Seis madres de mujeres desaparecidas participaron este viernes en un conversatorio, como parte de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género Contra la Mujer, dentro de la agenda de 16 días por la causa.
El conversatorio se realizó este viernes en las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer, en conjunto con organizaciones feministas como la Red Mesa de Mujeres y Casa Amiga “Esther Chávez Cano”.
Los tópicos buscaban presentar el aporte de madres de víctimas de feminicidio, el acceso a la Justicia y las asignaturas pendientes en las investigaciones de los casos, se dio a conocer a través de un comunicado de prensa.
Madres de familia durante el conversatorio/Fotografía: Comunicación Social Instituto Municipal de la Mujer
Durante esta reunión se abordaron temas sobre la perspectiva de igualdad e inclusión con enfoque de género en las instancias de procuración de justicia, el compromiso de las familias de víctimas de feminicidio y su lucha en otras entidades del país, con el objetivo de reflexionar sobre la justicia, omisiones y desafíos, se indicó.
En el conversatorio participaron Norma Laguna, madre de Idaly Juanche; Susana Montes, mamá de Susana Pérez; Irinea Buendía, madre de Mariana Lima; Adriana Gómez, mamá de Jade Guadalupe; Maricruz Velasco, mamá de Karla Yesenia y Lidia Florencia, madre de Diana Velázquez, quienes compartieron sus testimonios sobre la incansable lucha por el acceso a la justicia.
“En el Instituto reconocemos el trabajo de las familias de víctimas de feminicidio y desaparición, en particular de las madres en resistencia, quienes han mantenido viva la memoria de sus hijas y han impulsado la lucha por la búsqueda de la verdad y la justicia”, reconoció Elvira Urrutia Castro, directora del Instituto Municipal de las Mujeres.
El conversatorio fue moderado por la diputada América García y contó con la presencia de la regidora Patricia Mendoza; Abdiel Hernández, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH); Michel Rodarte y Claudia Miramontes, de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia (FEM); Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres y Lydia Cordero, directora de Casa Amiga “Esther Chávez Cano”, entre otras asistentes.
Madres de familia durante el conversatorio/Fotografía: Comunicación Social Instituto Municipal de la Mujer
En nuestra sección de Circuito Cinema, esta semana, Jorge Omar Simental nos hace la recomendación de «Perfume de Mujer», como se tituló en Hispanoamérica, una película de 1992 protagonizada por Al Pacino y Chris O’Donnell.
Una campana de 85 kilogramos y realizada con el metal fundido de innumerables llaves es símbolo de lucha y solidaridad para las mujeres. Llegó a esta frontera hace 13 años, luego de crearse a través de la campaña “Ni una muerta más en Ciudad Juárez”, por parte de las mujeres del centro del país.
«La hicieron para Juárez, justo cuando se evidenció esta problemática en el Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe», explicó Lidya Cordero Cabrera, activista y directora general de Casa Amiga Esther Chávez Cano.
Fue en el 2001 cuando ocho mujeres desaparecidas fueron encontradas muertas en un terreno que actualmente se conoce como el Memorial del Campo Algodonero. La situación fue considerada por las activistas como una evidencia del grado de indefensión y peligro en el que se encontraban las mujeres en esta frontera.
Mujeres de colectivas feministas hicieron sonar la campaña el pasado 25 de noviembre/Fotografía: Karen Cano
Por otro lado, sería en el año 1993 cuando empezó a hacerse visible, incluso fuera de la localidad, la desaparición y asesinato de mujeres, cuyas edades y rasgos físicos eran similares y eran de clase socioeconómica baja.
“Podemos recapitular hoytres décadas de violencia sistemática contra las mujeresdonde su máxima expresión es el feminicidio. La activista, Esther Chávez Cano, empezó a documentar desde 1992, dando pauta para que otras activistas continúen esta visibilización nacional e internacional, con cifras de cientos de mujeres que horrorizan e indignan solo al ser nombradas”, señaló Cordero Cabrera, durante un posicionamiento leído en público el pasado 2 de noviembre.
En el caso de la frase, se trata de una consigna creada por la también víctima de feminicidio Susana Chávez, poeta juarense que en la década de los noventas denunció la violencia sistemática contra las mujeres a través de su obra: “Ni una mujer menos, ni una muerta más”.
Este modelo se creó con la campaña “Ni una muerta más en Ciudad Juárez”, desarrollada por grupos feministas de la Ciudad de México.
En marzo del 2009, durante el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, mujeres de la Ciudad de México hicieron entrega de la campana a integrantes mexicanas de la organización internacional Mujeres de Negro.
La campana “Ni una muerta más en Ciudad Juárez” fue creada hace 13 años para la denuncia de la violencia contra las mujeres/Fotografía: Karen Cano
Esta organización fue la que trasladó la campana a Ciudad Juárez, luego de realizar una marcha conocida como “Éxodo por la vida de las mujeres”.
En su traslado, esta pieza pasó por las ciudades de Cuernavaca, Toluca, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, La Laguna, Jiménez, Parral, Camargo, Delicias, Meoqui y Chihuahua.
«La campana fue tocándose por muchos lugares, las colectivas la recibían. Estuvo resguardada en Chihuahua un tiempo por el movimiento estatal, pero luego fue entregada a Juárez», relató.
Este pasado 25 de Noviembre, al igual que en cada fecha relevante para los grupos feministas, el instrumento salió y marchó junto con madres de hijas desaparecidas en medio de la lluvia, rumbo a la llamada Cruz de Clavos, en donde fue sonada como símbolo de protesta por un año más en la exigencia de que no haya ni una más.
Al menos 68 perritos que se encuentran en las instalaciones de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM) esperan ser adoptados en esta temporada.
Por lo anterior, personal de la Dirección de Ecología del Municipio invitó a la publicación a que en la próxima Navidad adopten una mascota, en lugar de comprarla.
Actualmente en el RAMM hay 68 perritos, de los cuales 14 son cachorros y están en etapa de crecimiento para su adopción, dijo Diego Poggio, responsable de Bienestar Animal de la dependencia.
«Es común en estas fechas que los niños pidan una mascota como regalo de Navidad, pero usualmente se van por los perros de raza, que son muy caros, pero hay una población de animales mestizos que son igual de amorosos y están en el RAMM buscando ser adoptados», dijo el médico veterinario.
Explicó que los canes que se dan en adopción son entregados ya con sus vacunas, desparasitados y esterilizados, pero en caso de que sean muy pequeños, se les pone una fecha para que después los lleven a la esterilización, procedimiento que se hace de forma gratuita.
Poggio dijo que a través del RAMM sehan dado en adopción a más de 250 perros, a los cuales se les brindó una nueva oportunidad de tener una familia.
El sacerdote encargado de la Casa del Migrante, Francisco Javier Calvillo, lamentó el desalojo de migrantes venezolanos que mantenían su campamento a orillas del Río Bravo y lo consideró una violación a los derechos humanos.
Lo anterior, debido al uso de la fuerza pública para ello, lo que se considera fue un amedrentamiento y una criminalización de estos grupos de personas en movilidad, las cuales, al estar dispersas por la ciudad, corren mayores riesgos que los que ya corrían en el campamento.
“Porque creo que hay muchas maneras, por eso hoy quise voltear al pasado del 2018, ya lo tuvimos (campamentos de migrantes). No entiendo porqué ahora alguien de Derechos Humanos, algunos personajes de gobierno, entraron y vieron y llevaron a la policía para poder trasladarlos”, apuntó el religioso.
Esto en remembranza de lo ocurrido dicho año, cuando migrantes se apostaron en los puentes internacionales, y después, fueron reubicados dentro de albergues.
La Casa del Migrante se ubica en la colonia Satélite y es uno de los albergues con más trayectoria de servicio en la ciudad / Karen Cano
Destacó que, en aquella ocasión, recibieron alrededor de mil 700 y que, en este momento, se encuentran en condiciones de albergar a 700 e incluso más.
“Invitamos muy en especial a los tres niveles de gobierno a que reconsideren estas acciones y muy en especial al gobierno federal, que tome su papel el tema de la migración, es un tema federal, no municipal y no estatal ¿Por qué? Porque muchos venezolanos traen permiso y ese permiso no lo dio ni el municipio, ni lo dio el Estado ese ese permiso lo dio el gobierno federal”, declaró.
El pasado domingo, tras varias horas de diálogo, el campamento mantenido por cientos de venezolanos a orillas del río fue retirado.
Desde entonces, se ha reportado que algunos de ellos intentaron establecerse de nueva cuenta en otro parque público, no obstante, fueron retirados por la misma policía.
Esto mismo, señaló Calvillo, los ha dejado más vulnerables, pues estando dispersos podrían ser más fácilmente víctimas de la delincuencia.
“Personal de Derechos Humanos del Municipio insiste que no se violó ningún derecho humano, pero creo que la visión de un político, de un servidor público, es muy diferente a una visión de Derechos Humanos”, expresó.
Finalmente, recalcó que aunque se entiende que las condiciones en las que se encontraba el campamento no eran las más seguras, el uso de la fuerza pública es una criminalización a esta población que atenta contra su dignidad y supone una falta de sensibilidad por parte de las autoridades.
Agregó que algo que se pretende próximamente es utilizar algunas construcciones del centro para poder crear un albergue cerca del puente, pues es esta cercanía con la frontera lo que convence a los migrantes de permanecer en un lugar.
Incluso, señaló, buscan adoptar una propiedad del desaparecido cantautor Juan Gabriel, ubicada en este sector, y que están en pláticas con su familia para poder utilizar el espacio.
Organizaciones civiles realizan pronunciamiento
La asociación Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) emitió un pronunciamiento en el que solicitó que se emita una disculpa por parte del alcalde Cruz Pérez Cuellar y el director de Derechos Humanos Santiago González Reyes, por el operativo realizado el pasado 27 de octubre.
“Como una medida reparatoria es importante que la SSPM (Secretaría de Seguridad Pública Municipal) en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos del Municipio diseñen, transparenten y pongan en marcha una campaña de sensibilización para informar y empatizar sobre las condiciones que enfrentan las personas refugiadas, así como las implicaciones de la ayuda humanitaria”, solicita el documento.
Diversas organizaciones condenaron el desalojo de migrantes debido al uso de la fuerza pública / Karen Cano
Asimismo, pide garantizar la no repetición de acciones de securitización –ver a las personas en movilidad como amenaza prominente para la seguridad nacional –y clarificar las distintas versiones proporcionadas por la Secretaría del Ayuntamiento, Comunicación Social del Gobierno del Estado y la Dirección de Derechos Humanos del Municipio respecto al número de traslados voluntarios realizados a albergues, posterior al desalojo.
El documento fue firmado por diversos organismos de diferentes partes del país, y colocado en redes sociales por DHIA y puedes consultarlo aquí.
** Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers**
Al menos mil 200 maestros jubilados han interpuesto denuncias en Baja California tras haber depositado sus ahorros en diversas cajas de ahorro que ofrecían beneficios económicos y recreativos a los agremiados. Tras seis años de proceso judicial no han obtenido respuestas.
Hace 17 años, José Renato Pastrana invirtió gran parte de sus ahorros con la promesa de que, al momento de retirarse, podría disfrutar de su vejez sin preocupaciones.
El maestro Pastrana, como lo conocen en su gremio, se dejó convencer por varios de sus compañeros docentes de la escuela en la cual trabajaba quienes, tras la promesa de grandes intereses, comenzaron a invertir sus fondos en la Caja Magisterial De Mexicali A. C., una caja de ahorro de ese municipio de Baja California, al norte de México.
Durante los primeros años, el docente comenzó a recibir intereses del 22 por ciento por su inversión inicial, aunque mencionó que otros maestros recibieron ganancias de hasta 32 por ciento.
Imagen actual de las instalaciones del Club Deportivo Camac/Fotografía: Marysol Dávila
“Muchos se iban de vacaciones solo con el interés, ese fue el anzuelo”, comentó.
La Caja Magisterial De Mexicali fue creada en Mexicali a cargo de la maestra Consuelo Dalila “N” en el año 2001. No solo fueron trabajadores de la educación de ese municipio quienes decidieron invertir su dinero, sino personas de todo Baja California ingresaron a este sistema.
Durante los primeros años, todo funcionó bien, incluso con las ganancias, se construyó un complejo deportivo y de eventos sociales.
El profesor José Renato Pastrana, quién realizó inversión inicial de 1 millón 500 mil pesos /Fotografía: Marysol Dávila
Fue unos años después, cuando el maestro Pastrana comenzó a recibir un pago de 14 por ciento en sus intereses y fue disminuyendo hasta que dejó de percibir ganancia alguna.
Pastrana no fue el único, ya que, a partir del 2014, el profesor originario de Tijuana y la mayoría de sus compañeros del resto del estado, tampoco recibieron sus ganancias, y comenzaron a solicitar la devolución de sus inversiones, esto aún no ha sucedido.
Con el propósito de recuperar una inversión inicial de 1 millón 500 mil pesos –sin intereses generados a través de los años– Pastrana junto con los otros cientos trabajadores de la educación comenzaron a movilizarse y asesorarse jurídicamente.
Manifestaciones de maestros afectados/Fotografía: Cortesía Juan Vidaurri
Hay víctimas en Tijuana, Ensenada y Mexicali
Juan Vidaurri Padilla, presidente de la Comisión Estatal Representante de Maestros Defraudados por Camac, como se le conoce comúnmente, y por Asoma (Asociación Social Magisterial), otra caja de ahorro perteneciente a un ex líder sindical, quien también terminó llevando un proceso legal por fraude.
Indicó que representa a más de mil 16 jubilados, afectados por ambas organizaciones, y la afectación económica asciende a más de mil millones.
Esta Comisión se encarga de representar a la gran mayoría de maestros que perdieron sus ahorros en CAMAC en todo Baja California, Vidaurri Padilla señaló que la mayoría de ellos residen en Mexicali, Tijuana y Ensenada, “muy pocos” en Rosarito y Tecate.
Aunque los afectados son más, Pastrana recordó que algunos fueron “convencidos” de no demandar, otros más no lo hicieron porque sus pérdidas no fueron tan grandes, y otros desistieron de sus demandas tras llegar a acuerdo con los dirigentes de Camac, para recibir una parte de su inversión inicial.
Vidaurri Padilla, relata que han pasado seis años desde que iniciaron a interponer los primeros procesos legales, en este tiempo, han fallecido 51 compañeros.
Línea de tiempo que detalla el nacimiento y declive de la caja de ahorros Camac/Imagen: Carlos Mendoza
Narró que en estos años han buscado acercamiento con Francisco Vega de Lamadrid, Jaime Bonilla y la actual gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, sin recibir respuesta.
También han buscado un diálogo con la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Congreso local, para solicitar una Fiscalía Especializada “que se dedique exclusivamente” al caso.
Vidaurri Padilla, señaló que los daños no han sido solo las pérdidas económicas, ya que los maestros no solo perdieron sus ahorros, ya que, para poder pagar los gastos de sus hipotecas o créditos bancarios, sus casas y vehículos fueron incautados, quedando desprotegidos.
“Llevamos tres gobiernos que hemos tocado la puerta”, recordó.
El modus operandi de la caja de ahorro
CAMAC ofrecía a los trabajadores de la educación el servicio de préstamos y de caja de ahorros, los pagos e inversiones se descuentan vía nómina, esto con el aval de la Secretaría de Educación y de los Sindicatos.
Víctor López Magallón, director de recursos financieros del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP), explicó que ellos solo funcionan como intermediarios entre la caja de ahorro y los docentes.
“Nosotros no participamos ni alentamos, es una decisión libre de cada trabajador afiliarse, solicitar préstamos, pero somos completamente ajenos, yo más que beneficio, yo lo considero como una prestación, de la cual nosotros somos intermediarios”, dijo.
Documento de inscripción de la Caja Magisterial De Mexicali A.C., posteriormente conocida como CAMAC y sus socios. Imagen: Registro Público de la propiedad y de Comercio en Mexicali.
Detalló que la única función de la dependencia estatal es tramitar su ingreso, ya que todo el proceso de verificación corre a cargo de la federación.
“Es un proceso federalizado de nómina, […] todas las cajas de ahorros que quieren vender servicios tienen que tramitar ante la Federación el registro, se hace un convenio y una vez que se hace, nosotros hacemos el descuento y les entregamos el recurso al proveedor. Esa es nuestra única función”, señaló el funcionario público.
Este proceso, Caja Magisterial de Mexicali y sus socios lo tuvieron que haber realizado ante el Sistema de Administración de la Nómina Educativa federalizada que depende de la Secretaría de Educación Pública y es través del Fondo de Aportaciones para nómina educativa, que se realizan los descuentos vía nómina.
Créditos Marysol Dávila
Un esquema de ahorro sin regulación oficial
López Magallón, recalcó que la dependencia no interviene en la regulación de ninguna caja de ahorro, y que todo proceso legal se tiene que realizar ante la Fiscalía General del Estado (FGE), al ser delitos cometidos en la entidad.
Para esta investigación periodística se buscó al secretario general de la Sección 2, mediante llamadas a su enlace de comunicación y secretario particular del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Baja California, pero no respondió a solicitudes de entrevista.
Los trabajadores de la educación que se afiliaron a Camac, en un principio “entregaron” sus jubilaciones, denunció Vidaurri Padilla.
En caso de que el maestro quisiera integrarse como “socio inversionista”, a lo que, en caso de aceptar se les ofrecía una utilidad de hasta el 20 por ciento, debían depositar un pago inicial que iniciaba desde los 400 mil pesos.
Fue entre el 2014 y el 2015 que CAMAC dejó de pagar interés y se negó a regresar lo invertido a los maestros, esto a pesar de que se les solicitó de forma individual y grupal en distintas ocasiones.
“Escuchábamos de compañeros, pero eran casos aislados, luego comenzaron a ser más compañeros que decían que nos les pagaban, estaban los procesos de ASOMA, y no queríamos que nos pasara lo mismo, al final a nosotros tampoco nos pagaron”, dijo Vidaurri Padilla.
Vídeo realizado por Marysol Dávila
Afectados buscan justicia por diversos medios
Francisco Bazán, abogado laboralista, explicó que, en caso de negativa de pago por parte de una Caja de Ahorro, los afectados pueden reclamar ante el Tribunal Laboral Federal, pero si está es inexistente, pueden demandar por fraude a los dueños o dirigentes.
Para que una Caja de Ahorros pueda operar debe estar validada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, si no cuentan con este permiso, “estamos ante una una conducta fuera de la ley”, lo que puede derivar en un fraude.
De acuerdo con el Código Penal de Baja California, el delito de fraude en el estado se castigará con prisión de tres meses a tres años y hasta cien días multa cuando el valor de lo defraudado no exceda de ochocientas veces el salario y también con prisión de cuatro a nueve años y hasta quinientos días multa, si el valor de lo defraudado fuere mayor de ochocientas veces el salario.
Carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado de Baja California derivadas a delitos relacionados con cajas de ahorro. Imagen: Carlos Mendoza.
Según las actas constitutivas del Registro Público de la Propiedad, bajo el nombre de Consuelo Dalila se encuentran registradas: Caja Magisterial de Mexicali, A.C. y Camac Magisterial, A. C., también se incluye el club deportivo, Club Social y Recreativo CAMAC, S.C.
El abogado especificó que el contar con un Acta Constitutiva o acudir a registrar una empresa ante un notario, no significa que cuenten con los permisos necesarios para operar.
Es un delito frecuente señala la CONDUSEF
Óscar Rosado Jiménez, presidente nacional de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros explicó que existen dos tipos de Caja de Ahorro, las que se constituyen legalmente como una Socap, y las que se forman dentro de una empresa o sindicato, como un organismo “que se quedan entre los trabajadores”.
Añadió que casos como el de Camac, en que los dueños de las Caja de Ahorro, se quedan el dinero y dejan a los usuarios “volando”, es un fenómeno que se da más en el bajío y centro del país.
Mencionó, que, al tratarse de un tema legal, se tiene que tratar directamente con la FGE, “[no es] ni con nosotros ni con Profeco, es un tema de Fiscalía porque ahí lo que hicieron fue un fraude”.
Al tratarse de una investigación en curso, la FGE no pudo confirmar si Camac se encontraba debidamente registrada o carecía de documentación para operar.
Notificación de aseguramiento por fuera del complejo del Club Deportivo Camac/Fotografía: Marysol Dávila
Denuncias e investigaciones en curso
Actualmente Dalila Carrillo “N” en su calidad de presidenta del Consejo de Administración de CAMAC, junto con su esposo y dos de sus hijos están bajo proceso de investigación por el delito de administración fraudulenta, informó la FGE.
Esta denuncia es un conjunto de diversas demandas individuales y colectivas por los delitos de fraude, abuso de confianza, administración fraudulenta y fraudes específicos.
Las mismas fueron presentadas a partir del 2016 por mil 649 víctimas, de Tecate, Ensenada y Mexicali por la pérdida de más de mil 938 millones de pesos.
Aunque la fiscal regional de Mexicali, Hortensia Noriega León, especificó que este proceso es solo el que se lleva en ese municipio, y en otros casos como el de Tijuana, esta oficina lleva sus propias denuncias.
Como la presentada en febrero del 2014 por un maestro que invirtió 250 mil pesos, y motivo por el cual la FGE, a través de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, giró una orden de aprehensión en contra de Consuelo Dalila el 28 de febrero de este año.
En Tijuana se le investiga por 27 denuncias por el delito de “abuso de retención”, que suman 9 millones 500 mil pesos de daños patrimoniales.
Instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tijuana/Fotografía: Maryoll Dávila
La vinculación proceso en contra de Consuelo Dalila “N” inició el 8 de junio, y también fueron llamados a declarar miembros del Consejo Administrativo del Club Social y Recreativo Camac, S. C., el cual era presidido por Dalila.
La FGE incautó entre otros bienes, el Club Social y Recreativo de Camac, algunos maestros tienen la esperanza de que con la venta de propiedades como esta, puedan recuperar su dinero.
Pero aún no se sabe si esta reparación de daño sea posible, Javier Alberto García Álvarez, coordinador de Unidad de Investigación de delitos contra el patrimonio, sociedad, estado y justicia, mencionó que “tendríamos que verificar si se cuentan con las solvencias para ello”.
“La intención de la Fiscalía siempre buscar que se le repare el daño a las personas afectadas por el delito”, dijo.
El 1 de noviembre, las instalaciones del Club Deportivo sufrieron daños totales tras ser consumidas por las llamas de lo que la Dirección de Bomberos de Mexicali, determinó como un incendio no provocado.
“No fue un incendio provocado, se hizo un trabajo pericial por parte de fiscalía, el resultado de ese dictamen fue que no había sido provocado, no había ningún acelerante”, dijo en una atención a medios el Fiscal Central, Rafel Orozco.
Al no ser provocado, este hecho no interfiere con la investigación en cursos.
Vidaurri Padilla y sus compañeros no opinan igual que las autoridades, ya que duda de este dictamen.
“Ahí hay mano negra porque como está embargado, y las instalaciones están a cargo de la fiscalía, ¿pero qué era un patrimonio comprado con nuestros ahorros?, eso está demostrado”, opinó.
Hortensia Noriega León, Fiscal Regional de Mexicali atendiendo a maestros después de la audiencia de imputación de cargos/Fotografía: Fiscalía General del Estado de Baja California
CAMAC no está sola
En Baja California, los jubilados afectados por Camac y sus variaciones de nombres no son los únicos.
Fue a partir del 2013, que maestros y jubilados adscritos a la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Baja California, la mayoría de ellos de Mexicali, dejaron de percibir lo invertido en Caja de Ahorros ASOMA, (Asociación Social Magisterial).
Esta le pertenece al ex líder sindical José Peñuelas Hermosillo, quién estuvo a cargo del SNTE sección 2 del 2000 al 2003, esté último año fue cuando dio de alta ASOMA.
Al igual que CAMAC, los descuentos se hacían vía nómina y un día “dejó de pagar”, explicó Vidaurri Padilla.
Según la Fiscalía General del Estado de Baja California fueron más de 300 maestros que invirtieron su dinero, lo que resultó en que la inversión ascendiera a más de 100 millones de pesos. Dinero que aún muchos de los afectados no lograron recuperar.
Ficha de aprehensión de la FGE de los involucrados en el caso Camac/Crédito: Cortesía Fiscalía General del Estado de Baja California
Hortensia Noriega León, fiscal Regional de Mexicali, explicó que el proceso actualmente está bajo investigación, y tiene un plazo de tres meses, el cual vence en diciembre del 2022, para presentar las denuncias formales ante el Ministerio Público.
«La Fiscalía para seguir con su investigación, solicitó un plazo de investigación, el juez solamente nos concedió tres meses. […] Vamos a seguir incorporando datos de prueba, y si consideramos que se requiere un mayor tiempo, el código nos permite solicitar una prórroga, pero eso lo vamos a ver en su momento”, señaló Noriega León.
Posterior a esto, la FGE estaría ante la posibilidad de presentar una acusación formal, y la siguiente etapa sería un juicio oral, explicó la fiscal Noriega León.
Añadió que, por la complejidad del tema, y por la cantidad de víctimas, representadas por alrededor de 60 abogados, y pese a que existen otras alternativas legales, este caso concluiría en un juicio oral.
Tabla de aportaciones que los maestros y jubilados realizan de manera optativa u obligatoria/Crédito: Carlos Mendoza
“Es un tema muy complejo, porque estamos hablando de una administración fraudulenta […] bajo el tiempo que Dalila estuvo bajo la administración de esta caja de ahorro o, ella aprovechándose del error en el que se encontraban los maestros dispuso de ese dinero”, comentó la fiscal.
Mientras tanto, Consuelo Dalila y sus compañeros, tienen que acudir una vez al mes ante el juez a firmar, tienen prohibido de salir sin autorización del país y del estado, además tuvieron que entregar su visa y pasaporte.
