Redacción

El programa “Organizaciones Unidas por Coahuila” del DIF estatal recibió un presupuesto de 8 millones 910 mil pesos de 2019 al 2021, de estos solo utilizó 866 mil 766 pesos y benefició a 15 de las 343 organizaciones de la sociedad civil registradas en su padrón.

Las asociaciones civiles que atienden a población vulnerable denunciaron la falta de apoyo por parte de la institución que, según la información obtenida a través de Transparencia, sub ejerció el dinero que podría ayudarles a solventar las necesidades más urgentes que cada una atiende.

En 2020 la organización Escucha Mis Manos, para personas con discapacidad auditiva, recibió 3 mil pesos de Organizaciones Unidas por Coahuila. La presidenta y fundadora Raquel Verónica Peralta Vázquez desconocía que ese año había un presupuesto de 3.9 millones de pesos de los cuales se ejercieron 598 mil 466, es decir que sólo se utilizaron el 15.30% de los fondos asignados.

“(Con ese dinero) yo ya hubiera empezado una escuela para sordos, para capacitación y formación de intérpretes, ya hubiera empezado la capacitación de psicólogos. Hubiera conseguido becas para ellos, aparatos auxiliares”, comentó.

Rodolfo García y Gabriela Montiel Zarate son pareja. Él nació sordo y al llegar de la Ciudad de México a Saltillo, dijo sentirse extranjero pues muy pocos entendían el lenguaje de señas. Tras un accidente que le provocó fractura de cadera, la única abogada laboral que conocía el lenguaje mexicano de señas y podía representarlo en el litigio que enfrentaba, abandonó su caso por falta de tiempo.

Como persona sorda, no encontró ninguna institución a la cual recurrir y Escucha Mis Manos, con una incipiente formación y en medio de la contingencia sanitaria, sólo acertó a hacer algunas reuniones vía zoom para tratar de ayudarle, sin conseguirlo. Dicha situación lo obligó a aceptar una pequeña compensación por el accidente sufrido.

Gabriela se educó en el Instituto Mexicano de la Audición y Lenguaje en la Ciudad de México, aún así fue rechazada en decenas de empleos por su condición. Aún enfrenta situaciones como el que la doctora familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se negara a atenderla sin cubrebocas, lo que le impedía leerle los labios y tampoco permitió que su madre actuara como intérprete.

La pareja afirmó que la falta de recursos para la asociación a la que pertenecen, afecta sus derechos al impedir que más personas puedan capacitarse en el lenguaje de señas y así poder acceder a empleo y servicios de salud.

La falta de dinero para pagar la renta del inmueble que usaba la asociación civil Escucha Mis Manos, provocó que este fuera cerrado en septiembre de 2022.

Tampoco hubo recursos para gestionar aparatos auditivos, capacitar en Lenguaje de Señas Mexicanas, ni intérpretes que apoyen en trámites bancarios, citas médicas y mejorar la educación para las nuevas generaciones de personas sordas, agregó Raquel Verónica Peralta Vázquez.

Organizaciones Unidas por Coahuila es uno de los 44 programas del DIF estatal cuyo objetivo es mejorar la operación y cobertura de servicios de las organizaciones ya constituidas o en proceso de legalización.

La administración del gobernador Miguel Riquelme Solís, con Marcela Gorgón Carrillo como presidenta honoraria del Patronato del DIF y Roberto Cárdenas Zavala como director de la institución, contempla al programa dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, como parte del llamado Eje de Desarrollo Social Incluyente y Participativo.

De 2019 a 2021, bajo el rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, el DIF Coahuila recibió 1,600 millones de pesos, de los cuales, los recursos asignados al programa Organizaciones Unidas Por Coahuila representa el 0.55 por ciento de su presupuesto.

Para 2021 ese presupuesto disminuyó a menos de la mitad, a pesar de que la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos de Coahuila, Capítulo Sexto, Artículo 21, apunta que “los recursos destinados a los programas, proyectos y servicios de asistencia social son prioritarios y de interés público, por lo que no podrán ser inferiores, en términos reales, al del ejercicio fiscal inmediato anterior”.

El que en esos tres años solo se entregara el 8.62% de los recursos asignados, contraviene también las reglas de operación de Organizaciones Unidas por Coahuila y la respuesta a la solicitud de información con el folio 50099200004122, refieren que el monto sobrante no aplicado de cada año en curso debía destinarse al mismo programa en el próximo ejercicio fiscal; sin embargo, en los reportes anuales siguientes la suma no se incrementó en esa medida e incluso, disminuyó. En lugar de tener 7.9 millones de pesos para ejercer en 2021, sólo se presupuestaron 1.5 millones de pesos.

Las organizaciones civiles entrevistadas manifestaron que al solicitar ayuda al DIF estatal, la respuesta fue que no había recursos y que no fueron informados del presupuesto existente para este programa, esto a pesar de que en el propio Informe de Gobierno del año 2021 se aseguró que se brindaron más de 3 mil asesorías a las organizaciones civiles.

DESAPARECEN RECURSOS

El diputado Rodolfo Walls consideró que no aplicar las partidas presupuestales anuales destinadas a las organizaciones de la sociedad civil, cae en el subejercicio, un asunto que, si bien no es sancionable por ley, es cuestionable.

“Lo que claramente estamos viendo se llama subejercicio, de eso no hay ninguna duda; o sea, cuando tienes un recurso asignado y no lo utilizas, no está de ninguna manera justificado e incluso es sospechoso porque tú no puedes creer que no haya organizaciones de la sociedad civil que, primero, no necesiten el dinero, y segundo, que no cumplan con los requisitos”.

Sandra Luz de Santiago Sánchez, coordinadora de Desarrollo Institucional de la Fundación Down de la Laguna, que atiende a personas con este síndrome desde los 45 días de nacidos hasta los 35 años, dijo no saber de los recursos disponibles.

“Esa información la desconocíamos, sinceramente nosotros hemos trabajado con el DIF estatal de este modo: tenemos un evento o (necesitamos) algún patrocinio, lo solicitamos y sí nos han favorecido, sin embargo, no sabíamos que tenía este monto para las organizaciones y mucho menos cuál es el procedimiento para la aplicación”.

En 2020 ellos recibieron 20 mil 880 pesos por parte del programa, siendo que había casi 4 millones para repartir.

Sandra Cecilia Venegas, dirige desde hace 17 años el Centro de Rehabilitación de Adictos Luz de Vida en Torreón, apuntó que a la par de las dificultades que impone la administración pública para acceder a recursos, también se enfrenta a la discriminación.

“Acabo de meter un proyecto, pero siempre (me dicen que) están incompletos (los documentos). En palabras de una persona de la administración, nos dijo que los problemas de adicción no son de su competencia, que lo que hay no es para nosotros”.

OPACIDAD EN LAS ASOCIACIONES

De las 15 organizaciones beneficiadas, sólo una tercera parte informó de viva voz el destino de los fondos recibidos. El resto ni siquiera respondieron o rechazaron ser entrevistadas.

Al solicitar la información vía transparencia, las respuestas evidenciaron la opacidad en la aplicación de los recursos públicos ya que sólo describieron sus gastos en términos generales, sin especificaciones y a pesar de que se solicitaron expresamente facturas o recibos, estos no fueron proporcionados.

Al cierre de este reportaje, tres asociaciones habían pedido una prórroga para contestar y dos estaban en proceso de responder.

El Consejo Regional Sureste de Organizaciones de la Sociedad Civil, integrado por 74 asociaciones, es encabezado por María del Refugio Gutiérrez García, quien a su vez es directora de Apac Hellen Keller.

Según la descripción contenida en la página oficial del DIF Coahuila, dicho Consejo busca apoyos para profesionalizar y capacitar a las asociaciones afiliadas con el objetivo de “que los fondos que reciben provenientes de programas federales, estatales y municipales, se manejen de una manera transparente y equitativa”.

Sin embargo, ni a nombre del Consejo Regional ni como representante de Apac Hellen Keller, María del Refugio Gutiérrez García accedió a dar información sobre la utilización de los recursos recibidos.

¿EN QUÉ SE GASTA?

Los gastos reportados por las asociaciones ya sea de viva voz o utilizando solicitudes de información, refieren que fueron utilizados acordes a su “objeto social”, entrega de becas, compra de paquetes de libros de secundaria con valor de 2,900 pesos, así como harina y maquinaria, hasta la organización de eventos.

El programa del DIF Coahuila entregó 260 mil pesos a Promoción y Justicia Laboral, el monto más alto de los recursos asignados en los tres años, aún así, según su presidenta María Isabel López Carvajal, estuvieron a punto de cerrar operaciones.

“En pandemia estuvimos a punto de desaparecer, hay pagos rezagados que no hemos hecho porque no había recursos”.

El dinero recibido fue invertido en una máquina textil que les permitió operar el centro de trabajo para la confección de prendas de vestir, uniformes, playeras y cubrebocas.

“Sabemos que se recortó el dinero, pero no hemos tenido explicación de por qué no hay, nos dicen que las organizaciones no están dadas de alta como deberían, no están certificadas, etcétera, y está bien; ¿y nosotros?, ¿por qué no se reparte el dinero entre las que sí cumplimos con todos los requisitos?”, cuestionó.

En 2021 el Instituto Instituto para Capacidades Diferentes que ofrece en actividades educativas, recreativas y culturales a niños, jóvenes y adultos con alguna discapacidad en Torreón, recibió diez mil pesos para la compra de materia prima para la elaboración de tortillas en una máquina especial.

La fundadora y directora, Rosa Isela Durán narró que les han rechazado los proyectos, incluso afirmó que desconocía que había una suma importante para apoyar a las asociaciones.

“Yo hice una solicitud para un nuevo recurso en este año, pero no, no me la autorizaron. Me la negaron porque no había dinero, pero tenían 1.5 millones para repartir. Realmente a lo mejor lo que falta es comunicación, porque honestamente no conozco para qué se destinaron o en qué se usaron”.

TRANSPARENCIA NO OBLIGADA

El comisionado presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), Luis González Briseño, apuntó que de las 343 organizaciones en el directorio del DIF Coahuila, sólo cinco están obligadas por la Ley de Transparencia a exhibir su información, ya que reciben más de 16 mil salarios mínimos, es decir 2.8 millones de pesos al año.

“A partir de esa cantidad, sólo quienes la reciben tienen la obligación, en todo caso, de hacer pública cierta información”, refiere González Briseño.

SE DIFUMINA PRESUPUESTO

Para el titular del DIF Coahuila, José Roberto Cárdenas Zavala, las cifras no concuerdan ya que el presupuesto autorizado por los diputados no es el que finalmente reciben, es decir el presupuesto “radicado” es el que disponen para ejercer.

“Ese es el tema del presupuesto, una cosa es el autorizado, otra cosa es el radicado y otra cosa es el ejercido”.

Sin embargo, las cifras del presupuesto radicado, se ocultan en una maraña de datos aprobados en la cuenta pública avalada cada año en el Congreso del Estado y por la propia Auditoría Superior del Estado. 

En ninguna de las respuestas a las solicitudes de información con respecto al presupuesto se menciona el concepto de “Presupuesto Radicado”, ya que únicamente se muestra la cifra presupuestada contra los recursos ejercidos.

El funcionario explicó que bajo el rubro de presupuesto Radicado se agrupan los recursos que les son entregados efectivamente para las organizaciones y que según las circunstancias se entregan parcialmente e incluso con un monto menor.

Sobre cómo se seleccionan los proyectos o las organizaciones a apoyar, aseguró que todos los programas son prioritarios.

“Si yo tengo una solicitud, valorando a la asociación, valorando el proyecto, requiere una respuesta inmediata, se da, si hablando con la asociación nos puede dar chanza de dos o tres semanas para solicitar el presupuesto o ver de dónde lo podemos obtener, (si) no podemos con esta cantidad, con menos; te sirve, lo utilizas, o fíjate de qué en lugar de esta cantidad te puedo apoyar con esto otro”

En la cuenta pública entregada por el DIF Coahuila a la Auditoría Superior del Estado no se aprecian datos de cuántos recursos se aplicaron, se leen solamente cifras del porcentaje de organizaciones atendidas  y acciones realizadas en documentos casi ilegibles.

Tampoco en los informes de gobierno se reseña con claridad el uso y destino de los fondos autorizados por los diputados para dicho programa.

El Informe de Gobierno de 2019 de Miguel Riquelme cita que en dos años se realizaron 2,549 asesorías y visitas a más de 190 organizaciones de la sociedad civil; se presumen 554 apoyos económicos y en especie con una inversión de 8.6 millones de pesos.

En el Informe de 2020 el gobierno estatal destaca más de 3,050 asesorías, visitas, 736 aportaciones económicas y en especie, con una inversión estatal aproximada de 12.5 millones de pesos.

En ninguno de los casos se etiqueta como destinatario directo tal al programa Organizaciones Unidas por Coahuila.

En respuesta a la solicitud de información con el folio 050099200008422 en la que se pidió se describiera la entrega de recursos diferenciando entre el autorizado y el radicado, el DIF Coahuila presentó datos sin clarificar, todo ello en cuatro columnas, divididas en presupuestos autorizados, radicados, ejercidos y observaciones correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021.

Las cifras entregadas en dicha respuesta a la solicitud de información muestran que la cantidad que finalmente se ejerció en el programa Organizaciones Unidas por Coahuila durante esos tres años fue de poco más de 600  mil pesos, contra los 8.8 millones de pesos autorizados por el Congreso del Estado.

En un desglose año por año se señala que en 2019, los diputados autorizaron 3.4 millones de pesos, de los cuales únicamente se “radicaron” o entregaron efectivamente 1.4 millones y se ejercieron poco más de 620 mil pesos. Para 2020 el Congreso autorizó 3.9 millones de pesos, de los cuales se radicaron cero pesos y se ejercieron un millón sin explicar de donde se tomaron esos fondos.

De igual forma, en la misma tabla, se señala que en 2021 se autorizaron 1.4 millones, se radicaron cero pesos y se ejercieron 348 mil.

De acuerdo a la explicación del funcionario y a la información entregada por transparencia, en estos tres años, se aprobaron 8.8 millones de pesos, se recibieron únicamente 1.4 millones de pesos, pero se ejercieron 1.9 millones.

El gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís y el DIF estatal no explicaron en qué se gastaron los fondos del programa Organizaciones Unidas por Coahuila, es decir, que no pudo transparentarse el uso de los recursos asignados a un programa que representa medio punto porcentual del presupuesto total del Sistema DIF.