El mes de marzo fue uno de los más violentos en contra de la mujer, no solo en la frontera sino en todo el estado de Chihuahua, mientras que el nivel de impunidad para la resolución de delitos de género en Ciudad Juárez es de entre el 96.5 y el 98 por ciento, según relataron integrantes de organizaciones civiles.
Esta cifra significa un incremento del 14.28 por ciento con relación al mes de enero, que fueron 12 homicidios de mujeres, y de un 42.85 por ciento, con respecto a febrero, en que se reportaron 8 homicidios de mujeres.
Al respecto, Yadira Cortés, integrante de la Red Mesa de Mujeres, comentó que tras el monitoreo que realiza la institución, contabilizaron 16 mujeres asesinadas durante marzo.
También que de acuerdo con las reuniones que sostienen de manera regular con autoridades de la Fiscalía General del Estado, el nivel de impunidad para resolver delitos contra las mujeres, los cuales abarcan desde la violación, abuso sexual, agresiones, violencia y feminicidio es del 96.5 por ciento.
Mencionó que las principales causas de muerte fueron por: arma de fuego, arma blanca y asfixia. Además que algunas de las víctimas presentaron también señales de tortura y violación sexual, mientras que dos de ellas fueron asesinadas y enterradas en su casa.
“En uno de los casos, fue la pareja actual y en la otra fue el hijo. Asesinó a su madre y la enterró ahí en la casa y al hacer remodelaciones el albañil en la casa encuentra la osamenta”, señaló.
Recalcó que solo 3.5 por ciento de las carpetas de investigación que se abren por delitos por violencia de género concluyen en una sentencia, por lo que más del 96 por ciento de los hechos quedan impunes.
La activista expuso que, de acuerdo al Código Penal del Estado de Chihuahua, la sentencia mínima en el delito de feminicidio es de 40 años y la máxima de 60. Sin embargo, se observa una ausencia de justicia en este sentido.
En el artículo 126 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua se explica que: «A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión, de quinientos a mil días multa y la reparación integral del daño».
Además, la pena aumentará de uno a veinte años la pena de prisión impuesta, cuando el agresor concurra en otro tipo de delitos como: violencia sexual, mutilaciones, lesiones; cuando la víctima hubiera tenido consanguinidad con el agresor. También si el cuerpo de la víctima hubiera sido expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un lugar público, entre otros.
En tanto que Lydia Cordero Cabrera, titular de la asociación “Casa Amiga Esther Chávez Cano”, señaló que esta es una tendencia que se repite, incluso, que se ha incrementado la saña con que se cometen los asesinatos de mujeres.
Escucha aquí su declaración
Lydia Cordero, coordinadora de Casa Amiga «Esther Chávez Cano»
Expuso que pareciera que estamos en un estado de simulación, internacional, nacional y local en el tema de prevención de la violencia contra las mujeres, así como el acceso a la justicia además se ve lejano, ya que el nivel de impunidad es muy alto.
Agregó que de los casos que Casa Amiga tiene registrados con la Fiscalía Especializada de la Mujer, el 98 por ciento quedan impunes.
«Las mismas estadísticas hablan de las políticas fallidas en temas de seguridad y de protección para las mujeres», agregó la derechohumanista.
Por años personas defensoras de derechos humanos y periodistas han compartido esta realidad, así como la lucha de las familias. Es por eso que con esta presentación se les rindió un homenaje para visibilizar, apoyar esta labor y sumar a la sociedad.
Después de colgar el teléfono, tomó sus cosas apresurada. Su esposo reparaba una tubería de agua, por lo que se aseguró de que sus hijas estuvieran desayunando. Las despidió con un beso, se acomodó la pijama que no había podido lavar por falta de agua y cerró la puerta.
Esa fue la última vez que la periodista María Esther Aguilar Cansimbe fue vista con vida por su familia.
“Han pasado 4,484 días desde mi desaparición. Soy la primera en la lista de mujeres periodistas desaparecidas en México. Han pasado 13 años de impunidad donde el pinche registro se llena cada día con más nombres”.
El fragmento anterior fue leído e interpretado durante la presentación de la lectura dramatizada “Voces contra el poder”, en la que confluyeron las historias de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, casos de desaparición y familiares de personas desaparecidas en México.
El Teatro Nazas fue el escenario de una serie de narraciones que fluctuaron entre el dolor, la rabia, la tristeza y la esperanza. Artistas teatrales coahuilenses y estudiantes universitarios fueron quienes prestaron su voz en la presentación del pasado 29 de marzo por la noche.
Las historias fueron presentadas de manera alternada. Tenían los acordes de una guitarra de fondo lo que en conjunto atrapó la atención del público, que por ratos, se quedaba con la piel erizada, un nudo en la garganta o de plano al borde de las lágrimas.
“Con un hijo desaparecido cuesta mucho comer. Si estás disfrutando un bocado se te viene la imagen y ya no puedes seguir. Se te queda atorado todo y nada más puedes llorar. Ahora lo que he aprendido a hacer es hablar sola como loquita y decir: ‘hijos los quiero encontrar y quiero estar viva y quiero saber qué pasó con ustedes y perdónenme, pero pues tengo que comer’.
Lo que más me desgasta es que todo el tiempo una se pregunta ¿Cómo están? ¿Qué les están haciendo? ¿A que los están obligando? si comen o no, ese sentimiento te mata todos los días”.
Estos fragmentos fueron de familias de personas desaparecidas e interpretadas por estudiantes universitarias, quienes al terminar su participación hicieron resonar los nombres de María, Andrea, Josefina, Leticia, Maruca, Angélica, Leonora, Margarita, Esther y Cecilia.
“¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!”, clamaron las integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) desde el público.
Por años personas defensoras de derechos humanos y periodistas han compartido esta realidad, así como la lucha de las familias. Es por eso que con esta presentación se les rindió un homenaje para visibilizar, apoyar esta labor y sumar a la sociedad para defender a quien defiende, pues también arriesgan su vida.
Los casos presentados fueron los de Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, quien ha trabajado de cerca con Fuundec; Jesús Torres Fraire (+), promotor de la creación del Centro de Día para Migrantes que hoy lleva su nombre; Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo y de la periodista Camelia Muñoz.
“Si abres la puerta, la realidad va a entrar a tu casa”
Blanca Martínez llegó al Centro de Derechos Humanos Juan Fray de Larios a solicitud del entonces obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera. Había estado antes en Chiapas como defensora.
“Si abres la puerta la realidad va a entrar a tu casa, si la mantienes cerrada ni cuenta te das, pero una vez que todas esas injusticias entran, ¿Cómo le haces para que tus ojos no las vean? Yo espero que mis ojos las distingan siempre, para seguirme indignando. Me ha tocado ver a las madres, las esposas, hermanos, hermanas e hijos de las personas desaparecidas que se van fortaleciendo cuando saben que alguien les acompaña. Todo ayuda”, leyó la actriz Martha Chávez sobre el sentir de la activista.
Relató que vivimos en un país donde se espera a un “caudillo” que venga a revolucionar todo y desaparezca todos los males y “para iniciar procesos revolucionarios no necesitamos héroes, necesitamos organizarnos, si no asumes cuáles son tus derechos y por qué es necesario defender los derechos de tu colectivo es muy difícil que haya conquistas más sostenibles. Nunca se logra nada solos”.
Martha externó que uno de los motores que impulsan a Blanca es: que mantendrá la puerta abierta hasta que las autoridades respondan… “Que nos hagan válido el derecho a la verdad, a la justicia, a las medidas de reparación para las familias y nunca más una persona desaparezca”.
“Está muy difundida la idea de que defendemos delincuentes”
Alberto Xicoténcatl es director de la Casa del Migrante de Saltillo desde que tenía 28 años. Estudió Psicología en Puebla y para su servicio social eligió dicha organización en donde conoció más de cerca la situación de las y los migrantes. Su vida y obra fue narrada en voz del actor Arturo Vázquez.
“Todas las noches me duermo pensando en que tú, tú y tú y el de al lado, y yo merecemos ser tratados de la misma forma. Intento soñar la manera más contundente de lograrlo, pero luego despierto y vuelvo a la realidad, no nos tratan igual. Así que cada cosa que pueda hacer para que suceda al menos un poquito, me da satisfacción. Porque a la tierra sí venimos con derechos y no es la naturaleza quien nos los quita”, expresó.
Además de la situación de las y los migrantes, Vázquez estableció que a Alberto le preocupa lo que sucede en México con las personas defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas: “está muy difundida la idea que las personas que defendemos derechos humanos defendemos delincuentes y que estamos en contra del Estado”.
La criminalización de las y los defensores no tiene cabida en un Estado que se jacte de ser responsable de garantizar el respeto a los derechos humanos, pues esta labor que se lleva a cabo por humanidad, no cesará.
“Cuando veo otros albergues, cuando un migrante nos llama desde Estados Unidos para contarnos que ahí la lleva, todo eso me da esperanza. Todavía hay gente que la puesta a esto con todo y las posibles incongruencias que pueda haber, porque no somos perfectos ni santos ni buenos y no necesitamos serlo, somos seres humanos, solo seres humanos”, manifestó sobre el pensamiento del defensor.
“No tenemos una varita mágica, pero sí una pluma para seguir escribiendo historias”
La periodista Camelia Muñoz es una de las voces más críticas en Coahuila, lo que le ha costado ser blanco de diversas amenazas. El rigor es otra de sus características periodísticas y la utilidad social de su labor.
Camelia Muñoz colabora en diferentes medios de comunicación, entre ellos Heridas Abiertas. Es egresada de la carrera de sociología, pero por azares de la vida eligió al periodismo como su profesión.
En su historia hay amargas experiencias que atravesó a su paso por diferentes espacios en los que trabajó. Cuando laboró en un periódico descubrió que el hermano de un funcionario importante estaba distribuyendo droga y, al publicar la nota, fue desmentida por el mismo medio.
“’Oiga, pero si yo no inventé nada. Entró la policía (al departamento), había una pared con doble fondo y la droga estaba ahí. ¿Por qué pretende hacerme quedar como una mentirosa?’ Me tuve que tragar el desprestigio mientras el director del periódico presumía la camionetota que le acababan de regalar por los servicios prestados”, narró la actriz Cecilia Ramírez sobre la vivencia de Camelia.
El exgobernador de Coahuila y actual coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira fue otro de los funcionarios que la quiso desacreditar, pues “dijo que yo estaba del lado de los narcos, que hasta en su nómina estaba. Eso me hizo sentir vulnerable”.
Nada la frenó. En 2014 Camelia ingresó como corresponsal al equipo de Aristegui en MVS y comenzó a trabajar el tema de desapariciones, “desde 2008 empezaron a surgir incidentes y yo salí de Saltillo a comprobar que había muchos casos en muchas partes del estado. Tuve la confianza de las familias que me contaron todo, me dieron documentos”.
La periodista encontró apoyo en una red de reporteros que también investigan casos de desaparición y pudo continuar el ejercicio de su profesión con el menor riesgo posible.
“Nos merecemos una mejor sociedad y si bien es cierto que no van a desaparecer estas problemáticas, pues al menos que las personas afectadas sientan que sus voces se van a replicar y sus pasos se van a seguir conociendo. No tenemos una varita mágica, pero sí tenemos una pluma para seguir escribiendo estas historias”, compartió Cecilia Ramírez sobre el pensamiento de la periodista.
“Sigamos soñando que otro mundo es posible”
La historia de Jesús Torres fue interpretada por el actor Mace Medina. Narró que todo comenzó un 16 de septiembre, un día después del Grito de Independencia.
“Pasé por las vías y los vi. Eran cuatro. Me dio mucha tristeza y dije: ‘ahorita qué van a encontrar de comer’. Y que me acerco y me los llevo, lo bueno que habíamos tenido cena el 15 y había un resto de comida, un banquetazo que se metieron”.
Originario del ejido San Agustín, vivió una infancia humilde, pero apoyado por la comunidad Jesuita logró terminar sus estudios. Jesús trabajó en el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi y con las comunidades eclesiales de la Parroquia de San Judas Tadeo.
“Ahí lo que gusten, ayudamos a los hermanos migrantes, a las familias de los desaparecidos que ya ven que ahí está bien fuerte la violencia también. Hemos defendido el agua, hemos estado con los trabajadores, con las comunidades, más que nada con cualquier persona que no le respetan sus derechos”, interpretó sobre el defensor.
Jesús Torres soñaba con construir una casa cerca de las vías del tren, paso obligado de migrantes, para darles alojamiento y una estancia más cómoda, pero falleció en 2011.
Sin embargo, el Centro Juan Gerardi, la Parroquia de San Judas y la Universidad Iberoamericana ganaron unos financiamientos que ayudaron a cristalizar el sueño de Jesús. Levantaron el Centro de Día que lleva su nombre, donde se alimenta a decenas de personas migrantes. La casa abre de 9 de la mañana a 3 de la tarde, hay desayuno, comida, regaderas, teléfono, ropa limpia y primeros auxilios.
“Me voy, pero también me quedo, pues cada vez que ustedes se organicen en la defensa de la vida en la lucha por la justicia, en la solidaridad de los más empobrecidos, aquí voy a estar gritando mis consignas, caminando con ustedes, sigamos soñando que otro mundo es posible”, fue el fragmento de una carta que dejó Jesús Torres antes de morir y que leyó Mace.
“Voces contra el poder” hizo un llamado a las autoridades para la protección de los derechos humanos y a garantizar el ejercicio libre de las y los defensores así como de periodistas. Además de llamar a la sociedad civil, academia y sector privado a organizarse “para luchar y defender nuestros derechos, para construir otro mundo posible desde la colectividad”.
¿Qué es Voces contra el poder?
“Voces contra el poder” es un proyecto fundado y coordinado por el actor y activista Diego Luna. Consiste en el desarrollo de un taller para compartir herramientas que permitan escribir historias de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como los espacios para realizar la obra en distintas instituciones educativas.
En Coahuila participaron estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle Saltillo y la Universidad del Valle de Parras. Se involucran también a actores y actrices del teatro de la entidad para que continúen con el desarrollo del proyecto.
La iniciativa es apoyada por las organizaciones Robert F. Kennedy Human Rights For Justice and Human Rights, El Día Después, el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi Asociación Civil, el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés).
** Fotos tomadas de las cuentas oficiales de El Día Después y Cultura UAdeC Torreón**
The death toll from the fire inside the National Migration Institute (INM) on March 27 has risen to 40 victims, federal government personnel announced.
The last person to die was being transferred to the National Center for Investigation and Attention to the Burned (CENIAQ), located in Mexico City, and died upon arrival at the hospital’s facilities.
Transfer of injured persons to IMSS 35 / Courtesy
Authorities from the Mexican Social Security Institute and the Federal Health Ministry announced that over the course of the weekend six migrants were transferred to the aforementioned center on board air ambulances.
INM personnel during the transfers / Courtesy
There are currently 23 people hospitalized, of which five will be discharged in the next few hours, while the rest will continue to be transferred to the specialized clinic according to the corresponding medical evaluation.
Mexican authorities have not provided details about the identity of the man who lost his life during the transfer.
Information provided by the Federal Government last Friday
El número de fallecidos por el incendio registrado dentro del Instituto Nacional de Migración (INM) el pasado 27 de marzo aumentó a 40 víctimas, dio a conocer personal de gobierno federal.
La última persona fallecida era trasladada al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados (CENIAQ), con sede en la Ciudad de México y murió al llegar a las instalaciones del nosocomio.
Traslado de personas lesionadas al IMSS 35 / Cortesía
Autoridades del Instito Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de Salud Federal dieron a conocer que en el transcurso del fin de semana fueron trasladados seis migrantes al centro previamente citado, esto a bordo de ambulancias aéreas.
Personal del INM durante los traslados / Cortesía
Actualmente hay 23 personas internadas, de las cuales, cinco serán dadas de alta en las próximas horas, mientras que el resto seguirá siendo trasladado a la clínica especializada acorde a la valoración médica correspondiente.
Las autoridades mexicanas no han brindado detalles acerca de la identidad del hombre que perdió la vida durante el traslado.
Información proporcionada por el Gobierno Federal el viernes pasado
Tras concluir los 31 días del desastroso mes de marzo en el rubro de seguridad, este periodo se convirtió en el más violento en lo que va del año y con la mayor cantidad de mujeres asesinadas, con 33 en todo el estado de Chihuahua, de las cuales, 14 fueron asesinadas en Ciudad Juárez.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer que, en el mes, se registraron un total de 116 homicidios dolosos únicamente en Ciudad Juárez, mientras que en el municipio de Chihuahua se perpetraron 45; en Cuauhtémoc 13 y 34 en el resto del estado, dejando una sumatoria de 208.
De acuerdo con esta información, la urbe fronteriza equiparó el 55.76 por ciento de los hechos violentos de todo el estado.
Elementos de SEMEFO acuden a realizar el levantamiento del cuerpo en escena del crimen / Archivo: Mat Romero
Del total de asesinatos en la frontera, 77 se realizaron con arma de fuego, 17 por asfixia, 12 por golpes y 10 por arma blanca.
Mientras que el observatorio Ciudadano de FICOSEC contabilizó un total de 112 fallecidos de manera violenta, de los cuales, 98 fueron hombres y 14 mujeres.
Además, resaltó el hecho de que en marzo 14 mujeres fueron asesinadas, de las cuales 7 fueron tipificadas como feminicidios, cifra que superó a las 12 de enero y 8 de febrero.
Elementos de la Guardia Nacional resguardan escena del crimen / Archivo: Mat Romero
Estos son los contratos que la empresa «Grupo de Seguridad Privada CAMSA SA de CV» realizó con el gobierno federal, un hecho que enluta a la presente administración, tras dejar 39 migrantes murieron y 28 más resultaron heridos a causa de un incendio en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua hace una semana.
Aún no queda claro cómo comenzó el siniestro en la Estación Migratoria de la ciudad fronteriza. La versión oficial señala que fue causada por los mismos migrantes a modo de protesta porque iban a ser deportados, mientras que un video muestra que las víctimas fueron encerradas en el albergue -con más apariencia de cárcel- pese al humo y fuego.
Hasta el momento, y sin dar más detalles, la Fiscalía General de la República consiguió seis órdenes de aprehensión por la tragedia que incluyen a la persona que presuntamente inició el incendio, tres funcionarios del INM y dos policías de seguridad privada.
Esto último se debe a que el INM -dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob)- encargó la seguridad de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez a una empresa de nombre Grupo de Seguridad Privada Camsa.
Las víctimas de la tragedia en Ciudad Juárez
Un incendio en instalaciones del INM en la ciudad fronteriza de Chihuahua dejó 39 muertos y 28 heridos, todos ellos migrantes del centro y sur de América.
No solo eso, también se encargaba de la seguridad de las instalaciones del INM en todo Chihuahua y en 22 entidades más, es decir, tenía presencia en más del 70% del país, incluidos todos los estados fronterizos.
La empresa, que ya se encuentra bajo un proceso sancionador administrativo, recibió no uno, sino dos contratos multimillonarios del gobierno de López Obrador.
El primero fue dado a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mientras que el segundo se encuentra en los registros del INM de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Ambos contratos fueron entregados por adjudicación directa, son abiertos y sumaban hasta 355 millones de pesos.
De acuerdo con el contrato que tiene Grupo de Seguridad Privada CAMSA SA. De CV, en Ciudad Juárez prestaba sus servicios en tres oficinas: La representación federal, subrepresentación local Córdova del Puente Internacional Córdova de las Américas, ubicada en la avenida de las Américas #2700; La estación migratoria Juárez y subrepresentación local Reforma, en la calle Ing. David Herrera Jordán #199 y en la subrepresentación local Libertad del Departamento de repatriación humana en la avenida Juárez #900.
Además, en las estaciones de Jerónimo, Zaragoza y el kilómetro 30 también en el municipio de Ciudad Juárez.
Así como en el estado de Chihuahua también operaba en la representación local y estación migratoria en la ciudad de Chihuahua y en las estaciones migratorias de los municipios de Janos y Ojinaga y en Puerto Palomas en Ascensión.
La funcionaria federal señaló que comenzaron con el proceso legal con respecto a las investigaciones de la empresa, así como se rescindió de este contrato.
Sin embargo, esta misma empresa recibió 165 millones de pesos durante el 2022, por lo que, en tan solo dos años, CAMSA hubiera recibido 355 millones de pesos por el Gobierno Federal, en caso de que no se hubiera registrado esta tragedia.
El contrato debut por hasta 165 millones de pesos
El Grupo de Seguridad Privada Camsa recibió el primer contrato del INM el 8 de marzo del 2022, es decir, hace poco más de un año.
El contrato con el número CS/INM/021/2022 tenía como objeto el “servicio de seguridad y vigilancia para los inmuebles de las oficinas de representación” del instituto migratorio en 23 estados del país -incluido Chihuahua- y su duración fue del 1 de marzo al 31 de diciembre del 2022.
El costo del servicio fue por un monto mínimo de 66 millones de pesos más IVA, es decir, 76.5 millones de pesos; mientras que el monto máximo alcanzaba los 142.2 millones de pesos más IVA, un total de 165 millones de pesos.
Captura datos del primer contrato que la empresa de seguridad privada recibió del INM
Los datos de este contrato aparecen en los registros del INM en la Plataforma Nacional de Transparencia, sin embargo, el documento como tal no se encuentra disponible, por lo que se desconocen los detalles del negocio entre el órgano de la Segob y la empresa de seguridad privada.
Además, se ignora el monto total real que el instituto de migración pagó a Grupo de Seguridad Privada Camsa por sus servicios el año pasado.
Una renovación por hasta 190 millones de pesos y la tragedia
Tras el primer contrato, el INM entregó un segundo a Grupo de Seguridad Privada Camsa que se firmó el 15 de marzo de 2023, apenas 13 días antes de la tragedia en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez.
El documento, que fue dado a conocer por la SSPC, muestra que el acuerdo fue por el mismo objeto que el anterior: “el servicio de seguridad y vigilancia para los inmuebles del Instituto Nacional de Migración en las oficinas de representación” de 23 estados del país.
Incluso, la duración de los servicios prestados por la empresa de seguridad iba a ser la misma, del 1 de marzo al 31 de diciembre, pero ahora del 2023.
Lo que sí cambió, y considerablemente, fue el monto de contrato que, al ser abierto, tuvo un mínimo de 65.5 millones de pesos más IVA, es decir, 76 millones de pesos; así como un máximo de 163.7 millones de pesos más IVA, lo que da un total de hasta 190 millones de pesos.
Esto significa que este nuevo contrato sería por 25 millones de pesos más que el anterior, un aumento del 15.15%.
Un dato que no viene en el contrato y que compartió el gobierno federal, es que la empresa proveía de poco más de 500 elementos de seguridad a las instalaciones del INM, esto es 12 veces menos personal que los 6 mil elementos de la Guardia Nacional que estuvieron desplegados en el Metro de la Ciudad de México para combatir el “sabotaje” en sus instalaciones.
Los hasta 190 millones de pesos que el Grupo de Seguridad Privada Camsa pudo haberse llevado durante este año fueron destruidos por el incendio que acabó con la vida de 39 migrantes y dejó a 28 más heridos.
Ahora, el gobierno federal busca rescindir el contrato con la empresa de seguridad privada y, al menos, una sanción económica en su contra con miras a acciones legales por parte de la FGR.
CAMSA también se hacía pasar por Tank / Froji MX
El origen de Camsa y sus primeros contratos
El Grupo de Seguridad Privada Camsa se constituyó el 13 de junio del 2015 con el objeto social de proporcionar “todo tipo de servicios de seguridad privada, industrial y comercial” a personas o bienes.
Los socios de la empresa son David Vicente Salazar Gasca -quien firmó al menos uno de los dos contratos con el INM- y George Mcphali Trouyet.
Mientras que su domicilio se encuentra en la calle Ciencias número nueve en la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
Ha sacado permisos para otorgar servicios de seguridad privada tanto a dependencias federales, como la Segob y la propia SSPC, así como estatales, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como el gobierno de Querétaro y su ciudad capital.
Captura de pantalla del video donde elementos de Seguridad dejan encerrados a los migrantes pese al incendio
Sus primeros contratos públicos -por lo menos de los que se tienen registro- los recibió en 2019 del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
El instituto de educación superior le encargó la vigilancia del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada en Querétaro, a través de tres contratos que abarcan del 18 de febrero al 31 de diciembre del 2019.
Por los tres contratos -cuyos números de identificación son IPN-PS-AD-208-2019, IPN-PS-AD-129-2019 y IPN-PS-AD-018-2019-, Grupo de Seguridad Privada Camsa recibió 928 mil 933.89 pesos, de acuerdo con los registros del propio IPN en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Captura de los datos con el IPN
Las irregularidades de Camsa
De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, se encontraron varias irregularidades en el Grupo de Seguridad Privada Camsa.
Las más graves son no haber permitido o evitado actos de tortura, crueles e inhumanos; así como no haber inscrito, capacitado y presentado a su personal operativo a los exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos.
#CasoINM La empresa de seguridad privada "Grupo de Seguridada Privada CAMSA SA de CV" que operaba en el INM de #CiudadJuarez incurrió en al menos nueve omisiones, dijo la secretaria de Seguridad Ciudadana @rosaicela_pic.twitter.com/8RpLhwNarF
— Circuito Frontera (@Circuitofronte1) April 1, 2023
También detectaron que la empresa de seguridad privada ofrecía servicios diferentes a los autorizados, no contar permiso para portar arma y reportar que trabajaban apenas con cuatro elementos cuando los requeridos para los contratos del INM eran de 503.
El Grupo de Seguridad Privada Camsa además omitió actualizar información de sus sucursales ante el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, ni inscribió a su equipo y uniformes en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública.
