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Comunidad de Medios

Evidencian en CIDH que continúa crisis forense y exclusión de familias

Por parte de las familias habló Diana Iris García,  madre de Daniel Cantú e integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila

Mientras que las autoridades mexicanas presumieron avances en materia forense durante la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los colectivos de familias con personas desaparecidas refutaron lo dicho y expusieron que los dejaron fuera de decisiones.

Señalaron también que no hay atención a los casos de larga o reciente data, como los de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes.

Durante la audiencia realizada este 9 de marzo en Los Ángeles, California, se solicitó por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y fue encabezada por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, además de representantes de la Fiscalía General de la República y los responsables de los Centros de Identificación Humana de Coahuila y Jalisco, así como el Instituto Nacional de Medicina Genómica y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).

Uno de los temas con los que se exhibió a la amplia delegación mexicana fue MEIF, propuesto por las familias y que en 2019 el gobierno federal se comprometió con la CIDH a crearlo. Sin embargo, actualmente sólo queda uno de los siete expertos contratados junto con 10 forenses.

Por parte de las familias habló Diana Iris García,  madre de Daniel Cantú e integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y el Movimiento Nacional. Señaló las limitaciones que la federación establece en la participación de los planes de trabajo en el tema y denunció que el MEIF está prácticamente disuelto.

“Desde la audiencia del 2019 el Estado se comprometió a respetar ese derecho (de las familias) y desde diciembre del 2021  esto va en retroceso: ha limitado nuestra participación en la mayor parte de la construcción de normas y políticas  públicas, los espacios  participativos se han convertido en informativos que no garantizan que la voz y la opinión de las familias se contemplen en la definición de los planes y cambios estructurales de la agenda”.

Dijo que en enero les informaron de los cambios del grupo coordinador del MEIF y en el que sólo opera Jairo Hernando Vivas Díaz, sin haberles notificado antes a las familias durante el proceso de desintegración del organismo.

Señaló que otra muestra de que las autoridades no toman en cuenta a las familias corresponde al Programa Nacional de Búsqueda que se presentó por parte de la dependencia a cargo de Quintana Osuna en la víspera de la sesión con la CIDH.

Las familias expusieron que, pese a la firma de colaboración en tres de los estados, el MEIF  no tiene claridad en la operación: “ni siquiera con la cantidad de integrantes en los equipos, ni en las estrategias de identificación que se llevan a cabo, además de que existe una competencia con otras instituciones forenses en lugar de coordinarse”. Estas problemáticas provocan el rezago en la identificación.

Jairo Hernando Vivas Díaz, responsable del MEIF, explicó que cuenta con tres convenios macro con las comisiones de Búsqueda de San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Esto fue cuestionado por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, al considerar que es mínimo el trabajo por las 29 entidades federativas que restan.

SEÑALAN REZAGOS POR APARATOS BUROCRÁTICOS

Al reclamo de las familias se unió la Adriana Moreno Becerril, madre de Víctor Adrián Rodríguez, desaparecido en Coahuila hace casi 14 años. Ella puntualizó que existen “enormes aparatos burocráticos” que impiden una búsqueda eficiente en vida, además de que prevalece la criminalización hacia las personas desaparecidas al referirse a lo que ocurre en las agencias de Ministerio Público y en las comisiones locales de búsqueda.

También habló de lo que pasa con las buscadoras: “Lo cierto es que ustedes no encuentran a las personas, lo hacemos nosotros. Las familias somos las que logramos avance… la vida no nos ha alcanzado para ver esto y no estoy segura si nos va a alcanzar… Hemos sido asesinadas, hemos sido desaparecidas. Ni los encuentran, ni nos protegen. ¡Nos han fallado!”, señaló.

El caso de la identificación de migrantes también fue abordada en la sesión por parte de Marisol Méndez, de la Fundación para la Justicia y de Comités de Migrantes de México y Centroamérica, quien destacó que se carece de enfoque transnacional y diferenciado cuando se trata de búsqueda de estas personas, además de la falta de colaboración binacional.

Mencionó que desde hace nueve años no se atiende la petición de  revisión  de la exhumación e identificación de siete cuerpos hallados en la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas y que se reclama en Guatemala y Brasil.

Dijo que está pendiente la integración de la mesa de búsqueda de migrantes  y la Comisión Forense, integrada por la FGR y el Equipo Argentino Forense, ha identificado a 100 de los 190 cuerpos entregados y localizados en tres masacres ocurridas en Tamaulipas y Nuevo León, pero carece de recursos para seguir.

“No se avanza en la búsqueda e investigación, además de que hay la desarticulación y falta de   coordinación entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda para combatir la crisis forense, lo que ha llevado a la fragmentación de los registros”.

Sobre el caso del defensor comunitario, Antonio Díaz, y el defensor de derechos humanos, Ricardo Lagunes, el hermano de éste último les dijo que  el Estado Mexicano falló, pese  a las exigencias de organismos internacionales para que redoblaran esfuerzos para su localización.

BASES DE DATOS INCOMPLETAS

Por parte de las autoridades habló también Patricia Cepeda, representante de la FGR, quien dijo que la creación de la base de datos se encuentra en una segunda etapa, de las cuatro previstas, y que consiste en la integración de las bases de datos de las entidades federativas, para lo cual se visitaron 28 de los 32 estados.

“En estas vistas hemos identificado diagnósticos y necesidades; se establecerán planes individualizados de integración al banco de datos forense a fin de que se incorporen gradualmente con su información  al banco nacional”, explicó la funcionaria federal.

Reconoció la  falta de metodología uniforme en el registro de la información por parte de las distintas dependencias y carencias tecnológicas, lo que consideró en uno de los retos que tienen en el proceso de la integración de base de datos forenses.

Entre los datos proporcionados por la extensa comitiva del Estado Mexicano, destacan que la base empezó a integrarse desde el 2017 y cuenta con un registro de 616 fosas con mil 264 cuerpos recuperados y en el 2022 se han identificado un promedio de 25 casos mensualmente y el acumulado es de tres mil 352 personas identificadas, contra 15 mil 899 personas desaparecidas y bajo registro en la base de datos forense, más 10 mil 637 fallecidos que están sin identificar y cuyos cuerpos se recuperaron en siete mil 949 puntos.

Quintana Osuna informó que antes de los planes descritos en México había  52 mil cuerpos sin identificar, cientos de miles de fragmentos óseos y miles de sitios de hallazgos de fosas de inhumación, ausencia de protocolos de búsqueda e identificación, no había infraestructura ni recursos humanos y materiales.

Frontera

¿Cuánto cuesta la Comisión Estatal de Derechos Humanos?

Después de mucho esperar, a principios del 2022, se hizo la convocatoria para formar el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana de Juárez. Apliqué para un lugar en él. Llevé mis documentos y un día en la mañana me llamó el Ingeniero Leyva, jefe de la oficina de participación ciudadana, para decirme que tenía que presentarme esa tarde en el Cabildo. Le dije que me parecía muy apurado que me hablara, no de un día para otro, sino para dentro de unas horas. Me respondió que así era ese asunto y le colgué.

Creo que no lo tomó a bien, pues cuando en la sesión de Cabildo, las regidurías veían su celular para seguir las indicaciones de por quién deberían votar mi nombre no fue elegido.

Cosa que no me importó en realidad, lo relevante era que el consejo se instala con ciudadanía que ocupe los espacios y el hecho de que se apunte gente nueva habla muy bien.

La cosa no quedó ahí, pues uno de los consejeros, Abelamar Chacón, me pidió que aplicara para ser su suplente. Un suplente que entraría sólo si él se ausentaba cosa que estoy seguro no piensa hacer.

Apliqué entregando los mismos documentos que había entregado antes, sólo cambiando la fecha. Lo hice más como un favor para cumplir un formalismo. Pero me rechazaron.

La razón oficial fue que no entregué documentos que no habían sido solicitados. Se registró en las minutas de la sesión donde se tomó esa decisión que el ingeniero Leyva, en ese entonces era encargado de la oficina de Participación Ciudadana hizo una moción para destacar que se debía de rechazar mi candidatura por usar calificativos al hablar.

Al enterarme de que me negaban mi derecho a la participación ciudadana, fui a la Comisión Estatal de Derechos Humanos…

¿Cómo explico la experiencia para que no sea aburrida y sirva para reflexionar o al menos para ver dónde fui yo el pendej@?

Inicié mi queja con un escrito donde especificaba que se había vulnerado mi derecho a la participación ciudadana, citando la Constitución Federal, la Estatal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Ley de Participación Ciudadana.

Después de haber metido mi escrito, me llamaron para reunirme con Eduardo Antonio Sáenz, primer visitador general de la CEDH en Ciudad Juárez, quien me dijo que efectivamente el Municipio debe fundar y motivar todas sus acciones y que en mi caso no había fundado su rechazo a mi postulación como Consejero Suplente. Me asignaron al visitador Gerardo Flores para que le diera seguimiento a mi caso.

¡A huevo! Pensé.

La comisión dio aviso al municipio y éste respondió con una supuesta fundamentación que decía que no había entregado evidencia suficiente por lo que sólo tenía un punto… ¿Punto de qué? No lo sé, nunca lo supe.

La única reglamentación que el Ingeniero Leyva menciona en su escrito para fundamentar el rechazo a mi candidatura fue del reglamento interno del Consejo donde dice que los integrantes del mismo deben dirigirse con respeto entre sí… pero bueno, yo nunca he estado en una reunión del consejo ¿Por qué decir que he violado ese reglamento?

Cuando recibí esa respuesta tan falta de cualquier sustento legal, volví a escribir a la CEDH para hacerles saber que la respuesta del municipio no tenía ningún fundamento legal, quería que el gobierno municipal garantice mi derecho a la participación ciudadana, como dice la ley, además entregué un listado de documentos donde el municipio ha registrado la evidencia de mi participación.

De ese escrito no recibí respuesta y ya no vi más a Gerardo Flores, me empezó a atender José Antonio Chacón. Pero los oficios estaban dirigidos a Gerardo Flores.

Volví a entregar otro escrito dirigido a Gerardo Flores para preguntarle qué pasaba, si me iban a asesorar o no.

De verdad parecía que la intención era aburrirme para evitar hacer algo, de hecho cuando entregué ese escrito, José Antonio Chacón me dijo que el municipio ya había fundado su decisión, yo le dije que no entendía como se hablaba de fundar si no se apoyaba en ley, reglamento o norma alguna, me dijo que así, le pregunté si podía asesorarme sobre qué hacer, me dijo que no y me deseo suerte.

Le expresé que me sentía abandonado por la comisión.

A los dos días me llamó el licenciado Chacón y me dijo que hiciéramos una estrategia… ya no supe de qué, se lo pedí por escrito y pareció enfadarle esa situación… Piensan que uno tiene todo su tiempo para actuar cuando mejor les parece.

Las personas que se quejan en la CEDH, tienen que restar tiempo a sus vidas para defender sus derechos y la Comisión parece no ayudar mucho.

La cosa es que por fin me ofrecieron una estrategia. El artículo 198 del código Municipal del Estado plantea que se pueden impugnar las decisiones del municipio…

Ese día estaban frente a mí de nuevo Eduardo Antonio Sáenz, Antonio Chacón y otro abogado que no se presentó. También ese día me dijeron que Gerardo Flores había sido asignado a otra oficina y que por eso Antonio Chacón tenía ahora mi caso… cosa que nadie me había informado y ahí estoy como pendej@ escribiéndole a Flores.

Les di las gracias, diciéndoles que me hubiera gustado saber la información antes pues el procedimiento se debe realizar dentro de los siguientes 15 días de la decisión tomada.  Y desde la última comunicación del municipio ya habían pasado 13 días. Sáenz, me dijo que eran 15 días hábiles, el código municipal dice “siguientes”, sin especificar… le creí mejor al código, ya no me dan mucha confianza.

Lo que nunca entendí y les pude preguntar es, ¿qué pasó con mi derecho a la participación ciudadana? Y todas las leyes, tratados y reglamentos que lo sustentan. La respuesta de Sáenz me impresionó, dijo que no sabía y que para eso debería haber leído con atención toda la comunicación que generó este asunto.

Jajajaja… De hecho, ni la leyeron, ahí que la respuesta del municipio estaba motivada pero no fundada, cuando el municipio dice este es el fundamento, no importa si dice algo coherente.

El procedimiento fue simplemente una cuestión de procedimiento, no hay reflexión ni defensa de los Derechos Humanos, es más, si en dos días no ofrecía yo una respuesta al municipio el siguiente paso podría ser poner una denuncia en el Tribunal de Justicia Administrativa, pero me advertían que eso implicaba una asesoría legal… acceder a la justicia requiere dinero… Acceder a Derechos siempre implica dinero, entonces, ¿para qué está la Comisión?

¿Sabrán lo que son los Derechos Humanos? Se supone que la CEDH no está para defender delincuentes, pero parece que es su mejor trabajo. Me puse a buscar información, tomé el presupuesto del año pasado para la CEDH y lo dividí entre la cantidad de expedientes que concluyeron ese año. Así como para saber cuánto nos cuesta cada caso que resuelve.

El resultado fue:

Seguramente se puede hacer una imagen más completa con más información, pero ¿de verdad la CEDH es un órgano garante?

No hay que olvidar los motivos por los cuáles movimientos feministas tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional…

¿No será que les estamos dando mucho dinero y responsabilidad que no han sabido cumplir?

¿Has ido a la comisión? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Vale su costo?

Creo que es necesaria una comisión para observar que se respeten los Derechos Humanos, de hecho la he visto funcionar alguna vez como cuando hizo una recomendación para eliminar el Toque de Queda de Héctor Murguía… pero pareciera que al igual que cualquier otro órgano burocrático, si no se le cuida y exige, se oxida y deja de cumplir con su razón de ser.

Frontera

«Desde la tierra» la exposición que aborda la pérdida desde el barro

El 8 de marzo fue inaugurada en las instalaciones del Centro Cultural de las Fronteras la exposición Desde la tierra, que expresa el redescubrirse y sanar el dolor.

Con más de una decena de obras, la doctora Clara Eugenia Rojas encontró una manera de lidiar con el dolor de perder a su hija tras un accidente.

Dichas piezas representan distintos momentos de su aprendizaje de modelado en barro, como un proceso de elaboración del duelo.

Fue tras casi tres años de encierro (incluyendo dos de pandemia) y con ayuda de terapia socioemocional, cuándo decidió emprender en la creación de artesanía en barro.

Durante la inauguración, explicó que el trabajar el barro era desde su perspectiva, como regresar a la tierra; empezando de el punto cero, desde lo orgánico.

Clara Eugenia Rojas en la inauguración.
Fotografía: Cortesía UACJ

Rojas mencionó la manera en la que el duelo es un proceso que toma diferentes formas e intensidades y como el modelado del barro le ayudó en la aceptación de la melancolía como parte intrínseca de la vida cotidiana.

La exposición estará abierta al público hasta el 30 de abril en el CCF, localizado en el anillo envolvente del Pronaf, de cara al Museo de Arte de Ciudad Juárez (INBA).

Frontera

Inauguran exposición plástica «Venus y Marte», en CUDA

Esta exposición busca homenajear la representación de la mujer en la vida mediante distintas obras artísticas.

Inaugurada el 9 de marzo, la exhibición contará con la participación de los artistas de Ciudad Juárez, El Paso Texas y la Ciudad de México.

Serán 22 obras elaboradas en técnicas de estampado a la lionesa, estampa sobre textil, fotografía, arte digital, impresión sobre algodón e impresión digital, pintura al óleo y acrílico sobre madera y fotografía en técnicas mixtas, las que podrán encontrarse en la exhibición.

En ella se busca visibilizar el arte femenino en la cultura dentro de espacios universitarios y en la comunidad en general, explicaron los artistas.

Esta podrá encontrarse dentro del Centro Universitario de las Artes (CUDA), de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Especiales

Crece indigencia en Ensenada; adicciones y migración son las principales causas

La población de personas en situación de calle ha incrementado en los últimos años en Ensenada, Baja California, debido a las adicciones y la migración principalmente, de acuerdo con estimaciones de las autoridades y organizaciones no gubernamentales.

La población de ese segmento varía según la fuente consultada ya que no existe un censo oficial y actualizado.

En noviembre de 2018 el DIF registró mil 600 personas en situación de calle según una nota publicada por el periódico El Vigía; actualmente la cifra oscila entre mil 450 personas reportadas en el padrón elaborado por la organización civil “Por Amor a las Calles” que dirige Rogelio Castro Segovia y 5 mil personas según estimaciones recientes de la directora del DIF municipal Oralia Tinoco González.

A pesar del creciente problema ninguna dependencia de gobierno estatal o municipal cuenta aún con un padrón ni programa dedicado exclusivamente a atender a ese grupo vulnerable, de acuerdo con lo declarado a El Vigía por la propia Tinoco González y la titular del DIF estatal Mónica Vargas Núñez.

“Actualmente no se tiene un padrón, pero son muchos, estimamos que pueden ser alrededor de 5 mil”, señaló la directora del DIF municipal.

Indigentes se reúnen en las inmediaciones del monumento a Lázaro Cárdenas en espera de la llegada de voluntarios que periódicamente les llevan alimentos. Crédito: Arturo López Juan.

La funcionaria informó que por iniciativa del regidor independiente Miguel Orea Santiago, un grupo interdisciplinario integrado por psicólogos, psiquiatras, médicos, abogados, trabajadoras sociales, autoridades municipales y estatales, trabaja en la elaboración del primer Reglamento para Personas en Situación de Calle en Ensenada, con el fin de generar líneas de acción para su atención, protección, rehabilitación y reintegración social.

En el Estado, la directora del DIF Mónica Vargas Núñez indicó que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo la elaboración de un padrón que incluya a todas las ciudades, ya que, debido a la inmigración procedente de países centroamericanos como Ecuador, Honduras, Venezuela y Guatemala, la población migrante se ha incrementado y con ello las personas que viven en situación de calle.

No obstante, aclaró, no existe un programa estatal enfocado a personas en situación de calle y lo que actualmente hace la Secretaría de Salud cuando los ponen bajo su observación, es evaluarlos y canalizarlos a diferentes dependencias según sea su condición social, física o mental.

Una mujer deambula por las calles de Ensenada y recibe ayuda. Crédito: Arturo López Juan.

Al respecto también fueron entrevistados el subdirector operativo de la Dirección de Seguridad Pública, Jorge Argout, y la subdirectora de Prevención del Delito, María Elena Monreal Mendoza, quienes estiman que existen entre 300 y 400 personas en situación de calle sólo en el primer cuadro de la ciudad, que pernoctan debajo de puentes y otros refugios improvisados.

Los jefes policiacos indicaron que atienden entre 5 y 6 reportes diarios por faltas o agresiones cometidas por las personas en esa condición, mismas que son consideradas infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, por lo que son remitidos ante un juez calificador.

Generalmente, permanecen algunas horas en las celdas preventivas por su seguridad y la de la población, pero sólo mientras se recuperan de intoxicaciones por alcohol o alguna droga, luego son puestos en libertad debido a que no son imputables por sus problemas psiquiátricos.

De acuerdo con el diagnóstico del director de la organización “Por Amor a las Calles” Rogelio Castro Segovia, quien conoce la problemática por trabajar desde hace muchos años con personas indigentes, el 50 por ciento vive de esa manera porque no les gusta trabajar ni vivir en familia. Otros porque fueron deportados y no tienen dinero para regresar a sus lugares de origen o perdieron sus documentos, lo que les impide trabajar.

Es común ver en las calles más transitadas de Ensenada a personas indigentes, muchos de ellos con alguna incapacidad. Crédito: Arturo López Juan.

El 50 por ciento restante sufre algún tipo de adicción al alcohol y a diversas drogas; de los mil 450 registrados en su padrón, 350 padece de problemas psiquiátricos y psicológicos, en tanto que alrededor de 100 son mujeres, cifra que va en aumento.

“Por Amor a las Calles” cuenta con un albergue donde les da abrigo y alimentos y un baño sobre ruedas a través del cual les brinda servicios de higiene, calzado y ropa limpia donada por la comunidad.

A través de esos mecanismos han detectado que con la aparición del fentanilo se ha incrementado la población de adictos e indigentes en los últimos años.

El fenómeno se ha agravado por la inmigración ya que personas que no logran pasar la frontera, se quedan en Tijuana y de ahí los traen con engaños para abandonarlos en Ensenada para evitar que se queden en aquella ciudad fronteriza, es decir, “nos avientan literalmente el problema”, señaló Castro Segovia.

«Este trabajo es el resultado del curso de la ‘Nota Diaria al Reportaje de investigación’ del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.»

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