El costo por uniformar a un agente de la Policía Municipal en Ciudad Juárez es de entre 80 y 100 mil pesos, sin contar las armas que portan.
Lo anterior significa que el gasto para los uniformes de esta corporación es de alrededor de 240 millones y 300 millones de pesos, tan solo en el equipamiento de los oficiales.
El jefe de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, César Omar Múñoz Morales, indicó a este medio que es el costo que realiza el Departamento en el equipamiento que utilizan los agentes, así como sólo se les da uno por periodo.
Dijo que los chalecos tienen un costo de 30 mil pesos, los cascos entre 12 y 15 mil pesos, mientras que las armas cortas a la Secretaría les cuestan 15 mil pesos y un arma larga 50 mil pesos.
En días pasados, el funcionario indicó que en la corporación existen alrededor de 3 mil elementos, por lo que son «la fuerza más grande que existe en la ciudad», sin embargo, nunca son suficientes para atender las problemáticas.
Lo anterior, luego de que se cuestionará el origen de los uniformes que portaron las personas armadas con equipo táctico en el motín registrado en el Cereso 3 el pasado 1 de enero.
Mencionó que a raíz de ese hecho se han realizado decomisos de armas y equipo en conjunto con distintas corporaciones. Sin embargo, reiteró su postura sobre que el origen de las armas lo desconocen, ya que son las autoridades americanas las que tienen esta información.
Comentó además que en los decomisos han localizado armas y equipamiento nuevo, por lo que también desconocen de dónde se están surtiendo los grupos criminales.
Aunque señaló que en la actualidad existen tiendas, tanto en Ciudad Juárez como en El Paso, donde se pueden conseguir los uniformes como los que usan los elementos policiacos y que pueden ser utilizados por la ciudadanía, aunque lo único que está prohibido es que porten los logos.
De acuerdo con información de la misma Secretaría, durante el 2022 fueron decomisadas 276 armas cortas, 53 armas largas, 293 cargadores 13 mil 810 cartuchos de diversos calibres.
El sentido moral de una sociedad se mide a través de lo que hace por sus niños.
(Dietrich Bonhoeffer)
Hablar del proceso de adopción en México, sobre todo en el estado de Chihuahua, y por ende en el municipio de Juárez, permítame compartirle a usted algunos mitos y realidades, de acuerdo a investigaciones de este tema tan sensible, partiendo por el término de adopción.
La adopción:Es el acto mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas; adoptante y adoptado, de tal forma que genera los mismos deberes, derechos y obligaciones como si fueran padre, madre e hijos biológicos. Se prevé un único régimen de adopciones, el cual confiere al adoptado o adoptada los apellidos de los adoptantes; el parentesco que de la adopción resulte, se amplía a toda la familia del adoptante, como si el adoptado o la adoptada fueran hijos biológicos e hijas biológicas.
Tipos adopción
Adopción simple
Es aquella en la que transfiere, la patria potestad, así como la custodia personal. Solamente origina vínculos jurídicos entre el adoptante y el adoptado o adoptada.
La adopción plena
Equipara, al hijo consanguíneo o a la hija consanguínea para todos sus efectos legales, incluyendo los impedimentos de matrimonio. El adoptado o la adoptada tienen los mismos derechos y deberes del hijo consanguíneo o de la hija consanguínea. Y llevará los apellidos del adoptante o los adoptantes. Él o la que adopté por adopción simple, podrá solicitar al juez la adopción de la conversión plena, siempre y cuando hayan transcurrido por lo menos dos años. Cumpliendo con los requisitos que establece la ley para tal efecto.
La adopción internacional
Es aquella que en la solicitud se presenta por personas, cuya ciudadanía es distinta a la mexicana, y tienen su lugar de residencia habitual, en su país de origen. Tiene como finalidad encontrar al niño o niña, una familia que no se pudo encontrar en su propio país de origen. Ésta se rige por los tratados internacionales firmados y ratificados por México, así como de acuerdo a legislación civil.
De esta manera quedando más amplia las definiciones en cuanto a los tipos de adopción en nuestro estado, en el entendido que cualquier tipo de adopción de las antecedidas, tiene su proceso legal procesal requerido.
MITOS Y REALIDADES
Veamos algunas ficciones en cuanto a la adopción: ¿Cuántas veces ha escuchado usted?
El DIF (Desarrollo Integral de la Familia) tiene cientos de niños y de niñas “ahí” en los albergues; hay muchas familias que quieren adoptar y “no los dan”; “Habiendo” tantas parejas que no pueden tener hijos e hijas y ¡Miren!, ahí los tienen”.
La realidad es que, en efecto, por la experiencia del que escribe, se puede referir primero que: el sistema estatal DIF no tiene derecho alguno, si no le es concedido por un juzgador, mediante sentencia plena, otorgándole la patria potestad al Desarrollo Integral de la Familia, para que entonces éste proceda a buscar la familia idónea para ese niño o niña.
Realidad también es que dicha autoridad debe recibir todas las solicitudes de los 67 municipios del Estado y alimentar su base de datos de familias adoptivas.
Asimismo, establecer fecha y hora para los talleres de sensibilización de los solicitantes. Luego, dar un seguimiento a los pasos siguientes, como las valoraciones psicológicas y de Trabajo Social a quien solicita la adopción, así como las obligaciones y responsabilidades legales que se adquieren y que se pueden incurrir.
Pero también, es una realidad, que una vez realizado todo esto, los talleres, valoraciones, entre otras actividades, la autoridad se enfrenta a que la mayoría de los solicitantes desean el mismo perfil del niño o niña a adoptar, es decir, el 99% manifiesta querer bebés de cero a cuatro años máximo, no de origen de etnia ni algún tipo de discapacidad ni grupos de hermanos o de hermanas.
Ya, en plan broma, recuerdo que un servidor comentaba que solamente faltaba que buscarán niños de “ojos azules”.
También es una realidad que aquellas niñas y niños en que el Estado hubieran obtenido su patria potestad de los cinco años, pues hasta los 17 ya era casi imposible conseguirles una familia adoptiva, por el perfil de los solicitantes.
¿Qué le dice esto? En efecto, si esos niños y esas niñas no entraban en el perfil del solicitante permanecían en los albergues, bajo el cuidado del Estado.
En aquel entonces, por los años 2017-2018, se tenía una base de datos con un aproximado de 120 NNA (Niñas, Niños y Adolescentes) con capacidad leve, hasta severa, ya sea motriz o cognitiva.
Cabe señalar que un promedio de 273 niñas, niños y adolescentes de edades de los cinco hasta los diecisiete nadie optaba por esa adopción.
Pero también es una realidad que los procesos jurídicos de pérdida de patria potestad pueden durar entre los tres, seis meses e incluso años, entendiendo el debido proceso.
Es decir, si un bebé de cero años era tutelado por el Estado, a través de una medida de protección urgente, luego se consideraba la viabilidad de obtener la pérdida de la patria potestad. Si bien salían las cosas, a los tres meses ya se estaba en condiciones de buscar en la base de datos a las familias que empataran con el niño liberado o la niña liberada jurídicamente (término que se utilizaba de manera interna).
Después correspondía el proceso de las sesiones del Consejo Estatal para determinar quién sería la familia idónea para ese bebé.
Muchos procesos jurídicos de pérdida en promedio (de los años referidos líneas arriba) duraban más de tres meses, por diferentes situaciones de índole administrativa o judicial, que por supuesto, en consideración del que escribe, se vulneraba el principio jurídico del Interés Superior de la Niñez.
Imagínese un bebé de cero años que su proceso legal dure un año, dos o más, significa que en promedio a los dos o tres años ese niño o niña estará en condiciones de tener una familia, con todo el sustento jurídico que esto implica.
En tal tesitura, se considera necesario que jueces, juezas, magistrados o magistradas, remarquen la preponderancia que tiene el principio jurídico del Interés Superior de la Niñez y se desahoguen con mayor agilidad dichos procesos jurídicos.
En cuanto al poder legislativo, dicho poder legislativo, según comisiones puede y debe entrar en profundo análisis para proponer las reformas de ser el caso al código civil- familiar, para la agilización del proceso sin vulnerar derechos humanos de terceros.
En cuanto la autoridad administrativa, en tal caso, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, debe tener sus mecanismos de control, de acuerdo con lo estipulado en ley, consultas digitales, campañas de sensibilización permanentes a la población sobre el tema, una vinculación atenta y efectiva con los sistemas municipales.
También debe proponer a los tres poderes del Estado, los cambios o adecuaciones necesarias a leyes o reglamentos, pues así y solamente así pudiéramos decir que de cierta forma se comienza a conocer y respetar el principio jurídico del interés superior de la niñez, consagrado en marcos nacionales e internacionales y privilegiar la vida en familia de niñas, niños y adolescentes antes que las instituciones (o albergues).
César Juárez es doctor en Derecho Judicial, analista político y fue procurador de Niños, Niñas y Adolescentes en el estado de Chihuahua.
En Ciudad Juárez estarán funcionando dos albergues para niños migrantes.
El albergue «Nohemí Álvarez Quilly” funciona desde el pasado 2018 y que tenía la capacidad de albergar hasta 110 personas; con las recientes remodelaciones ahora tendrá la posibilidad de atender hasta 210.
En tanto que continúan con obras en un segundo espacio el cual tendrá por nombre «Casa del Menor Migrante», el cual aportará otros 300 lugares para dar refugio a la población de 17 años y menos, dio a conocer la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván durante su inauguración.
El primer espacio está ubicado sobre la calle Ignacio Alatorre #870 de la Colonia Centro, en donde anteriormente operó el Hospital Civil Libertad y cuyas instalaciones cuentan con espacios abiertos, dormitorios, cocina, comedor y un lugares de esparcimiento lúdico y físico.
Mural en el albergue «Nohemí Álvarez Quilly” / Cortesía: Gobierno del Estado
Las remodelaciones recientes en el albergue consistieron en la ampliación del dormitorio común, las áreas familiares, del taller de cocina, el audiovisual, la biblioteca y la bodega general, con una inversión de 23 millones 800 mil pesos.
Mientras que el «Centro para el Menor Migrante» estará ubicado en la calle 20 de Noviembre y Juan de la Barrera, de la colonia Partido Escobedo.
Remodelaciones en albergue «Nohemí Álvarez Quilly” / Cortesía: Gobierno del Estado
Al respecto, la mandataria estatal mencionó que Chihuahua es parte de uno de los mayores corredores migratorios del mundo, un corredor que va de Centroamérica y Estados Unidos, por ello el paso de hermanos y hermanas extranjeros es parte de la realidad fronteriza, pero también es la oportunidad de servir y de trabajar para cambiar vidas.
Agregó que el albergue «Nohemí Álvarez» dio atención a niños de países como Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Brasil, Cuba, Haití y niñas y niños mexicanos, durante el 2022.
Nadie fue procesado por esto, ya que los delitos que se imputan tienen que ver con cuestiones de la actividad productiva y no con la muerte de los trabajadores.
A la memoria de los mineros fallecidos en siniestros en Coahuila y de sus familiares que murieron sin conocer la justicia
A 17 años de la tragedia que dejó a 65 muertos, 63 de ellos aún sepultados en el lugar, en la región carbonífera de Coahuila, la muerte de mineros continúa y hay casos de familias donde más de uno de sus integrantes perdieron la vida o quedaron con alguna discapacidad en el mismo o diferente siniestro.
Nadie fue procesado por esto, ya que los delitos que se imputan tienen que ver con cuestiones de la actividad productiva y no con la muerte de los trabajadores.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que la “garantía de no repetición” obliga a la autoridades a eliminar los factores que permitan o favorezcan la violación a las garantías individuales, pero en el caso de lo ocurrido en la mina Pasta de Conchos esto aún no se alcanza.
En entrevistas por separado, Elvira Espinoza Martínez y Guillermo Iglesias, viuda e hijo de trabajadores mineros que quedaron sepultados en la mina propiedad de Grupo México, explican por qué no se logra acceder a la justicia, y comentan que los trabajadores piensan que cada día es posible no salir con vida de las minas.
Para Espinoza Martínez, viuda de Jorge Bladimir Muñoz Delgado, no sancionar penalmente los siniestros, haya o no fallecidos, es lo que permite que ocurran casos como los de Pasta de Conchos, pues los concesionarios o dueños del carbón extraído siguen en libertad y operando la extracción del mineral al pagar una multa.
Ella fue una las viudas que tardó en aceptar las actas de defunción irregulares con las que obtendría una pensión a través del Seguro Social, y señala que si hubiera voluntad para evitar que ocurrieran más inundaciones en las minas, derrumbes o explosiones, como mínimo, las autoridades debieran hacer más inspecciones.
Como ejemplo mencionó lo ocurrido en junio del 2021, cuando en la comunidad de Rancherías, en Coahuila, se inundó y desplomó la mina de arrastre propiedad de la empresa Micarán, en la que murieron 7 trabajadores. La Secretaría del Trabajo clausuró la mina en ese momento, pero ya opera de nuevo.
“Entonces tampoco sirve que les pongas un sello y te vayas, porque ellos como quiera siguen trabajando. Los poceros nunca van a detenerse si no se ponen medidas más estrictas. Nosotras siempre hemos pedido que se penalicen estos actos y que las responsabilidades caigan en lo penal y no en una multa económica. Si hubiera algo judicial, con una condena que les impida estar en libertad y seguir trabajando, ellos lo pensarían un poco más”, señaló Espinoza Martínez.
Para que estas sanciones se lleven a cabo, comentó Espinoza Martínez, es necesario que las autoridades revisen un marco legal para que, en caso de que haya lesionados o muertos en los siniestros, se sancione con cárcel y se considere un homicidio doloso, no imprudencial.
“A mí me molesta que en el caso de El Pinabete, el proceso se lleve por extracción ilícita de carbón. Está bien porque no tiene los permisos para operar, pero ¿y la muerte de los trabajadores?, ¿por ese delito quién paga?, pues nadie. Realmente la vida de los trabajadores no importa porque no hay nadie que se haga responsable”, señala Espinoza Martínez al recordar que no se castigó a funcionarios o empresarios de Grupo México por la muerte de su esposo y de los más de 60 mineros, cuyos cuerpos siguen atrapados en Pasta de Conchos.
En los 17 años transcurridos desde la explosión que cimbró la mina en San Juan de Sabinas, ni los legisladores o alguna autoridad consideran que endurecer las sanciones, más allá de la cuestión administrativa y multas, puede ser una posibilidad para evitar que ocurran este tipo de siniestros.
Las personas que representan a la Organización Familia Pasta de Conchos pidieron las garantías de no repetición en el 2018, cuando la Corte Interamericana (CIDH) dio entrada a la petición que se hizo en el 2010. Luego se reiteró el compromiso que se firmó en el 2020, entre los deudos y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para el rescate de los cuerpos.
Nada se hizo para impedir accidentes. En el 2021 se suscitó el siniestro de Rancherías, cuando una inundación provocó el desplome de la mina de Micarán, donde murieron 7 trabajadores, cuyos cuerpos sí fueron rescatados; en agosto del 2022 los cuerpos de 10 mineros siguen sin ser localizados, luego de quedar atrapados, en el predio El Pinabete.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en el 2018 la CIDH admitió la denuncia de las familias por el argumento de que “a 12 años de los hechos no se habían determinado las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de servidores públicos, ni se han recuperado los cuerpos de los trabajadores mineros”. Tal como aún se encuentra el caso en el 2023.
URGEN REFORMAS QUE PROTEJAN A LOS TRABAJADORES
Para Guillermo Iglesias, perito en geología, investigador y docente en la rama de la minería, urgen reformas para que se responsabilice a los concesionarios en caso de que en un siniestro los mineros sufran alguna discapacidad, pierdan la vida o sus cuerpos no puedan rescatarse.
Su padre es uno de los 63 mineros que quedaron atrapados en Pasta de Conchos.
“El que haya mucha gente involucrada provoca que al final no se responsabilice a nadie, pero ante la Secretaría de Economía los responsables de las explotaciones de carbón son los concesionarios, no el prestanombres o el que le está trabajando al concesionario, o al supervisor o a la empresa subcontratada. Si no hay ese castigo, el concesionario no se va a aplicar nunca, aunque sea el responsable”, sostuvo.
Iglesias también señaló que las mismas autoridades propician que no se respete la reglamentación en la materia, ya que no se exige que los concesionarios reporten, mes tras mes, al Servicio Geológico Mexicano cualquier obra minera que modifique los límites topográficos. Además, considera necesario cambiar al personal de esa área, pues existen vicios y los responsables permiten situaciones que llevan al peligro a los mineros.
Menciona que con el escaso personal del que se dispone, es difícil que se logre que los dueños de los predios y/o concesionarios de los llamados “pocitos” cumplan a cabalidad con sus obligaciones, esa es la causa de que surjan figuras diversas que diluyen la responsabilidad en caso de un siniestro. Como ejemplo, en la mina El Pinabete el único detenido es quien aparece como patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no es el concesionario.
Iglesias considera que en la Ley Minera es donde debe quedar establecido que la responsabilidad caerá en quien tenga la concesión del predio donde se lleva a cabo la explotación.
“Ocurre que el concesionario renta a otra persona más, pero sigue ganando. Esto pasa ahora con la presidenta municipal de Múzquiz (Tania Flores), que quiere comprar Minosa y Micare, pero la concesión sigue a nombre de los Ancira porque ellos la tienen por 20 años; o el caso de las propiedades de los Montemayor o de Armando Guadiana, quienes rentan las concesiones”.
El perito en materia minera señala que “las lagunas en la normativa permiten que la actividad de extracción del carbón, de por sí peligrosa, ponga en riesgo constante a los trabajadores, ya que en muchos casos se contrata a personal no apto para medir los peligros del subsuelo y ocurre lo del Pinabete, donde no se percataron que el bordo de contención del agua ya no estaba”.
“En el caso de Pasta de Conchos el asunto fue geopolítico. El gobierno los mató junto con la empresa porque se los echaron; ellos querían que tronara y así fue. Contrata ingenieros malos, contrata expertos malos y que hagan lo que quieran para sacar dinero y vemos que sucede lo que ocurrió; pues que explotó”, asegura y agrega que bajo ese contexto resulta imposible que dejen de ocurrir siniestros mineros o que disminuyan las probabilidades de que se generen más incidentes.
La Organización Familia Pasta de Conchos tenía el registro de 310 eventos mortales desde 1883 y 2017, además 3 mil 103 fallecimientos registrados derivado de estos siniestros, según el informe El Carbón Rojo de Coahuila: Aquí acaba el silencio.
INVERSIÓN MILLONARIA NO ES PARA RESCATE
Iglesias ha estado cerca de las labores que empezaron hace meses para llevar a cabo el rescate de los 63 mineros en Pasta de Conchos. Asegura que las tareas no tienen esa finalidad y, con un memorial, las autoridades federales pretenden simular que no se permitirá que haya nuevos derrumbes, explosiones o inundaciones en las minas y pozos de carbón, pero en realidad quieren tapar la zona y las mismas prácticas continuarán: “el minero seguirá bajando con el temor de que puede ser la última ocasión que lo haga”.
Señaló que las autoridades le apuestan al desgaste de las familias, al olvido y a que poco a poco vayan muriendo los peticionarios ante la CIDH, mientras que la autoridad federal maneja el discurso de que siguen las pláticas amistosas, tal como se han comprometido ante el organismo internacional.
Sin embargo los errores en la planeación delatan a las autoridades y el ejemplo no sólo es Pasta de Conchos, también El Pinabete. Ante ello, Iglesias le suma los anuncios de las millonarias inversiones con pocos resultados.
“Esto es un pinche show, esto es cuestión de chingo de dinero: haz algo grandote para que haya una inversión grandota, pero el objetivo, que es el rescate y la recuperación de los cuerpos, no se va a hacer porque no está planeado para eso. Están haciendo inclinados de 200 metros, pero en este tipo de obras debe hacerse tres o cuatro tiros verticales que van directo al núcleo. Tampoco es necesario el uso de explosivos. Así como van se llevará mucho tiempo y no se va a terminar para cuando acabe el gobierno de López Obrador”, puntualizó.
Como prueba de lo anterior, indicó que se contrataron empresas que no tienen experiencia en el ramo y que abandonaron los trabajos, para después subcontratar los servicios de compañías locales. El costo por todo el plan de trabajo en la mina fue establecido en 75 millones de dólares, según registros hemerográficos que citan fuentes de la Presidencia de la República.
REGIÓN ABANDONADA Y ENFERMA
Tanto Guillermo Iglesias como Elvira Espinoza Martínez consideran que en este contexto, la población en la región carbonífera se mantiene en la pobreza y la inseguridad laboral en la minería.
Elvira recuerda que para que su esposo fuera atendido en Medicina del Trabajo por problemas de salud, principalmente los respiratorios, resultaba muy complicado, y para quienes no estaban sindicalizados era aún más difícil.
Por ello la precaria calidad de la salud de los mineros y de sus familias se vuelve tema relevante, pero sólo es cuando ocurre un nuevo siniestro que las autoridades y la sociedad mantienen la vista en la región, pero al poco tiempo se olvida.
Ambos coinciden en que no hay alternativas de trabajo para la zona, ya que las maquiladoras tienen salarios muy bajos y ni el estado ni la federación consideran que en la región carbonífera se merecen mejores condiciones de vida.
“Siguen los mismos dueños; empresarios y políticos con las concesiones pero, cuando pasa algo, a ellos no se les toca”, dijo Iglesias.
El programa Hipoteca Verde del Infonavit cuenta con mil 870 quejas de acreditados en el país contra empresas proveedoras de ecotecnologías adscritas a un padrón avalado por el Instituto. En 2021, estas empresas facturaron 2 mil 466 millones 151 mil 718 pesos
**Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers**
Xóchitl Muñoz Martínez es una de los cientos de trabajadores perjudicados por presuntas irregularidades en el programa de Ecotecnologías o Hipoteca Verde del Infonavit.
En diciembre de 2021, a Xóchitl le autorizaron su crédito para adquirir una vivienda de Torreón, Coahuila. El préstamo también incluía lo que se conoce como “Vale de Ecotecnologías” que canjearía por un refrigerador, dos minisplits, un boiler y una lavadora con un valor de 35 mil pesos en la empresa Ecoheat, una de las firmas autorizadas por el Infonavit para ser proveedoras.
Sin embargo, hasta enero de este año aún no había recibido los artículos, pese a que los sigue pagando, por lo que presentó una queja ante el Infonavit de Torreón con folio 2022001809.
El programa Hipoteca Verde fue creado en 2007 con el fin de que los ciudadanos pudieran adquirir productos ahorradores en los consumos de luz, gas y agua en sus viviendas y se canceló en marzo de 2022 , ya que el propio director general del Infonavit, Carlos Martínez, informó en entrevista para el Border Hub que detectó presuntas irregularidades durante sus recorridos por todo el país.
Línea del tiempo de las Ecotecnologías. Infografía: Siomara Rodríguez.
Indicó que recibió quejas en el sentido de que los acreditados no recibieron los productos, éstos no tenían garantía, les ofrecían canjearlos por dinero en efectivo a cambio de “comisiones” o el precio era mucho más alto que los que se ofrecen en el mercado. Dijo que ya se presentaron denuncias correspondientes.
El oficio DG/029/2022 girado por el director del Infonavit en respuesta a una solicitud de información vía transparencia indica que se analizaron mil 870 quejas, 899 de ellas por cobros indebidos o no reconocidos y 661 por productos cargados a las cuentas pero no entregados, no da a conocer los motivos de las faltantes, pero por lo que concluye que “Este producto ( las ecotecnologías), más allá de beneficios que no se han demostrado, genera perjuicios a los trabajadores”.
Las principales irregularidades señaladas fueron inconsistencias en el registro del monto de transacción de las ecotecnologías, productos con precios más elevados que en el mercado vigente, falta de Integridad en la información que se transmite en distintas plataformas, diferencias de operación con los proveedores y áreas de oportunidad en materia de seguridad en la información.
¿Qué son las ecotecnologías?
Un reporte de Infonavit entregado por el área de comunicación al Border Hub, menciona que los cinco estados con mayor cantidad de empresas sancionadas por irregularidades son: Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México y Querétaro.
Ofrecían empresas dinero a cambio de ‘comisiones’
Algunas de las empresas proveedoras de ecotecnologías investigadas contactaban a sus clientes a través de llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, donde les ofrecían los productos- muchos de ellos que no cumplían los objetivos del programa- y en ocasiones dinero en efectivo, a cambio de una comisión. Una extrabajadora de Ecoheat narró que era el propio Infonavit quien les proporcionaba las listas de los beneficiarios de las ecotecnologías, que contenían datos personales, a las empresas.
El mismo director general del Infonavit señaló que él simuló ser beneficiario de un crédito y recibió infinidad de mensajes donde le ofrecen canjear su ecovale por artículos o dinero en efectivo.
Xóchitl, quien compartió su testimonio para este reportaje, platicó que no había pasado una hora desde que firmó las escrituras en la notaría y empezó a recibir llamadas y mensajes de Guadalajara, México, Chihuahua, Saltillo y Torreón. En la empresa que eligió le ofrecieron un vale y la fueron a visitar hasta su casa.
Cuatro afectados entrevistados para esta investigación coincidieron en que recibían llamadas y mensajes donde les ofrecían cambiar el vale de Hipoteca Verde, eligieron a la empresa Ecoheat, hicieron el pedido, ante la tardanza se pusieron en contacto con la sucursal de manera local, pero les pasaron el número telefónico de la matriz, ubicada en Jalisco, donde les dijeron que no tenían dinero para cumplirles y posteriormente dejaron de contestarles.
El aviso de privacidad del Infonavit aclara que puede transferir la información a personas físicas o morales con actividades financieras o comerciales con las que tiene una relación de colaboración o alianza en programas de crédito.
El director nacional de Infonavit consideró que no se presentó un mal manejo de los datos personales, ya que han sido pocos los casos de suplantación de identidad.
Estos son algunos de los mensajes recibidos por una beneficiaria del programa
Carlos Martínez afirmó además que se han interpuesto denuncias por las presuntas irregularidades en contra quien resulte responsable, incluyendo funcionarios, pero declinó dar más detalles sobre éstas para no romper la secrecía de la información.
“Se están viendo las actividades financieras sobre todo si hubiera delitos fiscales como facturación”.
-¿Hay funcionarios del Infonavit que estén siendo investigados?, se le cuestionó.
“Se está investigando a todos los que han participado en estos procesos”, indicó.
Martínez informó que el programa se aplicó en 1.6 millones de viviendas y representó 31 mil millones de pesos, de 2007 a la fecha.
Sólo durante 2021, las ecotecnologías representaron ventas por 2 mil 466 millones 151 mil 718 pesos. La información se puede consultar en el portal electrónico del Infonavit.
El funcionario resaltó que como se trata de un problema entre particulares, ellos deben resolverlo, de manera que el Infonavit solamente puede solicitar a los proveedores que entreguen los productos; no tiene facultad para condonar las deudas y obligar a la empresa que reintegre el dinero a los afectados.
Dijo que cuando se presenta la inconformidad se establece un folio y “se pone el vale como no ejercido”.
“Es una venta que no es nuestra”,explicó, “y por lo tanto lo que hacemos es no afectar al trabajador como si no hubiera usado el vale desde la perspectiva de su crédito, pero la empresa no nos regresa el dinero porque no es un producto nuestro, el producto es de la empresa, es cómo si yo le reclamara a Liverpool que vendió o no un calentador, la transacción del consumo se da fuera del Infonavit”.
“Mi contrato tiene que ver con que ellos pueden participar dentro del programa, pero nosotros no avalamos nada de esa empresa, es lo que estaba mal, por eso lo cancelamos”, aclaró.
Posteriormente, a través un documento entregado al Border Hub, la Dirección de Comunicación Social del instituto aclaró que “Una vez que el acreditado decide utilizar el monto de Hipoteca Verde, se le empieza a descontar. Si la empresa no entrega el producto, Infonavit inicia un procedimiento contra la empresa para que lo entregue o bien restituya el monto, en caso de que no cuente con el producto”.
“Si el procedimiento demora demasiado, Infonavit restituye el dinero al acreditado en su crédito y continúa con las gestiones para recuperar el dinero”.
El director de Infonavit dijo que sí hubo suspensiones por dos meses a negocios por los incumplimientos, pero los contratos eran muy laxos y reanudaban sus labores.
El Infonavit, a través de un reporte que entregó a Border Hub, informó que recibe alrededor de 200 quejas anuales y el top cinco de empresas con mayores sanciones relacionadas con el programa Hipoteca Verde, en el periodo de enero 2011 a diciembre 2022 es: en primer lugar, Balance Cero S.A. de C.V.; en segundo, Sense Maya Energy, S.A. de C.V.; en tercero, Ecowater Technology Twg, S.A. de C.V; en cuarto, Comercializadora Ecoheat, S.A. de C.V. y en quinto Invelmex, S.A. de C.V.
Empresas con quejas por estado. Fuente: respuesta de Infonavit a solicitud de acceso a la información 3300310220002182
Sin embargo, en otra respuesta de Infonavit a una solicitud de acceso a la información con el folio 3300310220002182, señala que Ecoheat, aunque ocupa el cuarto lugar en el top 5, es la empresa que ha sido sancionada en el mayor número de estados del país, es decir, en 21 de un universo de 25.
Desde que se creó el programa se han aplicado sólo 309 sanciones que apenas alcanzan 8 millones 200 mil pesos, lo que representa el 0.02 por ciento del monto total ejercido en ecotecnologías.
Quejas Ecoheat. Fuente: respuesta de Infonavit a solicitud de acceso a la información 3300310220001328
Ecoheat está ubicada en Guadalajara, y es representada por Germán Galileo Pastor Vázquez, quien estuvo nominado al premio Adolf Horn por el El Consejo Coordinador de Empresarios Jóvenes de Jalisco y encabeza nueve empresas según registros del Registro Público del Comercio. Desde La Laguna, se buscó conocer la versión de dicho negocio, pero no se contestaron las llamadas telefónicas ni correos electrónicos.
Vania Pérez Morales, Consejera del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción ve una presunta desviación de recursos en estos casos, ya que además de los incumplimientos, según los testimoniales, se ofrecían productos que no cubrían los objetivos del programa y hasta dinero:
“Es responsabilidad del Infonavit encargarse del recurso que ellos dieron se haya gastado conforme a lo estipulado“.
Señala que el CPC podrá intervenir porque se trata de un tema de carácter nacional.
“Lo que vemos aquí es: proveedores que están utilizando su poder para un beneficio particular, no comprobaron el gasto y utilizaron para beneficio propio”, dijo.
En este caso no hubo licitaciones sino contratos que se hicieron directamente con las empresas que participaron en las convocatorias y entregaron los requisitos al Infonavit, como se da a conocer en respuesta a una solicitud de acceso a la información por transparencia.
La consejera advirtió que las adjudicaciones directas “incrementan el margen de discrecionalidad que eventualmente pueden tener personas que no están comportándose de manera íntegra”.
Otro caso es el de Mariana (nombre ficticio), quien desde hace más de un año espera que la empresa Ecoheat le entregue un colchón, una estufa, una campana, un microondas y una taza de baño, ya que sí le hizo el cargo.
“Es muy frustrante porque le hice modificaciones a mi casa porque me iban a llegar esas cosas. Hice el espacio para la estufa, hice la ampliación para un medio baño, mis planes se echaron a perder”, dijo.
El programa fue cancelado sin que se dieran a conocer los verdaderos motivos, pues el boletín de prensa número 16 del Infonavit, publicado el 29 de marzo de 2022 hablaba de una suspensión temporal y que los créditos inscritos hasta el 18 de marzo de este año no sufrieron ninguna afectación y podrán ser utilizados. Únicamente advertía a los derechohabientes que no cayeran en engaños y promesas de falsos gestores y coyotes y sobre el riesgo del robo de identidad.
Sin embargo, en el oficio DG/029/2022, firmado por el director general del Infonavit, señala las irregularidades y el propio funcionario declara: “Cuando leo los resultados digo, no puede ser”.
Una mujer que fue empleada de Ecoheat durante más de un año, que prefirió permanecer en el anonimato, explicó que ellos reportaban las compras y pagos irregulares como si fueran los reglamentados por hipoteca verde y los clientes estaban de acuerdo.
Como lo mencionaron algunas de las personas entrevistadas para este reportaje, no todos los productos que ofrecían las empresas permitían ahorros en agua, gas y electricidad, pues los catálogos de los proveedores incluían muebles, además de teléfonos celulares, juguetes y en ocasiones, hasta se promovían depósitos en efectivo, esto último a través de mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas, con la condición de que se retenía una comisión a los clientes, lo que está prohibido a los “aliados estratégicos” en el contrato que firmaron con el Infonavit, según los documentos correspondientes a 105 proveedores obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información.
El director general del Infonavit mencionó que han recibido 62 quejas donde se ofrecía dinero en efectivo a cambio de un porcentaje de los créditos y consideró que hay una cifra negra :“Nadie quiere decir que participó en un cochupo”, aseveró.
El funcionario explicó que hasta el momento de la entrevista, el 13 de diciembre de 2022, no tenía información sobre la rescisión de algún contrato y que la respuesta a una solicitud de acceso a la información confirmó que no había ocurrido. El documento sí establece que podría llegarse a ese extremo.
Una empresaria que trabajó subcontratada con Ecoheat, ya que tenía una tienda autorizada para la marca en Coahuila y Durango y prefirió que su nombre no sea público, mencionó que a ella le llegaron casos de afectados que buscaban a una persona que les prometió dinero en lugar de los productos y jamás les entregó las cantidades correspondientes, pues no había forma de localizarla.
Local que ocupaba la empresa Ecoheat en Gómez Palacio
La inversionista indicó que ella fue subcontratada y la empresa solamente le pidió que contara con un local con teléfono e internet. Cuando se suspendió el programa, le dejaron de pagar los gastos de operación y de enviar los productos, motivo por el que no pudo entregarlos a los clientes. Calculó sus pérdidas en alrededor de medio millón de pesos y la única respuesta que recibió fue que si quería demandara. Mencionó que hay otras personas afectadas, incluso un socio de ella está en la misma situación, pero no se atreven a tomar medidas por temor a no recibir nuevos contratos en el futuro.
La empresaria ha recibido amenazas de los trabajadores afectados.
Mientras, Ernesto Lozano, otro beneficiario que recibió su ecovale y que reside en Torreón, Coahuila, señaló que hizo el trámite en febrero de 2022 y hasta el mes de julio de ese año no le habían depositado el dinero en efectivo que le prometieron y que era una cantidad menor a la que le asignaron. Sabe que su suegra y otras personas enfrentan el mismo problema.
Por su parte Gamaliel Esparza, quien radica en Lerdo, Durango, todavía espera que Ecoheat le entregue los productos que representaban 64 mil pesos, y que solicitó en diciembre de 2021. Pidió a Infonavit tomar medidas: “Es un robo lo que está haciendo la empresa”, aseveró.
En el caso de Coahuila, el delegado de Infonavit, Gustavo Ernesto Díaz informó que en octubre del año pasado que habían recibido 25 quejas por incumplimientos y que abrió una investigación en contra de una empresa, de la que no reveló el nombre, para no entorpecer el proceso correspondiente.
¿Cómo nació el programa?
David Morillón Galvéz investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México fue quien presentó la propuesta de Hipoteca Verde que inició a manera de piloto en 2007 y comenzó a operar en 2011 a nivel nacional. El proyecto recibió el premio Hábitat 2012 de la Organización de las Naciones Unidas.
El director nacional del Infonavit, Carlos Martínez, calificó el programa como una “faramalla” del entonces presidente Felipe Calderón, que inició cuando México iba a estar en la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático de Cancún. Anunció la sustitución de Hipoteca Verde por “Equipa tu casa con Infonavit” a través del cual los trabajadores podrán adquirir los productos que requieran.
“Que un programa como estos que pudiera contribuir a reducir millones de toneladas de CO2, era una vacilada”, consideró.
Desconocen su impacto
Como ya se mencionó, el Infonavit otorgaba un monto adicional al crédito de vivienda, mediante el Programa Hipoteca Verde, para disminuir el consumo de gas, agua y electricidad, el gasto familiar y las emisiones de CO2 (dióxido de carbono), pero el comunicado DG/029/2022 que ya se citó indica que al 18 de marzo de 2022 no se había presentado una evaluación del impacto correspondiente.
Un saldo de tres personas heridas y un muerto fue confirmado por el sargento Robert Gómez de la Policía de El Paso, Texas, durante conferencia de prensa, tras registrarse un tiroteo en el área de comidas de Cielo Vista Mall.
El jefe de la Policía indicó que tras recibir llamadas de emergencia, oficiales de El Paso Police Departament y El Paso Police Department Swat, así como de múltiples agencias acudieron al centro comercial para resguardar la zona.
En redes sociales, a través de su cuenta de Twitter, el Departamento de la Policía de El Paso informó que mantenían resguardado el centro comercial, además recomendaron a la población evitar el área.
Tomada de Twitter
Gómez dijo que las tres personas lesionadas se encuentran en el hospital, mientras que por el momento hay una persona detenida, aunque uno más se dio a la fuga.
Comentó que el lugar aún es asegurado por los agentes policiacos, aunque descartó que la amenaza continuara.
Tomadas por personas dentro de Cielo Vista / Cortesía
Agregó que en la escuela preparatoria Bridges High School están brindando información de las personas que estuvieron en el ataque, trascendió.
Cabe resaltar que se trata del segundo tiroteo en las inmediaciones de Cielo Vista Mall de El Paso en cuatro años.
Tomadas por personas dentro de Cielo Vista / Cortesía
El pasado 3 de agosto del 2019, Patrick Crucius, un joven de 20 años, mató a 23 personas y lesionó a más de una decena, luego de arremeter contra ellas con un arma larga, dentro y fuera de Waltmart que está en ese lugar.
Hace algunas semanas Crucius, originario de Texas, se declaró culpable del ataque, el cual fue considerado como racista, ya que el ataque se dio en contra de personas de origen latino, entre ellas, varias de Ciudad Juárez.
