Lorenzo Soberanes Maya, presidente del Colegio de Médicos en Ciudad Juárez
Angélica Villegas / Circuito Frontera
De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, México se encuentra entre los 10 países con el mayor índice de población con diabetes en el mundo, dio a conocer en rueda de prensa, Lorenzo Soberanes Maya, presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Juárez.
Expuso que la instancia también indicó que durante el 2015 se registraron 415 millones de personas en el mundo que padecen diabetes, así como la cifra va aumentando cada año, por lo que se estima que para el 2040, la población con diabetes en el planeta sea de 642 millones de personas.
La población de México fluctúa entre los 6.5 y 10 millones de personas, de las cuales existe una prevalencia del 10.7 por ciento de entre las edades de los 20 y 69 años, es decir, que corresponden a población productiva.
“Es donde nos afecta fuertemente. Se ha convertido en una pandemia, anteriormente en una epidemia, pero ya subió a la categoría de pandemia”, manifestó el especialista médico en esta frontera.
Dijo también que existen estimaciones que las zonas fronterizas entre México y Estados Unidos existe el 15 por ciento de la población con diabetes.
El médico indicó que de acuerdo con los datos de la Federación Internacional de Diabetes, China se encuentra en primer lugar con el mayor número de personas que padecen esta enfermedad, seguido de la India, Estados Unidos, Brasil, Rusia y México.
Señaló que por esta razón es importante que las autoridades sanitarias tomen acciones al respecto e intervengan para atender a la población, así como para realizar labores de prevención y diagnósticos oportunos. Además de que es prioritario que se detecte a tiempo esta enfermedad para prolongar la calidad de vida de las personas, ya que esta enfermedad produce hipertensión, retinopatía, entre otras enfermedades.
Actos de corrupción y hostigamiento laboral son las principales razones por las que 8 de cada 10 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) piensan en renunciar a la corporación, de acuerdo con la Encuesta de Clima Laboral realizada por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC).
Diana Chavarri, directora en la organización en la zona Norte, indicó que la encuesta se aplicó a los agentes como parte de las evaluaciones para recibir la Certificación Ciudadana de la corporación policiaca, la cual se llevó a cabo el pasado mes de julio de este año.
En cuanto al desarrollo policial, la encuesta arrojó que sólo el 37 por ciento de los oficiales policías está satisfecho con ambiente laboral, así como el 40 por ciento se ha sentido hostigado laboralmente por sus compañeros o superiores.
También que el 37 por ciento refirió que tiene conocimiento de probable acoso sexual entre integrantes de la corporación.
Chavarri indicó que durante la encuesta levantada en el 2018 se obtuvo el dato de que en ese año 3 de cada 10 policías pensaba en renunciar, mientras que en el 2021 el 80 por ciento de los agentes que conforman el estado de fuerza dejaría la SSPM si tuviera oportunidad.
Una gran parte de los efectivos señaló que actualmente presentan un sentimiento de desconfianza, favoritismo, corrupción, autoritarismo, mala actuación de los superiores y bajas oportunidades de crecimiento, pues sólo el 42 por ciento aseguró que puede crecer laboralmente.
Además, el 75 por ciento refirió que no confía plenamente en sus compañeros; el 53 por ciento consideró que hay personas privilegiadas por los altos mandos. Mientras que el 67 por ciento respondió que pocos mandos predican la ética con el ejemplo y el 65 por ciento dijo que las órdenes que éstos dan no son las adecuadas.
La directora de FICOSEC expuso que la policía es consciente de sus necesidades, pero también demanda mejores mandos, mejores salarios y prestaciones, además de un cambio en el horario de los turnos laborales, con el fin de que se elimine la sobrecarga de trabajo.
“Asimismo, urge la erradicación de órdenes superiores que los obligan a cometer actos no éticos como arrestos injustificados y corrupción”, concretó.
Con la entrada en vigor de la Ley de Outsourcing o de subcontratación desde el pasado 1 de Septiembre, se contempla una tendencia al desempleo para finales del año, etapa en la que peligran al menos cuatro millones de mexicanos que laboran bajo este esquema.
Alejandro Sandoval Murillo, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), expuso que la modificación de la Reforma del Outsoursing o subcontratación laboral podría provocar un aumento del empleo informal, por lo que se debe buscar una conciliación al respecto.
Consideró que las consecuencias de esta modificación perjudicarán severamente a la población, debido a que es el empleador quien deberá absorber el gasto del empleado para poder operar de manera legal.
El economista explicó que el costo por la contratación formal de un empleado que se encuentra bajo el sistema de subcontratación es de al menos de un costo 3 veces mayor.
Señaló que las adecuaciones a los artículos 12, 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo que contempla el outsourcing entraron en vigor el primer día de este mes, sin embargo, muchas empresas aún no se han registrado, es decir, que se encuentran en la ilegalidad, situación que provocará más gastos y la pérdida de empleos sin justificación en el país.
Manifestó que esta situación también impactará la situación laboral en cientos de trabajadores en Ciudad Juárez, pues una gran parte de empresas se manejaban bajo esquema de subcontratación y una vez que se integren a la nueva reforma tendrán que pagar más impuestos.
De acuerdo con archivos periodísticos, tan sólo en Ciudad Juárez se estima que operan más de media docena de agencias de empleo con sede en el interior del país, las cuales mantienen a sus trabajadores con contratos temporales; una de ellas da trabajo a más de 2 mil fronterizos, principalmente en el sector maquilador.
Alejandro Sandoval Murillo, presidente de IMEF en Ciudad Juárez
Mientras que, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Jesús Manuel Salayandía Lara, hizo hincapié en que este esquema perjudicó principalmente a las pequeñas y medianas empresas.
Comentó que tuvieron que cambiar sus estrategias de negocios y administrar al personal que no se contemplaba, lo cual representa un gasto adicional.
El también presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) esquema funcionaba para las empresas que presentaban proyectos temporales, sin embargo, ahora estarán fuera de la competitividad.
“Desde el gobierno federal siempre se estuvo satanizando el outsourcing, cuando los principales que utilizan el outsourcing es el propio gobierno (…) Entonces sí hay que trabajarlo, hay que reformarlo, pero no quitarlo”, sentenció.
Aún cuando la irregularidad y el desempleo es el primer vaticinio, los empresarios esperan un golpe duro para la economía del gremio, pese a que se han registrado ya 18 meses de pandemia y todavía no han podido recuperarse.
Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente del CCE en Ciudad Juárez
José Mario Sánchez Soledad, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Ciudad Juárez, platicó que han solicitado que se realicen modificaciones en la Ley de Outsourcing, con el fin de no afectar a los negocios.
Indicó que están conscientes de que se trata de mermar los abusos en cumplimiento de los derechos laborales, debido a que existe un exceso de abusos, que ya no se podía permitir.
“El problema del outsourcing son servicios especializados y el Legislativo entró a redefinir los servicios especializados y hay una antigüedad en la definición de los funcionarios y lo que está “, expresó.
Recalcó que están pidiendo que se hagan cambios a la Ley para clarificar la situación, pues todos se han visto afectados, además de que temen el cierre de empresas y pérdida de empleos.
José Mario Sánchez Soledad, presidente de COPARMEX en Ciudad Juárez
Diana Chavarri, directora de FICOSEC en Ciudad Juárez
Redacción / Circuito Frontera
El número de homicidios dolosos en el estado de Chihuahua se triplicó al cierre de la administración del ex gobernador, Javier Corral Jurado, reiteró el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC).
La directora de la organización, Diana Chavarri, explicó que al inicio de la administración corralista, la tasa de homicidios dolosos se posicionó en 30.1 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, mientras que a Julio del 2021, de acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron de 84.3 por cada 100 mil habitantes, es decir, casi el triple.
Además, manifestó su inconformidad en contra del ex mandatario, luego de que en rueda de prensa descalificara los datos que dieron a conocer sobre el balance de su administración.
Dijo que los datos que dio a conocer FICOSEC son una comparación de la tasa anual del mes de Octubre del 2016, fecha en que Corral Jurado tomó protesta, contra la tasa anual al mes de Julio del 2021.
“Ficosec obtiene sus datos de la propia fuente gubernamental, por lo tanto, no puede existir falsedad, como fue dicho por el exgobernador. Mes a mes, la Fiscalía General del Estado reporta los delitos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), quien cada día 20, publica los datos de todo el país”, comentó.
Indicó que es importante presentar un balance de la administración estatal, con el fin de contar con elementos para el análisis de resultados, así como para reconocer y dar continuidad a las nuevas prácticas.
Señaló que los informes del SESNSP son públicos y abiertos al escrutinio de la ciudadanía, por lo que sostienen que, de acuerdo a los datos oficiales en Ciudad Juárez la tasa de homicidios durante la administración que ha concluido casi se triplicó.
Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente del CCE de Ciudad Juárez
Redacción / Circuito Frontera
Aun cuando el plan del Centro de Convenciones de Ciudad Juárez se trata de una aportación de los empresarios fronterizos, desconocen el monto real con que se cuenta en el Fideicomiso, además del proyecto ejecutivo, refirió Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Dijo que, durante su reunión con la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, se abordó el tema de concretar el inmueble, sin embargo, no cuentan con participación del último proyecto.
“Uno de los temas que le llamó mucho la atención a la gobernadora durante el encuentro que tuvimos con ella fue el del Centro de Convenciones de Juárez. Pidió ese día la información que, al menos como CCE no teníamos en ese momento, y quedamos de presentarle los datos en una reunión exclusiva para eso que aún no se pacta”, dijo.
El también presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) mencionó que se ha dicho el proyecto se realizará en las inmediaciones de los “hoyos” del parque El Chamizal, pero no existe un proyecto ejecutivo.
Comentó también que existe un fondo que, al parecer, el Municipio no entregó en su totalidad, así como el dinero para ese rubro se estuvo utilizando en gasto corriente.
Señaló que buscarán una reunión con Carlos Murguía, presidente del Fideicomiso del Centro de Convenciones, luego de que es preocupante el CCE, organismo que generó la idea y de donde surge el fideicomiso del Centro de Convenciones, no tenga información ni participación del último proyecto que se está presentando.
“Hablamos de cientos de millones de pesos desperdiciados y de un fondo que al parecer el municipio no ha entregado. El objetivo es ir empujando esto con la gobernadora y el alcalde”, comentó.
Reiteró que tienen interés en saber con cuánto se cuenta para realizar el proyecto y cuánto tiene el municipio en sus arcas, así como cuánto es el monto desperdiciado en todas las “primeras piedras” que se han instalado.
El presidente del CCE indicó que ese recurso es aportación de los empresarios con una sobretasa que se paga sobre el predial, por lo que merecen saber cuánto hay, puesto que es dinero que requiere transparentarse.
Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de CANACINTRA en Ciudad Juárez
Redacción / Circuito Frontera
Tras el desabasto de chips en el sector industrial, en el estado se han perdido casi 7 mil empleos en lo que va del año, situación que podría agravarse a finales del año, indicó Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Ciudad Juárez.
Comentó que pensaban que se trataba de un impacto temporal, sin embargo, el desbasto de los componentes provocó la baja de 6 mil 846 empleos de la industria electrónica, automotriz y de servicios profesionales.
Mientras que, en esta frontera, la pérdida de empleos, de enero a la fecha, es de al menos 3 mil 104 empleos.
Expuso que pensaban que se trataba de una situación temporal, aunque se ha extendido la problemática.
“Vamos a revisar dónde están estas pérdidas de empleo hasta ahorita. La caída más grande obviamente está en el sector automotriz, que es donde empezó toda esta crisis”, señaló.
Explicó que varias armadoras en México y, en todo el mundo, están reduciendo la producción y que incluso han llegado a parar plantas por la falta de semiconductores.
Otro sector muy dañado es el de la industria electrónica, pues de abril a la fecha, las empresas que se dedican a la manufactura de productos electrónicos en el estado ya perdieron mil 566 empleos.
Agregó que en este sector industrial contaban con un poco más de reserva de chips, por lo que han logrado mantener un poco más su producción.
Señaló que en caso de que no se regularice la situación, se podrían presentar recortes masivos muy fuertes de empleos para finales de diciembre de este año.
