Durante los recorridos que hice en diferentes centros de asistencia social en el Estado, comúnmente llamados “albergues”, conocí en Ciudad Juárez a un niño de 8 años, a quien llamaremos “Toñito” para resguardar su identidad.
Me llamó la atención verlo separado del resto de las niñas y los niños de ese lugar. Me acerqué a saludarlo, pero sólo me respondió con un monosílabo tajante: “Eh”.
Le pregunté su nombre y lo cuestioné sobre por qué estaba alejado de los demás niños, me contestó que tuvo una pelea con otro de los menores por el control de la televisión que estaba en el albergue y recibió un “castigo”.
Cuando le pregunté qué le habían regalado por Navidad, me dijo que nada, porque no había alcanzado regalo.
Cabe señalar que, en ese albergue durante 2019, había una población promedio de 25 menores, entre niñas y niños, de edades de entre los cinco y 12 años.
El espacio sólo contaba con una televisión y dos divisiones que separaba a las niñas de los niños, pero a la hora de las comidas se juntaban todos.
Una situación similar se presentaba a la hora de ver televisión, pues era común que cada quien quisiera ver diferentes programas, de acuerdo a sus gustos y edades. Aunque las cuidadoras intervenían para decidir qué verían, muchas de las veces, imperaba la voluntad de los más grandes de tamaño o edad, según lo que refirió Toñito.
Toñito también platicó que no iba a la escuela. Al cuestionarlo dijo que no sabía por qué, pero que no le gustaba.
“¿Qué quieres ser de grande?”, insistí, pero Toñito sin titubear me respondió que “Hijo”. No encontré las palabras en ese instante.
Como esa vivencia, no es de extrañarse que se viva a diario en los diferentes albergues de la entidad, donde cientos de niñas y niños tienen el deseo de ser hijas e hijos de alguien.
Yo esperaba que Toñito me dijera que quería ser doctor, bombero, policía, etcétera, pero su respuesta fue la que menos esperaba y simplemente me quedé “helado” al escucharlo.
De aquí que el Estado en sus tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debe tener en cuenta, en todas sus actuaciones, el Interés Superior de la Niñez y a la niña o al niño en el centro de sus actuaciones.
Luego entonces establecer políticas públicas que permitan a la niñez la vida en familia, extensa, ampliada por adopción o familias de acogida.
A la fecha se desconocen las políticas públicas emprendidas por la Federación y por el Estado.
Sin embargo, el Estado debe tener claro su obligatoriedad en la atención, solución y eficacia en todas las situaciones que involucren vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como restituir de forma inmediata tales derechos quebrantados.
La autoridad tiene que hacer cumplir la ley, en todas sus vertientes, tanto nacionales e internacionales, que ponen a la niña y al niño al centro de las políticas públicas de los gobiernos.
Tal finalidad, de la normativa nacional e internacional, viene a sustituir la cuestión asistencialista por aquella de protección y restitución de derechos. Por ejemplo, no es darle al niño el lonche, el desayuno o la despensa, pues la autoridad tiene la obligación de restituir todos y cada uno de sus derechos.
La responsabilidad es compartida, de acuerdo a lo que se ha asentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las convenciones de los derechos de los niños (firmada y ratificada por el país); Ley general de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, además de la Ley Estatal de Niños, Niñas y Adolescentes.
Es decir, como sociedad jugamos un papel determinante para la protección de la infancia, en la tesitura del derecho de niñas y niños de vivir en familia, la sociedad puede colaborar con las autoridades desde la sensibilización en aquellos que deseen adoptar.
Según experiencias propias (cuando fui Procurador de Niños, Niñas y Adolescentes en el estado de Chihuahua) se tiene como antecedente que alrededor del 90 por ciento de los solicitantes de adopción, buscaba a menores de entre los 0 y los 3 años como máximo. La gran mayoría no desea niños de 4 años en adelante, grupos de hermanos, de origen de etnia o con alguna discapacidad.
Entonces, los deseosos de adoptar deben saber que esto no se trata que el niño o niña vendrá a salvar un matrimonio o alguna cosa por el estilo, sino que la figura jurídica de la adopción busca familias que protejan y salvaguarden todos y cada uno de los derechos consagrados de la niña o el niño.
Con una sociedad más sensible y empática, en dicho tema, pudiéramos disminuir muchas historias similares a la de Toñito.
Asimismo, con autoridades verdaderamente comprometidas, venciendo la simulación, se empezaría el camino de la preponderancia del principio jurídico del Interés Superior de la Niñez, consagrado en la Constitución Federal y Tratados Internacionales firmados y ratificados por el país.
