Este martes fueron trasladados a su lugar de origen, los cuerpos de 23 migrantes de los 39 que fallecieron en el incendio registrado en el Instituto Nacional de Migración, el pasado 27 de marzo.
Un cortejo funebre compuesto de diez carrozas y tres camionetas salieron de la funeraria «Perches», donde prepararon los cuerpos, ubicada en el cruce de las calles Ignacio de la Peña y Bolivia.
Los cadáveres de los migrantes tuvieron su último recorrido en calles fronterizas desde la colonia Partido Romero hasta el aeropuerto internacional «Abraham González» de Ciudad Juárez.
Ya en el sitio, autoridades consulares de Guatemala y Honduras fueron acompañadas por el comisionado nacional del INM, Francisco Garduño Yáñez, quien se negó a dar atención a los medios de comunicación.
Mientras, minutos después de las 10 de la mañana, despegó el primero de los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual llevaba a seis hondureños y, antes de las 11 , partió la aeronave militar marcada con el número 3202 que trasportaba a 17 guatemaltecos sin vida.
#Migracion | Los cuerpos de seis personas hondureñas y 17 guatemaltecos que fallecieron en la estancia del @INAMI_mx el pasado 27 de marzo fueron trasladados a su lugar de origen, en dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana durante este martes pic.twitter.com/Gd2Tgbw585
Actualmente, nueve fallecidos permanecen en las instalaciones del Servicio Médico Forense, de los cuales ocho son de origen venezolano. Sin embargo, su consulado no ha tenido contacto con autoridades mexicanas para los procesos de identificación y repatriación.
Mientras que se encuentra también el cuerpo de una persona de origen guatemalteco, a la cual se le practicará un examen de ADN, debido a q que no ha sido posible identificarla.
Asimismo, autoridades del Instituto Nacional de Migración además dieron a conocer a través de un comunicado que durante la repatriación estuvieron presentes el canciller de Guatemala, Mario Búcaro Flores y el Vicecónsul de Honduras, Darwin Medina, quienes permanecieron al lado de los familiares de los fallecidos.
También que, hasta el momento, han sido repatriados 31 cuerpos de personas fallecidas en el siniestro.
Además, personal de Gobierno del Estado dio a conocer que, en relación a la condición de salud que mantienen las personas migrantes que son atendidas en el Hospital General, de los seis pacientes internados, uno de ellos ya fue dado de alta, mientras que otros cinco continúan en recuperación.
Al respecto, Juan C.T.A., de 23 años de edad, víctima del incendio, obtuvo este lunes 10 de abril su alta clínica gracias a los esfuerzos de los trabajadores del nosocomio de Ciudad Juárez.
En este lugar se recibieron 11 de los 28 heridos, de los cuales se han hecho cinco traslados al Centro Nacional de Investigación y Atención al Paciente Quemado (CENIAQ) y al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), con la finalidad de garantizar atención especializada a los afectados.
Tras la salida de este hombre, aun permanecen en recuperación un total de 10 pacientes, así como se proyecta que a un paciente más le sea retirada la ventilación mecánica, se informó.
Sin especificar colonias, la zona del suroriente de la ciudad es de donde más se reciben llamadas al servicio de emergencias 911.
El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, comentó que la principal causa por la que la ciudadanía hace un reporte al número de emergencia es por ruido excesivo.
Mencionó que de lunes a jueves se reciben en promedio al menos unas 600 llamadas diarias.
También que, de los reportes presentados a la plataforma, en segundo lugar se encuentran las denuncias por violencia familiar; en tercer lugar, los accidentes viales sin lesionados y en un cuarto lugar por alarmas a negocios.
En días pasados, Cinthia Janeth Sánchez López, coordinadora del 911 en Ciudad Juárez, declaró que este tipo de llamadas obstruyen la prontitud de una emergencia real.
Esta parece ser una tendencia que se repite desde el año pasado, pues según un reportaje realizado por Circuito Frontera, durante el 2022, el 911 recibió 921 mil 391 llamadas, de las cuales 665 mil 336 se clasificaron como improcedentes.
En este sentido, el secretario de Seguridad Pública Municipal hizo un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del número de emergencia, ya que, al momento de realizar un llamado de broma, los agentes acuden a realizar la atención, pero que en ese momento pudieron atender una emergencia real, ya sea salvando la vida de una persona o estar al auxilio de quien lo necesite.
Desde el pasado jueves 6 de abril inició el aumento en las tarifas del transporte público en el estado de Chihuahua, lo cual para muchos usuarios fue una gran sorpresa e indignación, debido a la calidad del servicio que se presta.
Ante esto, hay concesionarios que consideran que el aumento no va a convertirse en la solución a la problemática del transporte.
Alberto Holguín, coordinador operativo de la línea Poniente Sur, manifestó que el aumento a la tarifa fue «un lineamiento hecho desde un escritorio de manera unilateral», pues aseguró que nunca se tomó en cuenta a los concesionarios en el Consejo Consultivo de Transporte.
Aunado a esto, el consecionario reveló que el aumento no garantiza la adquisición de nuevas unidades en un lapso de tres o cuatro meses, así como el financiamiento estatal es una tarea difícil que únicamente puede ser lograda por quienes están conformados como empresa.
Alberto Holguín, coordinador operativo de la línea Poniente Sur
«Tiene un sinfín de candados ese financiamiento para los enganches de los camiones y nadie va a poder acceder a ellos y esto se va a volver a llevar años en estirar y afloja, que sí que no y va a pasar lo mismo de siempre: el usuario va a tener que pagar hasta tres boletos para transportarse y ahora ya no de 8 pesos sino de 12», argumentó.
Holguín aseguró que él insistió a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, sobre la necesidad de una reestructuración y rediseño del transporte público, incluso al menos siete veces cuando estaba en campaña, aunque no recibió respuesta.
Para el concesionario, la solución a esta problemática es: «hacer mesas de trabajo. Esa es la clave para resolver este problema de raíz, donde los concesionarios aportemos toda la experiencia, ideas y soluciones».
La Comisión de Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC), que debería velar por las garantías individuales de los ciudadanos, está envuelta en diversos casos cuestionados por omisión en el cumplimiento de su función pública, falta de transparencia y una serie de irregularidades administrativas, advierten víctimas y expertos. Además, sólo el 3.2 por ciento de las quejas ciudadanas que recibe este organismo dan lugar a una recomendación en contra de las autoridades.
**Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers**
El 31 de mayo de 2021, policías estatales de Coahuila irrumpieron en el hogar de María Luisa Lazarín Sierra en la ciudad de Torreón, robaron algunas pertenencias y golpearon a uno de sus hijos. Los elementos utilizaron el mismo argumento que han repetido más de 10 ocasiones desde 2013 y que nunca han comprobado: reporte de drogas.
“Ellos siempre dicen que les reportan que ahí hay droga, pero en todas las veces que han entrado no han encontrado nada”, contó Lazarín Sierra en entrevista con Plaza Pública.
Para ella todas las invasiones de elementos a su casa, tanto municipales como estatales, constituyen una violación a sus derechos humanos y son actos de intimidación derivados de su activismo como integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México Fuundec-Fundem).
Lazarín Sierra busca a su hijo Israel Torres Lazarín, quien desapareció el 18 de junio de 2009, y tiene razones para desconfiar de las fuerzas de seguridad y sentirse en peligro dentro de su propia casa.
En la desaparición de su hijo estuvieron involucrados policías municipales de Matamoros, Coahuila, quienes lo detuvieron junto a sus amigos después de una fiesta.
“Estos mismos policías siguen amedrentándonos (…) Quieren infundir miedo. Es intimidación. Lo que quieren decir es: ‘Si no te aplacas, te podemos desaparecer también a ti’”, puntualizó la activista.
¿A quién defiende la CDHEC?
Ante casos como el de María Luisa Lazarín cobra relevancia la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), organismo encargado de “velar por los derechos de todos los coahuilenses”, según indica la leyenda de bienvenida que aparece en su página web.
Sin embargo, la Comisión le ha quedado a deber a la activista. Su testimonio es sólo un ejemplo de las irregularidades de la CDHEC expuestas por víctimas y expertos, y sustentadas en este reportaje mediante un análisis de datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
En primer lugar, las más de 10 quejas que ha interpuesto Lazarín Sierra ante la Comisión se han cerrado mediante conciliación, tras un proceso del que se siente excluida, pues señala que simplemente le notifican cuando concluyen el caso de ese modo.
Si bien la conciliación es un acuerdo entre el quejoso y la autoridad señalada, previsto en la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila como la principal opción para solucionar los conflictos y poner fin al procedimiento que inicia con la queja, no es aplicable a todos los casos.
La ley especifica en el artículo 118 que la Comisión debe buscar conciliar cada queja siempre y cuando ésta no se refiera a “actos u omisiones que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica u otras que se consideren especialmente graves, por el número de afectados o por sus posibles consecuencias” y sólo si es lo más favorable para la resolución del asunto y los intereses del quejoso.
El proceso de conciliación sigue pasos y tiempos muy específicos que se detallan puntualmente en la Ley de la Comisión de los derechos humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza. Infografía: Plaza Pública.
Cuando un visitador recibe una queja que puede solucionarse por esta vía debe explicarle al quejoso en qué consiste la conciliación, su contenido y ventajas. Luego presentarla ante la autoridad o servidor público y darle cinco días para que responda, si éste manifiesta su conformidad, el expediente se cierra, pero puede reabrirse después de 90 días si el quejoso manifiesta a la Comisión el incumplimiento del compromiso asumido.
Además de que la Comisión emplea la conciliación para cerrar las quejas de María Luisa Lazarín, a pesar de que los abusos de autoridad atentan contra su integridad, estas resoluciones no han tenido ningún efecto, pues los allanamientos no han cesado.
La activista dijo que en las conciliaciones, firmadas por todas las autoridades involucradas, éstas se comprometen a parar las violaciones a sus derechos.
“Pero lo siguen haciendo. No respetan las conciliaciones que según ellos se hacen. Siguen año con año. Cada vez que a ellos se les antoja entran a la casa”, recalcó la integrante de FUUNDEC-FUNDEM.
Según el Centro Fray Juan, la Comisión Estatal ha documentado al menos 7 allanamientos a su casa, aunque hay otros que no fueron reportadas ante el organismo defensor.
Policías municipales y estatales han allanado la casa de María Luisa Lazarín, integrante del colectivo FUUNDEC-FUNDEM una decena de veces desde 2013. Ilustración: Miguel Sifuentes
Baja productividad en la CDHEC
De acuerdo con los documentos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia como respuesta a la solicitud de información 050309600009322, cada año acuden, en promedio, unas mil 900 personas a la CDHEC para denunciar desde faltas administrativas hasta crímenes perpetrados por instituciones o servidores públicos.
En su informe de actividades de 2002, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) define a las recomendaciones como los instrumentos de mayor impacto para la defensa de las garantías irrenunciables. En ellas se comprueban los agravios sufridos por ciudadanos y se fundan acciones dirigidas a evitar la repetición de los hechos señalados; en ocasiones, se plantea la reparación de daños que deben cumplir las autoridades acusadas.
Sin embargo, de acuerdo con el análisis de Plaza Pública a los informes anuales de la CDHEC, publicados en el apartado de transparencia de su portal web, de 2019 a 2022 se registraron 7 mil 833 quejas, de las que se derivaron 251 recomendaciones, es decir, sólo el 3.2 por ciento de las quejas que recibe este organismo dan lugar a una recomendación.
De acuerdo con datos extraídos de los informes anuales de Xavier Diez de Urdanivia y del apartado de Recomendaciones del portal de la CDHEC, en el periodo 2014-2018 se emitieron, en promedio, 109 recomendaciones anuales. Desde 2019, año de la transición en la presidencia de la Comisión, y hasta diciembre de 2022, se emitieron 251 recomendaciones, un promedio de 63 al año.
Esto representa una baja del 42 por ciento en la productividad anual de la CDHEC desde la llegada de Hugo Morales Valdés a la presidencia del organismo (2019).
En una entrevista que concedió a Plaza Pública, Morales Valdés negó que la baja sea de ese porcentaje, aunque no contaba con los datos exactos a la mano.
“No tengo las cantidades de recomendaciones que se emitieron antes, pero pudieran haber rondado las 100, así que no hay una reducción del 40 por ciento, es del 27, 28 por ciento”, declaró el presidente de la CDHEC.
Sólo 3 por ciento de las quejas que recibe la CDHED concluyen con una recomendación hacia la autoridad señalada. Infografía: Plaza Pública.
Hugo Morales, quien antes de llegar a la CDHEC fungió como titular de la Fiscalía General de Coahuila Delegación Laguna I, rechazó que esté al frente de la Comisión para cuidar las espaldas de las autoridades estatales, como podría inferirse de los testimonios de quejosos y activistas, así como de la baja en el número de recomendaciones emitidas.
En contraparte, defendió su labor asegurando que están haciendo su trabajo y todo lo que debería haberse hecho hace mucho tiempo, como reforzar el derecho de los afectados por abusos de autoridad, brindar un acompañamiento efectivo a las víctimas de delitos y apoyar más a las autoridades locales a través de cursos de capacitación.
Más allá de las declaraciones de Morales Valdés, llaman la atención algunas novedades que ha introducido en la CDHEC y que representan un retroceso en materia de transparencia.
En su informe de 2021, por ejemplo, eliminó los desgloses de quejas recibidas por dependencia y de recomendaciones emitidas por autoridad señalada. Ambas clasificaciones fueron encabezadas por la Fiscalía de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública estatal en los últimos años.
Señalan falta de autonomía en la CDHEC
Miguel Ángel Hernández Muñiz, director del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH) Asociación Civil sostuvo que la Comisión actúa con ineficiencia y en detrimento de los grupos vulnerables.
Como especialista en Derechos Humanos, Hernández Muñiz afirmó que una de las cosas que están mal en la CDHEC es que dependa del gobierno estatal, lo que limita su autonomía política, financiera y operativa, así como su capacidad de decisión.
“Yo les invitaría a que le pidan al presidente de la Comisión su recibo para que vean quién le paga y en su recibo va a decir que quien le paga es la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado”, expuso Hernández Muñiz.
El activista señaló también la falta de personal calificado en la Comisión.
En su respuesta a la solicitud de información 050098000035322, realizada por Plaza Pública, la CDHEC confirmó que sus recursos son ministrados por la Secretaría de Finanzas.
“Yo creo que en este momento en La Laguna no se cumplen los perfiles que requiere la ley. Si ustedes hacen un análisis cualitativo de quienes forman parte de la Comisión, no todos cumplen con los perfiles para laborar en ella. El ciudadano termina presentando sus quejas ante funcionarios desatentos, displicentes e indiferentes hacia su debe”, dijo el activista.
Al respecto, Hugo Morales, aseguró que los encargados de las visitadurías, incluida la Presidencia, son personas con alto conocimiento en materia de derechos humanos. El resto del personal es invitado con frecuencia a participar de cursos o diplomados y posgrados para actualizarse.
Caso 2: De defensor a preso
Miguel Ángel Hernández habló con Plaza Pública como abogado profesional, activista y quejoso. En julio de 2022, él y su compañero Francisco Castro Veliz fueron detenidos en Francisco I. Madero, Coahuila, por asesorar a ciudadanos en su exigencia de agua potable. En la cárcel municipal fueron objeto de un trato que describió como cruel, degradante e inhumano.
Presentaron una queja ante la Comisión Estatal, misma que ya debería haberse resuelto, pues el artículo 124 de la ley de la CDHEC establece que la institución dispone de 90 días para concluir los asuntos. Sin embargo, de acuerdo con Hernández Muñiz la Comisión no recibió en tiempo y forma la conclusión de la causa ni notificación de prórroga.
“No podemos decir que somos perfectos y que no puede presentarse un caso de dilación, pero puedo decir que tenemos 2 mil expedientes por año y que habría muchas personas que podrían hablar bien de los resultados que les da la Comisión. Si hubiera una o dos personas, o cinco o las que hubiera (señalando dilación), pues tenemos que poner atención para mejorar el servicio”, declaró Hugo Morales en defensa.
Miguel Ángel Hernández tiene conocimiento de varios casos que confirman la inacción de la CDHEC.
Destacó el de un amigo suyo que perdió la vida el 11 de abril de 2021 a manos de elementos de una corporación de Seguridad Pública en San Pedro, Coahuila. La última actualización del caso en la CDHEC es de ese mismo mes y año.
Ni siquiera la atención que la prensa dedicó al hecho motivó una actuación expedita de parte de la defensoría del pueblo coahuilense.
Caso 3: Una comisión que agrede al ciudadano
En marzo de 2022, Miguel Mixtega Martínez, exsoldado de 45 años, oriundo de Veracruz y radicado en La Laguna, acudió a la CDHEC a dar seguimiento a un proceso que abrió un año atrás. Irónicamente, terminó detenido por policías municipales a petición del propio personal que ahí labora.
Fue esposado y tendido sobre el piso pese a su condición de salud y a una discapacidad derivada de sus años como militar. Fue trasladado a las celdas del Tribunal de Justicia municipal, acusado de proferir amenazas contra los funcionarios. Él asegura que lo único que hizo fue exigirles que hicieran su trabajo.
El exsoldado había presentado una denuncia ante la Fiscalía de Coahuila por una golpiza que recibió en 2020. Tras un año sin conseguir que su caso prosperara,, acudió por primera vez a la CDHEC en Torreón.
El personal de la Comisión elaboró el acuerdo de recepción de la queja y Miguel pidió una copia, pero no se la dieron.
“Desde el principio, ellos empezaron a encubrir el asunto”, dijo el exmilitar.
Al insistir en la Fiscalía por un castigo para sus agresores, Mixtega Martínez se convirtió en víctima de otros tres delitos: secuestro, lesiones y violación, en los que según el exmilitar, estuvieron involucrados funcionarios que congelaron su reclamo.
Con los nuevos delitos presentó otra denuncia ante la Fiscalía. Debido a la demora y más irregularidades en ese segundo proceso, el exsoldado volvió a la CDHEC.
En una de sus visitas a la Comisión le dijeron que estaban trabajando su caso, pero sólo con los elementos del reclamo original. No hicieron seguimiento y no se enteraron del resto de las quejas de Mixtega Martínez, ni de que había otra denuncia por hechos de mayor gravedad.
Muy molesto porque en la oficina de la Comisión en Torreón no tenían la carpeta actualizada, Mixtega le recriminó a la persona que lo atendió que no estaba haciendo su trabajo. Días después, empleados de la CDHEC fueron a buscarlo a su domicilio para tomarle declaración.
Insatisfecho, el exsoldado fue a Saltillo. Allá no le tomaron la queja. Entonces llamó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El involucramiento de esta instancia dio pie a la detención del exmilitar en la oficina de Torreón.
Mixtega quería comprobar que en Torreón hubieran respondido el mensaje de la CNDH. La licenciada que lo atendió le dijo que la Fiscalía ya había contestado y que la Comisión Estatal ya había rectificado. No obstante, a él no le notificaron nada.
Para Mixtega, la actuación de la Comisión denotaba complicidad con la Fiscalía.
“Usted no puede encubrir todos estos hechos, usted es Derechos Humanos; no se puede quedar con las manos cruzadas si la Fiscalía dice: ‘es que no fui, no es cierto’”, relató Miguel Mixtega. Según el exsoldado, la licenciada tomó los reclamos como amenazas.
Al ser cuestionada sobre por qué un ciudadano termina siendo esposado en las oficinas de una instancia de defensa de los derechos humanos, la titular de la oficina regional de Torreón de la CDHEC, Aurora Galindo, se limitó a responder que ella no estaba en la oficina en el momento de la detención y que su personal solo le reportó una “situación incómoda”.
Al acudir a la CDHEC para dar seguimiento a una queja, Miguel Mixtega Martínez terminó detenido por policías municipales de Torreón a petición del personal de la Comisión. Ilustración: Miguel Sifuentes
Al respecto Hugo Morales, presidente de la CDHEC, declaró:
“Tengo entendido que sucedió un hecho de violencia por parte de él (Mixtega). Que tuvieron que llamar a Seguridad Pública. Si bien debemos tener toda la tolerancia para con nuestros usuarios, también tenemos que proteger a nuestros colaboradores de que sufran algún tipo de violencia por parte de nadie”.
En los separos no hay registro oficial del paso de Miguel Mixtega. En la notificación de Salida de Detenido, la autoridad municipal puso un nombre distinto. Cuando pidió la enmienda, sólo aplicaron corrector y encima escribieron con pluma el nombre correcto.
Cuidarse del “defensor”
La atención que brinda el personal de la CDHEC a los quejosos amplía la lista de irregularidades que ponen en tela de juicio su labor.
En relación al primer caso expuesto en este reportaje, la última vez que María Luisa Lazarín Sierra, integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-FUNDEM), acudió a las oficinas, el visitador que la recibió se negó a redactar la declaración completa.
“Yo pedí que la queja se hiciera por allanamiento, robo y abuso de autoridad, pero el visitador me contestó que él no podía poner todo eso y sólo asentó abuso de autoridad”, contó María Luisa Lazarín.
La activista consideró que el trabajo de la CDHEC pudiera estar solapando la mala actuación de las corporaciones.
“Pienso que desde la Fiscalía y más arriba les piden que no hagan nada. Si existieran en verdad sanciones, las instituciones la pensarían para actuar de ciertas formas”, dijo Lazarín Sierra.
Para que la CDHEC tomara completa su queja, la activista tuvo que pedir el apoyo del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, con sede en Saltillo, Coahuila. Asimismo, decidió solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que rectifique los procedimientos de la instancia estatal y evalúe una posible reparación de daños.
María Luisa tuvo que pedir asesoría legal para defender sus derechos humanos ante un organismo que, según la ley, está para velar por ellos da pie a dudas en torno a su verdadera función y efectividad.
“Es como si, en lugar de defender mis derechos, se me estuviera persuadiendo de que ya no haga nada”, dijo María Luisa.
“Es horrible el hecho de que tengamos que empezar a litigar en la CDHEC”, opinó por su parte Juan Enrique Martínez Requenes, encargado de Litigio y Estrategia Internacional, del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
El abogado señaló que la CDHEC actúa con parcialidad porque “si no vas acompañado, si no tienes una persona en específico que pueda presionar en la Comisión, muy probablemente te van a cerrar la queja”.
Cuestionada al respecto, Aurora Mayela Galindo Escandón, titular de la Segunda Visitaduría Regional (sede en Torreón de la CDHEC), describió el sistema de recepción de quejas como amigable y negó que se hagan distinciones entre los quejosos que acuden por cuenta propia y los que van acompañados por algún asesor.
La Segunda Visitadora aseguró además que las quejas se toman tal cual las exponen los ciudadanos, lo que contradice las dificultades expuestas por María Luisa Lazarín para que su queja se asentara en los términos que solicitó.
“La forma en que la CDHEC recibe las quejas, pues podría repercutir en la integración de las carpetas de investigación, y ocasionar que se desestime una violación a los derechos humanos”, dijo Juan Enrique Martínez, del Centro Fray Juan de Larios.
“A veces tenemos que estar presionando para que se puedan acreditar elementos mínimos en donde se pueda decir que sí hay una violación de derechos humanos”,agregó.
De acuerdo con el abogado, también ocurre que se califiquen de modo incorrecto las violaciones a derechos humanos.
A veces, un caso claro de tortura por parte de agentes policíacos va perdiendo gravedad durante el proceso, pues se le denomina “abuso violento de la autoridad” al momento de integrar la carpeta y aparece como “violación al derecho humano a la seguridad y la legalidad jurídica” en la recomendación que se emite al final.
Disminuye personal, pero no el gasto
El tiempo de Morales Valdés al frente de la Comisión se ha caracterizado por una drástica disminución en la plantilla de trabajadores.
El 2 de julio de 2019, seis días después de su llegada, las oficinas y visitadurías de la CDHEC recibieron correos electrónicos (la correspondencia de la Comisión está disponible en Infomex, en la respuesta a la solicitud de información 00757819) con la indicación de llenar un formato de renuncia voluntaria que inhabilitaba a los firmantes para ejercer futuras acciones legales contra su expatrón. (Ver Correos).
“Yo no envié ese correo y desconozco quién lo haya hecho. Ninguna persona ha renunciado a la Comisión de Derechos Humanos de otro modo que no sea voluntariamente (…). Le podría decir que prácticamente es la misma plantilla con la que iniciamos”, dijo Hugo Morales cuando se le preguntó por ese acto que vulnera los derechos laborales.
El personal de la CDHEC recibió mediante correo electrónico un formato de renuncia por parte de la presidencia, sin embargo, Hugo Morales se deslindó de él. Fuente: Infomex
Del análisis de las nóminas de la Comisión, disponibles en su portal de transparencia, se desprende que la institución pasó de tener 73 trabajadores en 2019 a 58 en 2022, de los que sólo 20 son del periodo anterior a Hugo Morales.
Sin embargo, la disminución del 20 por ciento del personal, no se ha visto reflejada en un menor gasto en remuneraciones y estímulos: 26.2 millones de pesos se asignaron a estos rubros en 2022 y 2021. Solo como punto de comparación, en 2015, con mayor personal, la Comisión manejaba un presupuesto total de 25.3 millones de pesos.
Queda a deber
La ley de la Comisión señala que su objetivo es “contribuir al fortalecimiento de las convicciones humanistas, sociales y democráticas del estado constitucional de derecho”, así como “coadyuvar al establecimiento de las garantías necesarias para asegurar que los Derechos Humanos de las personas que se encuentren en el territorio del Estado de Coahuila, sean reales, equitativos y efectivos”.
Sin embargo, según la opinión de Miguel Ángel Hernández Muñiz, director del CIADH, el problema es que las instituciones han dejado de ser eficientes y eficaces, lo que siempre afecta mayormente a grupos vulnerables.
Sólo 3% de las quejas que llegan a la CDHEC dan lugar a recomendaciones, en 2022, la mayoría de éstas provino del programa de inspección de inmuebles para garantizar la inclusión. Ilustración: Miguel Sifuentes
“Las violaciones no son sujetas de negociación. La violación de los derechos humanos lo que requiere y lo que exige son sanciones porque el Estado mexicano tiene la obligación de observar, de respetar y de reparar las violaciones a los derechos humanos”, dijo el activista
“La CDHEC no da la confianza ni el seguimiento de los procesos para que uno se sienta en confianza, seguro”, remató María Luisa Lazarín Sierra.
El cierre del puente internacional «Paso del Norte» durante más de tres horas dejó pérdidas económicas de 109 mil pesos, luego de que cientos de migrantes se apostaran desde la mañana de este lunes en ese lugar.
Así lo informó Rogelio Fernández Irigoyen, director general del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.
Cierre por parte de autoridades estadounidenses en puente internacional Paso del Norte / Foto: Cortesía Gobierno del Estado
“Fue una aglomeración fuerte por falsa información que les llegó a los migrantes, que los iban a dejar cruzar, hubo una concentración fuerte”, mencionó.
Rogelio Fernández Irigoyen, director general del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua
Señaló que el cruce peatonal estuvo cerrado de las 9:40 a las 12:30 horas, mientras que el cruce de vehículos se cerró a las 9:40 de la mañana y se abrieron dos casetas de cobro a la 1:30 de la tarde.
Indicó que en promedio los lunes en ese lapso de tiempo cruzan aproximadamente 3 mil 500 personas que pagan 6 pesos, lo que representa 21 mil pesos de pérdida.
En cuanto al tráfico de vehículos en ese horario cruzan aproximadamente 3 mil 463 automóviles que se les cobra 36 pesos, lo que significa 88 mil 668 pesos.
Han transcurrido poco más de 14 meses desde que el Municipio firmó un acuerdo con SEMARNAT para suspender proyectos en la zona de El Chamizal, así como se acordó la regularización de este espacio, sin embargo, hasta el momento el proceso se encuentra en las mismas condiciones.
Daniel Delgadillo Díaz, integrante de «Árboles en Resistencia» que forma parte del «Frente en Defensa de El Chamizal», dio a conocer que han enfrentado varias problemáticas por parte del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, ya que perciben que han obstaculizado el proceso para que se cumpla con el convenio.
«El caso es que hemos tenido muchos problemas con el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, quien ha estado obstaculizando todo el proceso de regularización de El Chamizal. Lo que se pretende es liberarlo de tanto comodato que está en manos privadas y buscamos que sea un parque público las 333 hectáreas», dijo.
Mencionó que existen ocho acuerdos así como la principal instancia que ha violado estos es el presidente municipal.
«Como frente tuvimos 8 acuerdos, hemos batallado mucho para que se cumplan, quien el principal que ha violado los acuerdos es el presidente municipal, porque trae muchos compromisos con los empresarios y él no quiere que se liberen esas privatizaciones», declaró.
En la investigación se pudo documentar que los terrenos entregados en comodato equivaldrían a unos 155 campos de fútbol, con las medidas reglamentarias, en donde se edificaron escuelas, campos de fútbol y oficinas gubernamentales.
Aunque esta cifra no considera los espacios invadidos y los entregados sin contratos o sin documentación oficial.
De acuerdo con la minuta firmada el 1 de febrero del 2022, autoridades firmaron un convenio de ocho acuerdos para la protección a El Chamizal, donde se establecía la creación de un Consejo de Administración de El Chamizal, un Reglamento y mesas de trabajo para la recuperación ambiental de ese espacio, de los cuales con ninguno se ha cumplido.
El activista indicó que incluso acudieron el pasado 31 de marzo de este año a las instalaciones del Colegio de Bachilleres a donde acudió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para encontrarse con el mandatario y solicitarle que los apoye con la regularización de El Chamizal.
Sin embargo, debido al número de manifestantes que se encontraban en el lugar fue imposible abordarlo.
«Venía la caravana venía rápido, pero alcanzamos a entregarle un documento y lo que él dijo es que nos iba a atender», mencionó.
Integrantes del Frente en Defensa de El Chamizal durante la visita de AMLO / Foto: Cortesía
El convenio sobre el tema de El Chamizal se firmó entre SEMARNAT, la representación de la Federación en el estado de Chihuahua, el Municipio y activistas sociales, donde uno de estos acuerdos establece que las autoridades se comprometen a cancelar cualquier proyecto en ese espacio.
En la firma también participaron María Luisa Albores González, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Juan Carlos Loera De la Rosa, delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua; Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Ciudad Juárez, además de miembros del Frente en Defensa de El Chamizal.
Debido a esta situación, en aquella ocasión, se informó se realizaría una revisión de los comodatos que tiene el Ayuntamiento en El Chamizal, así como se buscaría una regularización del mismo.
Incluso, el pasado 17 de marzo de este año, el alcalde Cruz Pérez Cuellar dio a conocer que el Centro de Convenciones y Visitantes podría construirse en la zona de El Punto, el cual se encuentra dentro del perimetro de El Chamizal.
En esa ocasión, el funcionario indicó que podría ser una buena opción, aunque habría que esperar la respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
