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Frontera

Juarez faces migrant crisis and overcrowded shelters


Translated by Jesús Ronquillo / Circuito Frontera


Ciudad Juárez is currently dealing with a growing migration crisis, as shelters are overcrowded and the capacity to care for migrants is again challenged.

Just this Monday, the municipal president, Cruz Perez Cuellar, told the media that the municipal shelter «Kiki Romero» no longer has space available and that authorities are conducting inspections in the places where migrants are usually housed.

Cruz Pérez Cuéllar, Municipal President of Juárez above, after a complaint was received against the Hotel Deluxe, which was previously closed by Civil Protection due to risks to its guests, but which returned to house migrants.

The staff member emphasized the need to maintain rigorous control and guarantee security in the places that host migrants.

The eviction took place after groups of migrants took over various spaces in the city to settle, as in the case of this hotel.

There is an estimation of at least 10,000 migrants in Juarez

Enrique Valenzuela, coordinator of the State Population Council (consejo Estatal de Población COESPO), warned about the magnitude of the migration crisis.

According to Valenzuela, Ciudad Juarez could have at least 10 thousand migrants in the city, although the actual number could be even higher due to the lack of accurate data.

State authorities assure that the arrival of migrants has increased in the last few days / Photo: Angélica Villegas

Valenzuela also informed that the 26 spaces destined to shelter migrants are operating at 90-95 percent of their capacity, so the situation has become complex and multifactorial 

The coordinator of Coespo also mentioned that the flow of migrants has not stopped and, in the last few days, has even increased, which poses a challenge to the capacity of Ciudad Juarez to provide attention and care to those who arrive in search of better living conditions.

He added that local and state authorities are working together to address this growing migration crisis on Mexico’s northern border. However, the situation demands a rapid and coordinated response to ensure the safety and well-being of people on the move, to mitigate environmental and health risks in the region.

Migrants camp in the area of Puente Negro, near the international crossing / Photo: Angélica Villegas

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Despenalización del aborto no aplica en los códigos penales de los estados

NOTA ORIGINAL DE VERIFICADO MX

El 6 de septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las normas federales que criminalizan el aborto son contrarias a los derechos humanos y deberán eliminarse del Código Penal Federal.

Se trata de una decisión importante para la lucha por la justicia reproductiva que no hubiera sido posible sin el compromiso de activistas y organizaciones civiles que ganaron el amparo en contra de la regulación del delito de aborto a nivel federal.

¿Qué dice la sentencia de la SCJN sobre la despenalización del aborto?

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización que promovió el amparo, la corte resolvió lo siguiente:

El amparo promovido por GIRE y cuyo proyecto fue presentado en la SCJN por la ministra Margarita Ríos Farjat, se resolvió de manera muy similar al de Aguascalientes que consiguió la despenalización en dicha entidad la semana pasada:

La importancia de esta sentencia radica en que muchas veces, las instituciones de salud federales como el ISSSTE y el IMSS que atienden a la mayoría de la población mexicana, se niegan a realizar abortos argumentando que su actual servicio se rige por lo que establece el Código Penal Federal.

«Entonces, pues al estar criminalizado, se negaban a prestar el servicio a las personas derechohabientes de estas instituciones», explicó la coordinadora de investigación de GIRE.

Con el objetivo de que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a abortos seguros sin ser criminalizadas, GIRE ha encabezado una estrategia jurídica con organizaciones locales de las entidades federativas en las que no se ha despenalizado el aborto.

Esta estrategia consiste en presentar amparos para eliminar el delito de aborto autoprocurado de todos los códigos penales del país.

Los argumentos que se han utilizado para construir estos amparos se han basado en lo expuesto por la SCJN al resolver la acción de inconstitucionalidad de Coahuila a favor de la despenalización del aborto en septiembre de 2021.

Esa sentencia declaró inconstitucional los artículos que criminalizaban el aborto en Coahuila y ordenó no juzgar a las mujeres o personas con capacidad de gestar que pudieran enfrentar una denuncia.

Aunque los efectos directos de la acción fueron para Coahuila, la Corte mandó un mensaje contundente a todos los estados y la federación: si sus códigos penales prohíben de forma total el aborto voluntario van en contra de la Constitución.

Sin embargo, en México el aborto todavía se regula a nivel local y es considerado un delito con excluyentes de responsabilidad penal o causales de no punibilidad. Es decir, hay circunstancias bajo las cuales no se castiga y otras por las cuales no se considera como un delito.

Por tanto, la sentencia de la SCJN no obliga de manera directa a los estados a despenalizar el aborto, pero es un recordatorio de que sus códigos penales no están actualizados y que es inconstitucional negar los derechos reproductivos.

Cuando el Congreso de la Unión reforme el Código Penal Federal este va a aplicar para los hospitales del país que sean de la federación, y los hospitales de los estados que no pertenezcan al sistema federal seguirán aplicando la ley local.

Falta que congresos estatales reformen códigos penales

Los códigos penales de cada entidad federativa establecen cuáles son las excluyentes o causales de no punibilidad, lo que en la práctica se traduce en una situación de discriminación jurídica, pues las mujeres y personas con capacidad de gestar tienen más o menos derecho de acceder a un aborto bajo un marco legal, de acuerdo con su lugar de residencia.

La sentencia de la SCJN solo aplica en los estados donde el aborto es libre, es decir, donde las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden abortar hasta las 12 semanas de manera legal y sin importar las causas:

  1. Ciudad de México
  2. Oaxaca
  3. Baja California
  4. Coahuila
  5. Veracruz
  6. Colima
  7. Hidalgo
  8. Guerrero
  9. Baja California Sur
  10. Sinaloa
  11. Quintana Roo
  12. Aguascalientes

Actualmente solo 12 entidades federativas ha conseguido la despenalización el aborto, diez lo lograron por la vía legislativa y dos por la judicial.

De acuerdo con Verónica Esparza, la encargada de coordinar las investigaciones realizadas por GIRE, la legalización del aborto puede conseguirse de dos maneras: 

1.– A través de los amparos: Si te encuentras en un estado donde aún no se despenaliza el aborto, puedes abortar solicitando un amparo de acuerdo con la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 148/2017 que es la de Coahuila.

2.- Vía los congresos locales

Y aquellos espacios donde se tengan congresos conservadores, seguramente tendrá que ser por la vía judicial.


LINKS / FUENTES:

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Confirma FGE 10 víctimas de guardería en Ciudad Juárez

Luego de que ayer se diera a conocer que había 22 menores víctimas de abuso sexual, como parte del caso de la guardería “Techo Comunitario” de Ciudad Juárez subrogada por el IMSS, el fiscal general del Estado, César Jauregui Moreno, descartó esta información, aunque dio a conocer que se trata de al menos 10 víctimas. 

Declaró que, hasta el momento, una persona se encuentra vinculada a proceso, una empleada de la guardería, por tres casos de abuso, sin embargo, no descartan que podría haber más víctimas. 

Dijo que se están investigando otros siete casos por la misma situación, sin embargo, se han enfrentado a una dificultad para obtener los testimonios de los niños, debido a que son muy pequeños, algunos “de brazos”. 

Cabe recordar que la empleada de la guardería, ubicada en la colonia Toribio Ortega, enfrenta un proceso penal por el delito de violación con penalidad agravada.

La acusada fue identificada como Naomy Yamile R.P. de 23 años, quien habría aprovechado su posición de confianza como encargada de cuidar a la víctima durante su estancia en la guardería. 

AQUÍ LA DECLARACIÓN DEL FISCAL

En tanto que el IMSS dio a conocer a través de un comunicado que “Techo Comunitario” dejó de realizar actividades educativas el 12 de julio, así como se cerró administrativamente el 13 julio y su contrato fue rescindido en agosto, tras lo hechos ocurridos.

Naomy Yamile R.P. de 23 años se encuentra vinculada a proceso por tres casos

También que, el IMSS presentó denuncia en contra de la Promotora de Servicios Comunitarios S.C., y quienes resulten responsables, el pasado 8 de agosto, en virtud de las acciones y omisiones en agravio de la seguridad, integridad corporal, emocional y sexual de los menores de la Guardería “Techo Comunitario”.

Para el IMSS, lo sucedido en la Guardería “Techo Comunitario” en Ciudad Juárez constituye un asunto de la mayor gravedad y relevancia. Su atención, desde que tuvimos conocimiento, ha sido prioritaria, tanto a nivel delegacional como nacional.

ESCUCHA NUESTRA COLABORACIÓN CON PLATAFORMA INFORMATIVA 99.1 FM

Se informó que el IMSS, desde el momento que tuvo conocimiento de los hechos, ha estado en contacto con las autoridades locales, por lo que hasta la fecha, a nivel central y en la Delegación Chihuahua, han estado en reuniones con las autoridades estatales, la Fiscalía specializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) y con la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua (CEAVE).

Asimismo que, en un ámbito institucional, se inició una investigación laboral en contra de funcionarios públicos por sus acciones y omisiones ante los hechos ocurridos y, como resultado de lo anterior, fueron rescindidas personas trabajadoras adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Chihuahua.

¿Qué sigue después de esto?

En entrevista con Circuito Frontera, Clara Torres, directora del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral de la Infancia en la zona Norte, informó que tras el conocimiento de este caso, solicitó el expediente de la guardería involucrada, el cual revisaron minuciosamente y contaba con todos los documentos que solicita la ley en los últimos dos años. 

También que la persona denunciada contaba con capacitaciones y había pasado los exámenes psicométricos, incluso con resultados altos y muy altos para el desarrollo de su puesto, lo que plantea varias interrogantes. 

«Es la primera vez que me toca a mí en 30 años e inmediatamente que nos enteramos, revisamos todas las condiciones de esa guardería», comentó.

Clara Torres, directora del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral de la Infancia en la zona Norte

Enfatizó la importancia de revisar en detalle el expediente de la guardería, así como esta revisión integral es fundamental para identificar posibles irregularidades y garantizar la seguridad de los niños.

La directora destacó la necesidad de ir más allá de las condiciones tradicionales y enfocarse en la prevención, por lo que están trabajando en la elaboración de un protocolo para que los menores sepan identificar cuándo sean víctimas de abuso, con el fin de detectar posibles casos, así como no se vuelva a repetir esta situación. 

De igual forma que han solicitado la colaboración de la Fiscalía para organizar conferencias dirigidas a madres de niños y directoras de guarderías, así como el objetivo de estas conferencias es educar a la comunidad sobre cómo detectar posibles situaciones de abuso y cómo prevenirlas.

La directora subrayó la importancia de preservar la confidencialidad de los casos y evitar que se desacredite a todas las guarderías debido a incidentes aislados.

Su preocupación radica en que, si las guarderías se ven socavadas públicamente, las madres podrían verse obligadas a sustraer a sus hijos, lo que aumentaría el riesgo para los niños.

Torres señaló que la protección de los niños no es solo un cumplimiento legal, sino una vocación. Se están tomando medidas para ir más allá de las regulaciones actuales y asegurarse de que ningún niño esté expuesto a peligros en guarderías y otros entornos similares.

Frontera

Who gets Mexico’s missing money?

This story is part of Reporting the Border, a project of the International Center for Journalists in partnership with the Border Center for Journalists and Bloggers.

Click here for the Spanish version, translated by Jorge Luis Sierra, president of the Border Center for Journalists and Bloggers.

More than a decade after federal investigators began seizing Texas real estate and bank accounts owned by former Mexican officials who had plundered public coffers, the U.S. Department of Justice (DOJ) says it’s returning some of that money to the country where it was stolen. 

The DOJ said plans to send $26 million to Mexico represent a historic first: The United States has never returned the recouped proceeds of corruption to its southern neighbor.

That money is a portion of tens of millions of dollars federal prosecutors based in Texas recovered during a sprawling investigation into state and municipal officials from Mexico that the Texas Observer has chronicled the last two years.

From 2012 to 2018, prosecutors and federal agents in Houston, San Antonio, Corpus Christi, and the Rio Grande Valley aggressively targeted government officials and business owners from four Mexican states who the Department of Justice alleged had stolen public funds and laundered the money in Texas. They traced stolen money to condos on South Padre Island, gas stations and strip malls in Brownsville, a storage tower in San Antonio that sold for nearly $11.5 million, and homes in the Austin and Houston areas. The cases illustrate how the United States struggles to deter kleptocrats from laundering money here and exposed shortcomings in banking and real estate regulations. The DOJ eventually abandoned the prosecutions, dismissing indictments and quietly settling civil lawsuits—but not before recovering tens of millions of dollars through forfeiture, the legal process of compelling a property owner to surrender assets. 

The plans to return some of that money—victims of financial crimes can petition to recover funds seized by the Department of Justice—raise new questions about how the United States should handle dirty money from abroad. The DOJ’s stated goal in seizing the money is to make the United States a less attractive place for corrupt foreign officials to launder money and to return embezzled public funds.

“These monies that these kleptocrats steal … first of all greatly impoverish the people in the country, and second of all completely undermine the mechanisms for democracy and rule of law these countries need to ensure kleptocracy doesn’t continue,” said Tutu Alicante, a human rights activist from Equatorial Guinea living in exile in the United States.

But returning that money isn’t always easy. In many countries, the corruption that allowed the theft in the first place still exists even when the United States is trying to give the money back.

When repatriating the proceeds of corruption, countries like the United States need to ask, “Who ultimately is the victim of the corruption?” said Sarah Saadoun, a senior researcher at Human Rights Watch. “In situations like this, where public funds are stolen … the question becomes, what would benefit the public the most?”

In 2017, Mexico’s government sent a request to then-Attorney General Jeff Sessions asking for $2.28 million the U.S. government had seized from a Bermuda bank account belonging to former Coahuila state Treasurer Héctor Javier Villarreal Hernández. Coauhila, which borders parts of South and West Texas, has been in dire financial straits since 2011, when news broke that Villarreal and other officials had siphoned hundreds of millions of dollars from a massive public works campaign. Today the state owes nearly $2 billion. 

Villarreal was eventually accused in Mexico of falsifying government records to take out nearly $250 million in loans on the state’s credit and, in the United States, of laundering tens of millions of dollars through Texas real estate and bank accounts. Mexico’s federal government is ultimately responsible for paying the debt Villarreal fraudulently accrued, wrote Raúl Cervantes Andrade, Mexico’s attorney general at the time of the 2017 petition. In April of this year, the Department of Justice said it will return $26 million of the money it has recovered.

In Mexico, that’s sparked a debate over whom should get the money, and confusion reigns about how it will be spent. The Department of Justice says Mexico’s federal government has pledged to spend the money on a fentanyl education program. State officials in Coahuila have called for it to be returned to them. Mexican President Andrés Manuel López Obrador has said if he sends the money to Coahuila, it will just be stolen again.

“We have to ensure that it’s being handled well, because people are already saying it should be sent to Coahuila. No,” López Obrador said during a May press conference. “To the people of Coahuila, yes, but we need to be careful with how we handle this money.”

Corruption and impunity remain problems at the federal level in Mexico as well. López Obrador has faced allegations of corruption and his security forces have perpetrated human rights abuses and engaged in domestic spying. As if to underscore how far the corruption reaches, Villarreal, who pleaded guilty to financial crimes in 2014 in San Antonio but still hasn’t been sentenced, testified earlier this year in the New York trial of Genaro García Luna, Mexico’s former head of public security. A jury found García Luna guilty of taking bribes from drug traffickers, and he’s accused in a separate civil lawsuit, filed by Mexico’s federal government in Miami, of inflating contracts in exchange for bribes.

Mexico has also failed to bring charges against other former Coahuila officials. Villarreal is still wanted in Mexico, but prosecutors there have not charged the dozens of other former officials and state contractors he’s testified were involved in a complex scheme involving inflated and falsified contracts. The fraudulent loans, which are the focus of Mexico’s investigation, were part of a much larger conspiracy to defraud the state and control the political process in Coahuila, Villarreal testified before a Corpus Christi federal judge in 2021.

At the state level, “the accountability systems are very weak, and the governors are very corrupt,” said Raúl Benítez Manaut, a professor and researcher at the Autonomous University of Mexico and an expert on U.S.-Mexico relations. There’s more oversight at the federal level, but “the government of López Obrador is not serious about combating corruption,” he added.


When the Department of Justice reached a settlement in 2014 with the son of Equatorial Guinea’s president to turn over more than $30 million in U.S. assets prosecutors said were purchased with the proceeds of corruption, simply returning it to the country from where it was stolen was not an option. President Teodoro Obiang Nguema Mbasogo has ruled since 1979, and U.S. officials realized once his son’s Malibu mansion, Ferrari sports car, and rare Michael Jackson memorabilia were sold off, the money could end up back in the hands of the same despotic family that has plundered the Central African nation for decades. Obiang’s son, who purchased all those assets, is now the country’s vice president.

After seven years of negotiating, the United States and Equatorial Guinea agreed to send nearly $20 million to the United Nations for a COVID-19 vaccine program and more than $6 million to a charitable organization in Maryland.

One problem, said Alicante, whose nonprofit EG Justice worked with U.S. investigators trying to understand the theft of public funds in Equatorial Guinea, was that by the time the money was donated, the country already had a vaccine program. The Department of Justice had come up with a novel solution to the problem of returning ill-gotten gains to foreign nations, but those decisions should involve civil society in the country where it was stolen, Alicante said.

“You have to have some mechanisms for accountability,” he said. “It’s great that you can give vaccines to people. But are we ensuring the people who suffered most from kleptocracy are prioritized?”

Trying to return money through nongovernmental organizations would be difficult in Mexico, Benítez Manaut said. For one thing, López Obrador is deeply distrustful of nongovernmental organizations, particularly those with ties to the United States. For another, U.S. anti-drug and anti-immigration policies are deeply reliant on Mexico’s help.

In the Coahuila case, the United States has a potentially simple solution: use the $26 million to pay off some of the state’s crushing debt. As to why the United States and Mexico haven’t agreed to that, Benítez Manaut said, “I don’t know the answer.”

Questions also remain about how much money the United States has recovered. Court records and public auction results show Villarreal forfeited $34 million in real estate and bank accounts to the federal government and nearly $6 million more to Bexar County. Federal judges in San Antonio have sealed portions of settlements with a Coahuila businessman and the mother-in-law of a former governor, making it impossible to know who ended up with their money. Defendants have also surrendered property behind closed doors, including a Mercedes McLaren, a rare sports car that can sell for hundreds of thousands of dollars, that Villarreal testified he forfeited.

Department of Justice officials would not agree to an interview for this story. Instead, the agency said in a statement: 

“DOJ provides remission to qualifying victims from assets recovered in the case net of expenses. Sometimes only a portion of the loss are recovered in forfeiture in a case. For example, sometimes a defendant spends the funds on items that cannot be recovered like living expenses or entertainment, other times the defendant spends the money on assets that have not been maintained and thus the value is less than the original purchase price.”

Transparency “matters on both sides of the border,” Saadoun said. “I think it matters both to make sure the U.S. is fully accounting for all of the assets that were [seized] … and making sure once it is repatriated it actually … goes to repay the original loans or is going to some other way of benefiting the public.”

This story was publish originaly in Texas Observer


JASON BUCH is an independent journalist based in Texas. A native of Austin, Buch spent 10 years covering immigration and the Texas-Mexico border for Texas newspapers.

COAHUILA DEPARTMENT OF JUSTICE FOLLOW THE MONEY MEXICO MONEY LAUNDERING RAÚL CERVANTES ANDRADE

Rincón Animal

Había 9 cadáveres de perros en «Hábitat Refugio Animal»

Luego de que se diera a conocer sobre las condiciones en que se encontraba el albergue «Hábitat Refugio Animal», el cual pertenecía a Alejandro Mondragón, quien era empleado del Centro de Bienestar Animal del Municipio, la orden de cateo emitida por la Fiscalía General del Estado, reveló que dentro del lugar había nueve cuerpos de perros en un refrigerador.

Sin embargo, debido al estado de descomposición, no se les pudo realizar la necropsia para verificar la causa de muerte.

Al respecto, César René Díaz Gutiérrez, titular de la Dirección de Ecología y Protección Civil, refirió que el Municipio no tiene la facultad para practicar este tipo de procedimientos, debido a que no cuenta con un laboratorio en donde realizarlo.

Circuito Frontera platicó también con Olivia Ceballos, directora de la asociación  Institución por la Educación y Defensa Animal A.C (IEDA), quien reveló detalles sobre la denuncia interpuesta en contra del refugio.

Video cortesía IEDA

Dijo que la denuncia surgió después de que IEDA recibiera un reporte sobre las condiciones en las que se encontraban los animales en el mencionado albergue, en donde les indicaron que había un perro muerto, rodeado de huesos que claramente pertenecían a otros animales, así como instalaciones extremadamente sucias con heces sin limpiar.

Mencionó que acudieron al lugar a revisar el espacio y cuando llegaron al albergue localizaron animales en condiciones lamentables, así como varios estaban heridos por pelearse entre ellos, y un nivel de suciedad inaceptable. 

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Donde también descubrieron a un animal, aparentemente una vaca, con agua verdosa y extremadamente sucia en su recipiente, lo que indicaba un grave descuido.

Para abordar la situación, IEDA se puso en contacto con las autoridades competentes, incluyendo a la Dirección de Ecología del Municipio, aunque la animalista consideró que las autoridades minimizaron la gravedad de la situación, lo que los llevó a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado.

Esta denuncia condujo a una orden de cateo en el albergue, donde se encontraron animales en condiciones críticas y un congelador con varios animales muertos.

 De manera extraoficial, Circuito Frontera tuvo acceso a la órden de cateo en donde se indica que fueron los cadáveres de perros localizados en el lugar.

Agregó que las pruebas visuales de animales desnutridos y extremadamente delgados, cuyos esqueletos eran visibles, contrastan fuertemente con los informes oficiales que describen problemas menores.

Señaló que, hasta la fecha, no se han proporcionado actualizaciones claras sobre el estado de la investigación en curso por parte de la Fiscalía, por lo que espera que el Ministerio Público aclare la situación y tome medidas adecuadas para garantizar la justicia en este caso de presunto abuso animal.

Cabe recordar que la denuncia se hizo pública a través de Facebook el pasado 19 de agosto, sin embargo, la investigación continúa su curso, declaró César René Díaz Gutiérrez, titular de la Dirección de Ecología y Protección Civil.

Imágenes de cortesía IEDA

Explicó que se levantaron actas administrativas y se impuso una multa al propietario del albergue por el estado en el que se encontraban los perros, incluyendo deshidratación y desnutrición. Sin embargo, la investigación penal sigue en curso. 

Dijo que, a pesar de que el dueño de este lugar no fue detenido, aún está por concluir la investigación, así como podría ser acreedor de una sanción de tipo penal, de acuerdo con lo que marca la Ley de Bienestar Animal.

Sobre la orden de cateo, el funcionario indicó que no fue necesario implementarla, ya que el dueño del refugio dio acceso a las autoridades para la revisión del espacio.

Reiteró que la autoridad local no cuenta con laboratorios para realizar necropsias, lo que dificulta determinar la causa exacta de la muerte de los animales. 

Sin embargo, Díaz Gutiérrez subrayó que, aunque los exámenes médicos se realizaron principalmente para fines administrativos, se espera que la investigación penal conduzca a una posible sentencia condenatoria basada en las pruebas disponibles y el estado de los animales. 

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