Desde el fin de semana pasado, autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen un operativo en la zona del “bordo”, en la línea fronteriza donde está Ciudad Juárez y El Paso, luego de que el arribo de migrantes a esta frontera se intensificó en las últimas semanas.
Durante la mañana de este jueves, decenas de migrantes se pudieron apreciar encima del ferrocarril proveniente de la ciudad de Chihuahua, el cual, jalaba góndolas vacías, y en cuyo interior los extranjeros se transportaban.
Los migrantes habilitaron las góndolas con carpas y cobijas para taparse del sol, entre ellos incluso venían niños.
Al respecto, el Secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que el pasado 22 de septiembre, autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez; así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), la gobernadora del estado de Chihuahua y funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), sostuvieron una reunión donde se comprometieron a realizar 15 acuerdos.
Uno de ellos fue que autoridades municipales, estatales y federales, así como autoridades estadounidenses, realizarían recorridos por la zona del bordo para evitar la instalación de campamentos en ambos lados de la frontera, informó a Circuito Frontera, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez.
Expuso que si bien se percibe un aumento de población migrante en la localidad y que se trata de una problemática social, es una situación que persiste desde hace años, aunque no consideró que se trate de una “crisis migratoria” como tal.
En días pasados, el secretario general de Gobierno del Estado, Santiago De la Peña Grajeda, dijo en rueda de prensa que se estima existen alrededor de 12 mil migrantes en Juárez actualmente. Sin embargo, el secretario del Ayuntamiento de Juárez señaló que es una cifra difícil de documentar, debido a la movilidad de las personas.
A través de un comunicado, personal del INM informó que trabajarían en coordinación con la empresa Ferromex para evitar que migrantes arriesguen su vida al utilizar el tren como medio de transporte con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos.
Sin embargo, la llegada de más personas en movilidad ha sido inminente, pues todos los días se registra la llegada de migrantes en tranvía por esta frontera.
Consideró que se están tomando acciones al respecto, así como es necesario el trabajo en coordinación con autoridades de los tres niveles, así como de las estadounidenses para enfrentar la situación.
Decenas de migrantes llegaron en tren a la ciudad y caminaron por el Eje Vial Juan Gabriel hacia la zona Centro / Foto: Cortesía La Cucaracha
El funcionario mencionó que en esta localidad existen dos albergues oficiales, a donde la población migrante puede acudir para resguardarse y donde también reciben alimentación, aunque estos no son “abiertos”, pues una vez que entran no pueden entrar y salir de manera libre.
Además, expuso que es difícil documentar el número real de las personas migrantes que arriban a esta localidad, puesto que existen múltiples maneras de llegar, así como los datos exactos de movilidad son difíciles de obtener.
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«Obviamente, puede haber situaciones que avancen de manera lenta. No estamos hablando de un tema que se resuelva de manera simple, son cuestiones de derechos humanos, personas en situación de movilidad, y se deben cuidar muchos aspectos. Creo que la coordinación es fundamental y espero que esta coordinación no se pierda, ya que todos los niveles de gobierno deben involucrarse, independientemente de a quién le corresponda la responsabilidad», dijo.
Aunque sí admitió que se percibe una afectación económica en la ciudad tras el cierre de los puentes por parte de autoridades fronterizas, lo que ha afectado la importación y exportación de la región.
Acuerdos de autoridades ante flujo de migrantes
En el documento se expuso que el INM, junto con Ferromex, ubicarían los puntos estratégicos para el rescate y disuasión, con el fin de replicar la estrategia que se emplea en Nuevo León, en la que participan la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal, así como aportarían los medios de transporte aéreo y terrestre, para el retorno de los migrantes rescatados.
Se indicó también que contarán con un coordinador del INM para las acciones realizadas en toda la ruta del ferrocarril y se informará al secretario general de gobierno de Chihuahua las estadísticas del instituto.
También que la Patrulla Fronteriza entregará al INM a las personas migrantes que hayan sido expulsadas de Estados Unidos por el Puente Internacional de Ciudad Juárez, mientras que autoridades mexicanas despresurizarán el Centro Integrador Leona Vicario para que sea utilizado por otras personas migrantes en condición de movilidad.
Además, realizarán las gestiones con los gobiernos de Venezuela, Brasil, Nicaragua, Colombia y Cuba para que reciban a sus connacionales; continuarán con el operativo «espejo» en la frontera de México y Estados Unidos, a través de intervenciones en el ferrocarril, puntos carreteros y rescate en vía pública.
Asimismo se buscará habilitar albergues de puertas abiertas en Ciudad Juárez para atender a las personas migrantes, en especial a niñas, niños y adolescentes; por lo que será necesario ubicar y rentar un inmueble para suplir la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, además de instalar puntos de control y verificación en la ruta de Ferromex.
Otro de los acuerdos entre las autoridades fue despresurizar la frontera norte de México, correspondiente a Ciudad Juárez, Piedras Negras, Tijuana y Tamaulipas, a través del retorno de las personas migrantes; entregar un reporte diario al sector El Paso, a través de la Oficina del INM en Coahuila, a fin de avisar que el tren va solo.
Finalmente que el INM convoque y coordine una reunión con autoridades de los tres niveles de gobierno para la atención de la población migrante que ya se encuentra en Ciudad Juárez.
¿Cuántos migrantes han detectado las autoridades migratorias?
Con un reporte de 364 mil 092 encuentros de personas migrantes, esta frontera representa el 22.11 por ciento del total de detenciones registradas por autoridades norteamericanas por la frontera sur.
Mientras que autoridades del Instituto Nacional de Migración informaron en un comunicado también se indicó que, del 1 de enero a septiembre de 2023, agentes federales de migración rescataron a un millón 469 mil 787 migrantes, así como de ese total, 788 mil 089 fueron retornados por vía terrestre y aérea.
Además, que en lo que va de septiembre, 189 mil migrantes fueron rescatados; es decir, un promedio diario de 9 mil. De acuerdo con los reportes del INM, personas de 191 nacionalidades transitan por México, principalmente de Venezuela, Guatemala, Honduras, Ecuador, Haití, y El Salvador.
En cuanto al sistema ferroviario, de enero a septiembre del año en curso se han realizado 658 acciones en estados como Veracruz, Tlaxcala, Coahuila, Puebla, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua y Oaxaca, con un total de 8 mil 988 personas migrantes rescatadas.
Además, se puso a disposición de las autoridades correspondientes a 292 probables traficantes de personas.
Cabe señalar que los representantes de la CBP ofrecieron a las autoridades mexicanas toda la asistencia técnica para atender el tema migratorio en aeropuertos u otros puntos de inspección como trenes para reducir las cifras de las personas que utilizan esas vías de movilidad.
Sin la compañía de un adulto o familiar, al menos 120 niños migrantes fueron resguardados por el DIF Estatal tan solo durante la semana pasada, luego de que se les localizara viajando solos, con el fin de cruzar a Estados Unidos.
Según declaró el director de la institución, Gabriel Eguiarte Fruns, que cada semana se resguada a más de cien niños.
Comentó que cuentan con dos subcentros para brindar atención a los menores donde se salvaguarda su bienestar y prioriza su salud.
Gabriel Eguiarte Fruns, director del DIF Estatal
También que, en comparación con la pasada, hasta la mañana de este jueves, los menores resgudardados por las autoridades estatales se redujo 95.
El funcionario estatal también señaló que los niños se encuentran en buen estado de salud y parte de la atención es brindarles la atención médica adecuada y una alimentación equilibrada.
La “disputa” por la situación legal del parque El Chamizal continúa a más de un año de que se realizara un acuerdo entre autoridades de los tres niveles de gobierno y ciudadanos, pues pese a ser un espacio que se mantuvo en una discusión durante décadas entre México y Estados Unidos, ahora la “pelea” se trata de trámites administrativos.
El Chamizal es un espacio histórico de Ciudad Juárez que, tras décadas de una disputa por el terreno, hace65 años, fue regresado a México por parte de Estados Unidos.
En el 2021, este parque público fue motivo de discusión entre ambientalistas, empresarios y autoridades gubernamentales, toda vez que se pretendía construir en una zona el Centro de Convenciones y Visitantes, lo cual finalmente no ocurrió.
Aunque, cabe recordar que desde el pasado 1 de febrero del 2022, se consignó un acuerdo entre la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Ayuntamiento de Juárez, Programas para el Desarrollo del Estado de Chihuahua y ciudadanos, para que SEMARNAT realizara una serie de trabajos técnicos para la delimitación de polígonos en este espacio que abarca 333.26 hectáreas.
El punto número 4 de este acuerdo señala también que intervendría la Comisión Nacional de Áreas Protegidas para el análisis de la situación ambiental.
Derivado de esta situación, a principios de este 2023, el Municipio dio a conocer que 80 hectáreas de El Chamizal serían consideradas por la Federación como un área destinada voluntariamente a la conservación.
Sin embargo, hasta la fecha, el Ayuntamiento local aún no recibe el certificado que acredita tal acción. Al respecto, este miércoles en sesión de Cabildo se aprobó hacer un exhorto a SEMARNAT para que le den agilidad a este proceso.
Sobre este tema, la regidora Alma Arredondo Salinas, coordinadora de la Comisión de Ecología, comentó a Circuito Frontera que el objetivo principal es solicitar la emisión del certificado por parte de la autoridad federal para que respalde la conservación del parque El Chamizal.
Explicó que de esta manera, el Ayuntamiento podría mantener la conservación del espacio, así como es necesaria la creación de un Consejo Consultivo, para tomar decisiones acerca del rumbo de El Chamizal.
Asimismo, este consejo se encargaría de realizar un análisis de las necesidades del parque y, a su vez, se podrían bajar recursos por parte de la Federación y destinarlos a El Chamizal.
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Durante la sesión de Cabildo estuvo presente la activista María Antonia Ríos, del colectivo Chamizal Conciencia Ciudadana, quien refirió se deben analizar varias aristas respecto a este tema, pues consideró que la naturaleza del parque debe ser pública.
Mencionó que la sustentabilidad del parque no deberá basarse en la renta o a través de actividades comerciales en este espacio, ya que de acuerdo con la Resolución de El Chamizal de la Comisión Internacional de Límites y Aguas “CILA”, se especifica que tendrá otros fines.
En este documento se refiere lo siguiente: “Se acordó que los terrenos recuperados se dedicarían exclusivamente a fines deportivos, cívicos y culturales y que nunca se permitiría su uso para fines comerciales”.
Señaló que uno de los puntos clave de la discusión actual es la interpretación del término «sustentable», pues la sustentabilidad debe relacionarse más con la conservación ecológica que con la generación de ingresos a través de actividades comerciales. También que la reproducción de especies autóctonas y la promoción de la fauna local son elementos esenciales de la sustentabilidad.
Además, enfatizó la necesidad de verificar cómo está regulado el parque como espacio público y cómo se pueden involucrar a las comunidades locales, especialmente a los pueblos originarios, en su resguardo.
Asimismo, Daniel Delgadillo Díaz, del colectivo Árboles en Resistencia que forma parte del Frente en Defensa de El Chamizal, señaló que ellos como colectivo han pedido que se resguarden las 333 hectáreas del parque, así como se revoquen los comodatos que existen actualmente.
Este terreno pese a que se entregó la Federación entregó 248.47 hectáreas al municipio de Juárez en 1987, hasta la fecha, el Ayuntamiento ha dado 107 hectáreas a través de contratos en comodato, es decir, en préstamo gratuito, a asociaciones civiles, particulares y oficinas de gobierno, como documentó Circuito Frontera.
Delgadillo Díaz expuso que la liberación del parque es algo que han peleado desde hace años, ya que, de acuerdo a la ley, El Chamizal debe ser de libre acceso y no deberá contar con ningún área destinada al comercio ni tampoco contar con comodatarios.
También indicó que están buscando que la Federación declare a El Chamizal como un parque nacional, con el fin de que se conserve como un área natural en su totalidad, no solo las 80 hectáreas que sugiere el Ayuntamiento local.
El activista hizo hincapié en la importancia de utilizar especies de árboles nativos de la región y promover la reproducción de la fauna local como parte de un enfoque sustentable.
Aunque consideró que la resolución de las problemáticas actuales que enfrenta El Chamizal podrían resolverse a través de la Federación y la Cámara de Diputados del Estado, lo que plantea interrogantes sobre el papel y la influencia de los regidores locales en la toma de decisiones relacionadas con el parque.
En medio de la creciente preocupación por la propagación del COVID-19 en Ciudad Juárez, una madre angustiada compartió su preocupación, luego de que su hijo resultó positivo, pero también se enteró de por lo menos otros cinco casos de maestros y familiares.
La madre, cuya identidad se mantiene anónima, expresó su preocupación por la salud de sus hijos y describió los desafíos que enfrentaron desde el inicio de los síntomas.
La madre relató que su hijo presentó síntomas de gripa por lo que acudió con un médico particular, el cual le diagnosticó gastroenteritis. Sin embargo, los síntomas persistieron, por lo que tras realizarle una prueba rápida de COVID-19 arrojó resultados positivos.
El niño también mencionó que varios de sus compañeros de escuela habían estado enfermos, dijo que después de realizarse una prueba de laboratorio, obtuvieron resultados positivos.
Dijo que para recibir atención médica acudió al ISSSTE, en donde había otras cinco personas con síntomas similares y quienes resultaron ser maestros e hijos de maestros.
Sin embargo, cuestionó que en la escuela no le permitieron faltar a su hijo, ya que debía presentar forzosamente una prueba de laboratorio para justificar la ausencia.
Madre de familia preocupada por casos de Covid-19
Debido a esta situación, Maurilio Fuentes, subsecretario de Educación en la Zona Norte, quien refirió hasta el momento no han recibido ninguna instrucción por parte de las autoridades de salud.
Incluso dijo que no habían recibido notificaciones de casos de COVID-19 en las escuelas, por lo que las acciones que están tomando se basan en las invitaciones y pautas proporcionadas por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.
Cuando se le preguntó si habían detectado casos de alumnos enfermos, señaló no habían recibido informes que indicaran un aumento significativo de casos en las escuelas.
Así como subrayó la dificultad de revisar las 972 escuelas en su jurisdicción, por lo que se basan en los reportes proporcionados por los supervisores y directores.
En tanto que el doctor Rogelio Covarrubias Madrid, Director Médico de la Zona Norte, consideró que esta situación no debe estigmatizar a ningún plantel en particular.
Además, afirmó que el virus sigue presente y que, aunque las consecuencias graves no son tan frecuentes como en años anteriores, es fundamental mantener precauciones.
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Entre Nuevo León y Yucatán hay más de dos mil kilómetros de distancia, aun así ambas entidades comparten un problema: Infancias en riesgo bajo la tutela del estado. Sobresalen las fugas, violencia y muerte de menores dentro de los Centros de Asistencia Social (CAS), hechos que constan en los datos proporcionados por las autoridades y obtenidos vía transparencia.
En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), hasta el 2020, más de 60 mil niñas, niños y adolescentes fueron usuarios de los centros de alojamientos. Llegaron víctimas de delitos, por el desamparo o en un intento por cruzar la frontera con Estados Unidos.
Para cuidarlos, los gobiernos de estos dos estados dispusieron de más de 186.9 millones de pesos en el 2022. Recurso que no se reflejó en mejorar la calidad de vida de los menores, pues durante ese mismo año ocurrieron fugas, reportes de agresiones y muerte de menores en los centros.
Mediante más de 100 solicitudes de información, esta investigación buscó transparentar el uso de los recursos que recibieron estas dos entidades que, parecen muy alejadas territorialmente, pero que comparten las fallas del sistema y mantienen en la opacidad casos de presunta negligencia.
En Yucatán, por ejemplo, hubo inconsistencias por 12.9 millones de pesos en el presupuesto asignado en 2022 al único centro para menores que existe en la entidad, al mismo tiempo que las autoridades reportaban la fuga de menores del albergue.
Lo anterior debido a que el DIF de Yucatán contestó en una primera solicitud de información con fecha del 4 de septiembre del 2022 que el presupuesto asignado para ese año al albergue fue de 15 millones 763 mil 225 pesos, pero en una segunda respuesta con fecha del 23 de enero de 2023, indicó que el presupuesto había sido de 2 millones 791 mil 115 pesos para el 2022, una diferencia de 12.9 millones que no explicaron.
En Nuevo León, el albergue Fabriles -uno de los centros con mayor población en el estado-, contó con 28 millones 964 mil pesos en 2022 para la atención de las niñas, niños y adolescentes. Se trató de un incrementó del 112.9 por ciento en comparación con el 2021. Ese mismo año, el área de comunicación social informó de la muerte de Ángel y aseguró que la causa fue un dolor estomacal.
Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), expresó que estos centros no cumplen con su objetivo principal, que es unificar a las familias, tal como marca el artículo 27 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sino por el contrario, las separan.
Tal es el caso de Ana y José, unos hermanos que fueron enviados a dos hogares de acogida diferentes en Yucatán, mientras su abuela lleva más de una década luchando por su guarda y custodia.
Yucatán. Ana y José, separados sin un proceso legal
Del 2018 a 2022, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay, antes Prodemefa) atendió 880 expedientes relacionados con procesos de guarda y custodia, incluidos delitos cometidos contra menores.
Existen dos formas para resolver la situación jurídica de los menores bajo la tutela pública: que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán determine el no ejercicio de la acción penal en contra de los tutores denunciados; o el otro camino es que el Estado obtenga la sentencia del juicio de pérdida de patria potestad. Sin embargo, pocos casos llegan a un siguiente paso, que es cerrar la carpeta de investigación.
Del 2018 a 2022, la Prodennay presentó 43 denuncias que fueron judicializadas contra madres y padres de familia acusados de ejercer maltrato, y representó 47 juicios de pérdida de patria potestad, pero no detalló el estatus legal de los otros 790 expedientes, de acuerdo con los datos entregados vía transparencia.
Una consecuencia es la demora para resolver los procesos. Por ejemplo, el DIF de Yucatán, también reveló en una respuesta obtenida por transparencia, que el menor que lleva más años viviendo en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede) tiene 16 años e ingresó al mes de su nacimiento.
Ana y José ingresaron en el 2011 al Caimede, después de que sus padres fueron arrestados por policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y, al no tener familia en Yucatán, terminaron siendo un expediente más.
Ese mismo año fueron entregados a su tía -concuña de su madre-, pero reingresaron al albergue del estado porque presuntamente los descuidaba. Tres años después, en 2014, los dos hermanos fueron separados y entregados a familias diferentes.
Durante todo ese proceso su abuela materna, Bertha Maribel Noh Montejo, estuvo peleando por recuperar a sus nietos. Asegura que por muchos años cumplió con los requisitos para obtener su custodia, pero la entonces Prodemefa se lo negó.
“Mis nietos van a crecer y algún día, si Dios me presta vida, van a crecer y se van a enterar por mi boca que nunca dejé de buscarlos, de escatimar porque el dinero viene y va. Nunca los abandoné. Viven en mi mente y corazón. En Mérida, Yucatán, están lucrando con los niños, porque eso hicieron con mis nietos. Se los entregaron al mejor postor”, dijo Bertha, quien lleva 12 años luchando por la guardia y custodia de sus nietos.
El caso de estos hermanos es uno entre tantos que muestra la realidad burocrática de las familias que intentan recuperar a los menores. “En el 2012 presenté una demanda en mi estado (Campeche) para poder ver a mis nietos y el juez le solicitó al DIF de Yucatán que trasladaran a mis nietos a Campeche en lo que terminaba el juicio y dijeron que no porque las leyes de cada estado son distintas. Al niño ya le cambiaron el apellido y dijeron que no podían hacerlo, pero lo hicieron”, declaró en entrevista.
Bertha interpuso un amparo en contra del juicio familiar de pérdida de patria potestad 4/2014, que promovió la procuradora de ese momento, Cinthia Giuliana Pacheco Garrido. La autoridad judicial resolvió en 2021, que sus nietos permanecerán en los hogares de acogida y que conservarán el vínculo con la familia biológica, es decir, su madre y abuela, pero seguirán bajo la tutela pública del estado.
Sentencia en el que Ana y José quedan bajo la tutela del DIF Yucatán, posteriormente son separados, pese a que su abuela materna aún luchaba para que regresaran a casa. Crédito: cortesía.
A pesar de que José y Ana sí tenían una red familiar fueron separados y enviados a dos familias de acogida aunque el artículo 40 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, en su inciso IX, señala que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el estado debe impulsar el fortalecimiento familiar y evitar la separación de sus padres o las personas que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia.
Por otro lado, Prodennay especificó que concluyeron 362 procesos de adopción del 2015 al 2022 por lo que el resto fueron adopciones directas, que es lo mismo que arreglos entre particulares.
En Yucatán de 2010 a 2022 se realizaron 333 juicios de pérdida de patria potestad y 362 adopciones concluidas. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
Del 2018 a septiembre del 2022 había en proceso 200 adopciones. Del total, únicamente 50 fueron niñas, niños y adolescentes bajo la tutela del estado. El resto fue un arreglo entre ambas partes.
De 2018 a 2022, se iniciaron 200 adopciones, 150 fueron directas entre las familias. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
Caimede, ¿lugar seguro para los menores?
Manuel tenía cuatro años cuando ingresó al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede) en Yucatán. Cinco años después, en diciembre de 2019 lo adoptaron. En casa, con su nueva familia empezó a manifestar comportamiento agresivo, tenía ataques de ira y ansiedad. Sus padres lo llevaron con especialistas y el diagnóstico resultó en secuelas de la violencia que vivió en el albergue del estado.
Su madre adoptiva, cuyo nombre se mantendrá bajo reserva por seguridad, explicó que él no ingresó al Caimede por violencia familiar o por ser víctima de un delito, sino que su familia lo entregó voluntariamente. No tenían recursos económicos para mantenerlo.
“Le hicieron pruebas externas neurológicas, no había problema. Lo atendió el psiquiatra y determinó que todo era conductual. Tenía crisis de ansiedad derivado de todo lo que vivió en el Caimede. Él no tiene recuerdos de pequeño. No fue un niño maltratado en sus primeros años y se supone que por no poder atenderlo lo llevaron ahí. Lo que sufrió fue adentro, y tú dices que es un lugar en donde, en teoría, los llevan o canalizan para que sean protegidos ¿Por qué le hicieron esto?”, expresó con tristeza la madre adoptiva de Manuel.
El proceso de adopción de Manuel inició en el 2013 y tardó seis años. Su madre relató que en ese lapso, el personal de la Prodennay perdió los expedientes en dos ocasiones. En diciembre del 2019, le prometieron que Manuel al fin se iría con ellos a casa, pero al final no fue así.
“Llegamos un día y dijeron que no se va, que haríamos como que sí, es decir, harían una simulación, sólo querían la foto. Yo dije que no podría hacerle esto a Manuel y que si no nos lo entregaban, saldría a decirlo. Pedí una cita con la procuradora Teresa Anguas Zapata, pero no me la dio”, relató la madre de Manuel, quien finalmente logró adoptarlo.
Ana salió del sistema DIF Yucatán hasta los 22 años
Ana ingresó a los cinco años de edad al Caideme y vivió bajo el sistema DIF hasta los 22 años sin que exista algún diagnóstico médico que justificara su permanencia. Al cumplir los nueve años, la entonces titular de la Prodemefa (Prodennay), Celia María Rivas Rodríguez solicitó el ingreso de la menor a Amor y Vida.
El DIF Yucatán solicitó el ingreso de Ana cuando aún era menor de edad al albergue Amor, de donde no la dejaban irse, pese a ser adulta. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
Al cumplir 18 años, ya con mayoría de edad, Ana pidió regresar a su casa con su mamá, pero no se lo permitieron.
“La mamá se acercó para pedir que la dejen salir y la discriminaron porque es una señora con rezago económico, social y académico. La Prodennay le pedía carta de antecedentes no penales, comprobantes de ingreso, un estudio socioeconómico, psicológico, y cuando Ana ya era mayor de edad no había razón para estar privada de su libertad porque ya podía valerse por sí misma”, relató Moises Velázquez Cuevas, abogado que llevó el caso de Ana.
En julio de 2022 Ana le pidió ayuda a una persona que visitó Amor y Vida, así fue que llegó con el abogado Moisés Velásquez, quien logró liberarla el 2 de agosto de ese año. Él reiteró que no había argumento para tenerla retenida, ni un juicio de interdicción o la resolución judicial que la prive de sus derechos.
Carta de puño y letra de Ana, una mujer a la que no le permitían salir del sistema DIF Yucatán, pese a que ya era adulta. No había argumento legal para retenerla. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
“La interdicción total (privación judicial de los derechos) es inconstitucional, es violatoria de derechos fundamentales, porque cuando es total se les priva de tomar cualquier tipo de resolución”, apuntó Moisés, quien determinó que Ana estaba privada de su libertad ilegalmente.
¿Quiénes cuidan a las infancias de los albergues de Yucatán?
Para cuidar de las infancias, el Caimede tiene una plantilla de 302 trabajadores, de los cuáles 144 son niñeras, 14 vigilantes, siete médicos generales, 29 enfermeras, tres odontólogos, un puericulturista, un nutriólogo y 12 psicólogos; el resto son intendentes, personal administrativo o de limpieza.
El presupuesto que el gobierno de Yucatán invirtió en el Caimede disminuyó a partir del 2018, según se constató a través de solicitudes de información. Documentos que, a la par, señalan una inconsistencia de 12.9 millones de pesos en los recursos asignados en el 2022, como ya se mencionó anteriormente.
Se intentó conocer la postura de las autoridades en este tema y de los menores que vivieron violencia en el CAS y no hubo respuesta.
Presupuesto del único albergue del DIF Yucatán para menores del 2018 a 2022 e inconsistencia presupuestal del 2022. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.Fabriles y Capullos: Los albergues con mayor presupuesto en NL
Fachada del Centro de Atención Social para NNA Fabriles en Nuevo León. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
Dos de los 10 albergues para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) atendidos por el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León (DIF) son los que reciben el mayor presupuesto. Los ocho restantes no superan los dos millones y medio al año, según la respuesta a una solicitud de información vía transparencia.
Se trata del Centro de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes «Capullos” y el Centro de Atención a Migrantes No Acompañados «Fabriles”, este último tenía un presupuesto de 4 millones 976 mil pesos en 2018 y aumentó a 28 millones 964 mil pesos en 2022, esto es 482 por ciento más.
Capullos también ha incrementado sus ingresos para operación. En 2018 recibió 87 millones 541 mil pesos; en 2019 fueron 95 millones 571 mil pesos; en 2020 fueron 108 millones 32 mil pesos; en 2021 le fueron asignados 102 millones 850 mil pesos y ya en el 2022 le autorizaron 120 millones 254 mil pesos de presupuesto, es decir 37.3 por ciento más en cuatro años.
A través de Transparencia, el DIF dio a conocer que la Procuraduría de Protección de NNA cuenta con los registros de 4 mil 362 NNA que han estado albergados en Capullos de 2018 a septiembre 2022; mientras que Fabriles ha tenido 3 mil 178 menores en los últimos cinco años; en 2021 fue el año que albergó a más NNA, un total de mil 332 vivieron en sus instalaciones. De los demás Centros de Asistencia Social no proporcionaron los datos.
Número total de niñas, niños y adolescentes que estuvieron bajo la tutela del DIF Nuevo León del 2018 a 2022. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
Número total de niñas, niños y adolescentes que fueron reintegrados con sus familias o familiares del 2018 a 2022 en Nuevo León. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
Con el presupuesto que reciben y la población promedio que llega cada año, Capullos y Fabriles podrían invertir 630 mil y 34 mil pesos, respectivamente, en cada uno de los menores que están bajo su cuidado. Esto contando que el presupuesto sólo se dedicara al cuidado de los infantes.
Presupuesto correspondiente al 2022 de los 12 Centros de Atención Social (CAS) que hay en Nuevo León. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
Videonota de la muerte del menor Ángel dentro de Fabriles. Crédito: Captura de pantalla de noticiero de Telediario.
A finales de 2021, justo en el año que el albergue Fabriles contaba con su población más alta en los últimos cuatro años, llegó Ángel, un menor que llevaba toda su vida bajo el cuidado del Estado. Su estancia duró poco menos de tres meses, en febrero de 2022 se dio a conocer que el menor, de entonces 14 años, murió en el albergue tras presentar diversos malestares estomacales, de acuerdo con la información publicada en la cuenta de Twitter del departamento de Comunicación Social del Gobierno de Nuevo León.
Comunicado oficial del DIF NL de la muerte del menor de nombre Ángel en Fabriles. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
Después de la muerte de Ángel, el Congreso de Nuevo León conformó una Comisión Especial para que investigara los casos que se habían dado de maltrato infantil en la Casa Fabriles del Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia.
Jessica Elodia Martínez Martínez, diputada local sin partido y química de profesión, fue la elegida para asumir la presidencia de esta Comisión. Ahí pudo estudiar el expediente de Ángel, su estado de salud y la medicación indicada, encontrando falta de registro de los medicamentos suministrados al menor durante los últimos días antes de su fallecimiento, además de la cremación acelerada de sus restos.
“En el expediente venía desde que llegó Ángel, todo lo que le habían estado dando de medicamentos o si tuviera una crisis de ansiedad; lo que había comido, todo venía ahí en ese expediente, pero a mí lo que me llamó la atención es que ese expediente terminaba el día 6 y el fallecimiento era o el 8 o el 9”, aseguró Martínez Martínez.
“Yo señalé eso en frente de la Comisión de Derechos Humanos, de que faltaban los últimos dos, tres días y me decía Miguel Ángel (entonces director del DIF): ‘¿Para qué quieren saber eso?’”, describió en entrevista telefónica la legisladora local.
Recordó que el ex director del DIF argumentó que la documentación faltante había sido llevada a Capullos y después le aseguró que fue entregada a la Fiscalía para ser integrada en la investigación.
Otra de las trabas que se encontraron en el caso fue la ausencia de la cámara del cuarto en el que estaba Ángel, “todos los cuartos tienen cámaras, eran tres cuartos y todos tenían su cámara, pero en el de Ángel ya no estaba y nada más dijeron que no estaba desde enero”, relató la diputada.
Estos puntos no fueron las únicas inconsistencias que Martínez encontró en el caso de Ángel, un niño al que habían señalado como alguien con problemas psiquiátricos, pero a pesar de eso lo enviaron a un albergue en el que no hay un solo médico psiquiatra.
“A veces cuando tenía alguna crisis le llamaban por teléfono al doctor en Capullos y él ya les decía qué tenía que tomar o qué no, o sea, su medicamento se lo controlaban desde Capullos”, narró.
Parte de los informes recabados por la diputada indicaron que Ángel estaba a punto de ser trasladado a un hospital psiquiátrico de la Ciudad de México.
El caso, que en su inicio fue catalogado como una muerte natural, dio un giro en el 2023. En una ficha informativa publicada el 18 de mayo del 2023, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que un Juez de Control vinculó a proceso penal a dos ex funcionarios por el caso de la muerte de Ángel, calificando el hecho como homicidio por el Ministerio Público.
El comunicado detalla que la imputación fue hacía Miguel Ángel ‘N’, Mauricio Miguel ‘N’ y Raymundo Francisco ‘N’. Las autoridades detallaron que Miguel Ángel ‘N’, quien desde febrero de este año ocupa la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, no pudo ser imputado debido a que presentó una suspensión de amparo.
“Sin embargo, a Raymundo Francisco ‘N’ se le vinculó a proceso por el delito de homicidio, pero hasta el momento se encuentra prófugo y Mauricio Miguel ‘N’ fue vinculado por el delito de encubrimiento, ya que ordenó eliminar fichas informativas elaboradas por elementos de seguridad de la institución, la eliminación de fotos, videos y mensajes, así como la manipulación del sistema de circuito cerrado de la misma institución.
Las nuevas declaraciones del Ministerio Público señalan que Raymundo Francisco ‘N’ fue quien presuntamente quitó la vida al menor dentro de las instalaciones de Fabriles.
“Ángel se encontraba en un espacio al aire libre del Albergue Fabriles cuando sufrió una crisis derivada de un trastorno previamente diagnosticado, Raymundo Francisco ‘N’ golpeó su cara con puño cerrado, cayendo el menor al suelo, donde posteriormente el imputado dejó caer su rodilla con todo su peso, provocando instantáneamente vómito y dolor abdominal, síntomas a los que durante las horas siguientes se sumaron los de debilidad, palidez, labios azulados, sudoración fría y hundimiento de ojos, hasta ocurrir la muerte del menor que se concluye tuvo origen en un shock hipovolémico a raíz de los golpes”, describe la información oficial.
En las solicitudes de información 191841722000791 y 191841722000794, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León negó proporcionar información del caso argumentando que se trata de información reservada y tampoco concedieron una entrevista. El departamento de Comunicación del DIF dijo que ni esa institución ni la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes podían hablar de una investigación en proceso y públicamente tampoco se ha abordado alguna resolución del caso en medios de comunicación hasta la fecha de publicación de esta investigación. Existe un velo por completo sobre el desarrollo de los casos que ocurren dentro de las instalaciones de estos albergues.
Faltan especialistas en los albergues
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León de 2020 a la fecha. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
Olga Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León (CEDH) declaró en entrevista, que tras la supuesta riña en Capullos, que llevó a Ángel a Fabriles, conversó con los menores, quienes se quejaron de malos tratos por parte de un guardia. Debido a todo esto, la CEDH emitió una serie de medidas precautorias al DIF y tomó la queja de oficio.
Posteriormente abrió una segunda queja por la muerte de Ángel, quien fue cremado en menos de 48 horas.
“Sobre todo por si la cremación se había hecho de acuerdo a lo que marcan, tanto los protocolos internos, determinar si tenían o no protocolos, si el medicamento que le proporcionaron era el adecuado, pero sobre todo, cómo se atendió la urgencia”, explicó Méndez Arellano.
La titular de la CEDH resaltó también el hecho de que en la entidad existe una carencia de médicos psiquiatras infantiles.
El directorio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia tiene registrado únicamente un psiquiatra para la atención a los menores del albergue Capullos
Según el registro, el paidopsiquiatra Luis Carlos Rodríguez Briones, adscrito a la Subdirección de Centros de Atención a Menores, de octubre a diciembre de 2021 no prestaba sus servicios en Capullos y en 2022 sólo aparece en el listado de empleados durante el mes de enero y de mayo a diciembre.
En esa relación de especialistas de la institución aparece también la psiquiatra Daniela Sainid Alejandra Campos González, sin embargo, está adscrita al Programa de Atención a la Discapacidad, no a los albergues del Estado.Y
Yucatán vive la misma realidad, no cuenta con ningún especialista en psiquiatría y, conforme a los datos proporcionados por la dependencia, hay 17 menores de 13 a 17 años diagnosticados como pacientes psiquiátricos. Ninguno con la atención médica adecuada.
En el CAIMEDE también cometen delitos contra las infancias
Dentro del CAIMEDE del DIF Yucatán se registraron los delitos de violencia psicológica, familiar y sexual. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
En un periodo de cuatro años (2018-2022), dos niños del sexo masculino fallecieron. Uno tenía dos años y fue por cardiopatía, y otro de nueve años, quien murió por una enfermedad degenerativa, de acuerdo a la información proporcionada por las autoridades vía transparencia.
Del 2018 a 2022 se fugaron 16 menores de edad, nueve hombres y siete mujeres cuyas edades van de los 12 a los 17 años. Sólo uno fue encontrado y reintegrado con su familia.
Número de menores que han desaparecido bajo la tutela del DIF Yucatán de 2018 a 2022. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
En enero de 2023 se reportó que dos mujeres adolescentes huyeron del Centro; durante la elaboración de este reportaje se contactó a los familiares de una de las jóvenes que escapó, y aseguraron que la menor contó que la mantenían sedada y tenía golpes en los brazos. Por temor a represalias pidieron mantener sus nombres en anonimato.
En los albergues de Nuevo León también se han reportado fugas. Según el DIF estatal, de 2018 a octubre de 2020 se han escapado nueve menores de Capullos, mientras que Fabriles ha presentado 43 fugas, destacando el 2021, año en que se registró la fuga masiva de 40 NNA.
Redim reconoce la existencia de castigos extremos en albergues
Tania Ramírez Hernández, Directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), confirmó que algunos centros en donde albergan a las infancias aplican castigos extremos y la justificación del personal es que la disciplina violenta los mantiene callados.
A ello se suma la constante medicación de los menores, “es parte de lo conflictivo en estas instituciones, que para mantenerlos quietos, a niñas y niños, pues a menudo existen dictámenes de trastornos del comportamiento, ante cosas que pueden ser más bien, discapacidades psicosociales originadas por el propio encierro, por el abandono familiar, etcétera”, explicó la directora de Redim.
En ambos extremos del territorio mexicano las infancias son las más vulneradas y cuando se encuentran al cuidado del Estado sus representantes colocan una malla que cubre la información para no poder acceder a la rendición de cuentas y sus procesos. Todo bajo el argumento de la protección de los derechos de los menores, esos mismos derechos que los datos revelan que ellos no respetan.
Lo anterior, luego de una reunión con personal del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes les presentaron un reporte del flujo migratorio de los últimos días y de las acciones prioritarias.
El funcionario comentó que actualmente la crisis migratoria también se está convirtiendo en un problema económico, toda vez que no se tiene fecha contemplada para la apertura del puente Córdova-Américas.
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En tanto que Roberto Juárez Granados, director del Centro de Salud «Todos Somos Mexicanos», el cual se encarga de dar servicio médico a la población migrante por parte de Gobierno del Estado, dio a conocer que han atendido al menos cinco personas migrantes con tuberculosis.
No obstante, el médico señaló que estos pacientes ya cruzaron a Estados Unidos, que los casos no fueron al mismo tiempo, sino que se han dado en diferentes etapas a lo largo del año.
Este lugar forma parte de una red de 23 unidades de salud en la zona Norte, en las que se ofrece atención de nivel primario, gratuito, para personas que no cuentan con derechohabiencia.
Respecto al tema de migración en las líneas fronterizas, autoridades de la Patrulla Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) informaron que el Alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, Troy A. Miller, se reunió el viernes pasado con funcionarios del Gobierno de México y de la industria ferroviaria en Ciudad Juárez, para discutir las medidas para hacer frente a las operaciones mejoradas de seguridad fronteriza en respuesta al aumento de los encuentros.
Miller agradeció la atención que se sigue prestando a los peligrosos desplazamientos de migrantes en vagones de ferrocarril, así como se refirió a la repercusión que el aumento de los recursos necesarios para procesar a los no ciudadanos inadmisibles tiene en la misión de aplicación de la CBP y en las operaciones en los puertos de entrada.
Aunque el sábado, se realizó la reanudación de las operaciones en el puente del cruce ferroviario internacional en Eagle Pass, Texas.
Cabe resaltar que durante el fin de semana, la Policía Municipal y personal del Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron un operativo por el bordo fronterizo, tras el arribo de personas migrantes a la frontera.
