La mayoría de los homicidios están relacionados con el tráfico de drogas
En Ciudad Juárez sólo 12 de cada cien homicidios dolosos se resuelven, lo cual es una muestra del nivel de impunidad que impera en esta frontera en la resolución de delitos.
Lo anterior fue dado a conocer por Guillermo Asiaín Aguilar, presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia en Ciudad Juárez.
Mencionó que a pesar de la magnitud de estas cifras, el año pasado el nivel de impunidad era mayor pues durante el 2021 se resolvían cinco de cada cien homicidios dolosos.
“Vimos que en mayo hubo 30 detenidos, pero generalmente no se veían más de 10 u 11 detenidos, pero lo que hay que cuestionar no son los detenidos sino cuántos de estos detenidos terminan con una sentencia condenatoria. En ese sentido, hoy en día se resuelven 12 de cada 100 homicidios dolosos”, refirió.
Esto significa que el nivel de impunidad que existe en Ciudad Juárez es del 88 por ciento durante este 2022, mientras que y el año pasado era el 95 por ciento.
Comentó que la meta es resolver uno de cada cuatro homicidios dolosos en la localidad, sin embargo, aún nos encontramos muy lejos de esta expectativa.
El representante de la sociedad civil manifestó además que la mayoría de los homicidios están relacionados con el tráfico de drogas, por lo que también existe una problemática muy fuerte en el tema de salud.
“Tenemos que reconocer que somos una comunidad enferma. El problema de las drogas lo tenemos que ver desde el punto de vista de salud, la gran cantidad de personas que detienen es por narcomenudeo, es decir, principalmente por ser consumidores y reafirma el problema”, dijo.
Es necesario que la sociedad civil sostenga un diálogo con las autoridades para abordar el tema de la legalización y la problemática de salud latente sobre el consumo de drogas, señaló.
Indicó que esta situación también repercute directamente en la inseguridad y violencia que se registra en la localidad, debido al alto número de homicidios dolosos.
Asiaín Aguilar expresó que el tráfico de drogas desencadena otro tipo de problemas sociales y delitos, que si bien se encuentra en muchas comunidades, se presenta con diferentes variables, como en el tráfico de personas, secuestro y extorsión.
De acuerdo con estadísticas dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre el 2010 y 2020 el número de delitos relacionados con drogas de quienes ingresaron a centros penitenciarios aumentó de 12.3 por ciento a 19.6 por ciento.
Mientras que, en el 2020, de los delitos relacionados con drogas cometidos por la población en los centros penitenciarios, el 61.1 por ciento fue por narcomenudeo y 38.9 por ciento por delitos contra la salud.
Estas cifras se dan a conocer en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el tráfico de Drogas, establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 26 de junio, con el propósito de concientizar sobre las implicaciones que el uso indebido de las drogas y su tráfico ilegal tienen sobre el bienestar y la salud de la sociedad.
El impacto ambiental en la región Carbonífera de Coahuila no ha sido impedido ni por la Profepa ni por Semarnat, denuncian pobladores afectados. La zona se quedó con agujeros provocados por la minería de carbón que dejan tramos de acuífero expuestos y poblados vulnerables.
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Matías Zamora llegó a la región Carbonífera de Coahuila cuando tenía 13 años, sus ojos han visto cómo las grandes empresas llegan a explotar la región sin que se les ponga un freno y dejan enormes tajos mineros que se dibujan por toda la comunidad de Cloete, en el municipio de Sabinas, Coahuila.
La casa de Matías y su familia está entre dos tajos abandonados provocados por la minería a cielo abierto, es decir, la que se hace en la superficie del terreno.
Estos enormes huecos en la tierra, similares a grandes acantilados, pero hechos por la industria a un costado de carreteras o poblaciones, se han convertido en el paisaje de esta región. Una zona de donde se extrae el 99 por ciento del carbón que sale de las entrañas del país y que termina usándose para iluminar las casas de todo México.
Lo malo es que de acuerdo con estudios del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA) o de Iniciativa Climática de México, para extraer ese carbón se afecta a pueblos, se contamina el aire, se daña el acuífero e incluso se provocan enfermedades.
La prueba es que Coahuila ocupa el primer lugar del país con la mayor cantidad de incapacidades por neumoconiosis, enfermedad conocida como el pulmón negro, la cual es consecuencia de respirar el polvo del carbón mineral. Tan solo en 2020 se solicitaron 644 incapacidades por esta enfermedad en el estado, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
https://www.youtube.com/watch?v=3Ih2TFEB-eg
Y sumado a esto, las empresas dejan a su paso familias damnificadas como la de Matías Zamora, que se enfrentó a por lo menos tres de ellas que llegaron a extraer carbón en los últimos años.
A tan solo 100 metros de la casa de Matías hay uno de esos tajos abandonados que enmarcan el paisaje de la comunidad de Cloete. Para llegar a este sitio hay que caminar entre lomeríos de tierra abandonada que se han endurecido con el tiempo. En algunos tramos los lomeríos amarillentos superan los cinco metros de altura. La tierra que se supone debió ser usada para tapar el boquete deglutido por la minería quedó como un montón de dunas.
Hace poco más de un año una empresa sacaba carbón de este tajo. Ahora, en ese mismo lugar se observa agua como si fuera una laguna. No se sabe cuántas toneladas de carbón sacaron de ese tajo abandonado, pero sí que forma parte de las 11 millones de toneladas que conforman la producción anual de este combustible en Coahuila.
En 2021 una empresa extrae carbón en el tajo de la comunidad de Cloete/Fotografía: Francisco Rodríguez
Vivir ahí es estar en un lugar que parece zona de guerra, donde antes había un camino para llevar a sus hijos a la escuela, la minería lo borró. Por donde antes pasaba un autobús, la minería lo esfumó. Por donde antes había un tramo que conectaba un barrio con otro, la minería lo deshizo.
No solo es un tajo. A unos 30 metros de donde Matías y su familia duermen se encuentra otro hoyo enorme con las huellas de la maquinaria, a pesar de que en el municipio de Sabinas se estableció desde 2002 que no se autorizarían licencias, permisos o dictámenes de ningún tipo para desarrollar proyectos mineros en áreas comprendidas a una distancia de 350 metros de la última casa o centro educativo.
Al final las empresas se fueron y dejaron enormes hoyos en la tierra sin que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hicieran cumplir la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) que establece la obligación de restablecer zonas dañadas.
Un año después ese tajo está abandonado y con el acuífero expuesto/Fotografía: Omar Saucedo
La lógica de Matías es sencilla. Cuando una ley es buena se ven los resultados. Y en su larga lucha contra empresas mineras, la aplicación de la ley no ha existido.
Él es un sobreviviente de la destrucción, pero también de la falta de cumplimiento de la fracción cuarta del artículo 15 de la LGEEPA, una ley federal que establece que quien realice obras o actividades que afecten el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos de la afectación.
En el caso de Cloete, las empresas que llegaron a sacar el carbón no repararon nada cuando se fueron.
El artículo 98 refiere que la realización de obras públicas o privadas deben incluir acciones de regeneración, recuperación y restablecimiento de la vocación natural, pero en Cloete sobresalen los desechos de la mina convertidos en lomas que se conocen como terreros.
El artículo 78 precisa que la Semarnat deberá “formular y ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban”.
Aquí ningún artículo cuenta, Matías denunció muchas veces y ni la Semarnat ni la Profepa le respondieron, asegura.
“Denunciamos en la Profepa para que taparan, para reforestar, vinieron una o dos veces nomás a medir. Pero nunca hemos visto que hagan nada”, relata.
Se intentó entrevistar al encargado de la Profepa en Coahuila pero no respondió. También se envió un correo a la encargada de Comunicación pero hasta el cierre de esta edición, no hubo comunicación de vuelta. Los funcionarios de Semarnat en Coahuila se dijeron imposibilitados para dar entrevistas sin autorización del área de Comunicación en Ciudad de México. También se envió un correo con un cuestionario, aseguraron que se gestionaría la entrevista, pero hasta el cierre ya no hubo respuesta.
Toda la normativa se ha quedado únicamente en papel: en los últimos 14 años la Semarnat tiene registrados apenas 35 sitios remediados en Coahuila, pero ninguno es por obras mineras, sino por derrames o fugas.
De 2005 al primer trimestre de 2022 se tienen detectados solo cinco proyectos que han sido “rehabilitados” por obras mineras, según información que entregó la propia institución por transparencia. Los cinco proyectos son de Minera del Norte, S.A. de C.V. que pertenece a Altos Hornos de México, la empresa siderúrgica más grande de México, o de Industrial Minera México S.A. de C.V, perteneciente a Grupo México, la compañía minera más grande del país.
La destrucción del carbón
No hay autoridad que sepa cuántos tajos abandonados existen en los municipios mineros de Sabinas, San Juan de Sabinas, Juárez, Progreso o Múzquiz, los cuales comprenden la llamada región Carbonífera de 183 mil habitantes. Y este desconocimiento puede salir muy caro: a largo plazo estos municipios ya no podrán usar los terrenos para la agricultura, ganadería o vivienda porque la tierra se vuelve estéril: queda suelta, la pisas y te hundes.
“Sería una extensión de terreno sin uso productivo”, explica Diego Martínez Carrillo, investigador del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).
Sin embargo, Eduardo Aguirre, empresario minero y presidente de la Unión Nacional de Auténticos Mineros en Sabinas, asegura que las empresas regularizadas sí cumplen con los requisitos de reforestación para cubrir los tajos. “Sí se cumple. Es una obligación. Los tajos son contados, las minas afectan poco terreno. No es una gran afectación. No afecta cinco, 10 hectáreas, es la pura bocamina y un patio donde se deposita el carbón que no representa ni media hectárea”, argumenta y señala que hay otras actividades que modifican más hectáreas.
Además, afirma que la situación de los tajos abandonados es producto de una minería “irregular” de hace 10 o 12 años, cuando los tajos operaban en el lecho del río por gente a la que dice, “no tenía uno ni ganas de decirle nada porque te podías meter en problemas”.
El empresario minero explica que en la administración federal actual, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), principal compradora del carbón en el país, se dio a la tarea de inspeccionar y analizar los contratos para verificar que se cumplieran con obligaciones del Seguro Social, Secretaría del Trabajo, Semarnat y así depurar la lista de proveedoras, por lo que ahora quedan solo 50 productores. Anteriormente, cuando la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) fungía como ente estatal intermediario entre los productores y la CFE, existían alrededor de 100 personas o empresas dedicadas a la actividad.
A pesar de esa reducción en la cantidad de productores de la que habla Aguirre, la minería sigue siendo en esta región la principal fuente de empleo: entre tres y cuatro de cada 10 pobladores económicamente activos trabaja en la minería; el resto en la agricultura, ganadería, construcción, comercio o transporte, de acuerdo al censo 2020 del INEGI.
La secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, Eglantina Canales, no duda en señalar que persiste una omisión de las autoridades federales. “Lo hemos denunciado 150 mil veces”, asegura sobre la falta de remediaciones de las obras mineras en la zona.
La secretaria justifica que la dependencia estatal no puede vigilar, ni sancionar, ni aplicar leyes porque la minería es competencia de la federación. “La ley obliga, claro, pero no es competencia nuestra”, recalca.
Así, la secretaria estatal se lava las manos, pero señala que es complejo y carísimo remediar la minería a cielo abierto y suele ser imposible si no se pide con tiempo, pese a que las empresas tienen la obligación por ley de presentar una manifestación de impacto ambiental que incluya desde los trabajos hasta las afectaciones de flora y fauna, así como el plan a seguir para remediar los daños.
Itzel Silva, abogada en Fundar y parte del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo, explica que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos de las personas como colectivos, y si hay afectaciones ambientales, el estado tiene que buscar la manera y las formas para que esos daños sean reparados y no se repitan.
Esto solo está en la teoría, porque la realidad es que los pueblos mineros de la región viven con acantilados mineros y desechos convertidos en lomas.
Y aunque el carbón tiene consecuencias para la salud y el ambiente, sigue siendo la principal fuente para generar energía en el mundo, a pesar de que desde la explosión en la mina Pasta de Conchos, en donde perdieron la vida 65 trabajadores, la actividad ocasionó la muerte en la región de 122 mineros hasta junio de 2021, según informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a una solicitud de información.
El carbón destruye, pero sigue siendo la principal fuente para generar energía en el mundo/Fotografía: Omar Saucedo
La LGEEPA es clara: se tiene que realizar una evaluación de impacto ambiental donde se establecen las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico como la exploración y explotación de minerales, con el fin de proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas.
La manifestación de impacto ambiental debe contener una descripción de los posibles efectos en los ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y lo necesario para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente, según el artículo 30.
Pero la realidad es que se tienen registradas menos evaluaciones de impacto que el número de proyectos que existen: desde el 2000 apenas se reportaron 87 manifestaciones de impacto ambiental por trabajos mineros en Coahuila, según datos entregados por Semarnat.
La cifra queda corta cuando en cada pueblo se miran trabajadores removiendo tierra y camiones cargados de carbón por las carreteras y, no solo eso, tan solo en 2019, según el documento “Panorama Minero en Coahuila”, elaborado por el gobierno federal, había 77 minas de carbón siendo explotadas en el estado, más otras que trabajan en la clandestinidad y decenas más de hierro, cadmio, fluorita, sílice, yeso u otros minerales.
Las empresas llegan, irrumpen en las comunidades y comienzan a desgajar los cerros. Desde 2010 a la fecha, ocho de cada 10 sanciones de la Profepa a empresas mineras (64 sanciones en total) terminaron con multas por una falta de autorización en materia de impacto ambiental.
Sin embargo, Eduardo Aguirre asegura que las dependencias federales sí verifican y que hoy en día es imposible no presentar una manifestación de impacto ambiental porque la CFE lo exige para comprar el carbón. Asegura que a todos en la Unión les dieron pedido y el estudio de impacto ambiental era requisito, ya sea en lo individual como empresa o como grupo y que el bajo número que se tiene registrado puede responder a que en ocasiones los estudios de impacto ambiental se ingresan “en paquete” a través de las uniones porque se hace por regiones o por lotes mineros.
Además de la Unión que representa Aguirre, existe la Unión Mexicana de Productores de Carbón y la Unión Nacional de Productores de Carbón, pero sus representantes no respondieron a la petición de entrevista.
A pesar de que Aguirre insiste que Semarnat y CFE hacen verificaciones, Guillermo Iglesias, ingeniero metalurgista y profesor en la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, critica que la dependencia ambiental no está al pendiente de las manifestaciones y por eso estima que las remediaciones de las zonas dañadas se cumplen apenas en un 25%.
Esa falta de cumplimiento está a la vista en Cloete y el barrio 3, como se le conoce a la zona donde vive Matías y unos cuantos vecinos que todavía quedan.
Matías Zamora, habitante del poblado de Cloete, se considera un sobreviviente de la minería/Fotografía: Omar Saucedo
Acuífero desangrado
El problema de los tajos a cielo abierto es tan grande que llegan a lastimar los acuíferos. En un recorrido en la región, se pudo observar que en muchos de los tajos hay agua, en algunos casos de color turquesa.
Todos coinciden en la gravedad de esto. “Es el acuífero expuesto”, explica la secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, Eglantina Canales. “Es el acuífero que se está desangrando a través de esos tajos”, dice Waldo Terry, ambientalista, miembro del organismo Amigos del Río San Rodrigo.
Para Terry, que ha llegado a contar cientos de metros cuadrados en espejos de agua a través de Google Earth, es como si tuvieras la vena cortada y te desangraras. “Necesitas taparle, cerrarle, porque se acaba todo”. Pero nadie lo hace.
La minería es tan destructiva, que alcanza a topar con el acuífero lo que provoca pérdidas de agua/Fotografía: Omar Saucedo
Esos tajos están secando el acuífero que descarga una de sus vías en el río San Rodrigo y el río Escondido, asegura el ambientalista. Con la minería se rompe la conectividad, la continuidad y conducción del acuífero y en esos enormes huecos dejados por la minería el agua poco a poco se evapora.
Quizá sea una de las razones por las que el acuífero de la región Carbonífera presenta un déficit de 32 millones de metros cúbicos anuales que se extraen a costa del almacenamiento no renovable del acuífero, según el estudio de actualización de la disponibilidad media anual de agua en este acuífero, hecho por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 2020.
Pese a la evidencia, la misma Conagua respondió a la solicitud 330009422000780 que únicamente tiene dos expedientes de alteraciones a ríos, arroyos, cauces o vasos provocados por obras mineras en Coahuila: uno de la empresa Coal del Norte S.A. de C.V., sobre afectaciones al cauce del arroyo el Cloete y otro de la empresa Carbonífera Manantial S.A. de C.V., con afectaciones al río Sabinas. Ambos por trabajos a cielo abierto. Ambos en Sabinas.
La empresa Coal del Norte es propiedad de Urbano Gerardo Santos Múzquiz, quien fuera hace una década líder de la Unión Nacional de Productores del Carbón, y José María Rodríguez López. En 2018 recibió un contrato de la CFE por 76.9 millones de pesos y un año después se abrió el expediente que finalizó sin sanción económica. A pesar de esto, en 2020 volvió a recibir un contrato por 15 millones de pesos.
La Conagua no multó a Coal del Norte, pero la Profepa tiene registro de tres multas en 2017, 2018 y 2020 por un monto acumulado de 156 mil 670 pesos.
Carbonífera Manantial es propiedad de Osvaldo Fernández Ortiz y Marcela Iveth Barrera Vázquez. En 2021 se le impuso una multa a la empresa de 508 mil 248 pesos pero no se fijaron medidas correctivas.
Aunque la pérdida de agua en el acuífero no es todavía alarmante, debido a que el acuífero que va desde Acuña hasta Monclova es muy amplio y hay muchas subcuencas con extensiones de 5 a 10 kilómetros cuadrados con su propio sistema, esto no exime la necesidad de apurarse en buscar las remediaciones, asegura el especialista Diego Martínez.
Hay otras empresas, como Minera del Norte que han hecho una buena labor de reforestación una vez concluidos los trabajos, dice Martínez; 16 de las 87 manifestaciones de impacto ambiental registradas desde el 2000 son obras de esta empresa.
Arrasan y se van sin restaurar
Matías Zamora recuerda que varias empresas comenzaron a cavar en medio de su pueblo desde 2007.
Cuenta que le ofrecieron 15 mil pesos para que se fuera. “Tú crees que iba a alcanzar con eso, y luego ellos sacan millones”, dice Matías. Además de dinero le aseguraron que le darían despensas, pintura y pisos. “Puras ayudas falsas”, asegura.
Los problemas arreciaron en 2015. Junto a su familia y algunos vecinos pararon y bloquearon caminos para impedir la destrucción de su pueblo. ¿Qué recibieron a cambio? amenazas e intimidaciones.
“Se pasaban echando balas, carros con vidrios oscuros alrededor de la casa”, recuerda Matías. Las presiones y amenazas llegaron al grado que la policía lo “levantó”, lo golpearon y lo fueron a dejar hasta Mazatlán, Sinaloa, a 11 horas de camino.
“No podía ir ni a un hospital, me amenazaron que no fuera ni a quejarme ni a atenderme en un seguro”, recuerda el sobreviviente después de la paliza que le propinaron. La gran pregunta que se hizo Matías en ese entonces era a dónde podía ir.
En una ocasión llegaron funcionarios de Protección Civil a revisar y después del recorrido le dijeron:
-“Déjalos trabajar, ¿para qué te metes? Están en terrenos de ellos”.
“¿Cómo voy a estar en terrenos de ellos si casi se meten a las casas?” -les respondió Matías.
“Estuvimos antes que las minas”, recrimina el habitante de Cloete. Pero eso no parece importar, ni siquiera para la ley.
Existe un problema de estructura de la Ley Minera que permite que prevalezca la actividad extractiva por encima de cualquier otro asunto, explica Itzel Silva, abogada de Fundar.
El artículo 6 de la Ley Minera establece que la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias son de “utilidad pública” y “serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”. Y eso incluye, en la interpretación, arrasar con asentamientos humanos.
“Eso es inconstitucional. Es un problema estructural de ley”, dice Silva, pues prácticamente se dice que la minería está por encima de las actividades de las personas en los territorios, cuando hay un marco internacional y la firma de tratados que anteponen los derechos humanos.
“La prioridad no la puede tener la actividad minera, sino las comunidades”, comenta la abogada.
Además, el artículo 19 estipula que al tener una concesión minera, el titular puede expropiar y ocupar los terrenos para llevar a cabo las obras, trabajos de exploración, explotación y beneficio. Puede aprovechar las aguas y obtener preferentemente concesiones sobre las aguas de las minas.
En Coahuila hay mil 882 concesiones mineras repartidas en 612 personas y empresas, según datos de la Secretaría de Economía. El 7 por ciento del territorio del estado (un millón 36 mil hectáreas) está concesionado a la minería.
Esa extensión, más las extracciones clandestinas, más otras industrias, tienen que ser vigiladas e inspeccionadas por apenas 15 inspectores que tiene la Profepa en Coahuila. Los pocos funcionarios encargados de esta tarea tardan mucho tiempo en hacer las visitas y, de todas formas, no se cumple con buenas revisiones, asegura Guillermo Iglesias.
“Pasas por Agujita, Cloete, Sabinas, y está todo abierto. Hay muchos tajos abiertos, no cerraron”, comenta.
El investigador Diego Martínez respalda que la autoridad está rebasada y dice que algo debe pasar para que de repente la empresa desaparezca y deje todo abandonado. Asegura que no hay un estudio que indique la cantidad de obras mineras abandonadas, lo que se ha convertido en “un problema de nadie”.
“Es tierra de nadie. No hay una figura a quién seguir, una persona física o moral que perseguir”, comenta. La dinámica es simple, las empresas mineras en Coahuila trabajan dos, tres años, se llevan el carbón y no hay nadie que les pida cuentas.
Desde el 2005 hasta inicios de 2022, la Profepa tiene registro de 262 inspecciones a tajos mineros, un promedio de 15 por año. En ese periodo solo 72 terminaron con una sanción, multa o clausura.
La empresa más inspeccionada es Minera del Norte S.A. de C.V., de Altos Hornos de México. De las 17 inspecciones que ha tenido desde el 2005, solo en tres hubo sanciones.
Minera Carbonífera El Junco S.A. de C.V de Sabinas, y que de acuerdo a Matías es una de las que trabajó en Cloete, tiene tres expedientes en la Profepa: una clausura permanente y dos temporales. Tiene además dos multas por 377 mil 450 pesos cada una.
Integración Minera S.A. de C.V., propiedad del exalcalde de San Juan de Sabinas, Antonio Nerio Rodríguez, tiene tres resoluciones con multa y una clausura temporal. Además de una multa de más de 300 mil pesos.
Carbonífera El Gato S.A. de C.V., de Jesús Adrián Campos del Bosque y José Adrián Campos González, tiene dos sanciones de la Profepa por 146 mil 80 pesos cada una. Aunque eso no cambió que en 2020 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le adjudicara un contrato de 16.5 millones de pesos para la compra de carbón.
La empresa Black Fossil S.A. de C.V. tiene dos multas que suman 250 mil pesos en 2011 y 2015. Pero un par de años después, entre 2020 y 2021, la CFE le adjudicó dos contratos por 49.5 millones de pesos.
Este es un negocio millonario y, según Diego Martínez, las empresas deben tener una partida presupuestal del 10% de sus ganancias destinadas a la remediación ambiental, pero esto no sucede, con todo y que el valor de producción del carbón es de más de 4 mil millones de pesos, según el documento Panorama Minero en Coahuila.
Lo único que dejan en la región son enormes hoyos en la tierra donde antes era monte; carbón esparcido por caminos y carreteras; tierra abierta con una textura en sus paredes como si estuvieran rayadas y montones de espejos de agua en los tajos abandonados.
Vivir entre tajos
Dos equipos de béisbol calientan el brazo un domingo a mediodía en un campo que no tiene un solo brote de pasto en el municipio de Sabinas en la región Carbonífera de Coahuila. Detrás de los peloteros locales se observan lomas de tierra amarillenta que esconden un tajo minero abandonado. La imagen es muy común y hasta normal para los habitantes de la zona.
En la Carbonífera es común mirar tajos en los barrios como patios traseros o a un costado de las carreteras. Así tiene un tajo Zoraida, vecina de la comunidad de La Florida, en el municipio de Múzquiz.
“Cuando terminaron ni adiós, ni ahí nos vemos. Nada”, recuerda la mujer. Ninguna autoridad le hizo caso. Y como en la región todos son pueblos mineros que viven del carbón, la gente mejor guarda silencio. “Para nosotros ya es normal”, agrega.
Tajo en la comunidad de Cloete. Para las comunidades de la región Carbonífera parece familiar convivir con tajos como si fueran los patios de sus casas/Fotografía: Omar Saucedo
Omar Navarro, miembro de la organización Familia Pasta de Conchos, dice que los vecinos en las comunidades están acostumbrados a vivir así. “Estamos tan familiarizados. Tenemos un orgullo minero, que a veces hay personas que ven una estructura y la miran con amor, ¿por qué? Porque lamentablemente es el estilo de trabajo aquí, es el estilo de vida, pero eso nos está cegando. Nos está impidiendo ver que hay mucha tragedia para la vida de los habitantes y también para nuestro medio ambiente”.
Matías Zamora, de 42 años, peleó contra empresas mineras, pero también fue normal para él regresar a trabajar a la mina después que una nevada en febrero de 2021 acabara con su cosecha de cilantro, manzanilla, chícharos y su venta de aguamiel. Trabajar en una maquila nunca ha sido opción.
Le pagan 70 pesos por tonelada de carbón que extrae. “Está de la fregada”, asegura. A lo mucho en una semana saca unas 25 toneladas, pero no hay otra opción de trabajo en esta región que vive del carbón.
Y como todos tienen un hermano, un esposo, un hijo o un padre que trabaja en minas, la mayoría prefiere no denunciar la destrucción.
Desde 2005 a 2021 apenas hay registro de 47 denuncias a empresas mineras en Coahuila por afectaciones ambientales, la gran mayoría -37- son por socavones, zanjas o tajos que no fueron remediados, según una respuesta de transparencia de la Profepa.
Minera del Norte S.A. de C.V tiene 11 denuncias desde 2005, y es la empresa más señalada según la Profepa. Minerales Monclova S.A. de C.V. y Minera Carbonífera Río Escondido, son otras empresas que también han sido denunciadas. Las tres están ligadas a Altos Hornos de México.
Dos de las tres empresas que llegaron a Cloete también tienen antecedentes. Datos de la Profepa refieren que Minera Carbonífera El Junco fue denunciada por incumplimiento de la autorización de impacto ambiental y Minera Carbonífera Los Compadres tiene una multa de 234 mil pesos en 2015 y otra en 2017, pero se desconoce el monto de esta última.
A pesar de estos precedentes, nadie reparó en corregir la destrucción que ocasionaron en Cloete.
Además, denunciar no garantiza acción: en 18 de las denuncias se resolvió que no se encontraron contravenciones a la normatividad ambiental, la Profepa se declaró incompetente o no hubo seguimiento del denunciante.
Matías Zamora tiene una teoría sobre la razón de que los minados sigan sin remediarse: “Quizá las empresas tienen el interés de volver”.
Sociedad reconstruye lo que el carbón daña
A pesar del oído sordo de las autoridades, a Matías le gustaría reconstruir la zona. Cree que la tierra sigue siendo buena, que si utilizan esa tierra convertida en lomas, se puede echar a trabajar y hasta hacer un chilar y esparcir cebolla.
“La comunidad se ayudaría mucho con buenas parcelas porque ponle que le pagarías poco, pero le da su bolsa de chiles, tomates en cada casa”, dice Matías con ese sueño en sus palabras por querer ser agricultor.
El investigador Diego Martínez cuenta que desde la universidad pretenden iniciar un proyecto para intervenir un tajo abandonado y convertirlo en un recorrido turístico: construir brechas, veredas, pistas de ciclismo o de motocross.
“Si ya el mal está hecho, busquemos a través de la sociedad y programas que podamos hacer. Vamos a desarrollar el proyecto de factibilidad, corrida económica y ver cuánto pudiera costar una remediación de este tipo”, explica.
Siempre existirá una afectación y nunca se recuperará al 100%, asegura. “Si hay recuperación del 70% es un caso de éxito”.
Eglantina Canales, la secretaria del Medio Ambiente en Coahuila, dice que cuando se logra remediar un tajo “es maravilloso”, pero es un proceso de muchos años.
Poblados que nacieron a partir de los centros mineros tienen que convivir ahora con un paisaje de destrucción/Fotografía: Omar Saucedo
Horacio Domínguez Valle, ingeniero minero que trabaja en tajos, explica que una vez que se terminan los trabajos se debe comenzar con tapar el pozo y desvanecer los montones de tierra. Después de taparlo y echarle tierra, se le debe echar una capa que es el monte arriba y a partir de allí iniciar la reforestación con la siembra de huizaches o mezquites.
“Se tiene que volver el monte como estaba, pero no se hace”, reconoce Domínguez. “Nosotros vamos destruyendo, destruyendo, destruyendo. Tú dejas el pozo y te vas a otra parte, pero acá atrás vienen las personas que son los que están en el departamento de reforestación. Así debería de ser”, explica el ingeniero.
Y es que no son únicamente los enormes pozos en medio de poblados, a unos metros de donde duerme Matías y su familia también hay pocitos de carbón que tampoco fueron tapados.
Omar Navarro, de la organización Familia Pasta de Conchos, dice que es común conducir por carretera y mirar las estructuras de los pocitos abandonados. Los pocitos son pequeñas minas a las que se llega por un tiro vertical y que tienen un diámetro de alrededor de 1.5 metros y con profundidades de hasta 200 metros.
Estos pocitos, que han cobrado la vida de decenas de mineros, tampoco están remediados conforme a la normativa ambiental.
Matías muestra dos pocitos abandonados, uno descubierto y otro al que solo le echaron tarimas encima. Omar Navarro muestra otros dos pocitos descubiertos en la comunidad de La Florida, a un costado de la carretera.
Y así, de dos en dos, de pocito en pocito, de tajo en tajo, la región Carbonífera es una zona con agujeros por todos lados, una especie de queso gruyer.
“La región solo ha sido aprovechada y hoy en día es una región muerta. Se acabó todo. Se abandonan y quedan los lomeríos, y sufriendo por escasez de agua”, critica el ingeniero Guillermo Iglesias.
Estructura de un pocito abandonado en la comunidad de La Florida, municipio de Múzquiz/Fotografía: Omar Saucedo
Los pocitos mineros es la forma de extracción de carbón más peligrosa. Muchas estructuras están abandonadas sin que muchas veces las empresas tapen los tiros verticales de hasta 200 metros de profundidad/Fotografía: Omar Saucedo.
No se requiere tener una especialidad en minería para darse cuenta de que la región está dañada y que si las autoridades no quieren verlo es porque no se quieren meter en problemas, asegura Navarro.
“Aquí parece como zona de guerra”, describe Matías Zamora mientras mira uno de los enormes tajos que tiene cerca de su casa. Este hombre, que tiene más de dos décadas viviendo en Cloete, perdió toda confianza en la ley.
“Nunca ha habido respeto ni por la ley ni por las casas de la gente ni por el trabajo de la gente”, acusa.
Su última carta fue denunciar la devastación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), instancia que en 2018 emitió la recomendación 62/2018 por violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, medio ambiente, vivienda adecuada, salud y otros derechos humanos por la explotación de carbón mineral en Sabinas, particularmente por casos en Agujita y Cloete.
A la par de la recomendación por los casos Agujita y Cloete, la CNDH documentó un “importante” número de centros extractivos que realizan sus actividades dentro de lotes que corresponden a concesiones canceladas o superficies que en ningún momento estuvieron amparadas por los respectivos títulos.
Además, la Comisión encontró un número “importante” de lotes mineros ubicados parcial o totalmente dentro de superficies comprendidas en poblados, áreas naturales protegidas, cuerpos hídricos incorporados al régimen de aguas nacionales o vías generales de comunicación, y que, en todo caso, deberían haber cumplido los requisitos que dispone el artículo 20 de la Ley Minera que establece que en esos casos sólo podrían haberse realizado los trabajos con autorizaciones o permisos específicos.
Para la abogada Itzel Silva de Fundar, el Estado tiene que ajustar toda su estructura para garantizar la protección de los derechos humanos y el cumplimiento en la materia, esto incluye armonizar la legislación con el marco internacional que habla, por ejemplo, de que los estudios de impacto ambiental deben ser realizados por entidades independientes para no perder objetividad, en conjunto con pueblos y comunidades; documentar los impactos negativos incluyendo a la gente del territorio; mirar el territorio en su integralidad y comunicar a la gente de las comunidades, poblados o núcleos agrarios sobre los trabajos y afectaciones.
Silva detalla que lo anterior se estipula como una obligación para el Estado mexicano con base al Convenio 169 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el principal tratado internacional sobre derechos de los pueblos indígenas, pero que atendiendo el principio propersona debe aplicar para cualquier proyecto y no solo en territorios indígenas.
Pero eso está lejos de darse, al menos en Coahuila. A la gente prácticamente le venden que así se vive en un pueblo minero, “así va a ser y así tiene que ser”, cuenta el ingeniero Horacio Domínguez.
Problema de estructura
Desde hace casi 20 años, la Semarnat ha autorizado 90 cambios de uso de suelo para la minería en Coahuila, equivalente a más de 4 mil 500 hectáreas del territorio estatal, según una respuesta a una solicitud de información. Más de la mitad de las hectáreas autorizadas han sido para la extracción de carbón.
Lo que está haciendo la Ley Minera es quitar cualquier obstáculo y facilitar el acceso a los territorios y recursos, asegura Silva. “Es indispensable cambiar la ley, cambiar la utilidad, cambiar la vigencia de las concesiones […] se necesita una nueva ley minera que contemple un estudio acerca de los impactos ambientales, sociales, culturales y de derechos de las personas”, dice la abogada.
Si le preguntan a Matías Zamora de impactos, él va a contar cómo muchos vecinos ya fueron desplazados, que muchas casas quedaron cuarteadas, que mucha de la tierra está suelta y se hunde cuando se pisa, que en las noches o cuando sopla el viento, se vienen los olores de los desechos mineros y que tiene miedo cuando llueve porque parece que todo se desgaja como mazorca.
¿Cuál es el límite?
“¿Cuál es el límite de la destrucción?”, se cuestiona el ingeniero Horacio Domínguez. Y él mismo responde que el único límite sería que se acabara la energía no renovable y poner los ojos en otras energías.
“Pero aquí no estamos preparados para eso. Aquí puro carbón, puras minas. No hay trabajo, la gente está acostumbrada a trabajar en la minería”, dice con aires de resignación.
Ana Sofía Tamborrel, coordinadora de Justicia Climática en Iniciativa Climática de México, sí cree que es factible una reconversión, pero considera que tiene que hacerse desde la perspectiva de las y los actores locales, poniendo a las personas al centro.
Se debe hacer una transición justa que incluya a todas las personas que hoy dependen de una industria del carbón que hace mucho daño al medio ambiente y a la salud. Tamborrel refiere que la contaminación por la quema de carbón alcanza hasta 150 kilómetros a la redonda y se estima que existen 430 muertes al año a consecuencia de respirar esa quema. Además, hasta 900 kilos de mercurio se depositan en los acuíferos.
En México, las carboeléctricas (dos de tres están en Coahuila) que queman el carbón de la zona, produjeron en 2020 el 4% de la generación de energía, pero emitieron el 10% de los gases de efecto invernadero, de acuerdo con Ana Sofía Tamborrel.
Aunque todo el país se beneficia de la extracción de carbón, son pueblos específicos los que resultan afectados. Como el pueblo de Cloete, de menos de 3 mil 500 habitantes, donde Matías Zamora, el sobreviviente, pensó alguna vez en migrar.
“Me golpearon, ya me hicieron mucho daño. Ya qué caso tiene”, concluyó para decidir quedarse. “Si me hubieran dado un buen arreglo, a lo mejor. Pero con tantos golpes, amenazas”.
De sus 32 años de vida, Luis Carlos Rodríguez Reta a dedicado 19 al servicio de la Cruz Roja Mexicana, institución en la cual inició siendo apenas un adolescente.
“Comencé por el área de juventud, en donde hay desde niños de 8 años y hasta de 18 o más, y ellos realizan acciones humanitarias en asilos y albergues y en eventos especiales”, explicó el paramédico, condecorado este año con una medalla al mérito otorgada por su trabajo durante la pandemia.
Lo anterior, en el marco del Día del Socorrista, efeméride cuyo propósito también fue de pretexto para reconocerle sus años de trayectoria.
Luis Carlos Rodríguez Reta a dedicado 19 al servicio de la Cruz Roja Mexicana/ Fotografía de Cortesía
Relató que todo comenzó cuando se encontraba cursando la secundaria en una escuela militar. Dentro de sus actividades escolares tuvo algunos incidentes en los que requirió el apoyo de rescatistas, adquiriendo por medio de ese contacto un interés en el trabajo que estos realizan.
Fue entonces cuando decidió acercarse a la Cruz Roja, siguiendo con la inclinación de otros miembros de su familia que también se dedican al ramo de la medicina, principalmente la de su mamá, quien es enfermera.
“Poco a poco fui descubriendo lo que hace esta institución, me gustó mucho y decidí quedarme aquí”, dijo.
Luis Carlos realizando su labor de rescate / Fotografía de Cortesía
En relación a su medalla por labor durante la pandemia, señaló que hubo la necesidad de aplicar una mezcla de diversos protocolos, que incluían el del Ébola.
“Lo más difícil fue la distancia que se generó con las personas que querías; con tu novio o novia, tus amigos, primos, tus padres, se generó una distancia muy grande y preferías sentirte solo para poder cuidarles”, relató.
En este tiempo ha logrado mantenerse a salvo del virus, y aunque el proceso le llevó al menos un año sin poder abrazar a sus padres, se siente satisfecho por el trabajo hecho.
NI PARA LAS GOTERAS
Todo el esfuerzo por mantener en funcionamiento la delegación local de la Cruz Roja durante la pandemia, rindieron frutos, pues en dos años que ha durado esta contingencia de salud sólo tuvieron 4 bajas, elementos que no enfermaron mientras realizaban su labor.
No obstante, la crisis económica derivada de este problema de salud, ha menguado los recursos a través de los cuales logran subsistir, al grado de incluso padecer de goteras en sus instalaciones, informó Norma Guadalupe Domínguez, directora de la delegación Juárez.
“Hemos tenido poca respuesta, hablando de empresas y maquiladoras pues no ha habido un acercamiento para hacer aportaciones, no tengo ya medicamento, incluso estas instalaciones tienen problemas de goteras”, relató.
La colecta nacional inició en esta ciudad el 26 de abril; desde entonces ha transcurrido un mes, en el que sólo se ha logrado recaudar poco más de 150 mil pesos.
Luis Carlos durante la pandemia por Covid-19/ Fotografía de Cortesía
“La nómina mensual de la delegación es de 1 millón 600 mil pesos, entonces, 154 mil no me va a alcanzar para pagar ni siquiera los medicamentos”, comentó.
Por eso, en el marco de la efeméride, pidió a las personas participar en la colecta.
Ataviado de negro: el saco, los pantalones y corbata, además de llevar expuesta, de una manera intencional, una pistola en el cinto, como si se tratara de un elemento imprescindible de su aspecto, el coronel Malaquías Amelio Robles Ávila posa para la foto.
Sobre su cabeza lleva un sombrero que afina aún más su elegante semblante y en su rostro se vislumbra una dura expresión acompañada de una aparente seriedad imperturbable. Así se conoce a este personaje histórico, quien fue la única veterana que fue reconocida como hombre sin portar uniforme militar.
Amelio fue un hombre trans que participó en la Revolución Mexicana y que logró ser nombrado coronel, respetando su identidad de género.
Sin embargo, el caso de Amelio no representa una generalidad en la tolerancia hacia las minorías sexuales y de género en la época revolucionaria, pues se enfrentó a algunas adversidades y sanciones sociales tras su transición, de acuerdo con información de Gobierno Federal.
Coronel Amelio Robles/ Fotografía de la Fototeca Nacional del INAH, ca. 1914
Este guerrillero zapatista, originario de Guerrero, nació hacia 1889, año en el que fue asignado mujer, género con el que fue reconocido durante su niñez y juventud.
En aquel entonces respondía al nombre de Amelia y se caracterizaba por ser una mujer poco común para el contexto histórico en el que se encontraba, ya que desde joven aprendió a utilizar las armas y controlar caballos, actividades que social y culturalmente estaban relacionadas con los hombres.
Para el año de 1912, cuando tenía 23 años, decidió unirse a la lucha revolucionaria a través de las filas zapatistas. Su participación se centró en tareas de mensajería, contrabando de armas y víveres, lucha armada y misiones especiales.
A raíz de su ingreso a las filas bélicas, Amelia solicitó que se refirieran a su persona en masculino, comenzó a usar ropa considerada propia de los hombres y se hizo llamar Amelio, nombre que pidió fuera respetado.
La historiadora, investigadora y docente feminista, Gabriela Cano, refiere que la determinación de Amelio de aparecer ante el mundo, y en el contexto revolucionario, como un hombre no respondía a la necesidad de algunas mujeres que participaron en la lucha de pasar desapercibidas frente al riesgo de ser violadas o recibir reprimendas, sino a su deseo de identificación masculina.
“Amelio Robles transitó de una identidad femenina impuesta a una masculinidad deseada: se sentía y se comportaba como hombre y su aspecto era varonil”, señala Cano.
Además, agrega: “Amelio Robles se construyó una imagen corporal y una identidad social masculina con los recursos culturales a su alcance en un aislado poblado rural mexicano. Con gran habilidad, Robles manipuló a su favor dichos medios culturales: la pose o performance de género, una cultura visual del cuerpo inaugurada por la proliferación de retratos de estudio, y una prensa industrial ávida de noticias sensacionalistas que se interesó y dio legitimidad a la historia del revolucionario zapatista”.
En 1918, tras la victoria de Venustiano Carranza, se convirtió en soldado del Ejército mexicano. Su cercanía y amistad con el general Adrián Castrejón, quien era su jefe en el Ejército, y otros hombres de guerra inmiscuidos en la política, le permitieron que su identidad masculina fuera reconocida de forma oficial en las filas militares y entre sus compañeros.
Amelio era un hombre y quien se atrevía a no respetar su identidad u osaba referirse a él con el género incorrecto corría el riesgo de enfrentarse a su pistola. Mantuvo relaciones sentimentales con varias mujeres, entre ellas Ángela Torres, con quien adoptó una hija, y Lupita Barrón.
Amelia y Amelio/ Fotografía tomada de la web
De acuerdo con la historiadora Martha Eva Rocha Islas, en una entrevista realizada por Gertrude Duby se habla de la actitud mesurada de Amelio, pues a diferencia de los otros comandantes era una persona muy disciplinada, por lo que exigía lo mismo de los demás.
«Comandaba un grupo de hombres y de caballería. La obedecían completamente porque los disciplinaba ella misma; desde luego que era bravísima de carácter, se traía a sus soldados más disciplinados que los de otros generales, porque ella además no se excedía, no era viciosa.
A otros generales les gustaba mucho el tequilita y el […] ¿cómo le llamaban ellos?, ‘el refino’, o sea el alcohol puro; ella no tomaba y siempre estaba ecuánime y manteniendo la disciplina de su regimiento. Se incorporó al movimiento, porque en campaña mataron a su esposo don Pedro Casas y ella tomó su lugar», refiere en la entrevista.
El título de coronel le fue otorgado por sus compañeros del ejército zapatista, que no era reconocido por la Secretaría de la Defensa Nacional como un cuerpo militar, por lo que dicha instancia no le concedió este título de manera oficial ni le otorgó una pensión militar.
Amelio falleció en 1984 y paradójicamente, pese a su empeño por ser reconocido como hombre, cinco años después de su muerte, la Secretaría de la Mujer de Guerrero, la Dirección de Culturas Populares del CONACULTA y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, abrieron las puertas de un museo llamado Amelia Robles. Además, una escuela primaria en su pueblo natal lleva en su honor el nombre Coronela Amelia Robles.
De pie Amelio Robles Ávila. Fotografía de Gertrude Duby circa 1942/ Fuente: Museo Museo NA Bolom
La participación de Amelio Robles en la Revolución como un hombre transgénero cuya identidad fue reconocida y que recibió nombramiento como coronel marca un hito que, contrario a lo que comúnmente se piensa, indica que las personas de la diversidad de género siempre han estado presentes en nuestra realidad y han sido participes de los diferentes acontecimientos históricos de nuestro país.
Es pertinente aclarar que el caso de Amelio Robles no representa una generalidad en la tolerancia hacia las minorías sexuales y de género en la época revolucionaria, pues el mismo Amelio se enfrentó a algunas adversidades y sanciones sociales tras su transición de género y como consecuencia a su transgresión de las formas normativas de identificación de género.
La vida, vicisitudes y el proceso transición de Amelio Robles, así como sus implicaciones sociales en la época, son analizados e investigados por Gabriela Cano en un texto titulado «Amelio Robles, andar de soldado viejo. Masculinidad (transgénero) en la Revolución Mexicana», el cual se encuentra en el libro Sexo y revolución. Género, poder y política en el México posrevolucionario (2006), escrito por la propia autora al lado de Mary Kay Vaughan y Jocelyn Olcott.
“La transgresión de Amelio Robles no debe verse como una impugnación o reafirmación propositiva de una ideología de género, a la que se pueda juzgar positiva o negativamente, sino como una manera tan legítima como cualquier otra de articular un modo individual de ser y de sentirse, mediante los recursos culturales al alcance y dentro de los debates culturales vigentes en torno a lo masculino y lo femenino, proceso entramado en los conflictos sociales, las tensiones entre lo rural y lo urbano, la circulación transnacional de las representaciones culturales y la construcción de la memoria de la Revolución mexicana”, señala la autora.
FUENTES:
Secretaría de Cultura de Gobierno Federal
Soldaderas y Soldados en la Revolución Mexicana. En los campamentos o empuñando armas en los escenarios bélicos, Martha Eva Rocha Islas.
Este viernes, la Cruz Roja Mexicana delegación Ciudad Juárez entregó 170 reconocimientos a socorristas de la institución de salud, como parte de la conmemoración del Día Internacional del Socorrista.
Las causas de este reconocimiento fueron por tener más de 30 años en activo en esta labor altruista y por haber fungido en la primera línea de atención durante la pandemia por Covid-19.
Luis Carlos Rodríguez Reta de 32 años, relató que inició su servicio dentro de la Cruz Roja cuando apenas tenía 16 años y que, durante la pandemia, su mayor reto fue mantenerse alejado de su familia.
Luis Carlos Rodríguez Reta, paramédico de la Cruz Roja
La coordinadora de la delegación, Norma Guadalupe Domínguez, indicó que fueron 120 personas conmemoradas por la antigüedad dentro de la institución y 53 más obtuvieron una medalla al mérito Covid-19.
Entre los condecorados no sólo hubo paramédicos, sino también personal administrativo, doctores, enfermeras y personal de limpieza.
Luego de la reunión que sustuvieron este jueves, autoridades municipales, estatales y federales, además de integrantes de la sociedad civil, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, señaló que el Ayuntamiento respetará la decisión del Gobierno Federal con respecto al predio de «Los Hoyos» de El Chamizal, por lo que planteó que se buscara otro terreno, libre de controversias, para la construcción del Centro de Convenciones.
“Es un dictamen de la autoridad, la autoridad en materia ambiental es la Secretaría de Medio Ambiente y a nosotros solamente nos toca respetar ese dictamen. En lo personal, creo y esto es una opinión personal, que hay que ir buscando donde queremos hacer el centro de convenciones”, dijo.
Este jueves, personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) determinó que no se debe construir ningún desarrollo e infraestructura en «Los Hoyos», debido a que son superficies adyacentes al Río Bravo, las cuales están sujetas a inundaciones recurrentes y deben ser preservadas de manera natural para evitar desbordamientos.
Pérez Cuéllar indicó que se deberá buscar un terreno que podría ser incluso municipal, para construir el centro de convenciones como sucedió con El Chamizal y como podría pasar con el ex Hipodrómo de Juárez que es propiedad federal.
“Sé que es un tema que tiene muchos años y es frustrante ver como no se ha avanzado, pero quizás también parte del problema es que se han buscado lugares que pueden generar algún tipo de controversia. Vayamos buscando lugar, ya sea del municipio, o algún terreno que compremos y donde estemos todos de acuerdo y ahí lo hagamos”, añadió.
Señaló que el Municipio respetará las decisiones que tomó el Gobierno Federal y llamó a descartar cualquier litigio con la intención de insistir en Los Hoyos.
“Nosotros vamos a respetar a la autoridad, claro que también hay otro camino, que es el camino de la controversia y buscar algún tipo de sentido, no tiene sentido. Yo por mi parte respeto mucho al Gobierno Federal, voy a acatar su disposición y por otro lado no tiene sentido práctico litigarlo. Mejor vamos a buscar un espacio, un lugar y pongámonos de acuerdo todos y ahí empecemos todos a aportar y echarle ganas para construir”, reiteró.
Sobre los comodatos que existen en El Chamizal indicó que se instalará en las próximas sesiones de Cabildo el Consejo de Administración, al que se le pondrá a disposición toda la información que generó la Coordinación de Administración y Control de Proyectos a cargo de Adriana Fuentes.
“Queremos a mas tardar el 13 de julio, en las sesiones de Cabildo de julio, integrar el Consejo de Administración de El Chamizal. Con toda esta información que la maestra Adriana Fuentes y su equipo han tomado, llevar esta información al Consejo y ahí empezar a tomar decisiones. Desde 1987 se determinó que fuera este consejo el que decidiera, no se ha conformado, ya lo vamos a conformar”, adelantó.
Indicó que el Municipio no tiene contemplados este año proyectos en El Chamizal, pero cualquier inversión que se haga tendrá que ser de índole ecológico.
