A group of migrants from Honduras and Guatemala, who were allegedly trying to cross into the United States illegally, were shot at tuesday october 10th in the desert of Ejido de San Jeronimo, apparently by members of the National Guard.
Six migrants were affected in the shooting: two of them lost their lives and four more were injured, who accused the Army elements of having perpetrated the attack, according to unofficial reports, at the moment of being rescued by police agents.
Injured migrants being rescued by Red Cross paramedics / Photo: Staff
According to information from the Secretary of State Public Security (SSPE), the migrants were found in a Ford Expediton vehicle in cherry color, where a man was injured in the front passenger seat and another man in the back, but without vital signs.
Three injured men were also found at the scene, and one more was found dead under the vehicle. The injured men said they were migrants and that the shots were fired while in pursuit.
Paramedics from the CRUM and the Red Cross, along with personnel from the State Investigation Agency, arrived at the scene to provide medical attention to the injured.
In this regard, last night the National Guard disassociated itself from the facts, indicating through a communiqué that «there is no information on the matter. The information is being corroborated and for the moment both personnel of the Mexican Army and the National Guard are disassociating themselves from the alleged aggression against migrants».
The van in which the migrants were traveling when they were allegedly attacked by members of the National Guard / Foto: Staff
However, this Tuesday morning, personnel from the Secretary of National Defense (SEDENA) handed over to the State Attorney General’s Office the weapons of a platoon that was allegedly involved in the attack.
Military personnel from the Ninth Regiment went to the State Attorney General’s Office Northern Zone to deliver at least 12 assault rifles, magazines and ammunition. It also transpired that the platoon is not identified, but that the elements will also be handed over to the corresponding authorities.
One of the versions that has been circulating is that the two dead were one of the migrants and the alleged smuggler who was going to cross them.
According to the information provided by the SSPE to this media, there are four injured people: a man from Honduras, who has two wounds on his left leg; a man from Guatemala, who has a wound on his right leg; a man from Guatemala, who has a wound on his left calf and another man also from Guatemala with injuries on his arms and legs.
As well as two more lifeless men, whose identity and origin was not revealed.
Las mujeres migrantes enfrentan una travesía mortal en México en su intento por llegar a Estados Unidos ante la amenaza de sufrir abusos sexuales, embarazos forzados, muerte fetal y un alto riesgo de morir si están embarazadas. Testimonios recabados en campo dejan evidencia que, migrar para ellas, es casi una sentencia.
En comparación con las mujeres mexicanas asentadas en el país, las mujeres extranjeras que se encuentran gestando en México tienen casi 20 veces más probabilidades de no lograr un embarazo, según cálculos propios con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y enfrentan un alto riesgo de sufrir muerte materna.
Para esta investigación se entrevistaron mujeres migrantes en distintos puntos de la ruta migratoria que atraviesa México de sur a norte. Desde el río Suchiate y Tapachula, en Chiapas, pasando por Las Choapas y Coatzacoalcos, en Veracruz, hasta los dos extremos de la frontera norte, en Tijuana y Reynosa, donde hablan de cómo enfrentan la carencia de métodos anticonceptivos, abortivos y de servicios de salud.
“Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women ‘s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas”.
Gelsy, una hondureña de 19 años, duerme sobre un colchón compartido en un refugio en Tapachula, Chiapas, bajo un techo laminado del que escapan chorros de agua. Es madre pero ya no quiere parir. Su país le impidió operarse por tener menos de 21 años. Por eso, antes de iniciar su camino a Estados Unidos quiere comprar una pastilla de emergencia para abortar si es agredida sexualmente, porque migrar y sufrir abuso, dice, es casi una certeza en México.
—Hay muchas cosas que se escuchan… las chavas que por el camino dicen que es bien arriesgado, la mayoría de mujeres que les ha pasado una violación cuentan la experiencia.
Dentro del refugio el Buen Pastor, en Tapachula, donde vive Gelsy, las mujeres ven pasar el tiempo recostadas en el suelo frente a un ventilador inútil. Se abanican con periódicos que sólo arrojan aire caliente, se colocan trapos mojados en el cuello y, mientras lo hacen, se organizan para buscar anticonceptivos o pastillas de emergencia antes de seguir el camino.
Una mujer abraza a su hijo en un campamento de migrantes improvisado en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas. Foto: Alicia Fernández.
Los condones que les dan las organizaciones y voluntarios, dicen las migrantes, no les sirven en caso de sufrir una violación o si su pareja se niega a usarlos.
En ese mismo refugio, otra migrante que prefirió no dar su nombre, recuerda que en Guatemala, antes de cruzar el río Suchiate, que marca la frontera con México, le ofrecieron prostituirse para pagar un cuarto de hotel. Había ahorrado para dejar Honduras, pero el dinero se le terminó cuando le pagó al pollero y la abandonó.
—Nos dijeron que esa es la única forma que pueden llegar hacia allá, prostituyéndose… porque se necesita dinero —dice convencida.
Para las mujeres migrantes sin una estancia regulada en México, tener acceso a anticonceptivos es indispensable en su equipaje porque saben que es muy probable que sufrirán abuso sexual o usarán su cuerpo como intercambio con un hombre por una sensación de seguridad.
Pero el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva son un derecho que no está garantizado para las miles de mujeres que atraviesan el país en condiciones de vulnerabilidad por su estatus migratorio, según los testimonios de migrantes y organizaciones que se encuentran a lo largo de la ruta desde la frontera sur hasta el norte del país.
En su informe 2021 el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) revela que siete de cada 10 mujeres que atendieron experimentaron violencia física en su tránsito por México; 83 por ciento violencia psicológica, 60 por ciento violencia patrimonial, 42.5 por ciento violencia económica y 18 por ciento violencia sexual.
Embarazos en riesgo
No sólo están en riesgo las mujeres que quieren prevenir embarazos, también está bajo amenaza la vida de las que ya están gestando y atraviesan el país en condiciones de climas extremos, con deshidratación y sin comida.
Uno de los epicentros de la ruta migratoria es la estación del tren en Coatzacoalcos, Veracruz, donde cientos de migrantes esperan a que pare el ferrocarril para subir e ir rumbo al norte. Allí, entre la basura, las ratas devoran sobras de comida arrojadas a unos pasos de donde cientos de personas duermen encima de cajas de cartón echadas al suelo, a casi 40 grados de temperatura.
Entre ellos está Jaime, una hondureña con cinco meses de embarazo que, una vez que dejó su país, no ha visitado a ningún doctor.
Paró en la estación del tren donde conoció a otros migrantes. Casi nadie sabe que está embarazada porque su cuerpo es tan delgado que apenas permite asomarse un pequeño bulto de su vientre. Dice que come una vez al día, no toma vitaminas y su cuerpo ha estado expuesto a desgaste físico. Piensa que ella y su hijo van a sobrevivir por obra de Dios.
Jamie, migrante hondureña embarazada, se dirige en camión desde la estación del tren donde ha dormido los últimos días a un refugio en Coatzacoalcos, Veracruz. Foto: Alicia Fernández.
—Le pido a Dios que todo esté bien —dice mientras se encomienda a su fe, para luego explicar que su bebé no se ha movido, ni sabe si es una niña o un niño, ni tampoco por qué su panza es tan pequeña, jamás se ha hecho un ultrasonido y, desde que pisó México, no ha tenido un chequeo médico.
Las probabilidades de que su bebé no llegue a nacer son mucho más altas para ella que para una mujer nacida en México.
En comparación con las mujeres mexicanas asentadas en el país, las mujeres extranjeras gestando en México tienen 17.1 veces más probabilidades de no lograr un embarazo, según cálculos propios con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Se llegó a esta cifra al comparar la proporción de muertes fetales en madres mexicanas, que fue de 1.98 por ciento en 2022, con la de muertes fetales en mujeres extranjeras, que alcanzó un 34 por ciento ese mismo año.A través del Sistema Nacional de Transparencia, se solicitó información a las instituciones de salud de los 32 estados del país sobre muertes maternas, muertes perinatales, cuidados prenatales y partos de mujeres extranjeras registrados de 2020 a julio de 2023, pero sólo 12 respondieron con datos.
De estos, siete estados reportaron muertes perinatales (cuando ocurre después de las 22 semanas de gestación hasta los siete días de nacido): Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Tlaxcala, Nayarit, Veracruz y San Luis Potosí. En este último estado se registró una muerte perinatal, así como 13 abortos a mujeres extranjeras.
La información indica que de las 51 muertes perinatales en mujeres extranjeras registradas de 2020 a julio de 2023, la mitad ocurrieron en Coahuila y Chihuahua. Además, se observa una tendencia al alza, ya que durante los primeros siete meses de 2023 se registraron nueve muertes fetales, muy cerca de las 10 registradas en todo 2022.
En relación con muertes maternas, Baja California registró la mitad de los casos del país reportados vía transparencia, con cinco fallecimientos entre 2020 y 2023.
Migrante embarazada que viaja con dos hijas y su esposo resguardándose de la lluvia en la plaza de Ciudad Hidalgo a un lado del río Suchiate. Foto: Alicia Fernández
La presencia de mujeres migrantes en México también se multiplicó en los últimos años. Un indicador es la entrega de tarjetas por razones humanitarias que otorga el gobierno de México, que creció cuatro veces desde 2020, cuando fueron entregadas 10 mil 763 documentos y aumentó a 53 mil 277 en 2022.
Tan sólo de enero a julio de 2023 se ofrecieron 31 mil 465 consultas de embarazo gestacional a personas extranjeras en el país -sin importar su estatus migratorio-, de las cuales el 76 por ciento se concentró en sólo 10 estados.
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México, un muro para la salud de las mujeres migrantes
Valeria Scalisse, responsable del área de Acompañamiento Psicosocial de la organización civil Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), advierte que la falta de derechos reproductivos tiene que ver con la falta de voluntad del gobierno, pero principalmente con las políticas migratorias que ahora son más restrictivas y obligan a las mujeres a usar rutas con más riesgos y menos servicios.
“Influye directa o indirectamente en que las mujeres puedan acceder al servicio (de salud), recuerdo que mujeres venezolanas comentaban que preferían pasar dos veces el Darién (la jungla en la frontera entre Colombia y Panamá) que pasar por las rutas mexicanas; me pareció fuertísimo escuchar eso”, expresa.
Desde el campo de las colectivas que acompañan a mujeres que desean abortar en territorios donde no está permitido o no tienen acceso, Crystal P. Lira, cofundadora del colectivo pro aborto Las Bloodys, en Tijuana, explica que cuando se trata de residentes de la región, en promedio realizan de 150 a 300 acompañamientos al mes, pero en el caso de migrantes sólo llegan a ser entre uno y cinco.
Doulas de la organización Partería y Medicinas Ancestrales, ubicada en Tijuana, acompañan a una mujer migrante que está embarazada y su hija. Foto: Alicia Fernández
“Las mujeres migrantes tienen mayor grado de vulnerabilidad y menor acceso a medios para prevenir o evitar un embarazo no deseado por la centralización de los accesos y la información, por el idioma, la documentación, las diversas criminalizaciones por su condición, también la desigualdad económica y de vivienda, no es sencillo migrar”, explica la activista.
Araceli Pineda, subdirectora de Programas en ProSalud, organización civil que promueve la salud y trabaja con mujeres en contexto de movilidad, sostiene que las personas migrantes tienen mayor riesgo de no lograr un embarazo.
“Infecciones por hongos o bacterias que no se habían tratado por el trayecto, a veces no saben que están embarazadas y cuando tienen dolores muy fuertes, ya es por abortos espontáneos, por mala nutrición… por su falta de acceso a baños, higiene”, detalla.
La especialista advierte que el sistema de salud mexicano no garantiza el acceso a cuidados prenatales ni para la interrupción del embarazo. Las principales barreras, dice, son las creencias culturales tanto de las personas migrantes como de quienes están a cargo de las instituciones y organizaciones que las rodean, como los albergues a donde llegan, los cuales son coordinados mayormente por comunidades religiosas.
Preparadas para migrar
Devora, una migrante salvadoreña agredida sexualmente en su país, resultó embarazada e intentó interrumpir el embarazo con pastillas de emergencia pero el medicamento no sirvió. Con casi seis meses de gestación, en abril de 2023 decidió migrar sola a Estados Unidos.
Llegó a la frontera este de México y Estados Unidos, a la ciudad de Reynosa, donde cuando el sol sale enardece sobre la piel. Apenas cae la noche, los negocios bajan la cortina y las familias se esconden dentro de sus casas, como secuestrados en sus propias cuatro paredes y, desde ahí, aprenden a vivir entre el sonido de las balas que suenan casi a diario.
Después de haber sufrido abuso sexual, Devora viajó desde El Salvador hasta la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, para cruzar a Estados Unidos. Foto: Gabriela Martínez.
Devora se refugió en Casa Lulú, uno de los pocos albergues que hay en la ciudad y recibe a migrantes víctimas de tortura y abuso sexual, donde al contar su historia y pese a sus deseos de no ser madre, le aseguraron que los niños son una bendición y que los que aún no nacen no tienen la culpa de su agresión.
Resignada a un embarazo forzado, piensa que a lo único que tenía miedo era a ser asesinada o desaparecida en el camino, porque a otro abuso ya no.
—Sí sabía que tal vez podría pasar (una violación) pero es un riesgo que una toma… no sentía miedo como una mujer que pueda perder algo.
La Ley de Migración en México obliga al Estado a garantizar servicios de salud sin importar el estatus migratorio y hay acuerdos internacionales que exigen respetar el derecho reproductivo y la salud sexual de las mujeres migrantes —incluido el aborto—. Pero en este país la atención médica de calidad es la excepción y no la norma.
Antes de iniciar el trayecto, muchas mujeres migrantes se inyectan anticonceptivos que duran tres meses para evitar embarazos no deseados, pero cuando llegan a ser retenidas en la frontera el efecto se termina antes de empezar el viaje. Desde los refugios y durante su tránsito buscan dónde comprar la inyección, pero el costo y la falta de acceso la hace inaccesible.
Escarleth, una joven hondureña de 22 años, no ha tenido éxito para comprar su inyección. Bajo la sospecha de un embarazo que no planeaba, busca entre las organizaciones y voluntarios que alguien la ayude con anticonceptivos para mujeres. Su pareja se niega a usar preservativo.
—La gente que ha venido, voluntarios, han dejado condones y uno los agarra… pero hay personas que los usan para jugar. ¿Yo qué hago con ellos?
Luego de varias pláticas y análisis de la situación migratoria en la ciudad, autoridades municipales determinaron que el albergue temporal para migrantes será instalado en un terreno ubicado a un costado del Biblioavión.
El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que el terreno está ubicado sobre la calle Ing. David Herrera Jordán en el cruce con la Moctezuma, a un costado del Biblioavion, en la colonia Cuauhtémoc, a unas cuadras de la Presidencia Municipal.
Dijo que esta decisión tuvo varias consideraciones como el hecho de que estará cerca de la zona fronteriza, así como se recibirá a migrantes que son trasladados, específicamente, por personal del Instituto Nacional de Migración (INM).
En este campamento temporal se tendrá capacidad para atender a 300 personas en situación de movilidad, quienes contarán con regaderas y áreas especificadas para familias, mujeres y niños.
También que será el Instituto Nacional de Migración el que se encargará de los gastos de operación del lugar, así como los alimentos. Sin embargo, dentro de las instalaciones estarán empleados de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio y del Grupo Beta para atender a las personas que se alojen en este sitio.
Comentó que como parte de esta determinación, también se hará un operativo coordinado con personal de la Dirección General de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), para la protección y seguridad de las personas que permanezcan en este lugar.
Un total de 4 mil 141 niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes no acompañados han residido en albergues estatales del DIF en el estado de Chihuahua.
Los menores son procedentes principalmente de países como Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Brasil, Cuba, Haití y México, llegan al estado en busca de un refugio seguro, informaron autoridades estatales en un boletín de prensa.
En el documento se indicó que, desde a la fecha, la Casa del Menor Migrante y el Centro de Asistencia Social «Nohemí Álvarez Quillay» han recibido a los imenores migrantes, luego de que se encuentran solos en su travesía y son repatriados a sus lugares de origen por autoridades de Estados Unidos.
Durante su estancia en los albergues, los niños, niñas y adolescentes reciben apoyo psicológico personalizado, charlas psicoemocionales para abordar el duelo migratorio y prevenir el suicidio.
Además se les brinda atención médica, alojamiento y alimentación de calidad, así como participan en actividades educativas, recreativas y ocupacionales, para pasar el tiempo de manera más positiva, dado que su estancia promedio es de hasta 3 meses, en tanto se resuelve su situación migratoria.
También que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se encarga de implementar mecanismos jurídicos para garantizar la protección y restitución de los derechos de estos menores en situación de movilidad, así como se emiten medidas de protección correspondientes.
Las medidas de protección incluyen solicitudes de refugio, regularización por razones humanitarias, reunificación familiar en México, reunificación familiar en un tercer país, y, en casos adecuados, el retorno asistido a su país de origen.
En el caso de los NNA migrantes de nacionalidad mexicana identificados como repatriados, se trabaja en colaboración con las procuradurías estatales de protección a menores para procesar reunificaciones familiares y proporcionarles un seguimiento adecuado.
In addition to the operations on the border by the City Hall and the National Migration Institute, local authorities are also working to disperse migrant camps within the urban area.
Héctor Rafael Ortiz Orpinel, Secretary of the City Council, explained that personnel from the Civil Protection and Human Rights Directorate have launched permanent tours in different areas of the city, with a particular focus on the downtown area.
He said that these tours seek to address the growing presence of encampments of people in mobility in abandoned or decaying facilities, which represent a significant danger to those who occupy them.
Migrants camped under the Black Bridge, in the area of the riverbank where the Río Bravo meets / Photo: Angélica Villegas
He recalled that as on previous occasions, the Deluxe hotel, located in the downtown area of the city, was evicted because it did not comply with civil protection measures for the inhabitants of this space, mostly migrants.
On that occasion, the hotel was evacuated due to the lack of safety measures in the building, mainly because it represented a potential fire risk. In addition, the building did not have emergency exits.
The official stated that municipal authorities have identified that these camps are often located in abandoned buildings, some of which are considered completely unsafe.
As well as the main concern is the risk of fire or collapse due to the precarious conditions of these constructions.
He pointed out that during these operations they seek to animate those who occupy these camps about the dangers to which they are exposed, so they have invited them on several occasions to take refuge in official shelters, either the municipal Kiki Romero or the federal Leona Vicario.
«We understand that these people need a place to sleep and meet their basic needs, but we also invite them to consider going to the government shelters, such as the “Kiki Romero” and “Leona Vicario”. These shelters offer not only food, but also a constant point of support,» he stated.
He explained that in the case of these shelters they are not «open», that is, once a person enters, they are expected to remain in place. However, they are assured that they will have access to the necessary services and assistance they require.
This is due to the massive arrival of migrants to Ciudad Juarez, which has made the presence of camps in dangerous areas a new challenge to address irregular migration.
In view of this situation, it is worth remembering that last Monday, Mayor Cruz Perez Cuellar announced in a press conference that next Monday, October 9, a temporary shelter will be opened in the southeast area, which will have a space for 300 people.
The minors are mainly from countries such as Honduras, Nicaragua, Dominican Republic, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Brazil, Cuba, Haiti and Mexico, arriving in the state in search of a safe haven, state authorities reported in a press release.
The document indicated that, since to date, the Casa del Menor Migrante and the Centro de Asistencia Social «Nohemí Álvarez Quillay» have received the migrant minors, after they are alone in their journey and are repatriated to their places of origin by authorities of the United States.
During their stay in the shelters, the children and adolescents receive personalized psychological support, psycho-emotional talks to deal with migratory grief and prevent suicide.
They are also provided with medical care, quality housing and food, as well as participate in educational, recreational and occupational activities, in order to spend their time in a more positive way, given that their average stay is up to 3 months, while their immigration status is being resolved.
Also, the Office of the Attorney General for the Protection of Children and Adolescents is in charge of implementing legal mechanisms to guarantee the protection and restitution of the rights of these minors in a situation of mobility, as well as issuing the corresponding protection measures.
Protection measures include requests for refuge, regularization for humanitarian reasons, family reunification in Mexico, family reunification in a third country, and, in appropriate cases, assisted return to their country of origin.
In the case of migrant children and adolescents of Mexican nationality identified as repatriated, we work in collaboration with state child protection offices to process family reunifications and provide them with appropriate follow-up.
