Jesús Manuel Salayandia presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Ciudad Juárez, consideró que la situación que actualmente viven las empresas en todos los rubros comerciales será complicada para este 2022 que apenas empieza.
Dijo que el panorama es difícil económicamente para todas las empresas, desde las pequeñas y medianas hasta los comercios internacionales que tienen presencia en esta frontera.
Esto, luego de que la situación de pandemia por COVID-19 y la amenaza de la nueva cepa «Omicron».
La existencia de esta nueva ola de contagios ha provocado, en consecuencia, una considerable inflación que no se había reportado durante años, manifestó el representante del sector empresarial.
Señaló que los negocios han ido a la baja en cuanto a sus ingresos, lo que ha detonado en el peor de los escenarios, el cierre definitivo de sus empresas, por lo que espera un complicado inicio de actividades.
Este reportaje es parte de Reporting the Border, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, y es la tercera parte de Siguiendo la Ruta del Dinero, una serie de reportajes de Jason Buch sobre lavado de dinero de políticos mexicanos publicados en mayo y noviembre de 2021
En julio de 2016, cuando un grupo de trabajo federal con sede en Texas confiscó millones de dólares en propiedades que los investigadores creían que eran propiedad de cleptócratas de México, los reguladores federales decidieron tomar medidas. Según los fiscales, los funcionarios corruptos y los contratistas del gobierno utilizaron a empresarios de Texas para establecer sociedades de responsabilidad limitada, a través de las cuales canalizaron los fondos robados a los contribuyentes mexicanos para comprar docenas de lotes baldíos, casas y edificios comerciales.
Los reguladores con sede en Washington, DC, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), respondieron con una expansión de sus regulaciones inmobiliarias destinadas a detectar y disuadir el lavado de dinero en ciudades seleccionadas de Estados Unidos.
Pero había un problema.
Los fiscales federales acababan de alegar que encontraron bienes raíces esparcidos por todo Texas que fueron comprados con dinero robado a los contribuyentes mexicanos. En su respuesta, los reguladores se centraron en la propiedad residencial en una sola ciudad.
En 2001, el Congreso había ordenado a la rama del Departamento del Tesoro conocida como FinCEN que regulara la industria inmobiliaria. Pero no fue hasta principios de 2016 que la agencia experimentó por primera vez con la supervisión de las ventas de viviendas, inicialmente en Manhattan y Miami.
La regulación llamada Orden de focalización geográfica, o GTO, requería que las compañías de títulos rastrearan ciertas transacciones residenciales. Si la compra fue realizada por una empresa, se realizó en efectivo y superaba cierta cantidad en dólares, se informaría a FinCEN.
A mediados de 2016, la agencia extendió el requisito al resto de la ciudad de Nueva York, así como a Los Ángeles, San Diego y San Francisco, ciudades costeras con propiedades inmobiliarias de alto valor económico que atraen a inversores extranjeros. En Texas, solo San Antonio estaba en la lista.
En mayo, el Texas Observer, en alianza con el Border Center, detalló cómo el gobierno de EU descubrió redes de empresas ficticias utilizadas por funcionarios públicos de cuatro estados mexicanos para lavar millones en Texas de 1998 a 2017, y luego abandonó esos enjuiciamientos. Esas investigaciones, denominadas Operación Marea Verde y Operación Político Junction, llevaron a FinCEN a agregar a San Antonio a sus regulaciones.
Los fiscales alegaron que los cleptócratas mexicanos habían comprado 50 propiedades inmobiliarias de Texas, valoradas en 58 millones de dólares en la actualidad. Pero sólo 11, con un valor de menos de 7 millones de dólares, habrían sido cubiertos por las Órdenes de focalización geográfica, según un análisis de Observer de los registros judiciales.
En el extremo norte de McAllen se encuentra otra casa que los fiscales decomisaron como parte de su investigación sobre el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba. La casa de 4,300 pies cuadrados en un lote de 3 acres se vendió en una subasta en 2013 por 330 mil dólares
En 2018, FinCEN extendió su supervisión a Dallas y Fort Worth, pero dejó a Houston, considerado durante mucho tiempo un centro de lavado de dinero, y el Valle del Río Grande, la ubicación de casi la mitad de los fiscales de bienes raíces que intentaron incautar durante la Operación Marea Verde y Politico Junction.
Elise Bean, exdirectora de personal y abogada principal del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, dijo que las órdenes de selección existentes están “plagadas de agujeros cuando se trata de detener el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos. Los casos de Texas demuestran que los blanqueadores de dinero están felices de limpiar el efectivo utilizando propiedades comerciales en ciudades y pueblos más pequeños, y pueden eludir fácilmente los informes de GTO «.
A principios de diciembre, más de cinco años después de que comenzara a regular los bienes raíces, FinCEN propuso nuevas reglas que podrían expandir masivamente su supervisión de la industria inmobiliaria. Los expertos en lavado de dinero están entusiasmados con las propuestas, pero se preguntan qué tan lejos y qué tan rápido se moverá el gobierno.
Los fiscales federales en San Antonio intentaron confiscar esta casa de 2,383 pies cuadrados en un lote de casi un acre con piscina en 2012, alegando que fue comprada con dinero robado del estado de Coahuila. Eventualmente retiraron su demanda como parte de un acuerdo de culpabilidad con el ex tesorero del estado, quien entregó millones de dólares en otros activos. Un miembro de la familia vendió la casa en 2017.
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A principios de año, el grupo de expertos Global Financial Integrity publicó un estudio exponiendo graves deficiencias en las regulaciones inmobiliarias de FinCEN. Los autores, Lakshmi Kumar y Kaisa de Bel, analizaron 56 esquemas para lavar más de $ 2.53 mil millones en bienes raíces de Estados Unidos durante los últimos cinco años, incluidas las acusaciones detalladas en la Operación Marea Verde y la Operación Político Junction.
Los expertos descubrieron que más de la mitad de los esquemas de lavado de dinero identificados en los Estados Unidos involucraban a condados fuera de las 12 regiones cubiertas por Órdenes de focalización geográfica. En Texas, seis de los ocho condados donde los lavadores de dinero compraron bienes raíces no están cubiertos por la orden de monitoreo actual, que incluye los condados de Bexar, Tarrant y Dallas, según el informe. Por ejemplo, en Operación Marea Verde y Politico Junction, los fiscales alegaron que los cleptócratas lavaron dinero comprando dos condominios en la Isla del Padre, nueve casas en un vecindario del norte de Brownsville y una mansión de 7,884 pies cuadrados en el Oeste de Austin, la capital texana.
Kumar, director de políticas de Global Financial Integrity, calificó las regulaciones actuales como «una forma increíble de hacer políticas». “El lavado de dinero de bienes raíces no es un problema de algunos centros”, dijo. “Es un problema nacional. Puede suceder en cualquier lugar. Porque se puede ganar dinero en todas partes».
El informe también encontró que una cantidad significativa de dinero se lava a través de bienes raíces comerciales, lo que no está cubierto por la supervisión de FinCEN. En Operación Marea Verde, los fiscales alegaron que un exgobernador del estado mexicano de Tamaulipas usó dinero malversado para comprar 46 acres de bienes raíces de primera cerca de Shops at La Cantera en una sección elegante de San Antonio. En Politico Junction, el ex tesorero del estado de Coahuila acordó perder un centro de striptease, una farmacia y una torre de almacenamiento de San Antonio cuando se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero. Las seis propiedades inmobiliarias comerciales en el condado de Bexar que los fiscales intentaron incautar como parte de Operación Marea Verde y Politico Junction están valoradas hoy en 33 millones de dólares, casi cinco veces el valor de las 11 propiedades inmobiliarias residenciales de San Antonio que tenían como objetivo.
Una empresa controlada por el ex tesorero de Coahuila Héctor Javier Villarreal Hernández compró media docena de propiedades comerciales en Brownsville, incluida ésta. Los fiscales en San Antonio presentaron una demanda para decomisarla en 2012. Después de que Villarreal Hernández se declarara culpable, su compañía la vendió a un tercero, según muestran los registros de escrituras.
La propuesta de expansión de las reglas del FinCEN se anunció este mes junto con la Estrategia para combatir la corrupción de la administración de Biden, que promete más recursos y nuevas tácticas para combatir la cleptocracia en el extranjero y el lavado de dinero en los Estados UNidos, podrían abordar directamente algunas de las deficiencias expuestas por Operación Marea Verde y Politico Junction. Entre las propuestas de FinCEN están la requerir a la industria de bienes raíces reportes nacionales e uniformes así como incluir a bienes raíces comerciales en las regulaciones contra el lavado de dinero.
Si FinCEN expande sus regulaciones, necesita abordar más problemas, dijo Kumar: Asegúrese de que los grandes acuerdos comerciales que involucren a múltiples inversionistas y aquellas transacciones que no involucren compañías de títulos también reciban escrutinio.
Una estrategia podría ser exigir a los abogados o agentes de bienes raíces que denuncien cualquier actividad sospechosa, dijo Kumar.
Los registros judiciales de las operaciones Marea Verde y Politico Junction detallan las transacciones comerciales que involucran a muchos inversionistas. A fines de 2009, un testaferro de funcionarios y empresarios corruptos en Coahuila transfirió $18 millones de dólares de cuentas bancarias de JP Morgan Chase a nombre de tres compañías de responsabilidad limitada (LLC por sus siglas en inglés) a la cuenta de su abogado, según una declaración jurada de orden de registro presentada por un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA). Un día después, el dinero se transfirió del banco del abogado a cuentas de dos nuevas LLC. Luego, esas empresas usaron el dinero para comprar bienes raíces, incluidos $ 8 millones de dólares para un centro comercial de San Antonio.
Álvaro Briseño II, el abogado de San Antonio cuya cuenta se usó en las compras de bienes raíces de 2009, no habló sobre las acusaciones en la orden de registro citando la confidencialidad abogado-cliente. Dijo que creía que sería una carga injusta para los propietarios de pequeñas empresas estar obligados a informar sobre actividades sospechosas, especialmente cuando los bancos, a menudo instituciones masivas con grandes divisiones de cumplimiento, ya están obligadas por el gobierno a monitorearlas.
“En términos generales, confiamos en el IRS y los bancos”, dijo Briseño. «Una vez que el dinero está en las instituciones de Estados Unidos … hay un mayor nivel de confianza de que alguien ha examinado el dinero y está tratando con fondos legítimos».
Como informó el Observer en noviembre, los empleados de Chase repetidamente hacían preguntas sobre el dinero involucrado en el caso de lavado de activos de Coahuila. Sin embargo, el banco continuó haciendo negocios con el ex tesorero estatal Héctor Javier Villarreal Hernández hasta que Estados Unidos confiscó sus cuentas, según muestran los registros judiciales.
En respuesta a una solicitud de entrevista, la oficina de prensa de la FinCEN remitió al Observer a los documentos publicados el 8 de diciembre en el Registro Federal en busca de opiniones del público sobre los planes para expandir la regulación de la industria de bienes raíces. “FinCEN entiende por varias agencias de aplicación de la ley que los datos de GTO de bienes raíces han sido muy útiles para la investigación de lavado de dinero y delitos financieros”, escribió la agencia.
Kumar calificó las regulaciones propuestas como un «momento decisivo» en la política contra el lavado de dinero.
El anuncio de diciembre se produjo después de que el Congreso ordenara por separado a FinCEN que mantuviera una lista de «beneficiarios reales» de las empresas que hacen negocios en los EE. UU., Esencialmente rastreando a los seres humanos detrás de las empresas fantasma. Pero la nueva ley federal solo requiere que las entidades ya registradas con los gobiernos estatales se registren en FinCEN.
La unidad 1401 de esta torre de condominios frente al mar de 28 pisos se vendió en una subasta del gobierno por 640 mil dólares en 2013. Los fiscales federales en Brownsville habían alegado que el condominio fue comprado por un testaferro del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba. Yarrington Ruvalcaba se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavado de dinero en marzo de 2021.
El registro de la FinCEN aún no se ha implementado, pero los expertos advierten que una ley de Texas lo debilitará. En 2009, la legislatura estatal enmendó el Código de Organizaciones Comerciales de Texas para permitir que las empresas extranjeras posean bienes raíces sin tener que registrarse con la Secretaría de Estado. Al hacerlo, Texas creó una laguna jurídica que podría permitir a los cleptócratas extranjeros comprar bienes raíces a través de empresas fantasma que no aparecerán en el registro de la FinCEN, dicen los expertos.
«Esa exención abrió inmediatamente a Texas al lavado de dinero y la corrupción por parte de empresas fantasma extranjeras cuyos propietarios no tienen que revelar su presencia en el estado», escribió Bean, el ex investigador del Senado, en un correo electrónico.
Luego de una reunión del Consejo Estatal de Salud, el pasado sábado 1 de enero, a partir de este lunes se aplicarán medidas extraordinarias en los municipios con mayor número de contagios. Durante la sesión, se votó por unanimidad la regionalización del estado de Chihuahua, con el fin de dirigir las restricciones de acuerdo a los niveles de riesgo.
El acuerdo estableció lo siguiente: Región 1 – JuárezRegión 2 – Chihuahua Región 3 – Delicias Región 4 – Parral Región 5 – Cuauhtémoc
Se determinó que las regiones de Chihuahua, Delicias y Juárez presentan un mayor riesgo tras registrar un alto número de contagios y ocupación hospitalaria.
Las medidas extraordinarias estarán vigentes del 3 a 17 de enero en los municipios de Chihuahua, Delicias y Juárez, las cuales contemplan la reducción de aforos al 30 por ciento en bares y restaurantes;ampliación de horarios para supermercados; el incremento de recursos para hospitales que atienden a pacientes COVID. También la instalación de filtros de toma de temperatura en las entrada de dichas ciudades; el reforzamiento de las células COVID
Para la revisión de las medidas en establecimientos y la regulación del transporte público (se otorgarán cubrebocas y se reducirá el aforo para evitar que los pasajeros viajen de pie).
Además se reconvertirán 70 camas hospitalarias en nosocomios pertenecientes a la Secretaría de Salud y con recursos de la Secretaría de Salud Federal se realizará la contratación de personal médico y de enfermería.Mientras que para atender a pacientes que presentan COVID-19, se reforzará el asesoramiento telefónico a través del 9-1-1 y se continuará con la atención y seguimiento médico a distancia por medio de Salud Digital.
Con el propósito de evitar fraudes, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) alertó a la comunidad para que no se deje engañar con servicios falsos en donde ofrecen borrar el historial crediticio de la población.
A través de un comunicado de prensa se alertó a la comunidad, luego de que recientemente se detectó a través de la red, algunas páginas y blogs que ofrecen eliminar las calificaciones negativas de los usuarios en el Buró de Crédito.
Una de ellas es el sitio www.burolimpio.blogspot.mx, donde a cambio de un depósito de 500 pesos, prometen sacar a las personas del buró en el transcurso de una hora después de la verificación del pago.
En esta página, solicitan al usuario datos como nombre completo y RFC, además de que argumentan que no pierden tiempo haciendo un análisis de su historial crediticio, por lo que ponen a la disposición de los buscadores el correo electrónico burolimpio@gmail.com para atención.
Otra de las páginas es www.salirdelburo.wixsite.com/tesacamosen24hrs, en la cual se ofrece sacarte del Buró de Crédito en 24 horas, supuestamente con el amparo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
En esta página se refiere que verifican el reporte de crédito del solicitante, además de que investigan a las empresas que te metieron al Buró y aplican la Ley antes mencionada, lo cual es totalmente falso.
CONDUSEF proporciona una lista de otros sitios falsos que fueron detectados ofreciendo este servicio, lo cual es falso:
En el documento se indicó también que el artículo 23° de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, señala que las Sociedades están obligadas a conservar los historiales crediticios correspondientes a cualquier persona física o moral, durante un plazo de 72 meses, o bien, dependiendo del monto de su adeudo.
Los créditos con adeudos menores a:
25 UDIS, más o menos $144, se eliminan después de un año.
500 UDIS, más o menos $2,880, se eliminan después de dos años.
1000 UDIS, más o menos $5,760, se eliminan después de 4 años.
Por lo tanto, es imposible y totalmente falso que el historial crediticio de un usuario sea borrado entre 10 y 24 horas, como lo prometen algunas de estas páginas falsas, aun cuando el crédito haya sido pagado.
De acuerdo con el Sistema de Información Económica de la página oficial del Banco de México, durante este 2022, las Unidades de Inversión (UDIS), (son unidades de valor que se basan en el incremento de los precios o inflación, usadas para solventar las obligaciones de créditos hipotecarios o cualquier acto mercantil) tendrán un valor de 7.112667 pesos hasta el próximo 10 de enero.
La CONDUSEF recordó que las Sociedades de Información Crediticia solamente pueden modificar la información de los historiales de crédito de las personas, por instrucciones de la entidad otorgante de crédito, o bien de conformidad con los supuestos específicos que marca la ley. Desde luego, no por falsos gestores que engañan a la gente.
Explicó que cualquier persona puede obtener gratuitamente su Reporte de Crédito Especial (RCE) cada 12 meses y en caso de que la persona no esté de acuerdo con algún dato o registro, puede presentar una reclamación ante la CONDUSEF o ante la Sociedad de Información Crediticia correspondiente.
También se puede solicitar ante la Comisión Nacional el Reporte de Crédito de manera gratuita.
Para cualquier duda o consulta adicional, la comunidad puede comunicarse con personal de la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 80 80, o bien a través de la página de internet www.gob.mx/condusef y a través de redes en Twitter: @CondusefMX y Facebook condusefoficial.
A pesar de que durante este fin de semana se llevaron a cabo las celebraciones por el inicio de un nuevo año, el sector restaurantero augura poca recuperación económica para este 2022, por lo menos durante el primer mes, ya que cerraron diciembre limitados al 50 por ciento de aforo.
Cristina Cunningham Hidalgo, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), dijo en días pasados que esperaban llenar los establecimientos al limite del aforo permitido por las autoridades, contando con las medidas precautorias por la situación de la pandemia.
“Hay que decirlo cómo es: vamos a cerrar este año (2021) limitados al 50 por ciento. Definitivamente, pues es mejor que estar cerrados completamente, como fue el año pasado, pero sí hay que insistir en que es uno de los sectores más afectados y que no hemos podido levantar cabeza en cuanto al empleo”, comentó.
Además, la representante del sector empresarial manifestó que tienen en su contra, al igual que todos los sectores, el incremento a los precios de los productos y materias primas, pues en algunos casos se puede observar aumentos del 60 por ciento e incluso en algunos hasta del 100 por ciento de su valor.
Añadió que los restauranteros han tratado de sostenerse, sin embargo, existe la necesidad de que se presente un control de precios, ya que como lo había manifestado anteriormente el Gobierno Federal, el incremento a los precios sería temporal.
“Nos había manifestado el Gobierno Federal que era temporal y ya vimos que no. Entonces esto va a trascender, obviamente el año nuevo. Nos encontraremos con aumentos de precios de todas las índoles, incluyendo los servicios como agua, luz y gas. Eso no vaticina algo sencillo, entonces muy seguramente que tendremos que repercutirlo obviamente al consumidor final”, comentó.
Cunningham Hidalgo señaló que debido a esta situación buscarán alternativas para buscar el menor impacto a los consumidores, ya sea, a través de la modificación de los menús o en cómo brindar sus servicios, aunque se observa un panorama complicado para este 2022.
César Alberto Tapia Martínez, titular Coordinación de Seguridad Vial
Redacción / Circuito Frontera
Durante la semana pasada, un total de 55 personas fueron remitidas a las instalaciones del Centro de Recuperación Cívico Total (Cerecito) por conducir en estado de ebriedad;17 tan sólo durante el fin de semana, dio a conocer César Alberto Tapia Martínez, titular de la Coordinación General de Seguridad Vial.
Dijo que el viernes 24 de diciembre no se llevó a cabo alguna detención, sin embargo el sábado 25 fueron 11 y el domingo 26 fueron seis, de los cuales16 de ellos eran hombres y una mujer.
También que siete automovilistas que presentaban algún grado de alcohol se vieron involucrados en choques, cinco hombres y dos mujeres, por lo que el funcionario hizo un exhorto a la ciudadanía para que sea responsable y se divierta de manera sana, ya que esto disminuirá los accidentes y en su caso decesos.
Refirió que debido a que aún están pendientes las festividades por el fin de año, la Coordinación aumentará la presencia en las calles con 30 agentes viales.
Añadió que la corporación implementa el programa por una mejor cultura vial, con el fin de disminuir incidentes, además de crear conciencia y responsabilidad entre la población al momento de transitar por las calles de la ciudad.
