.
La misma Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción informó en 2017 que no llevó a cabo procedimientos pese a los pliegos de responsabilidad que se desprendieron de las auditorías y que el Instituto Electoral de Coahuila tiene pendientes desde 2016.
Gabriela María De León Farías, ex consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, dijo desconocer el estatus y las razones por las que no se ha procedido en estos casos, ya que en el momento de la entrevista carecían de contralor, mismo que fue nombrado semanas después.
“No te pudiera yo decir porque como yo no soy parte de esos procedimientos, y es un tema que lleva la Contraloría… la Contraloría es autónoma a nosotros; sí, nosotros le proporcionamos los recursos, pero ellos tienen autonomía de gestión, entonces yo no sabría, si están pendientes, en qué etapa están, si ya los concluyeron…”, dijo.
Salvador Benítez Lozano, abogado especialista en el tema, comentó que no hay ningún argumento válido para que los organismos desconozcan de los procedimientos iniciados a sus funcionarios.
“El Órgano de Control lo menos que debe hacer en un organismo electoral es reportarle al Consejo General, que definitivamente debe tener conocimiento, porque recordemos que siempre hay una línea de mando, siempre hay alguien a quien reportarle”, señaló.
Carlos Rangel Orona, presidente hasta 2022 del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, aceptó que no hay un control sobre el trabajo que llevan a cabo los Órganos Internos de Control y que debieran reportarle a la SEFIRC.
“Sí estamos muy enterados que existen muchas deficiencias todavía en muchos organismos, precisamente uno de los temas de la política estatal anticorrupción es referente a que ya se está implementando un trabajo de homologación de procesos en todos los entes que tengan que ver con rendición de cuentas y transparencia”, afirmó.
La Diputada Natalia Virgil reconoció también que a pesar de que es obligación del Congreso la revisión de esa Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila “no la lleva a cabo, se enfoca la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública al seguimiento del cumplimiento de la Auditoría Superior y no comparece en ningún momento más que al término del año la Secretaría de la Función Pública, prácticamente está sin vigilancia de parte del Congreso que es nuestra obligación”.
