Debido a la proliferación de personas migrantes en la ciudad, el Ayuntamiento está en el desarrollo de un proyecto ejecutivo para la creación de un albergue en la colonia Anapra.
Así lo dio a conocer el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.
Para el proyecto, el alcalde dijo que contarían con una inversión del lugar, la cual se calcula entre 24 y 25 millones de pesos, recurso que sería una aportación del Gobierno Federal.
Presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar
Refirió que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF) ya elaboró un proyecto, en conjunto.
El espacio contaría con una capacidad para dar albergue a unos 300 migrantes, mientras que el «Kiki Romero» seguirá atendiendo este año a la población migrante.
Una jornada masiva de esterilización de mascotas, donde se busca llegar a más de cinco mil perros y gatos, se llevará a cabo los próximos sábado 6 y domingo 7 de mayo.
El evento se realizará en el Centro Comunitario de la UACJ, con el apoyo de jóvenes de la agrupación Movimiento Estudiantil por el Cambio (MEC) y con la asociación civil «Somos su Voz», dio a conocer en conferencia de prensa la regidora Alma Edith Arredondo Salinas, coordinadora de la Comisión Edilicia de Ecología y Protección Civil.
La funcionaria comentó que en esta ocasión los voluntarios serán los mismos alumnos de la UACJ, así como esta jornada es una oportunidad para esterilizar a las mascotas de la comunidad de manera gratuita.
Estudiantes de la UACJ durante el proceso de esterilización / Foto: Cortesía
Comentó que la esterilización es una práctica importante para garantizar la salud y el bienestar de una mascota, además de que también contribuye a reducir la sobrepoblación de animales y con ello disminuir la cantidad de perros y gatos abandonados.
El Centro Comunitario UACJ está ubicado en la calle Tierra de Fuego, s/n, del fraccionamiento Cerradas del Sur, etapa 3.
Esmeralda Gallegos, integrante de MEC, indicó que la calendarización de las siguientes jornadas estará sujeta a la actividad dentro de los Centros Comunitarios Municipales.
También que las personas que deseen participar pueden registrarse a través del número de WhatsApp 656-813-27-48 y presentarse con su mascota, la cual, deberá estar en ayuno mínimo por un periodo de 8 horas, sin garrapatas y en buenas condiciones de salud.
Este grupo se formó con estudiantes universitarios que están interesados en realizar actividades para mejorar la ciudad, así como buscan contagiar a otros jóvenes para hacer conciencia sobre las problemáticas sociales y fomentar la participación ciudadana.
Mascotas esterilizadas /Foto: Cortesía
De acuerdo al director de Ecología del Municipio, César Díaz Gutiérrez, para la realización de estas campañas de esterilización el Gobierno Municipal dispuso de un presupuesto de 3 millones de pesos, ya que es una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de los animales y fomentar la tenencia responsable de las mascotas.
El cortejo, citado previamente por el pastor Carlos Mayorga, se tomó de las manos y formó una valla humana de al menos 50 metros de largo que cubrió parte de la malla ciclónica que resguarda las instalaciones federales donde se cometieron omisiones que resultaron en pérdida de vidas.
Luego de mucha algarabia durante el acomodo y organización de los presentes, vino el silencio: silencio que envolvió al sitio en un ambiente de luto.
Migrantes e integrantes de la comunidad religiosa formaron una valla humana este jueves / Foto: Cortesía
Llegó el momento cumbre de la honra, en el que el religioso comenzó a alzar la voz para realizar la plegaria por aquellos que perecieron intoxicados por el humo del incendio.
Posterior a la solemnidad, los gritos de exigencia de justicia no se hicieron esperar.
Se soltó la cadena humana de oración, y entre los dispersos, un hombre que optó por guardar su identidad, comenzó a hablar con fuerza, con enojo:
«De verdad nos duele en el alma y pedimos a la autoridad de México que se hagan pronunciar en este caso, pues los que están detenidos no tienen que figurar y los que tienen que figurar son las responsabilidades que tiene este gobierno: del Presidente que no se ha pronunciado y de la Gobernadora», dijo un hombre de aproximadamente 55 años de edad.
Tras soltarse la cadena de oración, y entre los dispersos, un hombre que optó por guardar su identidad reclamó por #justicia.
Éste, cuya cabeza calva era quemada por el sol matinal, pidió que los «asesinos del Instituto Nacional de Migración», el jefe del ejecutivo y la gobernadora se hagan presentes y se pronuncien por lo ocurrido.
Debido a que el próximo 11 de mayo concluye la restricción sanitaria bajo el Título 42, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunciaron la aplicación del Título 8 para reducir la migración irregular.
A través de un comunicado se dio a conocer que la orden de salud pública de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) por cuestión de la pandemia por Covid-19, conocida como Título 42, terminará el próximo 11 de mayo a las 11:59.
Sin embargo, se expuso que la conclusióon de esta medida «no significa que la frontera esté abierta».
Al momento de que esta medida concluya, Estados Unidos regresará al uso del Título 8 de autoridad migratoria para procesar de manera expedita la remoción de individuos que entraron a los Estados Unidos de manera irregular.
Esta medida, sin embargo, tiene consecuencias severas por la entrada irregular, incluyendo por lo menos una prohibición de cinco años de volver a entrar y el potencial procesamiento criminal por repetidos intentos de entrada ilegal.
Se espera que el regreso al Título 8 reduzca el número de intentos repetidos con el tiempo, lo cual se incrementó significativamente bajo el Título 42, por lo que, las personas que crucen a Estados Unidos por la frontera sur sin autorización o sin haber usado una ruta legal, y que no han agendado una cita, quedarán inelegibles para recibir asilo bajo una nueva regla propuesta, si no hay una excepción aplicable.
Las medidas anunciadas serán implementadas en estrecha colaboración con socios regionales, incluyendo los gobiernos de México, Canadá, España, Colombia y Guatemala.
Además, estas medidas no suplantan la necesidad de acción legislativa. Sólo el Congreso puede ofrecer las reformas y recursos necesarios para administrar de manera integral el reto de la migración regional.
Los departamentos de Estado y Seguridad Nacional están tomando acción con las herramientas y recursos disponibles bajo la ley actual, pero el fracaso del Congreso de aprobar y dar financiamiento al plan del presidente incrementará el reto en la frontera sur.
Consecuencias más severas por no usar rutas legales
La transición hacia el proceso bajo el Título 8 para los individuos que encontremos en la frontera se aplicará de manera inmediata cuando se retire el Título 42. Los individuos que crucen de manera ilegal la frontera sur:
Serán por lo general procesados bajo el Título 8 de remoción expedida en cuestión de días
Se les prohibirá la entrada a Estados Unidos por lo menos por cinco años si reciben orden de remoción, y
Se considerarán inelegibles para recibir asilo bajo la regla Evasión de Rutas Legales, si no hay una excepción aplicable
Para evitar estas consecuencias, se invita a los individuos a usar las muchas rutas legales que los Estados Unidos ha aumentado los últimos dos años. Hoy, Estados Unidos anuncia más rutas legales, incluyendo:
Mayor acceso a la aplicación CBPOne para obtener cita para presentarse en puerto de entrada. Cuando se levante el Título 42, los migrantes que estén en el centro y el norte de México tendrán acceso a la aplicación móvil de CBPOne para agendar una cita y presentarse en un puerto de entrada, en lugar de que intenten entrar entre garitas. CBPOne abrirá citas adicionales, y el uso de esta herramienta permitirá un procesamiento seguro, ordenado y humano.
Nuevos procesos para reunificación familia. El Departamento de Seguridad Nacional está creando un nuevo proceso de reunificación familiar para El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. La agencia también está modernizando los procesos existentes de reunificación familiar para Cuba y Haití. Estos procesos, una vez finalizados, permitirán que los individuos aprobados con peticiones familiares aprobadas entren a los Estados Unidos, caso por caso. El gobierno de Estados Unidos entregará autorización expedita y eficiente para los que han sido aprobados y autorizados para viajar. Los individuos a quienes se permita la entrada a los Estados Unidos bajo este proceso son elegibles para solicitar autorización para trabajar.
Se duplica el número de refugiados del hemisferio occidental. Estados Unidos se compromete a dar la bienvenida a miles de refugiados adicionales del hemisferio occidental cada mes. La meta es de duplicar el número de refugiados que Estados Unidos está comprometido a recibir como parte de la Declaración de Los Ángeles para Migración y Protección. Para lograr esta meta, Estados Unidos está construyendo sobre los procesos eficientes que se han logrado en los últimos dos años e incrementar recursos y personal a nuestro Programa de Admisión de Refugiados en la región.
Estados Unidos continuará aceptando a hasta 30 mil individuos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití cada mes como parte de la expansión de este programa humanitario anunciado a inicios de año.
Los encuentros en la frontera de estas nacionalidades cayeron cuando el DHS expandió estos programas. Estados Unidos continuará utilizando las autoridades disponibles para continuar fortaleciendo y expandiendo más rutas legales.
En el documento se indicó también que se procesará y removerá de manera expedita a los individuos que lleguen a la frontera sur y no tengan base legal para permanecer.
Los individuos que enfrenten procedimientos de remoción expedita y que expresen miedo de persecución en su país de ciudadanía o del país designado de remoción serán transferido a un oficial de Servicios de Ciudadanía e Inmigración con capacitación especializada en asilo para realizar una entrevista de “miedo creíble”.
Las entrevistas de adultos solos, así como la revisión de un juez de migración de una determinación negativa se llevarán a cabo mientras el individuo esté en custodia de DHS, ya sea en una instalación de la Patrulla Fronteriza o de Inmigración y Aduanas.
Se indicó que también aumentaron el número de oficiales de asilo y jueces migratorios, respectivamente, para completar los procedimientos migratorios en la frontera más rápidamente.
Al igual que los adultos solos, a las familias se les colocará en procedimientos de remoción, que incluyen remoción expedita.
DHS está enfocado a utilizar sus programas de Alternativas a la Detención para familias, incluyendo con monitores GPS y mejor supervisión como toques de queda y expandir los servicios de manejo de casos.
Se usarán medidas más severas para los que no cumplan. Al igual que los adultos solos, las familias con órdenes finales de remoción serán removidas.
Recientemente, el DHS liberó 15 millones de dólares adicionales para su Programa Piloto de Manejo de Casos que ofrece manejo de casos voluntarios y otros servicios para ciudadanos extranjeros para incrementar el cumplimiento con fechas de corte y acelerar los tiempos de procesamiento.
Los servicios estarán disponibles para algunos ciudadanos extranjeros inscritos en el programa de Alterativas a la Detención, que es una importante herramienta que usa DHS para individuos y familias mientras esperan el resultado de sus procedimientos judiciales.
Las subastas de autos abandonados en Tijuana, Baja California, lejos de generar un ingreso para las arcas municipales, se han convertido en un negocio redituable para las empresas concesionarias, mismas que terminan adquiriendo los vehículos chatarra a una tercera parte de su costo en el mercado.
Entre 2019 y 2021 el gobierno de Tijuana remató 4 mil 397 autos abandonados en los depósitos concesionados que hay en el municipio, pero estos fueron adquiridos, en muchos de los casos, por los mismos concesionarios, aunque con una ventaja: pagaron aproximadamente sólo una tercera parte de su precio en el mercado como chatarra, de acuerdo con un análisis hecho con información entregada vía transparencia.
Y este no es el único beneficio con el que cuentan, ya que los concesionarios responsables de las grúas y el depósito de los autos en Tijuana se condonan a sí mismos los pagos por almacenar los vehículos que compran.
«Al final, si se hace la venta, gran parte de ese dinero se le paga al concesionario, entonces él ya no ocupa pagar (el concepto de almacenamiento)», dijo Raymundo Vega Andrade, tesorero del XXIV Ayuntamiento de Tijuana.
Aspecto del corralón ubicado en el Jibarito, propiedad de una de las concesionarias contratadas por el Ayuntamiento de Tijuana para el arrastre y almacenamiento de vehículos/ Foto: Eduardo Jaramillo Castro
Esta situación cambia si eres un ciudadano de a pie que quiere adquirir el lote, ya que en las convocatorias de remate se exige cubrir el pago por conceptos de arrastre, almacenamiento y maniobras a favor de los concesionarios y del municipio, hasta el día de la adjudicación.
Con la puja, el postor cubre al municipio el crédito fiscal que se generó al no ser reclamado el vehículo, pero queda pendiente el pago por el tiempo de almacenamiento a la concesionaria.
En promedio un vehículo chatarra tiene un valor de 6 mil pesos en el mercado, de acuerdo con una consulta realizada a la empresa Eco Recycling, dedicada a la compra de autos chatarra para el reciclaje.
El Departamento de Carrocería de la empresa, encargada cotizar el precio de los vehículos ofertados, valuó cinco vehículos de los listados de subastas. Un Nissan Sentra 1993 en 4 mil pesos; Chrysler Town Country 2004 en 7 mil pesos; Chrysler PT Cruiser 2004 un valor de 6 mil pesos; Toyota Solara 2000 en 5 mil 500; y Chevrolet Blazer 1990 con un precio de 7 mil pesos.
Los valuadores de la empresa especificaron que el precio se basa en su peso, año y modelo. En caso que los modelos sean del 2005 en adelante, su valor mínimo es de 8 mil pesos por unidad.
Si este costo aproximado de 6 mil pesos se tomara en cuenta al momento de las subastas, de 2019 a 2021 estos procesos habrían dejado alrededor de 26.3 millones de pesos en ganancias para el Municipio, pero el monto real apenas se acerca a los 8.1 millones de pesos, según los datos analizados de la información entregada por transparencia.
A pesar de la pérdida en los ingresos, algunos funcionarios consideran que la función del gobierno no es obtener una utilidad.
«El Ayuntamiento no tiene un fin de lucro propiamente, busca recuperar lo que se le adeuda, no hacer negocio o generar más», dijo sobre los precios bajos el recaudador de la Tesorería municipal, José Manuel Grijalva.
Grijalva explicó que el municipio se limita a cobrar un crédito fiscal, que se genera después de 45 días de no ser reclamado el vehículo remolcado por el Ayuntamiento, contemplado en el artículo 101 del Reglamento de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos del municipio de Tijuana.
Y aseguró que para determinar el valor del vehículo rematado se toma como base “el valor fiscal y no el valor comercial de un vehículo”, el cual es fijado por un perito valuador.
José Manuel Grijalva, recaudador del XXIV Ayuntamiento de Tijuana/ Foto: Eduardo Jaramillo Castro
“El monto del crédito fiscal va a variar, ya que no todos cometen la misma infracción, inclusive puede llegar a no cubrirse todo con el valor del vehículo”, añadió el funcionario.
No obstante, expertos en el sector automotriz y valuadores opinan que los precios bajos y el proceso de remates están diseñados para beneficiar nada más a los concesionarios.
“Es puro fraude”, dijo sobre el proceso público de remates José Asunción Rábago, presidente de la Asociación de Yonkeros de Tijuana, y miembro de la Cámara Nacional del Comercio, Canaco, en Tijuana.
El comerciante, quien se dedica a la compra de carros usados para venderlos en partes, relató que en 2019 participó en una convocatoria para el remate de alrededor de 150 vehículos por un monto inicial de 300 mil pesos y lo ganó al ofrecer 320 mil pesos, es decir, cada unidad la obtendría por un costo promedio de 2 mil 100 pesos.
El Ayuntamiento de Tijuana ha rematado 4 mil 397 autos abandonados por sus propietarios en los corralones, por debajo de su precio en el mercado/Foto: Abdiel Ortega
Pero al acudir al depósito de autos para recoger las unidades, le notificaron que debería pagar 500 mil pesos más por el tiempo que estuvieron en resguardo de la concesionaria. Ese cobro elevó el precio promedio a unos 5 mil 500 pesos por unidad, por lo que finalmente desistió de la compra.
“Es un ‘cochupo’ para que al final de cuentas la concesionaria se quede con los carros, no es para que los vendan al mejor postor”, señaló el empresario.
Y es que, efectivamente, en las convocatorias de los remates publicados en medios impresos, se indica que los ganadores tienen que cubrir el costo de los adeudos por el tiempo que los vehículos estuvieron en los depósitos.
Una grúa de una concesionaria remolca un automóvil después de cometer una infracción de tránsito/Foto: Carlos Luna
Por ejemplo, la convocatoria del 05 de septiembre de 2019 especifica que el ganador debe pagar 4.7 millones de pesos a la concesionaria Grúas Martinez S.A. de C.V. por adeudo de almacenamiento de los vehículos, independiente del costo por los 237 automóviles rematados, pero esto significa que cada unidad tendría un costo, en promedio, superior a los 20 mil pesos.
Esta situación genera que este negocio no resulte redituable para compradores externos, a quienes no se les condonan estos cobros, a diferencia de los concesionarios.
Además, Rábago explicó que otra desventaja para los compradores externos es que no tiene acceso para revisar las condiciones de los vehículos, mientras que los concesionarios sí.
El beneficio de pocos
Aunque al parecer las reglas de este negocio son difusas, de 2019 a 2021 es claro que los costos de los autos rematados estuvieron excesivamente por debajo de un monto competitivo.
En estos tres años se remataron 29 lotes, con un promedio de 150 vehículos cada uno, y en ningún caso se superaron los 2 mil 500 pesos, en promedio, por auto, según la revisión de las facturas que se hizo para este reportaje.
Estos vehículos, que ya tenían más de 45 días en los corralones, y que se vieron envueltos en accidentes, infracciones de tránsito o simplemente fueron abandonados por sus propietarios, se subastaron, en promedio, en tan solo mil 850 pesos, lo cual representa menos de una tercera parte de los 6 mil pesos por vehículo chatarra que actualmente predomina en el mercado de Tijuana, de acuerdo con los precios obtenidos en tres cotizaciones.
Raymundo Vega, titular de la Tesorería Municipal, confirmó que efectivamente, en muchos de los casos, son las mismas concesionarias quienes compran las unidades como una forma de “recuperar el dinero” por haber tenido en resguardo los autos.
“La compañía de arrastres promueve que se de el remate, porque ahí tiene una inversión y los autos no recogidos generaron arrastre y los días de estancia a veces ya son impagables”, explicó Vega.
Una vez lanzada la convocatoria en el Periodico Oficial del estado, y publicada en un periodico impreso, “cualquier ciudadano puede registrarse y comparecer ante un remate […] es un evento público”, dijo el recaudador municipal.
Sin embargo, son las mismas concesionarias quienes terminan adquiriendo los vehículos de estos lotes, en los cuales muchas veces hay autos con características que elevarían su valor notablemente.
Por ejemplo, el monto final del remate del 10 de agosto de 2021, en el que encontraban 123 unidades, apenas fue de 249 mil 200 pesos, es decir, cada auto se vendió, en promedio, en 2 mil 026 pesos, pero entre ellos estaba un Nissan Sentra color blanco modelo 2010, un Mitsubishi modelo 2014, una motocicleta Vento 2020 y un Volkswagen Golf 2010, entre otros, estas unidades que tienen un valor comercial aproximado como chatarra de 738 mil pesos.
José Manuel Grijalva señaló que una vez adquiridas las unidades, estás pueden registrarse a un particular como propietario y volver a circular, si las condiciones del vehículo lo permiten, pero “la mayoría son vehículos que ya no tendrán un uso cotidiano, y por eso se tiene la creencia que solo son utilizados para partes”, indicó.
El proceso de los remates, entre la ambigüedad
Apenas en octubre de 2022, el Reglamento de Arrastres y Almacenamiento de Vehículos del Municipio de Tijuana fue reformado para que las mismas concesionarias tuvieran la facultad de solicitar los procesos de remates, con este cambio, ya no es sólo la Subdirección de Arrastre y la Secretaría de Gobierno Municipal quienes pueden presentar estas solicitudes ante la Recaudación de la Tesorería Municipal.
En los corralones se encuentran almacenados más de 6 mil 500 vehículos que ya no fueron reclamados por sus propietarios, de los cuales alrededor de 3 mil están en condiciones de ser rematados/Foto: Abdiel Ortega
A pesar de que en la norma está claro que la Subdirección de Arrastre y Almacenamiento es la encargada de los procedimientos administrativos de la adjudicación y remate de los vehículos, así como de revisar los listados que presentan las concesionarias para ser rematados, no existe en la ley ningún apartado en el que se establezcan los periodos, las reglas y los procedimientos, al pie de la letra, que se tienen que seguir durante un remate.
De hecho, a pesar de esta reforma, la actual administración apenas realizó el 24 de marzo el primer remate en casi dos años, por lo que continúan acumulándose los vehículos y el rezago en la recuperación de los créditos fiscales.
Desde el 2021 no se realiza ningún remate de autos no reclamados por sus propietarios, cuyo valor oscilan entre los 20 mil a 25 mil pesos por unidad, y supera adeudos entre los 400 mil y 500 mil pesos, declaró el síndico procurador del Ayuntamiento de Tijuana, Rafael Leyva, el pasado 26 de julio.
Para Vicente Sánchez, investigador de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), hay una pérdida de recursos públicos al no agilizar la gestión de los remates porque las unidades se deterioran con el paso del tiempo y al mismo tiempo incrementa el adeudo por el almacenamiento. “Debe cumplirse la regla mínima que si no ganas por lo menos no le pierdes”, aseguró.
De los 6 mil 500 vehículos que se encuentran en los corralones, hasta el mes de marzo del 2023, hay 3 mil vehículos que podrían ser puestos a los remates, informó la sindicatura en una solicitud de transparencia.
Pero si se continúa con este esquema de venderlos en un promedio de apenas mil 850 pesos, el Ayuntamiento apenas obtendría una ganancia de 5.5 millones de pesos, una cifra muy por debajo de los 18 millones de pesos que se podrían generar si se tomara en cuenta el precio de 6 mil pesos que hay en el mercado y se deja de vender, principalmente, a las concesionarias con costos tan bajos.
Grupos de la Sociedad Civil, asociaciones religiosas y amigos de Juan Carlos Meza, coordinador del Grupo Beta, se reunieron este día en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para realizar un posicionamiento y exigir justicia.
Aunado a esto, expresaron respeto y solidaridad con familia y víctimas de la tragedia ocurrida el pasado 27 de marzo en las instalaciones del INM, donde fallecieron 40 personas y 27 resultaron lesionadas.
Los manifestantes solicitaron además la reparación del daño, así como medidas de no repetición para Juan Carlos, quien como coordinador de Grupo BETA, fue vinculado a proceso al ser señalado como presunto responsable en la muerte de 40 personas migrantes al interior del INM.
Activistas y familiares de Juan Carlos en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos / Foto: Cortesía
Meza fue detenido el pasado 18 de abril, junto otros dos integrantes del grupo BETA y vinculado a proceso, señalados por homicidio y lesiones en la modalidad de Omisión de las 68 personas hacinadas en la Unidad Administrativa tipo B.
Familiares, así como los abogados que lo representan en el proceso han alegado que el hombre tenía funciones de rescate y salvamento de personas migrantes en el bordo del Río Bravo y en el desierto.
Activistas y familiares de Juan Carlos en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos / Foto: Cortesía
Además, el día de la tragedia, el realizaba labores en la zona de Tornillo, a una distancia aproximada de 60 kilómetros del INM.
Señalan también que el imputado realizó su labor con compromiso y humanidad, ya que muchas veces realizó su labor a altas horas de la noche en el desierto y en condiciones de precariedad institucional, dónde resaltó Su convicción de ayudar a los migrantes.
Activistas y familiares de Juan Carlos en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos / Foto: Cortesía
Es por esto que solicitan que la investigación en torno al incendio se conduzca conforme al debido proceso para garantizar la justicia para víctimas y sin fabricar culpables ni violentar los Derechos Humanos.
Miguel Angel González, Presbítero y presidente de la Red de Albergues Somos Uno por Juárez, hizo un llamado a abogados defensores de los Derechos Humanos y organizaciones nacionales e internacionales para que se sumen a la defensa de Juan Carlos para esclarecer los hechos.
Activistas y familiares de Juan Carlos en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos / Foto: Cortesía
Por otra parte, Alfonso Murguía, presidente del consejo de acciones cristianas y evangélicas de Ciudad Juárez, mencionó que la única intención de la reunión es respaldar a un hombre que ha apoyado a los migrantes.
«En un día abrimos ocho albergues y ahí empezamos y desde ese día Juan Carlos estuvo y ha estado al pie del cañón cualquier día», testificó el religioso.
Activistas y familiares de Juan Carlos en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos / Foto: Cortesía
Mencionó que incluso sin darle aviso directo, el funcionario se enteraba de las personas migrantes en situación de riesgo.
«Nunca faltaba que le llegara la voz a Juan Carlos y a la hora que fuera tomaba su camioneta personal, pagaba su gasolina personal y salía corriendo a hacer lo que tenía que hacer; así fue y así ha sido todo este tiempo».
Aquí te dejamos la transmisión en vivo realizada por la asociación Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA)
