Una jornada de segunda dosis de vacunación contra Covid-19 para menores de edad, de entre 12 y 13 años, empezando este martes 2 de Agosto para cuyos apellidos empiecen con las letras de al A a la C, a quienes se atenderá en un horario de 8 a 10 de la mañana.
Elizabeth Guzmán Argueta, delegada regional de los Programas para el Bienestar, informó que para esta jornada se aplicará el biológico de la marca Pfizer y se tendrán dos sedes para que la comunidad acuda.
Los puntos de vacunación será el Centro de Convenciones Las Anitas, que se ubica en la Calle Ramón Rayón 1658 en la colonia Waterfill y es Estadio de Beisbol en la avenida Sanders 1450 de la colonia Melchor Ocampo.
Los menores con apellidos que empiecen con la letra D a la F tendrán que acudir en un horario de 10 de la mañana a 12 del medio día y de la letra G a la I, de las 12 del mediodía a las 2 de la tarde, informó personal de comunicación social de Programas de Bienestar.
El proceso de vacunación continuará el miércoles 3 de agosto, así como la actividad inicia de igual forma, de 8 a 10 de la mañana para los apellidos con las letras de la J a la L; de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía, para quienes su apellido inicia con la letra M a la O y de las 12 del mediodía a las 2 de la tarde, con las letras P a la R.
El jueves, de las 08 a las 10 de la mañana es para las letras de la S a la U; de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía de la V a la X y de 12 del mediodía a las 2 de la tarde el resto.
Vacunación a menores de 12 y 13 años en Gimnasio Universitario / Cortesía Gobierno Federal
Se informó también que para agilizar el proceso de vacunación se solicita que los menores presenten su comprobante de la primera dosis, la CURP del menor de edad, el acta de nacimiento y una identificación de la madre, padre o tutor.
Como recomendación se solicitó que los menores no acudan solos, vayan hidratados, desayunados y con ropa y calzado cómodo, así como se advirtió que no se suministrará la vacuna a menores que no se encuentren dentro del rango de edad establecido.
El derecho (o las leyes) debe adaptarse a la sociedad y no la sociedad al derecho, por ello que los responsables de hacer las normas deben normalizarlas para que la sociedad las tenga presentes y vigentes, incluso, en un lenguaje claro y conciso que pueda ser digerible por la ciudadanía.
En esto consiste el principio de taxatividad, por lo que legislar con responsabilidad es el trabajo que deben desempeñar los diputados y senadores de la República, para que las normas sancionadoras sean precisas y claras, explicó el doctor en Derecho, César Juárez.
Mencionó que incluso, aquellas sanciones que se impondrán a quienes incurran en ellas deben ser entendibles, por lo que será necesario preguntarle al ciudadano común, si las normas que nos rigen le son suficientemente claras.
De lo contrario, al no contar el ciudadano con la facultad de entender estas normas, se podría hablar incluso de una vulneración de los derechos humanos.
César Juárez es doctor en Derecho Penal y fue procurador de niñas, niños y adolescentes. Actualmente labora con la asociación civil «Sin Violencia» y es colaborador en el área de Opinión.
Luego de la polémica desatada entorno a la construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones en la zona de Los Hoyos de El Chamizal, el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA), dio a conocer sus conclusiones y recomendaciones sobre la construcción del inmueble en ese espacio, en donde se determinó que falta un análisis hidrológico completo.
De acuerdo el IMTA, a través del reporte “Opinión técnica al proyecto Centro de Exposiciones y Convenciones en Ciudad Juárez, Chihuahua”, se consideró que la metodología del estudio hidrológico presentado, por parte de la organización que promueve el proyecto del Centro de Convenciones, a pesar de que sigue las recomendaciones realizadas en el Plan Sectorial de Manejo de Aguas Pluviales (PSMAP) para Ciudad Juárez, el análisis hidrológico únicamente incluye un predio de una superficie de 11.38 hectáreas.
Este espacio representa el terreno donde se pretende construir el Centro de Exposiciones y Convenciones de Ciudad Juárez, aunque no se presenta un estudio integral a nivel de cuenca hidrológica como unidad básica de análisis.
El documento refirió también que este estudio no verifica el control de los escurrimientos provenientes de sitios aledaños, así como los provenientes del Río Bravo ante un evento extraordinario, ya que sólo se refiere que los escurrimientos exteriores ya cuentan con solución, sin embargo, no se presenta información que sustente lo comentado por el promovente.
Asimismo, no se presenta un estudio hidráulico mediante el cual, se analice la influencia de los escurrimientos del Río Bravo sobre la ubicación del predio en estudio.
Debido a esta situación, el IMTA consideró que se debe presentar un análisis integral considerando los escurrimientos exteriores, ya que la zona donde se pretende construir el Centro de Exposiciones y Convenciones corresponde a una zona inundable, de acuerdo con el análisis realizado en el PSMAP.
Además, la zona donde se pretende construir el inmueble se observó que corresponde a un cauce antiguo del Río Bravo, por lo que, dentro del análisis solicitado, se considera conveniente contemplar la probabilidad de desbordamiento del dicho río a través de una modelación hidrodinámica.
El reporte refiere también que esta zona no se presenta una solución pluvial para los escurrimientos generados por las microcuencas “A1F”, “E2F” y “A3F” del modelo hidrológico de proyecto, las cuales generan, según los datos del estudio un volumen de 1,133.1 m3. Estas microcuencas se encuentran dentro del polígono que corresponde a la primera etapa de construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones.
Como recomendación, el IMTA refirió que se deben considerar los efectos de saturación del filtro y capas del subsuelo por los procesos de aireación del agua pluvial, así como la llegada de partículas y/o residuos orgánicos en los sitios donde se efectúa la infiltración, de acuerdo con la configuración propuesta.
Lo anterior, con el fin de evitar la reducción de la capacidad de infiltración de las obras propuestas a través de un programa de mantenimiento a los filtros y pozos de absorción, o en su caso documentar que tamaño de partícula se deja pasar y el estimado de vida útil del mismo.
A través de una denuncia colectiva, la organización Frente por la Defensa de El Chamizal presentó una denuncia ante la Dirección de Ecología para solicitar que la asociación del Centro de Exposiciones y Convenciones compense el daño ocasionado en El Chamizal por el inicio de las obras del inmueble.
Daniel Delgadillo Díaz, representante de Árboles en Resistencia que forma parte del Frente por la Defensa de El Chamizal, refirió que están pidiendo que se atienda la queja para que la asociación civil del Centro de Convenciones y Exposiciones repare los daños en el Hoyo 2 de El Chamizal, según cómo lo contemple el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA).
Comentó que este espacio sufrió de un taponamiento de la filtración del agua pluvial, ya que se introdujeron materiales extraños a la zona como es: caliche, grava, cemento y asfalto, así como es necesario que se retire para que vuelva a operar de manera regular como zona hidrológica.
En la denuncia presentada se solicita lo siguiente: a la Dirección de Ecología que proceda y dé trámite a la presente denuncia conforme lo establece el Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, para que realice los trabajos técnicos y los trámites administrativos necesarios para garantizar a la ZONA DE LOS HOYOS la REMEDIACIÓN adecuada para una CUENCA HIDROLÓGICA NATURAL, en virtud de los DAÑOS QUE RESULTEN Y QUE FUERON PROVOCADOS POR LA MORAL EXPOCISIONES Y CONVENCIONES ASOCIACIÓN CIVIL.
En segundo término se plantea que “Solicitamos al Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, por conducto de la Dirección General de Ecología, que realice los trámites administrativos y los trabajos técnicos necesarios para que se determiné el DAÑO AMBIENTAL que sufrió el predio denominado HOYO 2 DE EL CHAMIZAL, debido a los actos desplegados por la Persona Moral Exposiciones y Convenciones Asociación Civil, pues tenía pleno conocimiento de la imposibilidad técnica y jurídica para la construcción del CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES PASO DEL NORTE EN LOS HOYOS”.
Mientras que en un tercer punto se solicita al Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, por conducto de la Dirección de Ecología, que realice los trámites administrativos y los procedimientos jurisdiccionales que correspondan, PARA GARANTIZAR QUE LA MORAL EXPOSICIONES Y CONVENCIONES ASOCIACIÓN CIVIL RESPONDA POR LOS DAÑOS OCASIONADOS A LA CUENCA HIDROLÓGICA HOYO 2, TODA VEZ QUE EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ACREDITAR EL DAÑO AMBIENTAL Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL.
Integrantes del colectivo Frente por la Defensa de El Chamizal / Fotografía: Cortesía Municipio
Al respecto, el director de Ecología del Municipio, César Díaz Gutiérrez, recibió el escrito en donde se le solicita a la dependencia que haga una valoración de los daños que se han causado a ese espacio.
Leticia Chavarría, integrante del frente, quien estuvo en la plática junto con Daniel Delgadillo y otras personas del grupo, además mencionó que la zona está dañada es la que se conoce como Los Hoyos, en parte de los cuales se estaba trabajando para la construcción del centro de convenciones, comentaron.
Díaz Gutiérrez aclaró que como dependencia municipal, a la Dirección de Ecología solo le corresponde emitir una opinión, pues quien debe emitir una sentencia de responsabilidad civil es un juez, por lo que será en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento quienes revisen la petición, así como a más tardar la próxima semana se emitirá una respuesta.
Baja California vive una doble realidad, por un lado, en las unidades médicas existe un desabasto visible, y por otro, en los almacenes de Isesalud se dejaron caducar más de 90 millones de pesos en medicamentos, muchos de los cuales eran demandados por los pacientes en las farmacias de los hospitales, entre ellos, los enfermos de cáncer. No solo eso, también se recibieron productos médicos con caducidad inferior a la establecida en los contratos y se realizaron compras de fármacos de baja demanda que no se distribuyeron. Hasta el momento, no solo no se ha responsabilizado ni se ha aplicado ningún tipo de sanción a nadie, aún cuando dos administraciones estatales, la actual y la anterior, tuvieron conocimiento de este quebranto, sino que este continúa y crece aún más con el gobierno actual.
**Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers**
El gobierno de Baja California dejó caducar, en las propias instalaciones de Isesalud, alrededor de un millón 622 mil 826 fármacos e insumos médicos que se compraron entre 2017 y 2021, lo que representó una pérdida económica de 93.7 millones de pesos, de acuerdo con los reportes de almacén del mismo Instituto.
Daño por el que no sólo no se ha logrado determinar responsables, ni sanciones hasta ahora, sino que sigue sin estar bajo ningún control, el reporte a junio de 2022 muestra un panorama más grave: una pérdida de 131.6 millones de pesos en fármacos caducados solo en este año.
Enriquecimiento ilícito, abuso de funciones, irregularidades por la adjudicación directa de contratos e incluso falsificación de documentos y firmas por parte de los proveedores para poder prestar el servicio, son algunas de las anomalías que podrían configurarse en el suministro y recepción de medicamentos caducados, aseguró Rosina del Villar Casas, secretaria de Honestidad y Función Pública (SHFP).
Medicamento localizado a la intemperie o tirado en la basura
La pérdida de fármacos e insumos médicos por vencimiento de su vida útil se detectó durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdez. “Los médicos responsables de los almacenes nos presentan quejas y nos dicen que no van a firmar ninguna verificación de medicamento que está a punto de vencerse, sobre todo cuando existe en almacén cantidades muy grandes de los mismos medicamentos que también ya están caducados”, reveló a principios de 2021 Vicenta Espinosa, quien fue la titular de la SHFP en la administración de Bonilla.
Espinosa aseguró investigar el hecho, pero concluyó su función sin la integración de un expediente ni la presentación de denuncias ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJABC) y la Fiscalía General del Estado (PGEBC).
En los 213 contratos identificados de productos caducados se detectó recepción de material con fecha de vencimiento inferior a la establecida en contrato con los proveedores, adquisición en demasía de insumos médicos repetidos y envío por parte del gobierno federal de fármacos e insumos de salud no requeridos por la autoridad local.
Medicamento caducado satura almacenes de Isesalud / Ángel Gabriel Morales
Estos tres factores saturaron, aún más, los tres almacenes centrales del Instituto de Servicios de Salud Pública (Isesalud), los depósitos de cuatro de los principales hospitales públicos, así como la Jurisdicción Sanitaria Número 4, ubicada en Vicente Guerrero, una de las comunidades más marginadas de Baja California.
De los 93.7 millones de pesos detectados como pérdida económica en medicamentos caducados, 25.3 corresponden a material clasificado como extraviado, al no encontrarse físicamente y, en mucho de los casos, no tener registro de su salida. “Si entra y no sale, entonces ¿dónde está?”, cuestionó Rosina del Villar.
Vídeo: Ángel Gabriel Morales
Los funcionarios a cargo de Isesalud no solo dejaron caducar medicamentos y material médico, también fueron en contra del reglamento y decidieron incinerar parte de los fármacos. “Se quemaron 5 millones de pesos en medicamentos caducados, procedimiento que se decidió en junta de gobierno de administraciones pasadas”, expuso la funcionaria.
Pero de esta incineración del material caducado podría no fincarse responsabilidad a nadie, “porque se eliminó la evidencia”, consideró Del Villar Casas, quien analiza si la junta de gobierno tenía atribuciones para decidir el destino de ese medicamento.
Fármacos caducados sin distribuir
Del medicamento que sí fue localizado, el 65% se ocupa en el tratamiento contra el cáncer, diabetes, epilepsia, hipertensión, trastorno bipolar e infecciones de diversos tipos, de acuerdo con la información de Isesalud.
Y mientras estas medicinas e insumos se quedaban en cajas de los almacenes, el desabasto de fármacos para pacientes con cáncer alcanzó un nivel promedio del 50% durante 2020 y 2021, de acuerdo con estimaciones hechas por las autoridades de los hospitales de Isesalud. Además, cirugías y quimioterapias fueron diferidas hasta por lapsos de cuatros meses en ese mismo periodo.
Posibles implicados en quebranto
En el caso de los medicamentos caducados existió complicidad para hacer negocios entre el comprador, que aquí serían las autoridades de Isesalud, y el proveedor; además de una omisión en la recepción y no distribución del medicamento y material médico, asegura Vicente Sánchez Munguía, profesor e investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef). “Hay responsabilidad tanto de las autoridades como de las empresas, si el contrato se viola, hay responsabilidad del proveedor”, anotó.
De acuerdo con los registros de los almacenes del sistema de salud pública de Baja California, de los 93.7 millones de pesos en fármacos y material de salud que se detectó caducado, el equivalente a 58.2 millones de pesos fueron localizados, y de estos, el 94.6% caducó a finales de 2019 y durante la pandemia por coronavirus, justo en el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez.
Aunque la mayor cantidad de este material fue adquirido por su antecesor, Francisco Vega de Lamadrid, fue hasta la administración del morenista cuando gran parte del material médico expiró sin ser distribuido.
La Coordinación Estatal de Almacenes es la encargada de regular y supervisar los depósitos de todo el estado, y los encargados y supervisores de estos, reciben y autorizan las salidas del medicamento, previa solicitud del mismo por parte de las autoridades médicas, hospitales o unidades de salud, de acuerdo con el organigrama institucional, pero fueron los funcionarios de la Dirección General de Isesalud los responsables de autorizar y suscribir los contratos con los proveedores de claves médicas que han saturado los almacenes con medicamentos caducos.
Firma de funcionarios de Isesalud involucrados en la asignación de contratos bajo investigación.
En esta acción se encuentran involucrados Alonso Pérez Rico, quien despachó como secretario de Salud y director general de Isesalud durante el gobierno de Jaime Bonilla; Carlos Gómez Valdez, apoderado legal y subdirector general de Administración de la dependencia; Miguel Ángel Marín Cardone, jefe del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; además de Mikel Roberto Alcántara Hernández, director de administración de Isesalud.
Para este reportaje se buscó vía telefónica a Alonso Pérez Rico y a Carlos Gómez Valdez, secretario de salud y subdirector general de Isesalud, respectivamente; el primero no respondió ni llamadas ni mensajes de texto, mientras que Gómez Valdez atendió por teléfono y pidió un día para preparar su respuesta.
“Dame oportunidad de mañana comunicarme con usted, mañana sin falta la busco”, respondió el funcionario, pero después de esto ya no volvió a atender el teléfono ni los mensajes.
Durante el gobierno de Bonilla, estos funcionarios autorizaron y firmaron nuevos acuerdos incluso con los mismos proveedores relacionados con la entrega de medicamento y material de salud que incumplía el periodo de vida útil establecido en los contratos. En estos nuevos acuerdos se les recibieron insumos de salud con caducidad inferior a la establecida por ley, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.
De los 213 contratos que se localizaron y que están relacionados con medicamentos caducados, 40 se suscribieron durante el periodo de Jaime Bonilla Valdez y solo en tres se comprobó que los proveedores cumplieron con el periodo de caducidad establecida.
Rosina del Villar Casas, secretaria de Honestidad y Función Pública, dijo que ya se inició la integración de una carpeta de investigación sobre el medicamento caduco, la cual espera turnar al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJABC) y a la Procuraduría General del Estado (PGEBC), pero aseguró que necesita integrar unos Ipras (Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa) bien fundamentados, porque si no, no va a pasar nada.
Vídeo realizado por: Ángel Gabriel Morales
Además, en la indagatoria no se descarta a ningún funcionario ni empleado de los depósitos, sobre todo porque “se observó urgencia de los encargados por deshacerse de ese medicamento por considerar que era un peligro para la sociedad”, enfatizó del Villar.
La funcionaria propuso homologar a nivel federal el tratamiento de los medicamentos en los almacenes de las entidades federativas para que, en caso de incumplirse con los procedimientos de resguardo, compra y de no proporcionarlos en forma oportuna a los pacientes, sea la Secretaría de la Función Pública (SFP) la encargada de sancionar el incumplimiento a los procesos. “Es increíble que tengamos 80 millones de pesos caducados y la gente no tenga medicamentos”, expresó.
Pacientes con cáncer protestan por falta de medicamentos / Fotografía: Carlos Luna
Adrián Medina Amarillas, actual secretario de Salud de Baja California, aseguró que desde el inicio de la administración se dio parte al Órgano Interno de Control y la Secretaría de Honestidad y Función Pública, pero ya pasó un año desde el arribo del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda y el medicamento y material de salud caducado continúa en los almacenes de Isesalud, sin que se haya determinado su destino o responsabilizado a alguien sobre esta pérdida.
“Hemos hablado y les hemos exigido que aceleren el proceso para que nos permitan destruir esos medicamentos y liberar los almacenes”, declaró el funcionario, quien estimó que la pérdida total de medicamentos caducados podría llegar hasta los 100 millones de pesos.
Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud en Baja California / Cortesía
“Quiero Vivir”. El dilema de no encontrar medicamentos para el cáncer
Elizabeth Bautista fue diagnosticada con cáncer de mama en diciembre de 2019, desde entonces, su batalla no solo es contra la enfermedad, sino también contra el supuesto desabasto de medicamentos oncológicos en los hospitales públicos de Baja California. El letrozol, medicamento con un costo de mil 200 pesos en el mercado, y uno de los que le han negado, está en la lista de medicinas que caducaron en los almacenes de Isesalud.
Elizabeth Bautista, paciente sin tratamiento oportuno / Ángel Gabriel Morales
“Esta es una lucha continúa día a día, es muy desesperante, para los pacientes, la familia y también para los doctores el ver que, por no darnos el tratamiento en tiempo y forma, el cáncer avanza”, narró la mujer de 45 años.
Elizabeth tiene cáncer con metástasis en corazón, pulmón y hueso, y para controlar su expansión requiere de abemaciclib y letrozol, pero su tratamiento se ha visto interrumpido frecuentemente por la falta de medicamentos en el Hospital General de Tijuana (HGT).
El letrozol es un medicamento que ayuda a retardar o detener el crecimiento de algunos tipos de células del cáncer, el cuerpo de Elizabeth requiere de una caja de manera mensual, pero durante seis meses de 2020 no encontró el fármaco en la farmacia del HGT; como otra opción para atacar el cáncer, su oncólogo determinó someterla a radiaciones, pero el único tomógrafo del hospital estaba descompuesto y tampoco pudieron realizar ese procedimiento.
Mientras Elizabeth y su familia buscaban opciones en todos lados para obtener sus medicinas, en los almacenes de Isesalud se encontraron 30 cajas de letrozol, de acuerdo con los reportes del instituto. Todas terminaron en la basura.
El abemaciclib tampoco estuvo disponible por mucho tiempo y el sacrificio económico no fue suficiente para costear todo el tratamiento requerido para combatir el cáncer, cada caja con 28 pastillas tiene un costo de 86 mil pesos, precio que escapa a las posibilidades económicas de Elizabeth.
“Aunque quiero sanar, no tengo el presupuesto para costear por mi cuenta ese tratamiento, por lo que dejo de tomarlo si no me lo proporciona el hospital”, dijo.
Y aunque durante el 2022 ha recibido el tratamiento de manera mensual, nunca es en la fecha requerida, por lo que tiene que interrumpirlo durante una semana cada mes.
“Necesitamos que nos surtan el medicamento en tiempo y forma y que estén al pendiente de que realmente nos están dando lo que requerimos, lo que se necesita, porque yo quiero vivir”, fue el llamado de Elizabeth a las autoridades de Salud.
Recetas sin surtir a Guadalupe Rodríguez.
Patricia Guadalupe Rodríguez Aranda, de 61 años, también vive de cerca las grandes deficiencias del sistema de salud bajacaliforniano, ese mismo que tiene sin medicamentos o estudios a pacientes con enfermedades terminales, pero que, al mismo tiempo, deja de repartir fármacos, los recibe a punto de caducar o simplemente los abandona en las bodegas.
En 2018 fue diagnosticada con cáncer de mama y sometida a una cirugía para extirpar el tumor, pero desde el último trimestre de 2019, enfrentó la falta de medicinas. La consecuencia: el padecimiento resurgió y se propagó al pulmón.
No solo eso, en 2021 su esposo tuvo que vender su camioneta para costear un Pet Scan, tomografía especializada por la que pagó 26 mil pesos, pero los bienes familiares no han sido suficientes para costear todo el tratamiento requerido, por lo que Guadalupe ha tenido que dejarlo en innumerables ocasiones.
En todo 2021 por lo menos cinco recetas no le fueron surtidas, y ante la falta de Faslodex, el principal medicamento que necesita, tuvo que suspender la toma por varios meses. Solo una caja con dos ámpulas, lo que Guadalupe necesita cada mes, tiene un precio en el mercado de 25 mil pesos.
Para evitar una suspensión indefinida, en octubre de 2021 su oncólogo optó por sustituirlo por Ibrance-21, un fármaco con un precio de 86 mil pesos, superior al de Faslodex. Esta nueva medicina le provoca urticaria a Guadalupe, pero actualmente es su única opción para combatir el cáncer.
Enfermos toman calles para exigir tratamientos médicos/Fotografía: Carlos Luna
Ex funcionarios de Isesalud, ahora asesores de proveedores o en cargos públicos
Los posibles implicados en la pérdida millonaria por medicamentos caducos dejaron sus cargos en Isesalud, pero ahora despachan como funcionarios o asesoran a terceros para que obtengan contratos públicos.
Carlos Gómez Valdez, quien autorizó y firmó contratos como subdirector general de Administración de Isesalud hasta octubre de 2021, fecha en la que fue reemplazado de su cargo al cambiar la administración estatal, ahora es gestor de particulares ante el gobierno.
Esa función la hace a través de la empresa Asesoría y Estrategia Financiera Matt & MC, S.A. de C.V., la cual constituyó el 10 de marzo de 2021, cuando aún despachaba como administrador y apoderado legal de Isesalud, de acuerdo con el acta de asamblea asentada en el Sistema Integral de Gestión de Registral (Siger). La sociedad la conformó junto con Andrea Samahara González Valdez, quien entonces se desempeñaba como asistente administrativa de la dirección del Hospital Materno Infantil de Tijuana, cargo por el que percibía un sueldo mensual de 15 mil pesos.
Entre los múltiples objetos de la firma destaca el “prestar servicios administrativos diversos, representar a clientes ante todo tipo de autoridades, dependencias oficiales o ante cualquier persona, ya sea física o moral, así como efectuar todo tipo de gestiones ante autoridades, dependencias, entidades públicas y privadas (sic)”.
En tanto, Mikel Alcántara Hernández, otro de los implicados en la asignación de contratos de Isesalud, el 1 de octubre de 2021 se incrustó de nuevo en la nómina del gobierno, esta vez como instructor de responsabilidades de la Sindicatura Procuradora de Tijuana.
“No los podemos separar -de la función pública- porque se presumen inocentes, la misma ley los protege”, aseguró Rosina del Villar.
Y si los involucrados son de base, explicó, para retirarlos de sus cargos es necesario primero comprobar la falta para que haya una resolución en su contra, ya sea por parte del tribunal administrativo, o por parte de la fiscalía.
Gobierno de Bonilla, “SIN tiempo para sancionar”
A pesar de que desde el arribo del gobierno morenista a Baja California se detectó la problemática de los medicamentos caducos heredada por el gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid, no se abrió una investigación para fincar responsabilidades.
Y durante el proceso de entrega-recepción, la administración de Jaime Bonilla Valdez reconoció haber heredado una gran cantidad de medicamentos caducados y/o a punto de caducar, aseguró Adrián Medina Amarillas, actual secretario de Salud.
El funcionario explicó que al cuestionar a sus antecesores sobre por qué no lo resolvieron, la respuesta fue, “porque fueron nada más dos años, no alcanzamos a hacer todo el proceso”.
Pérdida en medicamentos aumentó en el gobierno de Jaime Bonilla / Fotografía: Eduardo Jaramillo
Lejos de atender esta irregularidad, durante el bienio del morenista se adquirieron por contratos de adjudicación directa más medicamentos e insumos de salud, solo para ser almacenadas y aumentar el quebranto por fármacos caducos.
De acuerdo con los informes de almacén de Isesalud de Baja California, más del 90% de los medicamentos caducaron en 2020 y 2021, durante el periodo de gobierno de Jaime Bonilla, la causa: la pandemia por Coronavirus, ya que en esa etapa se frenaron programas de atención de enfermedades no relacionadas a Covid.
“Indicaron que se les caducaron muchos durante la pandemia, ya ves que de todo le echaron la culpa a la pandemia”, compartió Medina Amarillas.
Otro argumento expuesto por el gabinete de Bonilla, agregó el titular de Isesalud, fue que recibieron por parte del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar), cantidades muy importantes de ciertos medicamentos no solicitados, lo que aumentó el pool de fármacos caducados. Del lote de 2020 de medicamentos caducos localizados en los almacenes de Isesalud de Baja California, el 34.8% fueron enviados por la federación. En 2021 esta cifra aumentó a un 65%.
La prueba de estos excedentes es que, en 2021 se tenía el registro de una pérdida por 55.1 millones de pesos en medicamentos caducos en los tres almacenes centrales de Isesalud, pero esta cifra subió hasta los 131.6 millones de pesos solo hasta junio de 2022, concentrando la mayor pérdida en las bodegas de Mexicali.
Medicamentos caducos, sin vigilancia, a la intemperie o extraviados
La mayor cantidad de medicamento y material médico caducado se dejó expirar en los propios almacenes de Isesalud y en los depósitos de los hospitales del Instituto, principalmente en los que están ubicados en Tijuana, Mexicali y Ensenada, ahí se concentra el mayor porcentaje de fármacos y material de salud caducado, de acuerdo con los reportes de los almacenes de Isesalud obtenidos vía transparencia. Fue a principios del 2021 que personal médico de los almacenes advirtió la existencia de ese material.
Almacén de Isesalud en Ensenada / Fotografía: Ángel Gabriel Morales
El tema lo reveló Vicenta Espinoza, quien fuera secretaria de Honestidad y Función Pública (SHFP) de Baja California en la anterior administración estatal, comprometiéndose a realizar las revisiones correspondientes y verificar los controles en las solicitudes de abasto de medicamentos.
Y a pesar de que aseguró integrar una carpeta de investigación sobre este caso, Rosina del Villar Casas, quien la sucedió en el cargo, asegura que solo recibió un número de expediente, pero sin contenido de investigación alguna. Fue hasta noviembre de 2021, cuando la fecha de caducidad de miles de fármacos y material de salud ya había expirado y miles de cajas más estaban por caducar, que las autoridades del actual gobierno decidieron abrir una investigación. Esto lo hicieron después del reclamo del pago de una renta por Alejandro Pablo Cisneros Morales, arrendador de una caja de tráiler ubicada en área de vectores en Mexicali.
Ahí fue cuando el gobierno se dio cuenta que dentro de la caja de tráiler, sin ningún tipo de seguridad, y con puertas dañadas solo sujetadas con una cinta, se encontraban 27 tarimas apiladas al interior, en cada una se encontraban medicamentos de primer y segundo nivel caducados.
Medicamento abandonado en caja de tráiler
En el caso del depósito de Zona Tijuana, los reportes de almacenes revelan la falta de personal encargado directamente de revisar que los insumos resguardados no se caduquen. El costo total de las claves caducas en este depósito ascendió a 40 millones de pesos, casi la mitad del menoscabo de fármacos y material médico localizado entre 2019 y 2021 y que tenía fecha de vencimiento expirada.
De las unidades médicas de Isesalud, el Hospital General de Tijuana (HGT) fue el que más medicamentos caducados concentró en su almacén. Un total de 18 mil 978 fármacos y material de curación vencidos fueron localizados ahí, de acuerdo a los datos de los reportes de almacenes obtenidos vía transparencia.
Clemente Zúñiga Gil, director del HGT, aseguró desconocer la existencia del medicamento e insumos caducados, aunque consideró común que en todos los hospitales expiren medicamentos sin utilizar, pero por lo general se trata de aquellos de baja demanda, utilizados en situaciones de emergencia, del cual debe haber existencia, aun cuando nadie lo demande, explicó Zúñiga.
En el almacén de Zona de Mexicali se localizaron físicamente 49 tarimas de fármacos e insumos caducados, el costo total de esta pérdida sumó los 39.3 millones de pesos; en Zona Ensenada, autoridades del almacén de Isesalud reportaron un total de 30 tarimas de medicamentos y materiales de curación caducadas, cantidad que representó un menoscabo de 11.1 millones de pesos.
Los proveedores de productos vencidos
Arsa-Lab, S.A. de C.V., distribuidora de medicamento propiedad de Ramón Lugo Castro y representada por Elvira Castro Díaz, entregó en 2020 a Isesalud dosis de vincristina, fármaco utilizado en tratamientos contra el cáncer, con una caducidad de solo siete meses, el cual expiró en los almacenes de Tijuana sin ser distribuido. Ese mismo año, esta empresa fue la proveedora de levetiracetam, fármaco para tratar la epilepsia que también caducó en el almacén de Isesalud de Ensenada.
Mientras el material entregado con baja caducidad por Arsa-Lab caducaba sin ser distribuido, las autoridades de Isesalud continuaron asignándole contratos a la empresa durante 2021.
Arsa-Lab se ubica en la colonia 20 de Noviembre, en Tijuana, Baja California, de acuerdo con la dirección asentada en contrato y en la información publicada en el SIGER, ahí se buscó a Elvira Castro Díaz, pero no fue localizada en el domicilio de la empresa.
Instalaciones de Arsa-Lab en Tijuana, Baja California / Fotografía: Ángel Gabriel Morales
Impulsora de Cadenas Productivas y Comerciales, S. de R. L. es una de las empresas que entregó mayor cantidad de material médico de caducidad inferior a la necesaria a los almacenes de Isesalud. La empresa es representada por Manuel Alejandro López Siller, quien en los últimos años ha constituido en Coahuila dos compañías constructoras, una de vigilancia, un club social y una más dedicada al ramo restaurantero.
El 18 de marzo de 2020 la firma obtuvo un contrato por 17.2 millones de pesos para proveer a Isesalud de medicinas, productos farmacéuticos, químicos básicos, materiales y suministros médicos, y de laboratorio, según el contrato número Isesalud-ADQ-Medicamentos-174/2020.
De acuerdo con los reportes de los almacenes de Isesalud Baja California, esta firma entregó más de mil 400 productos con caducidad inferior a los 18 meses comprometidos en ese contrato, a pesar de incumplir con este apartado, el material médico, que incluía fármacos, fue recibido por las autoridades de Isesalud sin establecer sanción alguna.
Impulsora de Cadenas Productivas y Comerciales aún es proveedora de material médico de entidades públicas, como es el caso de la Secretaría de Salud de Coahuila o el DIF de Saltillo, Coahuila, municipio en el que el socio de Manuel Alejandro López Siller, Iván Terashima Zamara, es subdirector de Desarrollo Social.
Para conocer la versión de esta empresa ubicada en Coahuila, se trató de localizar vía telefónica a Manuel Alejandro López Siller, propietario y apoderado de la firma, pero a pesar de los múltiples mensajes dejados con su secretaria, no atendió la solicitud de entrevista.
Otro ejemplo del irregular manejo en la disposición del material de salud fue la compra de 100 dosis de solución inyectable, adquirido a Grupo Pharma de Baja California S.A. de C.V. en 2019 por el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, a un costo de 778 mil 900 pesos, lote completo que caducó en almacenes en mayo de 2020.
El producto se recibió con un vencimiento de 10 meses y no los 18 establecidos en el contrato. De esa compra se registraron pérdidas cuantificadas en dos millones de pesos.
Más aún, la firma tijuanense constituida en 2009 por Juan Manuel Gutiérrez Parra y Mayra López Angulo, y representada por Juan Manuel Gutiérrez Ibarra, obtuvo durante 2020 dos contratos por la suma de 24.5 millones de pesos. A la fecha, esa adquisición ya ha derivado pérdidas por alrededor de 90 mil pesos por lo limitado de la caducidad de los productos.
Grupo Pharma de Baja California no se localiza en el domicilio registrado en contratos con Isesalud / Ángel Gabriel Morales
De acuerdo con los contratos suscritos con Isesalud, Grupo Pharma de Baja California tiene su domicilio en Juan Ojeda 3101 de la colonia Buena Vista, en Tijuana, el cual corresponde a una plaza comercial, pero en ninguno de los locales fue localizada la empresa.
Hasta el momento, un total de 31 firmas han sido identificadas como proveedoras de productos caducados en almacenes. Estas compañías obtuvieron en conjunto 213 contratos por los que facturaron 22.7 millones de pesos de los 83.5 millones de pesos detectados como quebranto por medicamento cuya vida útil expiró en los depósitos de Isesalud.
Pese a obtener contratos millonarios, 18 de los proveedores involucrados ya identificados incumplieron con el periodo de caducidad determinado en los contratos, en donde se establecía la entrega del material apegada estrictamente a las cláusulas acordadas, caso contrario, los responsables de recibirlo tienen la facultad de devolverlo, especificación no cumplida.
Si el proveedor pretende entregar bienes con una caducidad menor a 18 meses, “deberá de solicitarlo por escrito al Coordinador Estatal de Control de Abasto, para que evalúe la solicitud, y en su caso autorice la entrega de estos bienes”, también se advierte en los documentos. Sin embargo, ninguna solicitud de ese tipo ha sido documentada en el registro de medicamentos caducos.
De acuerdo con Rosina del Villar Casas, secretaria de Honestidad y Función Pública (SHFP), en la investigación de medicamentos caducos no se descarta la participación de terceros, en este caso los proveedores, quienes incurren en responsabilidad si manejaron recursos públicos e incumplieron con contratos.
“Tenemos que ser muy precisos, para poder identificar a los responsables, ahí no nos podemos equivocar”, especificó.
Gobierno de Marina apuesta por caducidad inferior
Adrián Medina Amarillas, director general de Isesalud, anotó que una de las cosas que más preocupó al actual gobierno fueron las cantidades importantes de medicamentos caducados localizados en los almacenes de Isesalud. A pesar de esta preocupación, el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda optó por reducir a 12 meses el periodo de caducidad exigido a los proveedores.
Gobierno de Marina del Pilar redujo caducidad exigida a proveedores / Cortesía
“El periodo de caducidad es muy variable, pero lo mínimo que le pedimos de caducidad a la persona que nos va a surtir es un año. Si nos dan más tiempo, mejor, tenemos más tiempo para movilizarlo, pero les ponemos mínimo un año”, informó el funcionario.
El 69% del material adquirido a través de los 213 contratos localizados con relación de medicamentos caducados se recibió en los almacenes de Isesalud con un periodo de caducidad superior a los 18 meses establecidos en los acuerdos, si ese tiempo no fue suficiente para distribuir los fármacos y material médico para su aprovechamiento, menos le alcanzará al actual gobierno un año, como lo ha establecido en los contratos, consideró el analista de política pública, Luis Carlos López Ulloa. “Te das un balazo en el pie al reducir el periodo de caducidad establecido en los contratos”, aseguró el especialista.
Saltillo, Coahuila.- A su paso por Coahuila, los migrantes se quedan sin derechos y hasta los representantes consulares los abandonan, lo que impide que tengan acceso integral a la justicia.
El caso del hondureño Marco Tulio Perdomo Guzmán es un ejemplo de ello y a tres años de su muerte, ni el gobierno estatal ni funcionarios diplomáticos de Honduras le informaron a la familia que está libre el agente de la Fiscalía General que le disparó el 31 de julio de 2019, a escasos metros del albergue que dejó minutos antes de los hechos.
El Gobierno de Coahuila no ha ofrecido la disculpa pública que se estableció dentro de la recomendación 58/2019, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, y tampoco se ha resuelto la apelación por la libertad condicional que se otorgó al elemento de la Fiscalía, Juan Carlos “N”, quien fue sentenciado a sólo cinco años y once meses y a pagar una indemnización superior a los dos millones 900 mil pesos.
Deysi Perdomo, hermana de Marco Tulio, y las sobrinas de ambos, Rocío y Evelyn, narraron el abandono y olvido del caso por parte de las autoridades de Honduras, aunque reconocieron que sí se paga mensualmente la indemnización por reparación del daño a Egli Roxana Méndez Ruiz, con quien Perdomo Guzmán procreó dos hijos: Eder Daniel y Nataly Janeth. La pequeña, que contaba con ocho años cuando ocurrieron los hechos, lo acompañaba y vio cómo se desvaneció su padre al recibir los impactos de bala.
“Llamé al número de un abogado, supuestamente era el consulado (de Honduras) en México, quedaron en llamarme y en darme información, pero nunca lo hicieron. Antes nos dijeron que estaba detenido y nada más. ¿Por qué lo dejan libre si él lo mató? Mi hermano no andaba en nada malo, lo único era que iba a cruzar México. El culpable es el policía porque le disparó sin haber motivo”, dijo Deysi al enterarse de los hechos.
Juan Carlos “N” obtuvo el beneficio de cumplir la sentencia con libertad condicional en julio del año pasado, después de que su defensa logró la reclasificación del delito; se le quitó la característica de alevosía y con ello se consideró que fue homicidio simple doloso con error vencible, porque el agente disparó en medio de la oscuridad y confundió al hoy occiso con supuestos narcomenudistas que minutos antes se dieron a la fuga.
“Para mí que no está bien porque, ¿a cuántos más le ha hecho lo mismo?”, agregó Deisy. Recordó que a su hermano lo hicieron pasar como delincuente en posesión de armas y drogas en la mochila, cuando “lo único que llevaba en la mano era a la niña”.
Nada sabían del proceso y menos de quién representa a la familia, debido a que no hay relación con la exesposa de Marco Tulio, quien dejó la aldea desde que él partió hacia México y ahora tiene una relación con otra persona.
También ignoran si Méndez Ruiz tiene un representante legal para darle seguimiento al caso e inconformarse con la sentencia de cinco años y que ésta se pague en libertad condicional.
El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en Coahuila, Hugo Morales Valdés, señaló que no hay un tiempo determinado para que los magistrados del Poder Judicial en Coahuila determinen si queda la sentencia como se emitió el año pasado.
“Hubo sanción para el elemento, que cumplió a estas alturas, pero la familia no estuvo de acuerdo con la sentencia y se inconformó. Se encuentra en proceso de apelación y se trata nada más de que los magistrados discutan el asunto. Todavía no tengo una fecha para que se discuta eso”, señaló el funcionario.
CEAV Y FALLAS EN El ANÁLISIS DE VÍCTIMAS INDIRECTAS
Acerca de la indemnización por dos millones 910 mil 209 pesos, establecida como reparación del daño que debe cubrir el policía, y formalizada en el decreto emitido en septiembre de 2020 por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, Deisy puntualizó que las autoridades de Coahuila nunca se acercaron con su madre María Magdalena Guzmán, quien también era dependiente económico de Marco Tulio.
Dijo que pidieron que se otorgara parte de la indemnización a su madre, pero como no cuentan con representantes legales en Coahuila ni siquiera los funcionarios de Honduras dieron seguimiento al caso.
Así, el “Plan de Indemnización Económica para garantizar el pago de compensación por pérdida de vida, compensación por daño moral y lucro cesante” que establecen las Leyes General de Víctimas, de Víctimas del estado de Coahuila y la Federal del Trabajo, elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dejó fuera a la madre de Marco Tulio, lo cual no debió ocurrir, pues éste era el sostén económico de sus padres y habitaba junto con su esposa e hijos en el domicilio de los mismos, en la aldea del departamento de Colón, en Honduras.
La madre de Marco Tulio sufrió un derrame cerebral al enterarse de lo ocurrido y, además de estar discapacitada, cayó en depresión debido a las deudas que su hijo pretendía saldar al llegar a los Estados Unidos.
“Mi tío se fue de aquí porque buscaba pagar préstamos que obtuvo para sembrar arroz y le había ido mal. Eran como 200 mil lempiras (moneda hondureña), quería hacer su casa y pagar estas deudas”, dice su sobrina Rocío Pedormo.
Ella, al igual que su tía Deisy y su hermana Rocío, se sorprendió al saber que su abuela quedó desprotegida.
Al respecto, el director de la Casa del Migrante en Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, señaló que la CEAV debió hacer un diagnóstico para identificar a todas las víctimas indirectas.
“Estas personas son las que dependen económicamente de la víctima. Entonces hay una omisión y falta de reconocimiento de las víctimas que tuvieran que ser consideradas en la reparación del daño”, consideró.
A la Casa del Migrante llegaron Marco Tulio y Nataly a descansar antes de buscar la forma de subir al tren para llegar a la frontera y luego pasar hacia los Estados Unidos. Pensaba trabajar en Carolina del Norte, donde reside una de sus hermanas desde hace 18 años.
Sobre el caso, se trató de hablar con la titular de la CEAV, Magdalena López Valdez, pero no atendió las cinco veces que se le buscó en su oficina; tampoco respondió al oficio entregado ni a mensajes ni llamadas realizadas a su celular y a su oficina, donde aseguraron que sí le hicieron llegar los mensajes. En las ocasiones que se le buscó directamente en las instalaciones del organismo se dijo que estaba en reuniones virtuales.
La hermana y sobrinas de Marco Tulio, consideran que no hay quien vigile el uso de los recursos, debido a que la primera partida que se entregó a la exesposa se destinó para construir una vivienda, la cual no fue terminada.
Se buscó a Egli Roxana Méndez Ruiz para conocer su versión en torno a la aplicación de los recursos, así como el seguimiento al policía que asesinó a su exesposo, aunque no fue posible establecer contacto con ella.
En primera instancia argumentó vía mensajes de whatsapp que la zona en la estaba tenía mala señal telefónica y por eso se le envió un cuestionario para que contestara a través de dicha plataforma, pero no lo hizo pese a la insistencia de la reportera.
También se gestionó una entrevista con representantes de la embajada hondureña y no hubo respuesta.
RECOMENDACIÓN CDHEC
Morales Valdés señaló que de la recomendación emitida se ha cumplido el 99 por ciento de lo que se estableció para la reparación del daño.
Sin embargo, la mayoría están relacionadas con apoyos hacia los hijos menores de edad, siempre y cuando éstos se quedaran a vivir en la entidad. Dado que no lo hicieron, se desconoce cómo se aplican o de qué forma se sustituyeron las becas educativas y la tarjeta “La Mera Mera”, mediante la que se otorgan beneficios diversos.
Xicoténcatl Carrasco señaló que las recomendaciones de la CDHEC se dejaron sólo en el ámbito económico y consideró que la reparación del daño sí está relacionado con ello, pero el organismo no puede considerar que la Fiscalía General y el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís hayan cumplido con la recomendación 58/2019, cuando no concluye el proceso judicial y no se hizo un análisis adecuado para identificar a las víctimas indirectas.
“Como la resolución judicial aún está en apelación, y mientras no se concluya el caso es complicado que se pueda buscar la reparación del daño”, opinó.
Las autoridades estatales tampoco han ofrecido las disculpas públicas, aunque hace dos años aceptaron la recomendación y la responsabilidad en el homicidio del migrante hondureño, además redujeron a lo económico la reparación del daño.
“No vemos que la Comisión Estatal (de Derechos Humanos) dé un seguimiento oportuno, y me parece que todo se está quedando en temas económicos; que no está mal, pero esto sólo es una parte de la reparación del daño y no obedece a la idea integral de reparación que tiene que ver con la restitución de derechos. En este caso sí tiene que ver lo económico, pero veo que están quedando en muy poca capacidad de identificar a las víctimas indirectas que por ley tendrían que vincular”, expresó el director de la Casa del Migrante de Saltillo.
