De nueva cuenta, el gobierno de Estados Unidos anunció que ampliarían el plazo del cierre de los puentes fronterizos para visitas esenciales, luego de que aún se encuentra vigente el proceso de vacunación entre la ciudadanía de México.
Edgar Ramírez, agregado del departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informó que esta ampliación responde al Acuerdo de Restricción Fronteriza, por lo menos hasta el 21 de julio de 2021.
Dijo que los estados en la frontera con México están activamente vacunando a sus respectivas poblaciones contra el Covid-19, por lo que esperan que en la brevedad se llegue al mínimo recomendado por los Centros de Control de Enfermedades y romper la prórroga del cierre de los puentes fronterizos.
Mencionó que el gobierno de Estados Unidos se continuará coordinando con el gobierno de México, con el fin de identificar la forma más expedita para relajar las restricciones tan pronto como las condiciones lo permitan.
Puente Negro, localizado en el borde con El Paso, Texas/Foto: Angélica Villegas
Sin embargo, el funcionario estadounidense señaló que todas las personas deben evitar los cruces fronterizos por tierra, a menos que el propósito sea considerado esencial.
También que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) declaró que cruzar la frontera por tierra, exclusivamente para vacunarse, no cumple con los criterios aceptables de visita esencial.
Recomendó además visitar los medios sociales o el sitio web de CBP, en caso de conocer más información respecto a lo que constituye un viaje esencial.
“Debemos insistir: la situación actual aún no permite ir de compras, de paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera. Y, recuerde, en estos tiempos en que la pandemia y el calor mortal compiten por quitarle la vida a usted y a sus seres queridos, ¡el migrar ilegalmente es la peor decisión! Quédense en casa y manténganse a salvo”, recalcó.
Una de las tareas pendientes que tienen nuestras autoridades en México es crear mecanismos o instrumentos para que el sufragio activo pueda ser ejercido por todos los sectores de nuestra comunidad, incluyendo aquellos que están privados de su libertad esperando una sentencia.
Aunque el sufragio fue reconocido como derecho humano, desde las primeras declaraciones en 1689, ha venido refrendándose y es a partir de la publicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 que quedó claramente establecido como un derecho humano: la universalidad y libertad del voto.
Así pues, es evidente que el correcto ejercicio del voto activo se encuentra resguardado por innumerables normas y tratados internacionales de los que México forma parte.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha explicado que la limitación injustificada del ejercicio del derecho al sufragio a los condenados constituye una sanción adicional que no contribuye a la rehabilitación social del detenido.
En ese mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al referir que, no existe una liga entre la suspensión de los derechos políticos y la supresión de la criminalidad, pese a que la supresión del derecho al sufragio podría, de manera colateral, actuar contrariamente a la readaptación del individuo.
Por otra parte, dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece que toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país.
El desconocer el derecho al voto a las personas en prisión preventiva, constituye actitudes “denigratorias y estigmatizantes que conllevan a la invisibilidad”, así lo estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde el año 2007.
Además, el mismo Tribunal, alega una “desvinculación” derivada “del olvido estatal y social de la ciudadanía procesada y privada de su libertad”, tanto de sus derechos como de la posibilidad real de formar parte de las decisiones relativas a políticas públicas, con repercusión dentro y fuera de la prisión.
Imagen tomada de Internet
Leonardo Filippini afirmaba que la pertinencia del voto era un medio para expresarse cuando la persona esta privada de la libertad, puesto que es uno de los pocos conductos subsistentes para tratar de influir en la vida de la comunidad a la que aun pertenecen.
De esta manera, uno de los objetivos cardinales de garantizar el derecho al voto de las personas en prisión es impedir la desincorporación y alejamiento de su pertenencia a la comunidad.
En distintos juicios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las personas que no estén llevando un proceso penal con privación de la libertad, pueden ejercer plenamente su derecho al voto, en tanto que las personas que están en prisión preventiva, aunque conservan su derecho a votar, cuentan con una imposibilidad física para ejercer ese derecho.
En ese sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) menciona la posibilidad de superar la imposibilidad física mediante una interpretación evolutiva, con enfoque de derechos humanos puesto que, si existe
el reconocimiento de derechos, corresponderá al Estado efectuar los mecanismos necesarios para garantizar el derecho a votar dentro de las prisiones.
El TEPJF al realizar una interpretación de preceptos legales, entre los que se encuentran los artículos 1, 20, 35, 38 de la Constitución mexicana, así como el 8 y el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos concluye que “las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, porque se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia.”
De esta forma, el Tribunal ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) que, en plenitud de atribuciones, implemente un programa antes del año 2024 para garantizar el derecho a votar de las personas en prisión preventiva. Bajo el ordenamiento expreso del Tribunal, el INE llevó a cabo una prueba piloto en los pasados comicios, con la finalidad de que, en las elecciones a desarrollarse en el 2024, las personas en prisión preventiva puedan ejercer con plenitud su derecho al voto activo. Un reto mayúsculo, sin lugar a duda.
Para tal efecto, el INE tomando en cuenta la interculturalidad y la perspectiva de género, seleccionó CEFERESOS con población femenil, varonil e indígena en las cinco circunscripciones electorales plurinominales. El modelo de votación fue el voto anticipado y en Ciudad Juárez fueron contabilizados 120 votos. Una cantidad irrisoria aun tratándose de una prueba piloto.
La participación política de las personas en situación de cárcel resulta necesaria, desgraciadamente, las personas con esa condición son uno de los estratos más vulnerables de toda la sociedad. Son personas que han visto cómo se van diluyendo sus derechos.
Además, son personas que actualmente se encuentran ajenas a las decisiones públicas. Están impedidas para participar casi de cualquier forma. Si bien es cierto, el TEPJF y el INE brindaron la oportunidad de participar a las personas en prisión preventiva, este derecho se debería ampliar a todas las personas en prisión.
Como ya ha quedado bastante claro, no existe relación lógica en la purga de una condena con la privación de otros derechos. Es decir, una condena es la consecuencia para alguien que cometió un delito, pero, eso no debe estar concatenado a la perdida de sus derechos. Hay infinidad de literatura e innumerables decisiones judiciales en el mundo (incluso citadas por el TEPJF) que van en ese sentido.
Al mismo tiempo, estos ciudadanos conservan intereses comunitarios: interés de que su familia tenga las mejores oportunidades, de que su comunidad por fin cuente con servicios públicos dignos, interés de que se vele por los derechos de las minorías, entre otros. Ya ni se diga el interés que pueden tener los propios reclusos porque su situación dentro de la cárcel mejore, que se les provean mejores condiciones, que respeten todos sus derechos, etc.
No cabe duda de que aún falta bastante camino por recorrer. Aún cuando las autoridades electorales dieron un primer paso, éste se encuentra desfasado a la realidad: ha ocurrido a destiempo y se limitó demasiado.
Finalmente, el que los partidos políticos cuenten con votantes potenciales dentro de los centros penitenciarios, puede hacer que pongan más atención en las condiciones actuales que se encuentran.
Ciudad Juárez cuenta con un registro de 113 quejas contra funcionarios públicos hasta mayo del 2021, en donde las corporaciones policiacas encabezan la lista, dio a conocer personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Esta situación es preocupante, ya que se ha observado un incremento en los últimos años, por lo que incluso, organizaciones civiles han lanzado campañas de concientización para incrementar la denuncia contra funcionarios públicos.
Tania Serrano Rodríguez, vocera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), indicó que las personas afectadas señalaron que sus derechos fueron violentados principalmente por elementos o integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, encabezando la lista con 43 denuncias en su contra.
En segundo lugar, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) acumuló 22 quejas en su contra, mientras que la Presidencia Municipal 21, agrupadas de diferentes dependencias, expuso.
Foto tomada de Internet
Mientras que se registraron 15 quejas en contra funcionarios públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE), refirió.
Mencionó que los principales motivos se deben por: trato cruel e inhumano, faltar a la legalidad y honradez, lesiones, uso excesivo de la fuerza pública, y prestar indebidamente el servicio público.
También por ingresar a un domicilio sin autorización, detención ilegal e injustificada, apoderarse de un bien mueble o inmueble sin consentimiento de la persona propietaria y discriminación.
Serano Rodríguez refirió que, durante el 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió 52 recomendaciones a diferentes dependencias del gobierno, de las cuales seis correspondieron a la Presidencia Municipal.
Expuso que en lo que va del 2021 se han emitido 12 recomendaciones, de las cuales tres de ellas corresponden a la Presidencia Municipal de Juárez.
Agregó que el número de recomendaciones por año varia, debido a que cada caso recibe un seguimiento en particular, por lo que es difícil señalar en concreto cuánto tiempo toma este proceso.
Al respecto, Alejandrina Saucedo, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), indicó que desde el año pasado iniciaron con el programa “Recuperando el barrio. Barrio seguro” para intervenir en seis colonias de la localidad con mayor vulnerabilidad de la violencia.
Expuso que los policías han acudido con el fin de recuperar espacios públicos, creando acercamiento y proximidad.
Al cuestionarla sobre los casos de abuso por parte de los agentes, la portavoz de la dependencia, refirió que la misma Secretaría creó la oficina de Asuntos Internos para resolver estos casos.
Añadió que han realizado varias campañas de intervención en la comunidad para mejorar la relación de la ciudadanía, además de redes vecinales para crear acercamientos directos con la población.
Debido a esta situación, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) exhortó a la ciudadanía a sumarse a la campaña de prevención «Abuso de autoridad», a través de la denuncia en la Línea Ciudadana *2232.
La coordinadora de la campaña, María Luisa Ponce, informó que la campaña forma parte de una serie de acciones, tras los constantes casos de abuso de autoridad, con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia que tiene presentar una denuncia, ya que todo delito que no se denuncia no existe.
Comentó que a través del *2232 la denuncia es anónima, además de que se brinda atención psicológica y jurídica de manera gratuita.
Los hombres y mujeres más fuertes de la nación tendrán la oportunidad de poner a prueba sus habilidades el próximo mes de Septiembre, en el Campeonato Nacional de Powerlifting WPC (World Powerlifting Conference).
El torneo se llevará a cabo los próximos 17, 18 y 19 de Septiembre, el cual será clasificatorio o selectivo para acudir al Campeonato Mundial de Powerlifting WPC.
Ángel Villegas, organizador del evento y propietario del Gimnasio Apolo, indicó que el mundial se realizará en Trofa, Portual, del 15 al 21 de Noviembre de este año.
Comentó que Ciudad Juárez tiene la sede del campeonato nacional desde el 2020, aunque todas las competencias deportivas fueron canceladas debido a la situación de la pandemia.
Mencionó que se espera contar con una gran participación de competidores de los diferentes municipios del estado, entre ellos: Delicias, Jiménez, Parral, Chihuahua y Ciudad Juárez, así como de varios estados de la República Mexicana, además de la vecina ciudad de El Paso, Texas, Albuquerque y Las Cruces, Nuevo México.
Dijo que se estima que habrá entre 100 y 150 competidores, en todas las categorías: Sub-junior de 15 a 19 años; Junior, de 20 a 23 años; Open, de 24 a 39 años; Master, de 40 a 49 años; Master 2, de 50 a 59 años, las modalidades femenil y varonil.
El encargado del evento indicó que el costo de inscripción o recuperación será de 550 pesos, así como contarán con las restricciones necesarias para evitar la propagación de contagios durante el campeonato.
Añadió que el lugar aún está por definirse, el cual se dará a conocer en las próximas semanas.
Para más información, los interesados pueden comunicarse al número telefónico 656-322-61-84.
Debido a la temporada de verano, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) exhortó a la ciudadanía a protegerse contra fraudes donde ofertan paquetes vacacionales.
Julio Castañeda López, de comunicación social de la Fiscalía General del Estado (FGE), dio a conocer que se han reportado una serie de fraudes cometidos vía telefónica, redes sociales y mensajes de texto.
Mencionó que quienes comenten este delito ofrecen paquetes vacacionales a costos económicos, así como dicen entregar premios por contar con un buen historial crediticio en tarjetas bancarias.
Refirió que recientemente recibieron la denuncia de una persona que fue citada en un hotel de la ciudad y la convencieron para transferir dinero por la compra de un viaje turístico, sin embargo, se trataba de un fraude.
Debido a esta situación, las autoridades implementaron un operativo, con el fin de evitar que más personas sean víctimas de fraude.
Agregó que los presuntos delincuentes operan de distintas maneras, así como son personas que tienen poca estancia en esta frontera.
Con el propósito de inhibir los abusos por parte de autoridades, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) invita a la ciudadanía a sumarse a la campaña de prevención «Abuso de autoridad», a través de la denuncia en la Línea Ciudadana *2232.
La coordinadora de la campaña, María Luisa Ponce, dio a conocer que este proyecto surge luego de los constantes casos de abuso de autoridad en la localidad, por lo que se tiene como objetivo concientizar a la población en general sobre la importancia que tiene presentar una denuncia, ya que todo delito que no se denuncia no existe.
Expuso que por lo anterior, se exhorta a la ciudadanía a realizar la denuncia a quienes hayan sido víctimas de abuso de autoridad o en caso de que fueran testigos de un acto de corrupción por algún servidor público de las siguientes autoridades: Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Coordinación General de Policía Municipal, Coordinación General de Seguridad Vial, Ministerios Públicos, Agencia Estatal de Investigación y La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Fiscalía General de la República, Comisión Estatal de Seguridad, Guardia Nacional, Aduana Fronteriza, y el Ministerio Público Federal.
Refirió que los delitos que puede cometer un funcionario público son: ejercicio ilícito de servicio público, tráfico de influencias, abuso de autoridad, cohecho, coalición de servidores públicos, peculado, uso indebido de atribuciones, cohecho a servidores extranjeros.
La representante del sector social recalcó que la autoridad es la encargada de cuidar, servir y proteger a la población, por lo que si un servidor público abusa de su poder es importante denunciarlo, por lo cual se habilitó la Línea Ciudadana de Ficosec, en donde se brinda asesoría de manera gratuita.
Indicó que la ciudadanía puede comunicarse al *2232 o bien a la LADA sin costo 800 999 2232, escribir un mensaje personal a la página de Facebook (2232) o enviando un mensaje vía WhatsApp al número (656) 138-8008, en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, los 365 días del año.
Ponce señaló que esta línea es confiable, así como el servicio que se brinda es totalmente confidencial y gratuito.
«No permitamos que ningún tipo de delito quede impune, tu denuncia hace la diferencia», sentenció.
