Su legado no solo se encuentra en los recuerdos de los niños que reían con sus travesuras, sino en la manera en que su humorismo blanco demostró que hacer reír con respeto y creatividad es posible.
Por generaciones, la infancia en Ciudad Juárez y El Paso tuvo un amigo inigualable en la pantalla chica: Niko Liko, el carismático payaso que conquistó a niños y adultos con su humor noble, su creatividad sin límites y su compromiso con el humorismo blanco, ese que hacía reír sin necesidad de burlas o doble sentido.
Detrás del personaje estaba Antonio Gaytán Muruato, un hombre audaz y apasionado por la comunicación, quien desde los 17 años trabajó en radio y televisión, hasta que en 1973 dio vida a Niko Liko, un payaso diferente, con una máscara de lucha libre y una nariz roja que lo distinguían de los demás.
Su programa, Niko Liko y sus Amigos, se transmitió en el Canal 5 de Ciudad Juárez hasta 1992, convirtiéndose en un fenómeno infantil. Con concursos, caricaturas y números musicales, Niko Liko fue un referente de la televisión juarense, pero más allá del entretenimiento, dejó una huella imborrable en la niñez fronteriza con su mensaje de valores, amistad y alegría.
Niko Liko no solo entretenía, también educaba con ingenio. Sus historias y ocurrencias siempre llevaban un mensaje positivo y su humor limpio hacía reír sin recurrir a la burla. Su nobleza se reflejaba no solo en su espectáculo, sino también en su cercanía con la comunidad: visitaba escuelas, hospitales y eventos sociales, siempre con la misión de llevar alegría a quienes más lo necesitaban.
Su estilo audaz y genuino lo encaminaron a ser una leyenda local. Mientras otros payasos seguían fórmulas tradicionales, él creó un personaje único, fusionando elementos del luchador enmascarado con la picardía de un showman infantil. Esa autenticidad lo hizo inolvidable.
Aunque su programa dejó de transmitirse hace décadas, la memoria de Niko Liko sigue viva en quienes crecieron con él. Su legado no solo se encuentra en los recuerdos de los niños que reían con sus travesuras, sino en la manera en que su humorismo blanco demostró que hacer reír con respeto y creatividad es posible.
Niko Liko fue más que un personaje de televisión: fue un símbolo de alegría, un maestro de la imaginación y un amigo incondicional de la infancia en Ciudad Juárez. Su risa sigue resonando en la memoria de una generación que, gracias a él, aprendió que la felicidad se construye con ingenio, bondad y un corazón siempre dispuesto a compartir sonrisas.
Antonio Gaytán Muruato falleció el 26 de marzo de 2021, a los 81 años de edad. No se especificó el motivo de su deceso
**Esta es una publicación original de Ser Visible que publicamos con su consentimiento y que puedes consultar aquí
En cuestión de sólo cuatro minutos, las llamas devoraron el aire y la desesperación quedó grabada en las cámaras de seguridad que apuntaban a la Estancia Provisional B del recinto federal.
Ese lunes 27 de marzo del 2023, del otro lado de la reja, nadie abrió las puertas y nadie acudió a tiempo, por lo que 40 personas perdieron la vida y 27 más que sobrevivieron arrastran las cicatrices de aquella noche.
#INM | La defensa de Juan Carlos Meza Cumplido, coordinador del Grupo Beta, implicado en el caso del @INAMI_mx , donde el pasado 27 de marzo, 40 personas perdieron la vida y 27 más resultaron lesionadas, utilizará más de 16 horas de grabación de las #camaras de #seguridad. pic.twitter.com/DYwq2iBKqt
Sin embargo, han transcurrido 731 días y la herida sigue abierta, pues las investigaciones no han concluido y la justicia sigue ausente; sin una reparación total del daño y sin una disculpa pública por parte de las autoridades responsables, tanto moral como jurídicamente.
Por ello, la tarde de este jueves 27 de marzo, activistas realizaron una vigilia conmemorativa en honor a las víctimas que fallecieron hace dos años en este lugar.
Ciela Ávila, encargada de comunicación social de la organización “Derechos Humanos Integrales en Acción” (DHIA), indicó que desde la mañana iniciaron una jornada conmemorativa para exigir justicia.
Estancia Provisional B del Instituto Nacional de Migración a 2 años del incendio / Foto: Samuel Palacios
Refirió que el objetivo del evento es mantener viva la memoria y recordar las consecuencias de las políticas migratorias de contención y securitización, que han dado como resultado la violación sistemática de derechos humanos.
Externó que, a pesar del discurso oficial, la realidad muestra lo contrario, pues son 731 días sin justicia y aún hay 15 mujeres que ni siquiera han sido reconocidas como víctimas.
La vigilia se llevó a cabo frente a la estación migratoria donde ocurrió la tragedia.
Vigilia conmemorativa a 2 años del incendio en el INM de Ciudad Juárez / Foto: Samuel Palacios
En este lugar, los asistentes encendieron veladoras de colores, cuyos significados figuran dentro de la cosmogonía maya, como un gesto simbólico de recuerdo y resistencia, señaló Ávila.
La jornada incluyó la lectura de un posicionamiento firmado por organizaciones que acompañan el caso, en voz de la directora de DHIA, Blanca Navarrete.
Después se realizó un pase de lista, para recordar a las 40 víctimas mortales de este trágico evento que marcó la vida de decenas de familias migrantes, orginarias principalmente de Venezuela, Honduras y El Salvador, pero también impactó a la comunidad juarense.
Blanca Navarrete, directora de la AC Derechos Humanos Integrales en Acción #DHIA, dio un posicionamiento durante la vigilia en memoria de las 40 víctimas que perdieron la vida en @INAMI_mx hace 2 años en #CiudadJuarezpic.twitter.com/qKnudFkFzu
Además contaron con la participación de músicos y algunos integrantes de la comunidad artística que contribuyeron al ambiente de reflexión.
Sin embargo, el momento más esperado fue la intervención de sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes compartieron sus testimonios sobre lo que ha sucedido desde aquel 27 de marzo de 2023.
Velas blancas, rojas y amarillas conformaron parte de la vigilia de conmemoración / Foto: Samuel Palacios
La directora de la asociación alzó la voz para recordar que este hecho fue más que un accidente, pues fue el reflejo de una comunidad que no supo responder ante quienes buscaban refugio en esta frontera.
La activista recordó que tan sólo entre enero y febrero del 2023, el Instituto Nacional de Migración detuvo a casi cuatro mil personas en Ciudad Juárez, muchas de ellas en operativos ilegales realizados en la vía pública.
«Como ciudad, no supimos responder ante la llegada de cientos de personas que estaban buscando mejores condiciones de vida y que venían huyendo de la violencia en sus países, la misma a la que nos hemos acostumbrado», dijo Blanca Navarrete, directora de DHIA.
A 731 días de la tragedia, las investigaciones siguen sin resolverse, los responsables sin castigo y las familias sin respuestas.
Mientras tanto, la ciudad sigue siendo un punto de tránsito para miles de migrantes, con el temor latente de que una historia similar pueda volver a repetirse.
Un despliegue militar se registró en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso durante la mañana de este jueves, con la llegada de unidades blindadas Stryker y efectivos del Ejército de Estados Unidos.
Los vehículos artillados patrullaron puntos estratégicos, marcando una presencia visible en zonas de alto flujo migratorio.
Un operativo de la brigada de combate #Stryker del Ejército de Estados Unidos se desplegó en la frontera de Ciudad Juárez y #ElPaso, Texas durante la mañana de este jueves. Autoridades no han dado a conocer información, hasta el momento pic.twitter.com/EXYLWdmozd
A lo largo del bordo del Río Bravo, en el área del Monumento al Cigarro, los soldados vigilaron un tramo donde autoridades de El Paso llevan meses realizando obras.
Más al oeste, en Rancho Anapra y Lomas de Poleo, los militares resguardaron desde puntos elevados, reforzando la seguridad en una de las rutas más utilizadas para el tráfico de personas.
El despliegue forma parte de una estrategia que incluye a más de mil 500 militares llegados recientemente a Fort Bliss, enviados a los cruces internacionales, como parte de la estrategia de seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar el tráfico de drogas y de personas migrantes.
Además del patrullaje terrestre, en semanas anteriores, los agentes federales implementaron drones para vigilar sectores desérticos y de difícil acceso, aumentando la supervisión en la línea divisoria.
Cabe resaltar que incluso el pasado 3 de febrero, el secretario de Defensa de Estados Unidos llegó al punto 3 del muro fronterizo en el desierto de Sunland Park, para supervisar la situación migratoria y las estrategias de seguridad en la zona.
El secretario de Defensa de Estados Unidos llegó al punto 3 del muro fronterizo en el desierto de Sunland Park, para supervisar la situación migratoria y las estrategias de seguridad en la zona. pic.twitter.com/UFmyBHRJue
La visita al rancho Izaguirre provocó el reclamo de las madres buscadoras, que se sintieron, una vez más, burladas por las autoridades. Ni la fiscalía federal ni la estatal se hicieron responsables del caos y el dolor que provocó la falta de coordinación y la ausencia de explicaciones sobre lo ocurrido en el lugar. Por eso, cada visitante inventó su propia narrativa. Aunque quienes descubrieron ese predio insisten (con fotografías) en que las excavaciones donde se encontraron los restos fueron alteradas
Cuando regresa al rancho Izaguirre en Teuchitlán, ya no en secreto sino con autorización oficial, a Virginia Ponce se le estruja el corazón al ver que este sitio no está como lo recordaba: lo ve “limpio”, como desmantelado.
No apesta a humedad, tampoco está polvoso ni abandonado; cientos de personas lo recorren, lo pisan y manosean ahora mismo —por invitación de las fiscalías federal y de Jalisco—, aunque ella, que rastrea sitios de exterminio, sabe que es la escena de muchos crímenes y seguramente conservaba evidencias forenses.
No puede reconciliar este sitio “maquillado” con el que se le metió en las pesadillas nocturnas tras una de las visitas furtivas que hizo con otras madres buscadoras en enero y febrero de 2025, cuando aún estaban crecidas las cañas en los terrenos colindantes. Esos días lo revisaron a escondidas y con miedo; momentos antes de irse, escucharon un grito: “¡Mamááá!”.
“Pensé que solo yo había escuchado, pensé que era mi mismo miedo que yo tenía, y no, mis compañeros escucharon ese lamento pidiendo ayuda. Y cuando escucho el video se oye ese ‘mamá’.
¿A cuál de las mamás de nosotras le estaba hablando? Fue muy triste y doloroso”, dice, y del puro recordar se le llenan los ojos de lágrimas a esta mujer que lleva 4 años y 9 meses en la búsqueda de su hijo Víctor Hugo Meza y que lidera el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco.
“Encontramos prendas tiradas por toda esa parte de ahí, era un olor insoportable, un alteronón de zapatos por donde quiera. Todo tirado”, dice mostrando todo alrededor, donde ya no existe nada. Se queja de que esta visita a la que fue invitada por las autoridades a participar es una burla. “Nos trajeron como a un museo, pero siquiera en un museo tú ves o puedes preguntar, y aquí nadie te dijo a qué venías o qué trabajos habían realizado. Es una burla”.
Los reclamos son generalizados. “Nada que ver [de lo que había], ya limpiaron. Estaba tapada la ropa con una lona, y olía muy feo. De hecho, había una bata colgada con sangre, muchas cobijas aquí y en la parte de afuera. Ahora ya está muy pisado todo aquí”, asegura Adriana Ornelas, integrante también del colectivo —ella busca a su hijo veinteañero Paul Gabriel Sánchez—, y quien siente que desde enero a este rancho le han ido sacando cosas.
No están las gallinas y los gatos, la comida enlatada (sopas instantáneas, latas de sardinas, harina de hot cakes), la enorme pila de platos (más de 100), los tenis y botas que había en cajas nuevas, las dos bases de cama, los colchones, una estatua enorme de la Santa Muerte y más objetos que tampoco vio en las transmisiones que hizo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que ingresó el 5 de marzo acompañado del fotógrafo Ulises Ruiz, de AFP, cuyas imágenes de los cientos de zapatos y prendas de ropa abandonados y más de mil objetos sin dueño lucían como vestigios de una catástrofe de la que pocos sobreviven. La catástrofe del reclutamiento forzado, y de la desaparición de personas que azota a México.
A partir del 8 de marzo, cuando La Jornada llevó en portada la noticia del crematorio clandestino, la información comenzó a tomarse en serio y a publicarse en la prensa nacional.
Esos zapatos huérfanos y la noticia de que, desde septiembre de 2024, el rancho estaba bajo resguardo de la fiscalía estatal y, a pesar de que encontraron tres personas con reporte de desaparición (una muerta envuelta en un plástico) y detuvieron a 10 supuestos integrantes del cártel, abandonaron las evidencias, lograron que el país entero volviera los ojos a Jalisco, que se hicieran homenajes luctuosos a las víctimas en las plazas de 40 ciudades, y que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que atender la desaparición de personas es una prioridad nacional.
Decenas de zapatos, ropa y maletas fueron encontrados en el rancho Izaguirre de Teuchitlán. (Facebook de Guerreros Buscadores de Jalisco)
Decenas de zapatos, ropa y maletas fueron encontrados en el rancho Izaguirre de Teuchitlán. (Facebook de Guerreros Buscadores de Jalisco)
Entre los dimes y diretes sobre en quién recaía la responsabilidad, si en el gobierno estatal porque desde septiembre se quedó a cargo de este narcorrancho, o en el federal porque lo descubrió la Guardia Nacional y el predio pertenecía a la delincuencia organizada, el miércoles 19 de marzo, un sonriente Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó en rueda de prensa de todas las irregularidades cometidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) al procesar la escena del crimen e invitó a los medios a que vieran con sus propios ojos ese rancho de la localidad La Estanzuela en el municipio de Teuchitlán.
Tras aventar el paquete a la fiscalía estatal para que, en menos de 24 horas, organizara el recorrido, esta extendió la invitación a colectivos de familias buscadoras de Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit y Zacatecas, y a todas las que hubieran identificado, entre las fotografías de objetos hallados exhibidas en internet, alguna prenda de las personas que buscan.
Así, la visita a este campo de entrenamiento que en la prensa se llamó “la escuelita del terror” se convirtió en un “tour del horror” del que fueron víctimas Virginia, Adriana y tantas otras familiares que buscan.
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Las primeras denuncias de la estafa comienzan a las 13:59 horas. Cuando los periodistas están esperando que los dejen ingresar al rancho, dos mujeres salen corriendo, como traumatizadas. Una de ellas —camisa de manga larga a cuadros y el rostro cubierto con un pasamontañas porque a todas les advirtieron que podía ser peligroso dar entrevistas con la cara descubierta—, a quien no le dejan de temblar las manos con las que quiere ocultar las lágrimas, grita que las engañaron porque ya no hay nada, no está la fajina que ella pensaba que era de su esposo Juan José Ramos —desaparecido de su casa “hace 6 años y 20 días”—, y llora con la impotencia de quien siente que se lo volvieron a ocultar.
La esposa de Juan José Ramos, desaparecido en 2019, se sintió engañada porque en el rancho no había ninguna prenda y pidió que dejaran a los colectivos excavar en busca de indicios. (Marcela Turati)
“No hay nada. No hay prendas, no hay zapatos, no hay mochila, no hay nada. Se desaparecieron. No se vale. Compañeras de otro colectivo vinieron cuando se abrió y hay fotos de todo lo que hay, ahora no hay nada. Dicen que están en Semefo, pero nunca lo han publicado, pero hay muchos lugares donde hay montones de tierra. Que nos dejen entrar, escarbar, y verán que íbamos a sacar muchos indicios de nuestros desaparecidos. No se vale. Somos una burla. No hay nadie que te diga qué ha pasado con todo esto. Según que iba a venir de México una persona [de la FGR] y no llegó. Como siempre, somos burla de esta sociedad, de este pinche gobierno. Todo está bien manipulado, todo lo que hay adentro está manipulado. Esto nada más lo hacen para hacer un teatro. Había muchos zapatos, mucha ropa, muchas mochilas. Había de todo. Y ahora no hay nada”.
En la finca de 11,000 metros cuadrados es difícil seguir todo lo que pasa porque simultáneamente ocurren muchas cosas: un papá saca de entre la tierra un maletín azul y unos calcetines del bodegón donde supuestamente entrenaban a los sicarios, un sitio que ya había sido procesado por los peritos de la fiscalía; durante el recorrido irán surgiendo cepillos de dientes, peines, cosas que pertenecieron a alguien. Una mujer de Colima coloca sobre la pared un altar con la foto de su hijo desaparecido y unas veladoras para despedirlo (“si aquí estuvo”). Un empleado de Protección Civil trata de desalojar a la gente a gritos porque la pared del galerón principal está a punto de caerse por el peso de la multitud.
Por la ausencia de prendas, desde el principio del recorrido mujeres fuertes como las buscadoras, que cavan fosas, comenzaron a colapsar. En distintos rincones —rodeadas de decenas de cámaras que enfocan cada llanto, cada grito, cada maldición— se les ve desoladas porque sienten que, al llevarse las evidencias, les desaparecieron para siempre a sus familiares. Esas prendas que habían visto eran como señales que les mandaban los hijos, las hijas, los esposos, los padres, que buscan. Presienten que si los quemaron ahí, ya nunca los van a encontrar.
Uno de los momentos más duros lo protagoniza una de las integrantes del colectivo Guerreros Buscadores que aparecía en alguna de las transmisiones en vivo donde encuentran los 300 zapatos, la carta de despedida de un joven desaparecido, los fragmentos de huesos, y demás imágenes que revelaron lo que la sociedad y el gobierno no habían querido ver: que el cártel local traía a jóvenes retenidos a la fuerza para convertirlos en sicarios y los sometía a un brutal entrenamiento en el que quienes no matan, mueren. Cuando nota que bajo el adoquín que pisa se siente hueco, y sabiendo que la fiscalía estatal no hizo un buen trabajo pericial, se tira al piso y, como en trance, comienza a excavar con las uñas, mientras grita llorando:
—¡Traigan un pico y pala! —pide otra mujer que también lleva una gorra para el sol y viste una camiseta gruesa de manga larga como las que usan los exploradores, y que, aunque intenta calmarla, luego grita exasperada—: Si ellos [los peritos] no van a trabajar, que no nos den un tour como si fuera museo, como si fuera película de terror, es una burla para nosotras las víctimas…
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Nada auguraba que las cosas iban a salir tan mal. Únicamente se notaba la descoordinación federal y estatal, dado que las instrucciones a la prensa eran contradictorias. La FGR citaba el jueves 20, a las 12:00 horas, a las afueras de la fiscalía estatal, y la FGE indicaba que saldrían a las 11:00 de la delegación de la fiscalía general. Como si cada una hubiera querido adjudicar la responsabilidad a la otra.
“[Un día antes] por ahí de la tarde, de las 4, 5 de la tarde, empieza a circular la versión de que iban a salir de dos puntos porque no podían ponerse de acuerdo sobre el recorrido. Eso dura hasta las 10 de la noche, que finalmente deciden lanzar dos convocatorias. Pero, evidentemente, allá se notó que no había una logística y me parece que tampoco había una razón de fondo para acudir: si se les iban a presentar las evidencias o iba a haber una explicación”, explicó el periodista y columnista jalisciense Jonathan Lomelí López.
Por la Glorieta de los Niños Héroes, rebautizada como la Glorieta de las y los Desaparecidos porque está tapiada con imágenes de las personas buscadas por sus familias (en Jalisco hay al menos 15,000 registradas), pasaron los camiones —unos reportes mencionan 10, otros 12—, con lugar para 40 invitados cada uno.
Una hora después, los autobuses tipo maquileros que contrató el estado fueron los primeros que aparcaron en el sitio asignado como estacionamiento, a un kilómetro del portón negro con el dibujo de dos caballos encabritados, donde se lee: Izaguirre Ranch.
Se propuso una logística a los recién llegados: esperar a unas camionetas que subirían grupos de 10 personas, y hacer recorridos de 20 minutos para permitir el acceso a los siguientes visitantes.
A las 13:15 horas ya se escuchaba el grito de guerra de las familias, que, desesperadas por estar bajo el sol y entre el terregal, ansiosas por entrar al rancho donde estaban las prendas de quienes buscan, se saltaron a los funcionarios que les impedían el paso y comenzaron una caravana con el grito:
El grito de guerra que no ocultaba la furia de los primeros reclamos:
“Como le digo, señora, somos seres humanos, somos madres que buscamos a nuestros hijos nomás. ¿Cree que esto sea justo? ¿Eh? Aparte de que cuando andamos con la pala y el pico escarbando, ¿quién se arrima? ¡Nadie!, nadie se arrima. Y ahorita sí que es política, que es gobierno, que nos den trato digno. Que se pongan a pensar: tenemos a nuestros hijos desaparecidos. ¿Y que nos den este trato cuando nos están invitando y [dicen] que nos van a dar un trato digno? No se vale. No se vale, señora. Somos seres humanos, no somos animales”.
Se alcanza a escuchar a un papá buscador que en su celular toma la llamada de un noticiero: “No puedo decir que fueron 100, fueron 200 [cuerpos], no tengo la cantidad exacta. No te puedo dar una cantidad porque no eran cuerpos completos los que sacamos, quedaron una nada”.
La furibunda procesión se topó con el portón negro; la entrada parecía un hormiguero. La gente discutía para entrar.
Dentro de la finca esperaba el funcionariado estatal, cada quien con sus logos en los uniformes, pero nadie entendía qué hacían: no explicaban nada ni daban el recorrido como en los museos, solo cuidaban que no se traspasaran los sellos de seguridad. Los tres tristes psicólogos enviados por la fiscalía estatal tampoco estaban ahí cuando con más urgencia se necesitaban.
Desde las 13:30 horas ya eran televisadas por canales como el 44 las furiosas críticas de las madres que salían del rancho, como Patricia Sotelo, del colectivo Huellas de Amor, quien —rodeada de sus compañeras, todas reclamantes— dice a cámara: “Solo pisar el lugar es un dolor y se siente. Es una burla al dolor. Esperábamos caminar por nuestro pie cada rincón. […] Lo que hemos visto por la televisión, no nos dejan pasar, te formas como niño de primaria, tienes que seguir las indicaciones, seguir una hilera, nos dan 15, 20 minutos. […] Ya no hay nada, no nos dejaron entrar donde supuestamente era el dormitorio. Sabíamos que iba a venir Gertz Manero y el fiscal de Guadalajara, que nunca llegaron. Que Gertz tome su puesto, que no nada más cobre”.
A las 14:36, cuando la visita ya era un desastre, la fiscalía de Jalisco tuitea la foto de un oficio y un mensaje: “Hemos puesto a disposición de la @FGRMexico la totalidad de la información del caso del rancho Izaguirre para efectos de que puedan ejercer su facultad de atraer y encabezar la investigación”.
Decenas de medios acudieron a la visita del rancho, propuesta por Gertz un día antes, a la que se sumaron colectivos de diversos estados invitados por la fiscalía estatal. (Lucía Flores/ObturadorMX)
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Mientras a las madres que dedican el día entero a buscar con pico, pala y varillas a sus parientes desaparecidos solo les daban 20 minutos de acceso, otros contaban con privilegios, como Jorge Manuel Suárez Azcargota (@SUAREZDEJALISCO), el influencer VIP a quien el gobierno del estado coló antes del recorrido. En su transmisión se jactaba de haber sido resguardado por la fiscalía para ser el primero en echar una mirada a la bodega. Mostró la que creía que era “casa de una familia”. Enseñó lo que “una vez fue un estanque”. La cocina rudimentaria. Un baño. Las excavaciones. Los drones que sobrevolaban el espacio. Se sentía, dijo, una “vibra no cool”, muy pesada, fea, con una “carga muy cabrona”.
En su video en vivo le dio su llegue al fiscal general: “Se esperaba la visita de Gertz Manero, obviamente no está aquí, quizás se pueda tomar como una falta de cuidado, porque aquí están los colectivos, los medios, aquí en el punto cero tendría que darse la información”, dice en el mensaje que subió después.
No sería el único influencer en la “zona cero”. Al narcorrancho estaban por arribar otros desde la Ciudad de México, deseosos de entrar a verificar si en realidad ese sitio era un “campo de exterminio” y buscar los “hornos crematorios” que las madres habían difundido en sus transmisiones dos semanas antes, en imágenes en las que se ve a un hombre sumido medio cuerpo en un hoyo y a ellas cerniendo la tierra, depositando fragmentos de huesos en una bandeja de plástico.
En la Mañanera del 18 de marzo se informó que el tema de Teuchitlán formaba parte de una “guerra sucia”, que estaba siendo manipulado por 87,000 bots de la oposición con el fin de atacar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente López Obrador.
Algunos de los influencers y periodistas fueron a constatar en vivo si esas fotos de prendas abandonadas, y los hoyos con restos humanos que hicieron del rancho Izaguirre “el Auschwitz mexicano”, eran el montaje que la presidenta y diversos medios afines denunciaban como una campaña orquestada desde la derecha o con fines injerencistas para propiciar una invasión de Estados Unidos.
El recorrido era autodidacta. En el caminito a lo largo del predio había banderines amarillos, rojos y verdes en donde se encontró alguna posible evidencia. En el bodegón principal pusieron un cordón amarillo, pero entre el tumulto no se respetaba, ni siquiera se notaba. Otro sitio estaba clausurado con una tela.
En la visita solo se veía tierra aplanada. Raúl Servín, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, el colectivo que hizo público el hallazgo, repetía que la fiscalía había rellenado los hoyos de los que sacaron fragmentos de huesos. “Yo lo vi cuando lo taparon. Todo lo alteraron”.
De las decenas de uniformados presentes (soldados, guardias nacionales, personal de derechos humanos, atención a víctimas, protección civil, fiscalía de desapariciones, FGE, comisión de búsqueda y un largo etcétera), ninguno daba razón de lo ocurrido en ese rancho, de los hallazgos, de las conclusiones. En las transmisiones en vivo de periodistas, y de feizbuqueros, yutuberos, tuiteros, tiktokeros e instagrameros llegados al rancho, se notaba esa torre de Babel, donde cada quien hablaba un lenguaje distinto. Donde unos vieron un comedor, otros vieron un sitio de desollamiento.
Periodistas internacionales que pisaban por primera vez el campo de entrenamiento de un cártel detallaban en inglés, ante las cámaras, los métodos de ejecución que se utilizaban en el predio, y hasta los lugares exactos donde se hacía cada cosa. A pesar de que lo ocurrido aún está bajo investigación. Aderezaban sus reportes con rumores, noticias, deducciones y entrevistas a sobrevivientes anónimos que dan sus testimonios en los noticieros.
No faltaban los morbosos que —ante las familias convertidas en un manojo de nervios mientras buscaban las prendas que reconocieron— parecían competir por quién hacía las preguntas más crueles, las más terribles o las más sangrientas para ganar más vistas.
“¿Usted cree que su hijo está aquí enterrado? Si fuera así, si él le pudiera escuchar, ¿qué mensaje le daría?”.
Solo las familias que en el primer trimestre de este año ingresaron al perímetro y encontraron las evidencias atinaban a esbozar explicaciones de lo que vieron. El señor Raúl Servín, que desde hace una década busca a su hijo Raúl, ofrece el recorrido que los medios necesitan. Habla de las dentaduras que hallaron (“piezas molares”), de la placa metálica del brazo de una persona que busca su colectivo, de los restos que sacó. Critica lo mal que excavaron los peritos de la fiscalía, que sus exploraciones no se comparan con la profundidad bajo tierra que él alcanza.
Una periodista se detiene para grabar una construcción donde se encontraron señalizaciones de carreteras contra las que se practicaba tiro al blanco, y muchos bidones, y dice ante las cámaras que los delincuentes tenían ahí “una barra” para descuartizar a sus víctimas.
Don Raúl Servín, vestido con su paliacate y su camiseta negra de manga larga que lleva a los rastreos, no quiere continuar, explica que a él no le tocó inspeccionar más adelante. Que solo recuerda que en un cuarto había bidones vacíos.
—¿Aquí se usaron combustibles?
—Sí. Las muestras están en que los que se llevaron no fueron cuerpos completos. Eso porque se llevaron las evidencias a México, no fueron cuerpos completos.
—¿Cómo se veía eso que quedó?
—Como esta piedrita que está ahí, así quedaban reducidas las partes de los cuerpos humanos que fueron quemados.
Los camarógrafos le piden que diga más, que siga adelante. Y él continúa. Personal de la fiscalía les limita el paso porque la visita ya ha durado más de la cuenta: son las 15:30 horas.
Entonces le lanzan la pregunta del millón, por la que existe un debate público y las familias buscadoras han sido acusadas de exagerar:
—¿Este es un centro de exterminio o solo un campo de adiestramiento, como dijo en su conferencia el fiscal (Gertz)?
—No sé cómo le llaman ellos. Como cuando estaba niño yo veía en las caricaturas que usaban esas pistolas como tipo láser que los exterminaban. Yo creo que ellos [el gobierno] pensaban verlo así. Entonces, cuando vine, dije: “No, lógico, pues, si estás quitando la vida a una persona y la estás quemando, pues es un castigo de exterminio”. Claro. Están aprendiendo [a matar] con otros cuerpos, entonces a lo mejor para ellos [el gobierno] no es de esa manera, pero desgraciadamente esa es la realidad para nosotros.
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A la mitad del recorrido, la hija de Adriana Ornelas —hermana de Paulo Gabriel, de 21 años, quien el año pasado fue sacado junto con sus patrones del negocio de instalación de estéreos donde trabajaba— notó el mensaje distorsionado que desde ese momento un supuesto periodista ya transmitía. Y le entró la desconfianza.
“Mi hija vio un influencer que decía que ahí no había nada. Que todo era actuado, que nos habían pagado, que somos de un partido… Da mucho coraje. Me pasaron el enlace del en vivo, ahí dicen eso”, señala su madre, quien no se dio cuenta; ese día daba contención a compañeras conmocionadas por tantas emociones vividas.
A partir de ese tourMontessori donde cada quien hizo lo que quiso, se hicieron notar periodistas e influencers que dictaminaron al instante, como si tuvieran vista de rayos X y fueran expertos en Ciencias Forenses: aquí no hay crematorios, no hay hornos, no hay nada quemado, no hay centro de exterminio. Y hasta fueron a informarlo en la Mañanera de la presidenta los días siguientes.
El fotógrafo Ulises Ruíz, quien acompañó a Guerreros Buscadores de Jalisco el 5 de marzo, cuando hicieron los hallazgos de los zapatos, la ropa, los restos óseos, volvió al rancho para la visita a medios, y contradice a quienes aseguran que nunca hubo nada: “[En el recorrido] yo vi [los hoyos] tapados”. Menciona que una de las excavaciones del colectivo que acompañó era como de un metro de profundidad. Pero el jueves del recorrido alcanzó a notar a lo lejos —porque el paso estaba cerrado— que ese pozo lucía rellenado.
“[Si en la Mañanera] declararon que no vieron hornos es porque nadie les dijo que los hornos de aquí no son como de pan o de pizza, que podrían ser bajo tierra. Yo he ido a otros dos o tres [sitios] de los que llaman hornos crematorios, con las madres de Buscando Corazones y con Guerreros [Buscadores], e indudablemente no tienen las características de un horno de pan ni horno de ninguna otra circunstancia que uno conoce de barbacoa; tiene diferentes especificaciones”, dijo en entrevista.
Para explicar las variaciones que no se entendieron en el recorrido compartió tres fotografías aéreas que tomó para la agencia AFP en el rancho Izaguirre usando un dron, en las que se puede observar la evolución de los sitios excavados —donde él vio que los buscadores extrajeron fragmentos de huesos— para compararlas con las del día del recorrido. Y una cuarta donde se aprecia la profundidad de las excavaciones.
Foto del 5 de marzo de 2025, el día del hallazgo. Junto al techo con el que se cubrieron las excavaciones se ve la tierra removida. (Ulises Ruiz/AFP)
Imagen tomada el 19 de marzo, un día antes de la visita de los medios, en la que se ve a gente trabajando en el perímetro de las excavaciones. (Ulises Ruiz/AFP)
En esta foto del 20 de marzo ya no se observa la tierra removida, no se notan las excavaciones. (Ulises Ruiz/AFP)
Un integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco excava el 5 de marzo el sitio donde encontraron fragmentos de huesos. Se aprecia que el hoyo podría medir un metro. (Ulises Ruiz/AFP)
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¿Para qué se organizó la visita? Aún no hay respuestas. Si lo que se buscaba era controlar la narrativa para bajarle la intensidad al momento —y no dar a Estados Unidos la excusa para invadir México en busca de terroristas, como planteaban algunas mesas de análisis—, y desvincular los campamentos de entrenamiento del sicariato con los campos de exterminio —como han sido denominados en México muchos sitios con fosas clandestinas—, algo salió terriblemente mal.
The Guardian: “Hornos secretos y restos humanos: un macabro lugar de exterminio en México saca a la luz las desapariciones forzadas”.
El País: “El horror de Teuchitlán abre sus puertas: ‘La única verdad es que no les importan los desaparecidos’”.
New York Times: “En un ‘campo de exterminio’, los rastros de los amados desaparecidos”.
CNN: “Los secretos del Rancho Izaguirre: entre el horror y la búsqueda de los desaparecidos”.
En los comentarios de medios estadounidenses no pocas personas escribían que México necesitaba “ayuda” para combatir a sus propios terroristas.
Si de algo sirvió el recorrido fue para dotar de imágenes de terror a los medios de comunicación que se alimentan también con los testimonios anónimos que surgen como hongos de quienes dicen haber estado en ese mismo rancho y haber salido con vida. Son tantos que llegan a ser dudosos, pero la crisis humanitaria ha durado tanto, y las denuncias de estos hechos han sido tan ignoradas en Jalisco (la primera fue en 2011), que tampoco es posible descartarlos.
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Si para algunas madres la visita fue “una burla”, “un circo”, “un teatro”, “un museo de nuestro dolor” o un “montaje”, conforme pasan los días sienten que pudo haber sido una trampa. Ni Adriana, ni Virginia, ni las madres buscadoras presentían la campaña de insultos en su contra que desataría.
“Qué bueno que el rancho se dio a conocer. Lo que no es bueno es que nos estén atacando a todos los colectivos, a todas las mamás, está muy feo. Nos están atacando a todas de vendidas, que porque [a nuestros hijos] no los cuidamos antes, que si estaban en malos pasos. Y eso es lo que más lastima —se le quiebra la voz—, que la gente no sea empática, que no saben que de nuestra propia bolsa pagamos para buscar a nuestros hijos. Yo, la verdad, ni veo noticias, pero me metí a Yutú a ver lo que sacaron, y dije: ‘Ojalá no les pase a ellos, que sufran lo que una anda sufriendo’. Anden bien o anden mal [nuestros desaparecidos], lo que queremos es regresarlos a casa”, dice Adriana desde su casa en Guadalajara, donde aún asimila lo ocurrido.
Aunque su colectivo mantuvo las visitas en secreto —porque los elementos de la Guardia Nacional que las escoltaban en las dos ocasiones que entraron solo les permitieron tomar imágenes, pero no las dejaron excavar ni hacerlo público en los medios, y aunque Virginia dice que avisaron de sus hallazgos a una MP de nombre Berenice, de la que no recuerdan el apellido, que no les hizo caso y les prohibió volver—, Adriana siente gratitud hacia Guerreros Buscadores de Jalisco porque rompió el silencio, dio a conocer el hallazgo y generó que voltearan a verlas a todas.
Aunque hoy las atacan. “[Le dicen a Ale] que ese drama debería de haberlo hecho para que no se lo llevaran”, dice dolida por los insultos contra la madre que acudió a la visita a Teuchitlán buscando la gorra, la mochila y una placa metálica que llevaba su hijo, y que en un ataque de histeria, de llanto, de dolor, cuando no encontró las evidencias que había visto, se tiró al piso a excavar con sus uñas.
Esta semana, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco anunció que “enfrenta una campaña de difamación y desprestigio sin precedentes”. También ha recibido amenazas.
El viernes 21 de marzo, en la Mañanera la presidenta Sheinbaum defendió la visita al rancho como un acto de libertad de expresión (no dijo nada de la alteración o destrucción de evidencias) para que cada quien se hiciera una opinión.
Ese mismo día en algunos medios ya comenzaba a criticarse el “invento del centro de exterminio” y de los hornos crematorios. Pero difundían también otra noticia: al rancho seguían llegando grupos de madres que pedían entrar, pero no les autorizaron el ingreso. En la televisión se veía a una madre y su hija, ambas del grupo Buscando Corazones en Jalisco, cargando los picos, palas y varillas cotidianas, vestidas con sus camisetas largas y los sombreros para el sol, auscultando las parcelas colindantes al predio Izaguirre; después anunciaban nuevos hallazgos: una sudadera, una gorra, un huarache y —lo más sospechoso— un calcetín quemado. También un plano decolorado del rancho del terror, donde el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses marcó los sitios de interés que luego no inspeccionó.
Las madres, imparables, siguieron excavando verdades.
**Foto de portada: Una madre buscadora, al darse cuenta de que el adoquín estaba hueco, intentó excavar el piso con las uñas. Intentaba encontrar la gorra y la mochila de su hijo desaparecido. (Marcela Turati)
www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
*Marcela Turati es periodista, cofundadora de Quinto Elemento Lab y del proyecto A dónde van los desaparecidos. Autora del libro “San Fernando: última parada” (2023), sobre las desapariciones de personas en Tamaulipas y la búsqueda de sus familiares.
**Esta es una publicación de ¿A dónde van los desaparecidos? que compartimos con su consentimiento y que puedes consultaraquí
Gilberto Loya Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, informó que los trabajos de localización se realizan en conjunto con fuerzas federales mexicanas, la Fiscalía General del Estado, así como con la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Expuso que se están realizando operativos que no sólo se centran en la mancha urbana, sino que también se extienden hacia la zona de Anapra, Santa Teresa y el Valle de Juárez en la zona suroriente.
Aunque respecto a la responsabilidad del sellado de los túneles dijo que ésta recae en las autoridades estadounidenses, pero que la Policía Estatal estará brindando protección perimetral y apoyo en materia de seguridad si es requerido.
Estos operativos surgen a raíz de por lo menos dos túneles que conectan a Ciudad Juárez con El Paso, Texas, los cuales se presumen eran utilizados para el tráfico ilegal de migrantes hacia Estados Unidos.
En entrevista con Circuito Frontera, personal de la Patrulla Fronteriza, dijo en días pasados que estas estructuras forman parte del sistema de alcantarillado de la ciudad y que han sido utilizadas por traficantes de migrantes durante años.
No obstante, el uso de estos espacios representa un alto riesgo, ya que la acumulación de gases tóxicos podría provocar la muerte de quienes intenten cruzar de manera irregular, según advirtió Orlando Marrera-Rubio, uno de los voceros de la Patrulla Fronteriza.
Cabe resaltar que uno de los túneles fue localizado el pasado 10 de enero en la zona del bordo, a la altura de la Puerta 28.
Mientras que el 13 de enero, se encontró otro acceso subterráneo en la avenida Rafael Pérez Serna, donde elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional resguardaron el área antes de sellarlo.
Aunque el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal declaró que hasta el momento no se ha determinado cuántos túneles más podrían existir, por lo que continuarán con las investigaciones en conjunto de manera indefinida.
En Ciudad Juárez, sólo el 15 por ciento de la industria maquiladora cuenta con programas inclusivos para personas con discapacidad, entre ellos personas con Síndrome de Down.
Así lo dio a conocer José Refugio Salazar Montes, representante de Familias 21 Unidas por el Síndrome de Down.
Lo anterior, luego de que el miércoles pasado se aprobó en sesión de Cabildo la implementación un programa piloto para la capacitación laboral apersonas con Síndrome de Down en empresas maquiladoras.
José Refugio Salazar Montes, representante de Familias 21 Unidas / Foto: Cortesía Municipio
El activista hizo hincapie en la importancia de fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad en Ciudad Juárez.
Señaló que, aunque 36 empresas en México han implementado programas inclusivos desde hace más de una década.
Refirió que empresas como Starbucks, Palacio de Hierro, GNP Seguros, Walmart, Unilever y HSBC ya han integrado a personas con Síndrome de Down en sus equipos de trabajo, lo cual beneficia a los empleados, pero también mejora el clima organizacional.
Expuso que este tipo de programas además fomenta una cultura corporativa más comprometida con la responsabilidad social.
Cabildo de Ciudad Juárez administración 2021-2027 / Foto: Cortesía Municipio
Por ello, expuso que contar con un centro de capacitación en Ciudad Juárez permitiría que más empresas accedan a trabajadores con un alto sentido de permanencia y compromiso, lo que ayudaría a reducir la rotación laboral.
Además, resaltó que el valor de estos empleados no se mide solo en su capacidad intelectual, sino en sus habilidades como la empatía, la expresión emocional y el optimismo.
Explicó que actualmente, Familias 21 Unidas agrupa a 150 familias en la ciudad, de las cuales más de 40 jóvenes en edad adulta están listos para integrarse al mercado laboral.
Sin embargo, requieren capacitación para ingresar a las filas de las empresas locales y desempeñar un papel funcional en la economía de esta frontera.
Persona con Síndrome de Down / Foto: Tomada de Internet
Cabe señalar que de acuerdo con la última información publicada en la página oficial de Data México, en el 2020 en Ciudad Juárez existían poco más de 71 mil 200 personas con discapacidad, ya sea visual, física y discapacidad motriz.
Mientras que según datos de la Secretaría de Salud Federal, en los últimos cuatro años el estado de Chihuahua reportó un promedio de 92 casos por cada 10 mil nacimientos.
