Iván Arce Saucedo / Circuito Frontera
Se ha dicho y escrito bastante acerca de la consulta popular a realizarse el próximo primero de agosto. Expertos han señalado lo abiertamente inconstitucional que es. Incluso, el proyecto sobre la consulta popular del ministro Luis María Aguilar remataba afirmando que se trataba de un “concierto de inconstitucionalidades”. En ese sentido, cabe hacer la aclaración que nuestra Constitución impide llevar a cabo en una consulta popular la restricción de los derechos humanos o las garantías para la protección de éstos.
Así, en dicho proyecto, se mencionaba que la consulta restringiría el derecho al acceso a la justicia, violaba la presunción de inocencia y el debido proceso y que violaba el principio constitucional de igualdad. Todo bastante claro.
De forma lamentable, el proyecto en cuestión no transitó y quedó aprobada la consulta popular con la pregunta que todos conocemos:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Cabe señalar que parte de las obligaciones que ley le asigna a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está la de verificar, o en su defecto, realizar modificaciones para que la pregunta relativa a la consulta emplee un lenguaje neutro, sencillo, comprensible y sin contenidos tendenciosos. Como es evidente, eso no fue así. La pregunta resultó poco comprensible y rebuscada. Además ¿quién no estaría de acuerdo en que se lleven a cabo acciones para garantizar justicia?
Democracia directa, algunas consideraciones
Con independencia de lo anterior, las consultas populares, la revocación de mandato y las iniciativas de ley corresponden a mecanismos que quizá sean parte del último vestigio de la democracia de los antiguos: la democracia directa.
En ese sentido, Jean François Prud´homme en 1997 hizo referencia a los argumentos a favor y en contra de la democracia directa. Aquí trataremos de analizar algunos de dichos argumentos a la luz de la consulta popular a desarrollarse en agosto próximo.
Argumentos a favor:
- Reducir los efectos de distorsión creados por los partidos políticos.
- La democracia tiene que ser dinámica en sus formas y procedimientos.
- La consulta directa favorece la responsabilidad ciudadana.
- Incrementar la participación ciudadana.
- Conducen a la rápida toma de decisiones sobre temas controvertidos.
Si bien varias de esas características son bastante loables, tanto que incluso Giovanni Sartori refirió que en esta forma de democracia el pueblo participa de manera continua en el ejercicio directo del poder, en la realidad dista mucho de ser así. Veamos.
En esta consulta en particular, varias voces en el partido en el gobierno han señalado -y siguen señalando- que la pregunta se refiere a la posibilidad de enjuiciar a los ex presidentes de México.
La realidad, como vimos, es otra. La pregunta hace referencia a los actores políticos, no únicamente a los expresidentes. En ese sentido, en lugar de que se reduzcan los efectos de distorsión de los partidos políticos, estos los siguen ocasionando. Amén de contradecir lo establecido en el artículo 35 constitucional, donde se señala que el INE será la única instancia a cargo de la difusión de las consultas populares.
Las siguientes tres características van en un mismo sentido. Que la democracia sea dinámica resulta en una mayor participación ciudadana y esto, a su vez, debiera traducirse en una mayor responsabilidad. Nuevamente, me temo que no será así.
Con solamente 57 mil casillas instaladas no habrá ninguna estimulación de participación electoral, ni ningún aliciente. Al contrario, me atrevo a decir que estará lejos de cumplirse el requisito del 40% de la lista nominal para que sea vinculatorio el resultado. Esto, tomando en cuenta que en los pasados comicios -resaltando que se trató de elecciones federales y locales- se instalaron alrededor de 162 mil casillas y la participación a nivel nacional rondó el 52%.
En esas mismas elecciones, a nivel local, únicamente en uno de los cuatro distritos federales que hay se superó el 40% de participación. Reitero, tomando en cuenta que hubo mayor cantidad de casillas instaladas (lo que implica mayor accesibilidad para votar de la ciudadanía) y que se trataba de elecciones para gobernador, alcalde, diputados federales, diputados locales, entre otros.
Lo que me hace suponer que, un menor número de casillas y menor relevancia política de la consulta comparada con las elecciones pasadas, de manera inevitable se traducirá en una baja participación que difícilmente llegará al 40% requerido para obtener resultados vinculatorios.
Argumentos en contra
- Presentar opciones excluyentes alimenta la división y polarización de la nación.
- Los derechos y las libertades de las minorías son amenazados por el uso de estos procedimientos.
- Sus mecanismos pueden llegar a ser controlados por grupos de interés poderosos.
- Los instrumentos de la democracia directa debilitan el gobierno representativo y conducen a una visión de la democracia sin responsabilidad gubernamental.
- Propician la creación de foros públicos para debatir temas nacionales críticos y permiten a los líderes nacionales conocer el punto de vista de la ciudadanía
Una de las responsabilidades de cualquier autoridad del país es apegarse al marco legal. Así, la responsabilidad del gobierno es aplicar la ley y no esperar a los resultados de una consulta. No hay nada controvertido en utilizar la ley de forma adecuada. De esta manera, la consulta resulta francamente innecesaria. En cambio, el tema de la consulta será un pretexto más para fomentar el carácter dicotómico de la narrativa oficial que seguirá aumentando la división y la polarización.
Por otra parte, al ser la pregunta sobre un tema tan básico, ni siquiera es necesario que existan foros públicos ni debates. La gran mayoría de la ciudadanía está de acuerdo en que se aplique la ley.
En conclusión, la consulta popular: ni aumentará la participación, ni resolverá ningún tema controvertido ni favorecerá la responsabilidad ciudadana. En cambio, sí seguirá aumentando la polarización, sí podría exponer o vulnerar derechos de distintos actores políticos y sí puede ser un mecanismo controlado por grupos de interés. Ni que decir de los 528 millones de pesos que costará y que bien pudieran utilizarse en otra cosa.
