A través del arte del títere, la narración oral y la escucha comunitaria, un grupo de jóvenes de Ciudad Juárez rescata la memoria de los pueblos que el tiempo y el olvido parecían haber silenciado en voz delTlacuache Cuentero.
Se trata del Laboratorio de Imaginación Histórica (LAB IH) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), un proyecto que busca reconectar a las comunidades con su identidad a través del arte y la palabra, donde la memoria se vuelve una herramienta para combatir los problemas sociales.
En una época dominada por las pantallas y la prisa, este grupo decidió mirar hacia atrás y darle rostro al pasado, el Tlacuache Cuentero, es la voz del personaje ideado por el juarense Hernani Herrera.
El Tlacuache Cuentero con los jóvenes del Laboratorio de Imaginación Histórica / Foto: UACJ
Marial Valdez, alumna de la licenciatura en Historia de la UACJ, también forma parte de este laboratorio, quien junto a Hernani y otros jóvenes apasionados por la memoria colectiva, acuden desde las plazas de Ecatepec hasta los parques de Ciudad Juárez.
En los espacios públicos de esta localidad, el Tlacuache Cuentero sale con su chaleco verde y su moño rojo para conversar con la gente, escuchar sus recuerdos y convertirlos en semillas de historia viva.
“La memoria se vuelve la herramienta para combatir todos los problemas sociales (…) La memoria se vuelve una solución para que no nos vuelvan a pasar las cosas”, dicen.
El personaje nació en el 2021, durante la temprada de pandemia por COVID-19, con la ayuda de la compañía de teatro «La Charca», la cual es dirigida por el titiritero Jesús García.
“Yo quería que fuera un tlacuache, que tuviera su chaleco verde y su moño rojo. Le mandé un boceto y él lo hizo realidad”, refiere Hernani.
De tal manera que lo que empezó como un seudónimo para firmar cuentos históricos, terminó convertido en un personaje tangible que hace de la historia un acto de cercanía, juego y comunidad, cuyo objetivo es romper con la rigidez de la enseñanza tradicional.
“Por eso no es el Tlacuache Historiador sino el Tlacuache Cuentero, porque no te va a dar una clase, te va a contar una historia. En esa diferencia está la magia”, dice Hernani.
Brotes de Historia
En los “Brotes de Historia”, como llaman a sus encuentros espontáneos, el grupo se instala en plazas, parques o mercados con sus marionetas —entre ellas también Emilio Itacate, el cacomixtle de Morelos — para provocar la imaginación colectiva.
“Les preguntamos a las personas cómo creen que era ese lugar en el pasado. Y de pronto, un abuelo recuerda cómo era el centro cuando había más árboles y su nieta escucha, se ríe y también imagina. Eso es historia viva”, menciona.
Aunque el Laboratorio de Imaginación Histórica no se limita a los títeres, pues también produce una Gaceta, una revista de divulgación llamada Tranvía Fronterizo, un podcast (La Parcela del Devenir), videos en redes sociales y una serie de intervenciones urbanas llamadas Pregoneadas, en las que los jóvenes invitan a la gente a participar contando cómo imaginan su pasado local.
El proyecto ha tenido presencia en Cuautla, Ciudad de México, Morelos, Chihuahua, España y Berlín, y forma parte de una idea sencilla, pero poderosa: la historia no sólo está en los libros, está en las calles, en las voces y en los recuerdos.
Marial y Hernani lo demuestran con ejemplos. En Ecatepec, montaron un pizarrón frente a un quiosco para que los transeúntes escribieran aquello que amaban de su ciudad y en Tonalá, recorrieron el centro histórico preguntando a los vecinos por anécdotas locales.
Aunque para ellos, Ciudad Juárez es un laboratorio vivo de historia, un territorio donde los contrastes no borran la identidad sino que la moldean, por lo que aquí, el Tlacuache Cuentero encontró una misión: reconciliar a la gente con su propio pasado, despertar en cada juarense la curiosidad por los lugares que recorren a diario sin saber todo lo que han visto.
Uno de los ejercicios más emblemáticos ocurrió frente al Monumento a Benito Juárez, en el centro de la ciudad. Allí, entre predicadores, activistas y transeúntes, el colectivo montó una pequeña exposición con fotografías antiguas del mismo sitio, tomadas a principios del siglo XX.
“Era como abrir una ventana al pasado. La gente veía esas fotos del monumento viejo, con árboles y bancas, y se sorprendía. Poníamos cartones para que escribieran su edificio histórico favorito y muchos de esos ya están abandonados. Pero el solo recordarlos hacía que la gente sonriera”, relata Hernani.
Esa tarde, el bullicio habitual del Centro se transformó en conversación: abuelos que recordaban los cines desaparecidos, jóvenes que hablaban de los parques donde jugaban de niños, comerciantes que contaban anécdotas de un Juárez más verde, menos pavimentado, más cercano.
El Tlacuache Cuentero en el Museo Regional del Valle de Juárez / Foto: UACJ
Mientras que María lo define así: “Lo importante es que brote la imaginación, que la gente recuerde, que diga: ‘Ah, sí, cierto, ya ni me acordaba de que aquí conocí a mi mejor amigo’. Esa chispa es memoria viva.”
Más allá de la divulgación, estos jóvenes reconstruyen el tejido social a partir del arte, en un esfuerzo por devolverle al pueblo su voz y su memoria, donde las marionetas, los cuentos y las risas ayudan a que la gente se reconozca entre sí, reflexiona Hernani.
Y en tiempos donde el olvido parece avanzar más rápido que la historia, su labor representa que recordar también es un acto de amor.
**Con información de Gustavo Cabullo, de la UACJ**
En un reporte basado en las propias cifras del ICE, la organización American Immigration Council señala que son siete las personas mexicanas que murieron bajo custodia del ICE entre el primero de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.
El último de ellos, Miguel Ángel García Hernández, de 31 años, quien murió el 29 de septiembre, tras ser baleado por un francotirador que atacó una sede del ICE en Dallas. Tiroteo en el que también murió otro migrante salvadoreño.
Crisis migratoria en el muro ubicado en la frontera de Tijuana-San Diego / Foto: Nómadas Press
La cifra de siete mexicanos muertos marca un récord. Hasta ahora, la cifra más alta de mexicanos muertos bajo custodia del ICE en un año fiscal se había registrado en 2004, con cinco, y 2005, también con cinco.
El dato contrasta también con la cifra de mexicanos muertos en 2024, cuando no hubo un solo connacional registrado como fallecido y resalta que, de los siete de este año fiscal, seis perdieron la vida en la administración de Donald Trump, que inició el pasado 20 de enero.
Reportan muertes de mexicanos como presunto suicidio
Entre los datos, se menciona que en general fueron 23 personas fallecidas durante este periodo fiscal, y de estos, tres casos fueron reportados como aparente suicidio, incluyendo el de un mexicano: Jesús Molina Veya, de 45 años.
En su reporte, el ICE indicó que fue declarado muerto en el Centro de Detención Stewart, Georgia, donde se le encontró colgado de una litera.
Uno de los casos que levantó polémica fue la muerte de Abelardo Avelleneda Delgado, de 68 años, ocurrido el 5 de mayo de 2025. De acuerdo con el reporte, falleció durante su traslado al Centro de Detención Stewart.
“Delgado dejó de responder y los agentes de seguridad contratados por TransCor llamaron al 911”, señala el reporte. El personal de emergencia señaló que el mexicano “no tenía pulso ni respiraba, y el personal no tomó medidas adicionales para salvarle la vida”, añadió.
La lista de fallecidos mexicanos incluye también a Ismael Ayala Uribe, de 39 años y ex beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Ayala Uribe fue trasladado el 21 de septiembre al Centro Médico Victor Valley por un absceso en su glúteo y se le programó para cirugía. Sin embargo, el día 22, personal del hospital lo encontró inconsciente. A pesar de que se tomaron medidas, según el reporte del ICE, para salvarle la vida, fue declarado muerto.
Operativo corporaciones policiacas en la frontera de Juárez-El Paso / Redacción
Los otros dos mexicanos muertos bajo custodia del ICE son Óscar Duarte Rascón y Lorenzo Antonio Batrez Vargas.
Duarte Rascón, de 59 años, falleció el 8 de septiembre de 2025. Padecía alzhéimer, cáncer de riñón y hepatitis C, según el reporte del ICE. Murió en el Centro Médico Banner Desert, en Arizona.
Batrez Vargas, de 32 años, murió en el Complejo Correccional Central en Florence, Arizona, el 31 de agosto de 2025, por causas relacionadas aparentemente con la diabetes que padecía.
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Durante el mandato de la presidenta, aumentó 16% el número de víctimas en comparación con 2024. Enfrenta, además, el escándalo internacional que supuso el caso Teuchitlán, y la revisión del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas sobre la gravedad de las desapariciones forzadas en el país
El primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum ha marcado un nuevo récord en el número de desapariciones en México: cada día, 40 personas no regresan a sus hogares, un promedio de 1.6 cada hora.
Hasta el 1 de octubre, desaparecieron 14,765 personas en el país, 16% más que en el último año de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, cuando hubo 12,695 víctimas. México enfrenta, además, el escrutinio de la ONU, por considerar que en México la desaparición forzada ocurre de manera generalizada y sistemática.
Aunque se ha tratado de ignorar la problemática desde la Presidencia, evitando hablar sobre las desapariciones, casos como el del rancho Izaguirre, en Jalisco, han develado este año el alcance del reclutamiento forzado que llevan a cabo los grupos criminales, mediante la oferta falsa de puestos de trabajo, a través de redes sociales o incluso utilizando videojuegos.
Pese a que llegaron hasta las puertas de Palacio Nacional para solicitárselo, la mandataria no se ha reunido con colectivos de madres buscadoras. Únicamente tuvo un encuentro, el 30 de agosto, con integrantes del Comité ¡Eureka! —fundado por Rosario Ibarra de Piedra en 1977 para exigir la presentación con vida de los desaparecidos durante la “guerra sucia”—, y reuniones con familiares de los normalistas de Ayotzinapa, que no se han traducido, a pesar de sus promesas, en avances en las investigaciones.
El pasado 4 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU anunció la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, que faculta al CED —un órgano integrado por expertos independientes— a llevar el caso de México a la Asamblea General de la ONU, que podría determinar que las desapariciones forzadas en el país constituyen un crimen de lesa humanidad.
El Gobierno mexicano envió el 18 de septiembre, como parte del procedimiento, un informe sobre cómo está enfrentando un drama que supera las 133,000 víctimas, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Aunque esta información generalmente es pública, el Estado solicitó que fuera tratada de forma confidencial, publicó Proceso.
El CED aclaró que la activación del artículo 34 no prejuzga la situación del país. Explicó que, de acuerdo con el artículo 2 de la convención, la desaparición forzada “es la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, seguido de la negativa a reconocer la privación de la libertad o el ocultamiento de su paradero.
“El Comité consideraque las circunstancias contempladas en el artículo 2 se aplican, entre otras cosas, a los denominados ‘grupos paramilitares’, pero también a las personas involucradas en la delincuencia organizada, incluidos los grupos o redes informales, desde el momento en que recibieron la autorización, el apoyo o la aquiescencia de una autoridad estatal”, sentenció el CED.
La activación del artículo 34 provocó un rechazo generalizado desde las instancias gubernamentales, incluso el entonces presidente de la mesa directiva del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, dijo que presentaría un “recurso legal”contra el presidente del CED, Olivier de Frouville, por su comportamiento “faccioso y atrabiliario”. La propia presidenta negó que en el país se cometan desapariciones forzadas y acusó a los integrantes del comité de un desconocimiento de la situación de México.
Familiares y colectivos de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil enviaron en agosto un informe al CED, difundido el 1 de octubre, en el que subrayaron que las desapariciones forzadas perpetradas desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, en 2006, cuando declaró la “guerra contra el narcotráfico”, no pueden considerarse hechos aislados.
“Encontramos que en México se han cometido en contra de víctimas civiles desapariciones forzadas, entre otras atrocidades, de manera masiva o generalizada, tanto por organizaciones [criminales] como por agentes del Estado de los tres niveles de gobierno”, concluye el informe.
Los firmantes recomiendan la instalación de una Comisión de Esclarecimiento Histórico para identificar los patrones de las desapariciones y establecer acciones para detenerlas, y piden comunicar a la Corte Penal Internacional la información que presentan para que se inicie una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad.
Para el director jurídico de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, sí se puede hablar de desapariciones sistemáticas y generalizadas en México, pero solo en algunos estados de la república; menciona como ejemplo Veracruz bajo el gobierno de Javier Duarte, o Nayarit cuando era fiscal Édgar Veytia.
El abogado critica la falta de apertura de la administración de Sheinbaum para abordar el tema. “No ha habido una apertura seria, participativa, para analizar el fenómeno de la desaparición ni se ha convocado a las organizaciones ni a los colectivos. A los únicos familiares que ha recibido [Sheinbaum] siguen siendo los de Ayotzinapa; del resto no ha recibido a ninguna otra madre para hablar del tema”, lamenta Gutiérrez.
La presidenta Claudia Sheinbaum no ha recibido a las madres buscadoras, solo a integrantes del Comité ¡Eureka! y a familiares de los normalistas de Ayotzinapa. (Johana Remigio/ObturadorMX)
La “cifra negra” de Sinaloa
Los estados que registraron el mayor número de desapariciones desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025 fueron el Estado de México, Ciudad de México y Sinaloa. Pero el porcentaje de aumento de víctimas respecto al año anterior fue mayor en Jalisco, con 198%; Baja California Sur, con 140%, y Sinaloa, con 132%.
Este último estado ha sido el escenario del enfrentamiento entre dos grupos criminales, los Chapitos y los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa que desataron una ola de violencia tras el traslado y detención en Estados Unidos de Ismael Zambada García, el Mayo, en julio de 2024.
Las desapariciones en Sinaloa se han concentrado en Culiacán —el epicentro de la disputa— y Mazatlán; el 90.8% son hombres jóvenes, de entre 15 y 39 años de edad.
“Ha sido muy desesperante, muy frustrante para nosotros que se lleven a tantos muchachos, a tantas personas, y que no los encontremos”, relata Alma Rosa Rojo, integrante del colectivo sinaloense Voces Unidas por la Vida y quien busca a su hermano Miguel Ángel desde el 2009.
Además, si bien hay un registro oficial que ofrece una idea del impacto que ha tenido el enfrentamiento de los grupos criminales en la desaparición de personas, los colectivos han señalado que la “cifra negra” de desapariciones que no se denuncian ante las autoridades –por miedo u otros motivos– sería mucho mayor.
“Dicen que hay ahorita más de 2,000 desaparecidos, del año que tiene la guerra, y también asesinados”, afirma Rojo. “Sobrepasa, yo creo, los 4,000 o 5,000 desaparecidos. Hay muchísimos que no meten denuncia porque tienen miedo, muchísimos que no quieren ni siquiera acercarse a una autoridad porque tienen mucho miedo”.
En Chiapas, donde se registraron en el primer año del sexenio de Sheinbaum 395 desapariciones —la cifra global supera las 1,700, según el RNPDNO—, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha advertido sobreel alto número de desaparición de mujeres, que supera el 60% del total, cuando el promedio nacional es del 25%.
El impacto de Teuchitlán
El descubrimiento, el 5 de marzo, del rancho Izaguirre en Teuchitlán, y la repercusión que tuvo tanto en México como a nivel internacional, obligó al Gobierno federal a actuar. Cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó a este predio localizó decenas de prendas, zapatos, mochilas, libretas con nombres, además de fragmentos óseos.
Quedó demostrado que el lugar era un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde asesinaban e incineraban a jóvenes que se negaban a ingresar a sus filas, como aseguraron supervivientes que fueron testigos de los hechos.
La narrativa oficial se centró en negar que se tratara de un centro de exterminio. Al mismo tiempo que la Fiscalía General de la República (FGR) tomaba el control de la investigación, se abrió el rancho a la visita de periodistas y de madres y padres buscadores que creían haber reconocido alguna prenda de sus hijos en las imágenes que se difundieron.
Mientras medios de comunicación afines a Morena negaban que en el rancho se matara a jóvenes, el propio secretario de Protección y Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, terminó por aceptarlo.
Marlety García, que busca desde 2017 a su hijo César Ulises Quintero, es fundadora del colectivo Entre Cielo y Tierra. Fue una de las madres buscadorasque ingresaron al rancho en marzo, cuando llegaron decenas de familiares de distintos estados del país a intentar obtener pistas de sus seres queridos.
“Nosotros creemos que ya debe de haber resultados, dictámenes, de lo que ellos se llevaron del rancho Izaguirre”, señala. García precisa que no han tenido contacto con la FGR ni con autoridades del Ejecutivo federal para dar seguimiento a los hallazgos y las investigaciones.
Lamenta también la falta de atención a los colectivos por parte de Sheinbaum. “Ha sido muy decepcionante para nosotras, las madres buscadoras, porque no nos ha dado la oportunidad de tener una entrevista con ella, de platicar a fondo con ella”, dice la buscadora. “Tampoco es que el tema de los desaparecidos lo tenga como algo prioritario en su agenda, y es un problema de lesa humanidad a nivel nacional”.
Tras la repercusión que tuvo el hallazgo del rancho Izaguirre, la FGR organizó una visita para periodistas y familiares de personas desaparecidas. (ObturadorMX)
‘Reformar una ley no cuesta nada’
Humberto Guerrero, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, recuerda que el tema de las desapariciones nunca estuvo presente en el plan de gobierno de la presidenta. Incluso, en los 100 compromisos que realizó al inicio de su gestión, no se mencionaba la desaparición de personas, solo el caso Ayotzinapa.
“La coyuntura la llevó a ponerle atención al tema, y sobre todo la coyuntura de Teuchitlán”, plantea el abogado.
“Yo creo que han tratado de evitar contradecir abiertamente ese modelo, pero es claro que no les resulta cómodo: el registro nacional de personas desaparecidas, las comisiones de búsqueda, el fortalecimiento forense, etcétera. Creo que quedó claro en la iniciativa que la presidenta manda al Congreso”, señala Guerrero.
Los cambios legislativos, considerados una respuesta a la crisis detonada por el caso Teuchitlán y la activación del artículo 34, incluyeron reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones y a la Ley General de Población. El Gobierno federal propone que, “sin dilación alguna”, las desapariciones se registren tanto en el RNPDNO como en una Base Nacional de Carpetas de Investigación, iniciadas por las fiscalías de los estados, según las medidas publicadas en elDiario Oficial de la Federación.
El abogado Jorge Verástegui advirtió que, debido a la mala clasificación del Ministerio Público, existe el riesgo de que numerosos delitos de desaparición no sean incluidos en esta base y disminuya la cifra de víctimas, pues de los más de 130,000 casos que tenía el RNPDNO en julio, solo el 8.92% estaban registrados como desaparición forzada o cometida por particulares.
Una de las principales reformas legales es la creación de una Plataforma Única de Identidad, que permitirá cruzar la Clave Única del Registro de Población (CURP), que incorpora datos biométricos, con bases de datos, a fin de agilizar los procesos de búsqueda —con la emisión de alertas inmediatas— e identificación de los cuerpos que resguardan los Servicios Médicos Forenses (Semefos).
Para Verástegui, esta plataforma solo servirá para tener el historial de la víctima, no para encontrarla, o para su identificación forense por medio de las huellas dactilares.
La medida fue criticada por organizaciones civiles, por considerar que el registro de datos biométricos conlleva el riesgo de que la información sea utilizada para la vigilancia de la ciudadanía, o un mal uso por terceros en caso de filtración o la venta de los datos.
“De reformas legales fallidas está plagado el camino al infierno. Reformar una ley no cuesta nada, el problema es la implementación, los recursos, todo lo que está pendiente”, subraya Volga de Pina, abogada e investigadora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México de la UNAM.
Antes de la presentación de la iniciativa de reformas al Congreso, la coyuntura que significó la activación del artículo 34 y el caso Teuchitlán llevó a que la Secretaría de Gobernación convocara a mesas de diálogo a los colectivos de personas buscadoras, con el objetivo de incorporar sus propuestas.
“Ahí hubo un esfuerzo, que no fue menor, de reunir a una gran cantidad de colectivos y de familias para escuchar un poco dónde están las necesidades”, considera De Pina, exintegrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
“A la par que se estaban reuniendo con colectivos, estaban haciendo un diagnóstico que mostraba que hay muchos problemas, no uno solo […] y que no cambian otros problemas que acompañan la crisis de desaparición, como el tema forense o esta dinámica que hay entre comisiones de búsqueda y fiscalías”.
Las reformas legales pusieron en pausa la propuesta de López Obrador, quien heredó a Sheinbaum una Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada centrada en el cruce de bases de datos, y las búsquedas casa por casa y por llamadas telefónicas, que tenía como objetivo generar un “nuevo censo” que demostrara que su sexenio, con más de 50,000 víctimas, no era el que registraba el mayor número de desapariciones.
Las medidas aprobadas reiteraron la responsabilidad de la FGR y de sus homólogos locales en la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses, una herramienta que debe contribuir a la identificación de más de 72,000 cuerpos en el país.
“Todos los estados tienen un nivel de desorden: no hay formatos homologados, no todo el mundo registra igual, y todavía no se logran centralizar las bases para el Banco Nacional de Datos Forenses, para el Registro Nacional de Fosas Clandestinas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas y no Identificadas”, advierte la investigadora.
Manifestación del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. (Vicente Sandoval/ObturadorMX)
Doble renuncia
Este año marcó también la renuncia en agosto de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), lo que había sido una petición constante de familiares de víctimas desde su nombramiento en octubre de 2023, por su inexperiencia y cercanía a Morena.
El 12 de septiembre fue elegida la abogada Martha Lidia Pérez Gumecindo como nueva titular de la CNB, en un proceso de selección cuestionado por su opacidad y la falta de participación efectiva de las familias, aunque su designación fue celebrada por diversos colectivos.
La llegada de la abogada, quien se desempeñaba como titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR coincide con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un nuevo acuerdo para que la CNB junto con la FGR actualicen el Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, así como el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas.
“A partir de enero de 2026, las fiscalías y procuradurías estatales y las comisiones locales de búsqueda deberán aplicar dichos protocolos”, establece el acuerdo publicado el 30 de septiembre, justo al cumplirse un año del gobierno de Sheinbaum.
El 15 de julio, tras una gestión marcada por la polémica que no aportó nuevas líneas de investigación para hallar a los 43 normalistas,renunció Rosendo Gómez Piedra a la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA). En su lugar fue nombrado Mauricio Pazarán, quien según la presidenta dará un nuevo enfoque a las indagaciones con el análisis de las llamadas telefónicas que se produjeron antes y después de la desaparición de los estudiantes.
Debido a la falta de avances en el caso Ayotzinapa, Sheinbaum ofreció solicitar la ayuda de expertos de la ONU, mientras familiares y representantes de organizaciones civiles temen que las últimas aprehensiones marquen un regreso a la “verdad histórica”, que sostiene que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, una conclusión que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostró que no era cierta.
Pese al silencio del Estado, y a una gestión de las desapariciones por parte de Sheinbaum que se limita a reaccionar a coyunturas como el caso Teuchitlán, los familiares de las víctimas han urgido a la presidenta que atienda una crisis cuyas cifras no hacen más que aumentar.
“Que no le dé carpetazo al tema de desaparecidos”, expresó la madre buscadora Marlety García, “ya es parte de la historia de México. Va a estar ahí y nuestros niños, nuestros jóvenes, la están viviendo”.
** Foto de portada: En abril, tras la protesta de familiares de personas desaparecidas en el Senado por el rechazo a la activación del artículo 34, personal del recinto destruyó las fichas de búsqueda. (ObturadorMX)
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Cabe resaltar que este martes, Nancy Ivette fue arrestada por agentes de la Agencia Estatal de Investigación, en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y Ramón Corona, en la zona Centro, luego de que contaba con una orden de aprehensión en su contra.
De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, la imputada enfrenta cargos por los delitos de inhumación, exhumación, falta de respeto a los cadáveres y fraude.
Las investigaciones del Ministerio Público señalan que el 25 de mayo de 2025, la acusada habría ocultado el cuerpo de un hombre y simulado su cremación, cadáver que hasta la fecha no ha sido localizado.
Durante la audiencia inicial, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos ordenó prisión preventiva por al menos 12 meses y fijó para el 27 de octubre, a las 11 de la mañana, donde se determinará si será o no vinculada a proceso penal.
Este hecho se suma al caso del Crematorio Plenitud, donde el pasado 26 de junio fueron encontrados 386 cuerpos en descomposición y sin incinerar, por lo que se mantiene abierta una investigación por irregularidades en el manejo de cadáveres.
Este caso forma parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en funerarias de la ciudad, donde se han detectado malas prácticas en el manejo de cadáveres.
La Fiscalía General del Estado recordó que la mujer se presume inocente hasta que se dicte una sentencia en su contra, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Los escenarios universitarios se transforman en un punto de encuentro para el arte, la música y la comunidad, con el Festival Cultural de Otoño organizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
Más de una decena de actividades iniciaron el pasado 15 de octubre y concluyen hasta 31, luego de que se desarrollarán en distintos espacios como el Centro Cultural Universitario, el Teatro Gracia Pasquel y el Centro Cultural de las Fronteras.
El festival abrió con la puesta en escena Don Quijote, interpretada por la Compañía de Ballet Clásico de la UACJ, una función que marcó el inicio de dos semanas dedicadas al arte, la danza, el cine y la creación colectiva.
Entre los eventos más esperados figura Musicalizando la Ficción, donde el ensamble Anthropos improvisa jazz en vivo mientras el público observa cortos cinematográficos, un proyecto dirigido por Carlos Mireles Payán que apuesta por la experimentación sonora.
El festival también incluye talleres de elaboración de nieve de garrafa, pan de muerto y maquillaje de alebrijes, así como exposiciones fotográficas y de arte contemporáneo que llenarán de color el Centro Cultural de las Fronteras.
La música se hace presente con conciertos de la Banda Sinfónica y la Marimba Típica de la UACJ, además del Ensamble Clásico de Cuerdas, que ofrecerán presentaciones abiertas al público en distintos recintos universitarios.
También se presentará Colisionador de Ideas, un proyecto inmersivo de José Gordon y Luis Cabrera que combina ciencia, arte y reflexión con proyecciones interactivas en la Sala Inmersiva del Centro Cultural de las Fronteras.
Las actividades del festival también forman parte de los festejos por el 52 años aniversario de la UACJ, con acciones para impulsar la creación artística y el acceso libre a la cultura, en un otoño que suena, vibra y respira arte en cada rincón universitario.
Los nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIS), ubicados en las colonias Praderas del Sol y Parajes de San Isidro, registran un avance del 70 por ciento, dio a conocer Daniel González García, director de Obras Públicas del Municipio.
Los espacios contemplan áreas pedagógicas, administrativas, cocina, comedor, zonas maternales, de descanso y de recepción, además de un patio central con área de juegos infantiles, según indicó el funcionario.
Sin embargo, refirió que aún están pendientes los trabajos hidráulicos, sanitarios y los acabados interiores de ambos edificios, aunque las obras avanzan con ritmo constante y se prevé su conclusión en los próximas semanas.
Daniel González García, director de Obras Públicas, informó que las obras llevan un avance del 70% / Foto: Municipio
González García indicó que estos dos complejos son de los más grandes en su tipo dentro de la ciudad, así como están diseñados con criterios de seguridad y funcionalidad para la atención de niñas y niños en etapa preescolar.
Los centros contarán con laboratorios de leches, cuartos de dirección, espacios de estimulación temprana y patios interiores que buscan fomentar la convivencia infantil, así como su apertura estaba contemplada para el mes de noviembre.
Los CECIS están destinados a niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los 4 años de edad que no son derechohabientes, como parte del modelo nacional de atención infantil que busca asegurar que puedan acceder a educación y cuidado infantil.
Cabe recordar que el pasado 30 de abril arrancóen Ciudad Juárez la construcción del primer CECI de los más de 200 contemplados en todo el país, donde estuvo presente Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS.
En esa ocasión, el funcionario indicó que esta frontera contaríacon 12 CECISen total: cinco centros a cargo de la Federación; dos más a cargo del Gobierno Municipal y cinco en conjunto con empresas de parques industriales.
En Ciudad Juárez arrancó la construcción del primer CECI en el país / Foto: Archivo Municipio
El primer centro inició obras en la colonia Las Gladiolas, en un terreno de 2 mil 408 m2 donado por el Municipio, cuya superficie se contempló en mil 382 m2 y contó con una inversión de 46 millones de pesos, para generar 63 empleos directos.
Mientras que otros de los centros iniciarían operaciones en Parajes del Oriente, Senderos de San Isidro, Municipio Libre y Urbivilla del Cedro, refirió el funcionario federal.
En septiembre pasado, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, señaló que la conclusión de los centros podría ocurrir en noviembre de este año, aunque advirtió que dependía de la gestión del Gobierno Federal para formalizar la figura jurídica.
“El problema es el esquema jurídico del Seguro (IMSS), porque no tienen un esquema en la Ley de Operación con gobiernos municipales. Entonces, ellos están revisando cómo sí y nos van a hacer una propuesta”, explicó el edil.
De concluirse en el tiempo previsto, ambos CECIs serían los primeros de su tipo construidos en Ciudad Juárez bajo lineamientos federales y con infraestructura adaptada específicamente para la primera infancia.
