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Comunidad de Medios

Cananea: cobro arbitrario de impuestos pone en riesgo comercios locales

Cananea, Sonora.— En Cananea, el Ayuntamiento pretende cobrar de manera abrupta un impuesto que, aunque figura en la Ley de Ingresos desde hace más de tres décadas, jamás se había exigido a los comercios locales. 

Esta medida, implementada sin consulta previa ni reglas claras, fue calificada por empresarios como un cobro discrecional que abre la puerta a la opacidad y posibles irregularidades administrativas.

La decisión municipal no sólo sorprendió a los más de mil 500 negocios formales que operan en la ciudad, sino que también exhibe contradicciones en las cifras oficiales y un trato desigual entre pequeños comerciantes, el sector informal y las grandes empresas. 

Comercios en el municipio de Cananea, Sonora / Foto: Tomada de Internet

Lo anterior, luego de que, mientras a los negocios establecidos se les exige cubrir montos que superan los 17 mil pesos por licencia, otros sectores parecen quedar fuera del alcance de la normativa.

Además, el esquema implementado por la administración que encabeza la alcaldesa Esmeralda González Tapia fue señalado por su falta de certeza jurídica, ya que se lanzó a escasos meses de cerrar el año fiscal 2025 y sin mecanismos de transparencia como los que exige el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), del cual Cananea ni siquiera forma parte oficialmente.

Los impuestos

La semana pasada, a través de su página oficial, el municipio de Cananea dio a conocer que todos los comercios locales debían solventar el pago de una serie de impuestos. 

Entre los cobros se encuentran la expedición de certificados catastrales por 165.18 pesos; la Licencia Anual de Funcionamiento con un costo de mil 131.40 pesos, así como la Licencia de Uso de Suelo, que asciende a mil 873.59 pesos

A estos además se suman los dictámenes y revisiones de Protección Civil, con tarifas que alcanzan hasta 6 mil 222.70 pesos, además de la Licencia Ambiental, cuyo precio supera los 3 mil 500 pesos.

En conjunto, la suma de todos los trámites obligatorios representa un pago de 17 mil 807.49 pesos, principalmente para pequeños y medianos negocios, lo que representa un gran impacto en la economía, ya que ésta se sostiene del comercio local. 

Tras este anuncio, el Ayuntamiento ofreció un descuento del 70 por ciento bajo el programa SARE, lo que reducía el costo a 5 mil 342.25 pesos. Sin embargo, pese a este ajuste, comerciantes locales señalaron que el desembolso sigue siendo elevado, especialmente para negocios pequeños que apenas logran sostenerse con las ventas diarias. 

Además, cabe resaltar que, a lo anterior, se añaden las multas que el gobierno municipal implementará en caso de no contar con los permisos correspondientes. 

Estas sanciones van desde los 4 mil 525 pesos por no tener dictamen de Protección Civil, hasta los 11 mil 314 pesos por carecer de Licencia de Anuncio o cartel

Para los comerciantes, dichas penalidades resultan desproporcionadas y amenazan con afectar gravemente la economía local, pues argumentan que en lugar de apoyar la recuperación de los negocios, las autoridades están imponiendo cargas que podrían derivar en cierres forzados.

Los acuerdos

Sin embargo, durante la reunión más reciente entre representantes de la CANACO de Cananea, la presidenta municipal, Esmeralda González Tapia; el secretario del Ayuntamiento, César Fuentes Valle; el síndico municipal y regidores de la bancada de Morena, se alcanzaron al menos seis acuerdos enfocados en mitigar los impactos del nuevo esquema de cobro de licencias. 

Uno de los puntos planteados por el organismo empresarial fue la reducción en la cantidad de UMAS consideradas dentro de cada permiso, una propuesta que deberá ser analizada y votada en Cabildo.

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Para los comercios que ya se encuentran en operación y que requieren regularizarse mediante el área de Mejora Regulatoria, la alcaldesa ofreció un esquema de apoyo con descuentos del 85 por ciento en los pagos y un 5 por ciento adicional para los afiliados a CANACO.

En términos concretos, se estimó que la cantidad inicial a cubrir rondaba los 17 mil 807 pesos; con la aplicación de los descuentos, la cifra será de 2 mil 671.05 pesos para los comercios en general y de mil 780.7 para los afiliados de CANACO. 

SARE

La controversia se agrava por el hecho de que Cananea no forma parte de los 10 municipios certificados por el Sistema de Apertura Rápida de Establecimientos (SARE), un programa federal que permite a ciertos municipios operar ventanillas únicas para trámites comerciales. 

El objetivo de este programa consiste en que los emprendedores puedan obtener los permisos necesarios en un plazo máximo de 72 horas, a través de una ventanilla única que concentra los requisitos municipales, estatales y federales. Un  modelo que busca fomentar la formalidad, reducir la burocracia y generar un entorno más competitivo para el desarrollo económico local.

En el estado de Sonora, únicamente diez municipios cuentan con la certificación para operar este sistema: Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Etchojoa, Empalme, Guaymas, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado. 

José Antonio Vindiola, tesorero municipal de Cananea; Esmeralda González Tapida, alcaldesa de Cananea y César Fabián Fuentes, secretario del Ayuntamiento de Cananea / Foto: Tomada de Facebook

Estos ayuntamientos concentran la ventanilla única que facilita la tramitología, lo que representa una ventaja significativa para los pequeños y medianos empresarios de esas localidades.

Sin embargo, pese a que Cananea cuenta con una ventanilla de atención municipal para trámites de apertura, oficialmente no forma parte de los municipios certificados dentro del SARE

Cobros sin transparencia: regidora

La regidora Karen Melissa Montoya señaló que desde la aprobación de la Ley de Ingresos 2025 se manifestó en contra del esquema de cobro de licencias, debido a que el paquete de documentos fue entregado apenas minutos antes de la sesión de Cabildo, lo cual impidió un análisis adecuado y la posibilidad de solicitar ajustes a tiempo, dejando dudas sobre la transparencia y el manejo de los recursos municipales.

Dijo que los montos solicitados a los comerciantes representan incrementos muy superiores al índice inflacionario y que, además, algunos cobros carecen de medición clara, como el aumento en tarifas de agua potable. 

A su juicio, estas decisiones ponen en desventaja a los negocios establecidos y podrían ser interpretadas como una acción discrecional que beneficia intereses internos de la administración.

La regidora también cuestionó la aplicación del SARE, luego de que Cananea no forma parte de los municipios certificados para operar la ventanilla única federal, por lo que el programa se utiliza de manera incorrecta, ya que debería aplicarse exclusivamente a nuevos negocios y no a los establecimientos consolidados.

Montoya denunció además que la manera en que se comunicaron los cobros a los comerciantes careció de claridad y de canales oficiales confiables. 

Señaló también la falta de un padrón actualizado de negocios, lo que dificulta la fiscalización y abre la puerta a posibles irregularidades en la aplicación de sanciones o descuentos. 

Comerciantes establecidos en avenidas principales / Foto: CANACO Cananea

Bajo este escenario, las acciones del gobierno municipal de Cananea evidencian deficiencias administrativas y riesgos de arbitrariedad, debido a que las formas de operación del Ayuntamiento han sido percibidas como poco empáticas y soberbias. 

La regidora añadió que la prioridad debe centrarse en apoyar a los pequeños negocios que sostienen la economía del municipio, a través de transparencia, reglas claras y mecanismos de fiscalización confiables, antes de implementar cobros que podrían resultar onerosos o injustos.

¿De cuánto será la recaudación municipal? 

En entrevistas realizadas con el medio local Soy Cobre, el secretario del Ayuntamiento, César Fuentes, estimó que en Cananea existen alrededor de 2 mil 100 negocios, los cuales deberán solventar la cobertura de este impuesto. 

Sin embargo, el pago puede incrementarse según la superficie del local, afectando desproporcionadamente a los comercios más pequeños, que representan la mayor parte.

Bajo este supuesto, la suma total estimada asciende a 5 millones 609 mil 205 de pesos de recaudación para el Municipio; aunque inicialmente era de más de 11 millones de pesos, incluso con el descuento del 70 por ciento. 

Fachada de las oficinas de CANACO en Cananea, Sonora / Foto: CANACO Cananea

Sin embargo, cabe resaltar que existe una discrepancia entre los registros oficiales y las cifras que maneja el Ayuntamiento, pues de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, en Cananea existen mil 599 negocios formales de distintos tamaños. 

En entrevista con Circuito Frontera, Dolores Canchola Félix, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Cananea, declaró el sábado pasado que la manera en que se ha manejado la comunicación de este cobro generó desinformación y preocupación entre los empresarios. 

“Se sacó un flyer con los costos, pero nadie explicó ni por qué ni cómo se debía pagar. No se consultó a la Cámara de Comercio ni a los comerciantes antes de implementarlo”, lamentó. 

Dolores Canchola Félix, presidenta de CANACO Cananea con comerciantes locales / Foto: Cortesía

Según la dirigente, la administración municipal ofreció justificar los pagos mediante reuniones individuales para definir la cantidad exacta a pagar por cada negocio, pero esta práctica ha sido percibida por muchos como una forma de cobro discrecional.

Incluso, el secretario del Ayuntamiento declaró ante medios de comunicación que se trataría de “un traje a la medida”, cual si se tratara de una negociación de rescate, dependiendo del establecimiento. 

Medidas cuestionables

Cabe señalar que el intento por regularizar a los comercios en el municipio de Cananea se realiza a tan sólo cuatro meses antes de concluir el año fiscal 2025, sin previo aviso para la comunidad. 

Y es que, la medida también ha despertado cuestionamientos legales, ya que el impuesto, aunque publicado en el Diario Oficial de la Federación, nunca fue notificado a los contribuyentes hasta ahora. 

Dijo que, al comparar la Ley de Ingresos del 2024 con la del 2025, además hubo incrementos de hasta de un 50 por ciento en las UMAS, lo cual, en la práctica, encarece de manera considerable las licencias que el Ayuntamiento está imponiendo a los comerciantes.

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La dirigente enfatizó que los pequeños negocios, que son la base del comercio local, serán los más afectados, mientras que las grandes empresas ya cuentan con licencias y protocolos propios que las exime de esta presión inmediata.

Esta situación generó cuestionamientos sobre la legalidad en la aplicación de cobros e impuestos, ya que el Municipio impone cargas administrativas sin cumplir con los estándares de simplificación regulatoria establecidos a nivel federal, lo cual podría derivar en inconsistencias jurídicas.

De ahí surge el cuestionamiento de su constitucionalidad: ¿cómo exigir un cumplimiento estricto a los contribuyentes locales si ni siquiera la autoridad municipal cuenta con los mecanismos mínimos para facilitar dichos procesos?

Mujeres

Realizarán recorrido “Anónimas: mujeres extraordinarias” en el Centro Histórico

Las calles del Centro Histórico de Ciudad Juárez se convertirán nuevamente en escenario de memoria y reconocimiento el próximo jueves 21 de agosto, lcon el recorrido “Anónimas: mujeres extraordinarias”, organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM).

La cita será a las 6 de la tarde, como punto de partida la explanada del Centro Municipal de las Artes (CMA).

La primera edición, realizada en 2024, logró reunir a 180 asistentes, por lo que este año se espera superar esa cifra, así como el objetivo, además de crecer en participación, es dar continuidad a la actividad hasta convertirla en una tradición mensual.

El trayecto contempla espacios emblemáticos como el Museo de la Revolución en la Frontera (MUREF), el antiguo Cine Plaza Milano, la Plaza de Armas y la sede del IMM unidad centro.

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Cada parada representa un momento de encuentro con la historia, pero también un recordatorio del impacto de las mujeres en la construcción social, política y cultural de la frontera.

“Será un recorrido muy bonito, pues la ciudad está llena de historia, sobre todo de las mujeres que han destacado”, comentó Gizeh Beltrán del Río, integrante del Departamento de Transversalización del IMM.

La funcionaria explicó que la intención es que quienes participen no sólo recorran las calles del Centro Histórico sino que también se reconozcan en ellas las huellas femeninas que suelen quedar en el anonimato.

Como parte del apoyo a la comunidad, el estacionamiento ubicado a un costado del MUREF estará disponible sin costo para los asistentes, en un horario de 5 de la tarde a 10 de la noche.

Especiales

Desiertos informativos en México; los desafíos que enfrenta el periodismo local


En el 69 por ciento de los municipios mexicanos existen condiciones muy difíciles para ejercer el periodismo local, de acuerdo con una muestra en el territorio nacional analizada por el estudio Desiertos de Noticias Locales en América Latina

En el 69 por ciento de los municipios mexicanos existen condiciones muy difíciles para ejercer el periodismo local, de acuerdo con una muestra analizada en el estudio Desiertos de noticias locales en América Latina realizado este año por la Fundación Gabo en cinco países de la región y con el apoyo de Quinto Elemento Lab en México.

El estudio encontró que el 42.5 por ciento de los municipios mexicanos estudiados son desiertos informativos, un 26.5 por ciento son semidesiertos, otro 17.4 por ciento son semibosques y un 13.6 por ciento fueron catalogados como bosques informativos.

Explora aquí los datos y mapas del estudio Desiertos de noticias locales

La investigación, realizada de forma simultánea en México, Argentina, Chile, Perú y Colombia, clasifica los ecosistemas noticiosos en las localidades para determinar si existen o no condiciones apropiadas para que los periodistas y medios realicen su trabajo, y la ciudadanía pueda tener acceso a coberturas periodísticas relevantes para su comunidad.

Un DESIERTO significa que en esa comunidad hay condiciones sumamente débiles para el ejercicio del periodismo profesional, que está restringido o que no ha conseguido desarrollarse de un modo estable.

Un SEMIDESIERTO significa que en esa comunidad hay condiciones escasas para el ejercicio del periodismo profesional.

Un SEMIBOSQUE significa que en esa comunidad hay condiciones para el ejercicio del periodismo profesional, pero que este enfrenta limitaciones y condicionamientos que podrían ser graves.

Un BOSQUE significa que en esa comunidad hay condiciones razonables para el ejercicio del periodismo profesional, que permite a las personas informarse sobre los problemas de su entorno y mejorar la calidad de la vida pública local.

El estudio Desiertos de noticias locales hizo un esfuerzo por mapear los lugares donde no existen las condiciones idóneas para ejercer el periodismo local. Para este fin, en México se seleccionó una muestra que representa el 14 por ciento del territorio nacional: 351 municipios en los 31 estados y la Ciudad de México.

La investigación reveló que en casi la mitad del territorio estudiado existen condiciones sumamente débiles para el ejercicio del periodismo local. En algunos casos, se trata de municipios con ausencia total de medios y periodistas; en otros, de lugares con una prensa arrinconada por la violencia, altamente dependiente del financiamiento público, o con periodistas condicionados por la censura y autocensura impuesta desde los círculos del poder o desde las armas.

Las comunidades que más se enfrentan a estos desiertos informativos suelen estar en lugares alejados, en zonas rurales o en territorios indígenas, donde la pobreza estructural y la violencia son parte del diario acontecer.

La planeación del estudio en México inició en octubre de 2024 y coincidió con la llegada a la Presidencia de Claudia Sheinbaum, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que también obtuvo la mayoría en ambas Cámaras del Congreso.

La hegemonía de Morena quedó cimentada, pues el partido y sus aliados también lograron hacerse del 75 por ciento de las gubernaturas en México y del 47 por ciento de los municipios del país.

El levantamiento de encuestas se realizó entre febrero y marzo de 2025, cuando el gobierno federal concretó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un organismo independiente utilizado por periodistas para investigar y transparentar gastos públicos, evidenciar violaciones a los derechos humanos, revelar casos de corrupción y documentar la ejecución de megaproyectos con impacto socio-ambiental, entre otros.

Esta medida implica que, a partir de ahora, el gobierno federal y los gobiernos locales serán juez y parte para decidir qué se transparenta y qué se mantiene oculto. Aunque las leyes de transparencia siguen existiendo, ya no habrá un árbitro imparcial cuando las dependencias públicas nieguen información a ciudadanos y periodistas.

Entre los meses de abril y mayo, durante el análisis de los datos recolectados por el equipo de investigación, fueron aprobadas nuevas leyes federales en materia de telecomunicaciones, seguridad e inteligencia que organizaciones civiles han criticado duramente, pues abren la puerta a que el gobierno bloquee discrecionalmente plataformas digitales, otorgue o retire concesiones de radio y televisión bajo consideraciones políticas, o intervenga y vigile comunicaciones electrónicas de ciudadanos y periodistas sin la necesidad de una orden judicial.

En este contexto, un equipo de 18 coinvestigadores en terreno, un área estadística, una verificadora y una coordinación nacional estudiaron 849 proyectos periodísticos en los 351 municipios escogidos. El análisis arrojó la siguiente categorización para la muestra estudiada en México: 149 municipios (42.5 por ciento) son desiertos informativos, 93 municipios (26.5 por ciento) son semidesiertos informativos, 61 municipios (17.4 por ciento) son semibosques informativos, 48 municipios (13.6 por ciento) son bosques informativos.

Estos son los cinco principales hallazgos encontrados por el estudio en México:

1.- Alta dependencia del financiamiento público
Una buena parte de los proyectos periodísticos (38 por ciento) decidió no revelar detalles sobre la importancia del dinero público en sus finanzas. Entre los que contestaron, el 36.5 por ciento reportó que esta fuente representa la mitad o más de sus ingresos totales y el 26 por ciento aseguró que corresponde a menos de la mitad.

Sin embargo, en algunos casos los investigadores en el terreno pudieron observar que, entre los que optaron por guardar silencio, era común ver pautas publicitarias oficiales y una preponderancia de comunicados gubernamentales.

La alta dependencia del financiamiento público pudo documentarse tanto en medios tradicionales (radio, televisión, prensa) como en los nativos digitales e incluso en los nativos de redes sociales. Pudo observarse que el esquema de financiamiento a cambio de contenido favorable es con frecuencia el objetivo detrás de la creación de medios fugaces en tiempos electorales.

Además del financiamiento público, la encuesta aplicada a los medios incluía otros rubros para revelar diversas fuentes de ingresos, como la pauta de venta directa, la creación de contenido para clientes, los publirreportajes y el contenido patrocinado. Fue posible observar que algunos de estos ingresos también pueden provenir del financiamiento público, aunque de manera poco transparente, dado que en México las leyes vigentes permiten que los gobiernos federal, estatales y municipales asignen recursos publicitarios de manera discrecional a los medios.

2.- Concentración en grandes ciudades y en manos privadas
La distribución de los medios y periodistas en los estados muestra que existe una concentración en las principales ciudades. En 23 de los 31 estados, las ciudades capitales se categorizaron como bosques informativos por su amplia oferta mediática y por contar con condiciones favorables para el ejercicio del periodismo local. Pero este no siempre fue el caso, algunas capitales como Aguascalientes y Guanajuato recibieron la categoría de semidesierto por la alta dependencia financiera del gobierno o por las situaciones de violencia que deben enfrentar.

En el otro extremo, los municipios más alejados, ubicados en zonas rurales, en territorios indígenas, o con problemas graves de seguridad, son en su mayoría desiertos y suelen tener uno o dos medios por localidad, a veces ninguno.

Respecto al tipo de propiedad, el estudio encontró que un 68 por ciento de los medios son empresas privadas y un 14 por ciento son emprendimientos informales. Solo una minoría de proyectos busca modelos de propiedad alternativos: apenas un 0.9 por ciento (8) están organizados como cooperativas, un 2 por ciento (19) están conformados como organizaciones no gubernamentales, y un 4 por ciento (34) son medios comunitarios. Estos últimos están localizados mayoritariamente en zonas de población indígena, aunque tanto sus contenidos como su financiación provienen generalmente de fuentes gubernamentales.

3.- Predominio del modelo digital y vulnerabilidad laboral
Facebook predomina como la plataforma de publicación más utilizada por los medios, seguido del uso de una página web, pero con creciente uso de plataformas como Instagram, YouTube, TikTok o canales de mensajería como WhatsApp para publicar sus contenidos.

Otra práctica observada en la mayoría de los medios (77 por ciento) es que publican con una frecuencia diaria y en tiempo real, lo que impone un ritmo vertiginoso de trabajo para crear contenidos en múltiples plataformas, que mantengan actualizada a la audiencia.

A las condiciones impuestas por las exigencias de inmediatez se suman modelos de contratación débiles, que ofrecen poca estabilidad a los periodistas. A pesar de que el contrato formal por tiempo determinado es la modalidad de vinculación laboral más reportada por los medios (33 por ciento), también abunda la informalidad: un 21 por ciento vincula a sus colaboradores a través de trabajo independiente; un 15 por ciento usa contratos por notas, producciones o coberturas; un 12 por ciento el empleo informal; un 12 por ciento la comisión por venta de publicidad.

4.- Amenazas contra la prensa: ninguna entidad libre de agresiones
Las amenazas y agresiones han lacerado el ejercicio del periodismo en México durante las últimas décadas. El 40 por ciento de los medios encuestados (346) afirmó haber recibido por lo menos algún tipo de amenaza u hostigamiento durante el último año, mientras que el 27 por ciento (227) dijo no haber sido objeto de ataques o intimidación. Un 33 por ciento (287) prefirió abstenerse de responder a esta pregunta.

En las 32 entidades, la etapa del levantamiento de encuestas se vio ralentizada por la gran cantidad de medios y periodistas que temían participar o declinaron aduciendo desconfianza o “motivos de seguridad”. Las respuestas recibidas indican que ninguno de los 351 municipios y alcaldías estudiados queda libre de este fenómeno violento infiltrado al interior de las redacciones.

En las 32 entidades mexicanas, los medios reportaron haber recibido amenazas de varios tipos y niveles que van desde agresiones, amenazas directas y digitales, acoso judicial y presiones provenientes tanto de actores criminales como gubernamentales.

La organización de derechos humanos Artículo 19 documentó un total de 639 agresiones contra periodistas en 2024, un incremento del 14 por ciento respecto del año anterior. Según la organización, el Estado mexicano y autoridades de gobierno fueron responsables del 45 por ciento de esas agresiones.

5.- Lo que se cubre y lo que se calla
Ante la pregunta sobre las temáticas principales que guían su agenda informativa, las coberturas sobre “derechos humanos y justicia social”, “medioambiente y sostenibilidad” o la “investigación y vigilancia al poder” no figuraron en ninguna entidad como las categorías más importantes.

En un país con profundas problemáticas sociales y en medio de una crisis de violencia, “los temas sociales y calidad de vida”, así como “gobierno y política local”, seguido de temas de “seguridad y convivencia” -que se refiere sobre todo a la nota roja y de sucesos- fueron las categorías que los medios y periodistas señalaron como las más relevantes para cobertura noticiosa.

De acuerdo con lo observado por los coinvestigadores durante el curso del levantamiento de encuestas entre medios y periodistas, muchos aseguraron que factores como el miedo a perder el trabajo o incluso la vida los ha llevado a desarrollar estrategias de autoprotección, como hacer coberturas en grupo, viajar en caravanas, recurrir a la encriptación de mensajes y correos, firmar notas sin nombre o incluso a tomar la medida más extrema: la decisión de no investigar ciertos temas y evitar publicar determinados contenidos.

La censura en México puede provenir de actores externos, poderes institucionales o fácticos como el gobierno, el crimen organizado, el sector empresarial o los propios dueños de medios, y se ejerce por instrucciones, por presiones directas o indirectas, por cuestiones políticas, económicas o de seguridad. Sin embargo, el fenómeno de la autocensura “nace por iniciativa personal, fundada en el temor para evitar la represión”, según afirma un análisis de Global Media Journal sobre la perspectiva de los comunicadores locales.

Conclusiones
De acuerdo con los resultados finales, 149 municipios fueron categorizados como desiertos informativos, lo que representa el 43 por ciento de la muestra observada. No parece casual que 40 por ciento de los medios estudiados (346 de 849) afirmaran haber recibido amenazas, por lo que su ejercicio puede estar sujeto a la censura y autocensura.

De esos municipios declarados desiertos informativos, el 31 por ciento (106 municipios) corresponde a lugares donde no hay medios ni periodistas, y en donde influyen la geografía y el desinterés no solo mediático sino institucional.

El 12 por ciento restante (43 municipios) son desiertos porque, aun cuando hay medios y periodistas, no existen condiciones para el ejercicio del periodismo estable e independiente debido a la presencia del crimen, a las presiones gubernamentales, o bien a que sus contenidos están supeditados al financiamiento público.

Con 173 comunicadores asesinados entre el año 2000 y mayo de 2025, diversas organizaciones de Derechos Humanos coinciden en situar a México como “el país más peligroso para ejercer el periodismo en Latinoamérica”, Además, según Reporteros sin Fronteras, es “uno de los países con la mayor concentración mediática del mundo; una situación que pone muy difícil a los medios pequeños abrirse paso o, incluso, existir”.

Por fortuna, no todo es desalentador en el horizonte del periodismo local en México. Con el Estudio sobre Desiertos de Noticias Locales encontramos que la presencia de mujeres y algunos grupos diversos en los medios de comunicación se abre paso.

El promedio de participación femenina es del 45 por ciento a nivel nacional, con estados que superan el 60 por ciento; mientras que la población LGBTQIA+ estaría presente en el 17 por ciento de los medios estudiados. Además, el periodismo crítico que hace investigación, vigila al poder y pone su enfoque en los derechos humanos, aunque minoritario, también resiste.

Los medios comunitarios en zonas indígenas y rurales son pocos, pero representan un actor clave para las audiencias: comunican en sus lenguas, con sus códigos culturales, defienden su territorio y sus tradiciones.

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Este texto es parte del estudio ‘Desiertos de noticias locales’, coordinado por la Fundación Gabo y que analiza las condiciones para el ejercicio del periodismo local en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. La investigación fue realizada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA); Quinto Elemento Lab, de México; la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales (CIP.UDP), de Chile; y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), de Colombia.

Mujeres

Entre golpes: más de mil NNA fueron víctimas de violencia en 2024

Durante el 2024, la niñez juarense se enfrentó a cifras que estremecen, pues más de mil niñas, niños y adolescentes en Ciudad Juárez fueron víctimas de violencia familiar, dio a conocer Rubí Enríquez, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal. 

La presidenta del organismo municipal refirió que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en Ciudad Juárez habitaban más de 463 mil niñas, niños y adolescentes, es decir, que casi un tercio de la población es menor de edad.

También que los registros oficiales señalan que 614 niñas y niños, además de 521 adolescentes, padecieron agresiones en sus propios hogares, mientras que en el mismo periodo se documentaron 2 mil 287 delitos que atentaron contra su seguridad y sano desarrollo.

Sin embargo, estas estadísticas, frías a simple vista, esconden algo más doloroso, luego de que detrás de cada número hay una vida que debería estar marcada por juegos, afecto y aprendizaje, y no por la violencia. 

Debido a ello, existe la necesidad de crear más espacios seguros para la infancia y adolescencia juarense, por lo que, como punto de partida, este lunes se dio a conocer la creación de la campaña “Creciendo Libres, cuídame hoy para transformar el mañana”. 

La funcionaria indicó que en la campaña participan autoridades municipales y organismos civiles, la cual consiste en una estrategia de alcance comunitario para sensibilizar, prevenir y erradicar la violencia contra la infancia y adolescencia.

Señaló que la iniciativa busca ir más allá de los programas institucionales y convocar a todos los sectores sociales: empresarios, académicos, organizaciones religiosas y ciudadanía en general.

Así como parte de esta estrategia se implementaron capacitaciones a personal municipal para que reconozcan los derechos de la niñez y sepan cómo actuar frente a situaciones de maltrato. 

Además, se habilitó un código QR que enlaza a un banco de recursos con directorios de atención, carteles, frases y materiales de difusión para facilitar la participación de familias, escuelas, empresas y medios de comunicación.

Rubí Enríquez, presidenta del DIF Municipal de Ciudad Juárez / Foto: Cortesía Municipio

Como parte de esta campaña se contó también con la presencia de la doctora Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien ofreció una conferencia magistral relacionada con los derechos de la infancia. 

Durante su participación, la especialista refirió que a casi cuatro décadas de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, la violencia contra la infancia sigue siendo una realidad en México. 

Expuso que, de acuerdo con consultas realizadas a nivel nacional, en Chihuahua el 48.6 por ciento de niñas, niños y adolescentes expresaron que su mayor preocupación es el maltrato y la violencia, una problemática que se repite en todo el país.

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Señaló que, a pesar de los avances legales, muchas formas de violencia aún se justifican bajo ideas de disciplina o tradición, pues incluso, a pesar de de que la prohibición del castigo corporal en México se incorporó apenas en el 2021, en el caso de Chihuahua, se concretó hasta el 2024, lo que muestra la resistencia social para erradicar prácticas normalizadas.

El dato es aún más revelador entre las mujeres adolescentes, donde la inquietud crece de un 36 por ciento en la preadolescencia a más del 50 por ciento entre los jóvenes de entre los 15 y 17 años.

También que la violencia contra niñas, niños y adolescentes no sólo afecta su presente sino que deja secuelas en su salud física y mental a lo largo de la vida, por lo que es urgente promover la crianza positiva como alternativa, entendida como un modelo de cuidado, basado en el respeto.

Asimismo, Ramírez Hernández señaló que la prevención social de la violencia debe estar en el centro de las políticas públicas y que se requiere cooperación entre instituciones, familias y sociedad civil para proteger a la niñez. 

Refirió que las consecuencias de crecer bajo un ambiente de maltrato no se limitan a la niñez, luego de que la exposición constante al miedo y la agresión altera el sistema nervioso, el desarrollo inmunológico y las habilidades sociales, lo cual aumenta los riesgos de padecer problemas de salud física y mental en la vida adulta.

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Ramírez Hernández indicó que existen estudios internacionales que han demostrado que los efectos de la violencia infantil persisten durante décadas y se convierten en una carga social y económica para las comunidades. 

Por ello, la especialista recalcó la urgencia de promover la crianza positiva, entendida como un modelo basado en el respeto, la guía y el acompañamiento, libre de tratos humillantes o castigos físicos.

Un compromiso transversal

En este sentido, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar subrayó que la protección de la niñez y adolescencia se convirtió en un eje transversal dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, lo que implica que todas las dependencias municipales deben asumir la responsabilidad de generar entornos seguros.

El edil recordó que las acciones emprendidas hoy no buscan beneficios políticos inmediatos sino también sentar bases sólidas para transformar a Ciudad Juárez a través de las nuevas generaciones. 

Madres y padres fomentando el odio y la agresión como método de enseñanza / Foto: Pixabay

La presidenta del DIF enfatizó que cada niña, niño y adolescente es portador de sueños y derechos, por lo que la campaña busca abrir caminos de protección desde lo cotidiano: en las escuelas, en los centros de cuidado infantil, en las colonias y en los hogares.

Mientras que Ramírez Hernández subrayó que la violencia contra niñas y niños no es exclusiva de una clase social, edad u origen étnico, puesto que es una situación que atraviesa fronteras culturales y económicas.

Precisamente por ello, insistió en que debe dejar de justificarse bajo pretextos de disciplina y convertirse en una prioridad de Estado.

En este sentido, pese a que la violencia infantil no es inevitable, con la prevención adecuada y a tiempo, las niñas y niños pueden desarrollarse en entornos de confianza y seguridad, en una ciudad donde casi la mitad de la niñez vive con la preocupación del maltrato, el reto continúa. 

Crematorio Plenitud

Imputan a relacionado con delitos en funeraria “Del Carmen”

Roberto Isaac Á. A. de 23 años de edad, fue imputado por delitos relacionados con la inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, además de fraude, por parte de agentes del Ministerio Público.

A través de un comunicado de prensa se informó que personal de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, Contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, que el imputado enfrenta una investigación por los actos delictivos relacionados con la operación de la funeraria denominada “Del Carmen”.

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Lo anterior, luego de que el hombre fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el pasado 14 de agosto, con una orden de aprehensión cumplimentada en el cruce de las calles Níquel y 16 de septiembre de la colonia Arroyo Colorado, en Ciudad Juárez.

Asimismo, un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, impuso la medida cautelar de prisión preventiva, así como el miércoles 20 de agosto se llevará a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso penal, en donde se resolverá su situación jurídica.

Sin embargo, cabe resaltar que, de acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial, según lo que estipula el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

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